En un escenario que se parece peligrosamente al prolongado conflicto binacional por la instalación de la papelera Botnia-UPM en las costas de la ciudad Fray Bentos, frente a la localidad entrerriana de Gualeguaychú, funcionarios argentinos y de Uruguay se reunieron hoy en Montevideo para evitar la posibilidad de otro entuerto limítrofe. Esta vez se trata de una planta de hidrógeno verde planificada en Paysandú, frente a Colón, Entre Ríos, con el mismo río Uruguay como barrera natural e indispensable fuente de agua para el proyecto.

El canciller Pablo Quirno y el gobernador de Entre Ríos, Emilio Frigerio (Pro), encabezaron la delegación argentina. Fueron recibidos por el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, y un actor que comienza a ser clave: el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. Allí las autoridades uruguayas se comprometieron a analizar la relocalización de la planta.

Las repetidas marchas de protesta que vienen motorizando asambleístas entrerrianos cada fin de semana son el contexto y a la vez el condicionante de las negociaciones, alrededor de la inversión más grande que podría tener Uruguay en su historia, unos U$S 5800 millones generados por la empresa multinacional HIF Global, entre la construcción de la planta y la reforestación de las más de 110 hectáreas que, inicialmente, abarcaba el proyecto.

Luego de la reunión, y aún sin anuncios concretos, el canciller argentino se mostró conforme, sobre todo porque del lado uruguayo contestaron que analizan la “relocalización” de la planta, objetivo compartido por los asambleístas y las autoridades argentinas.

“Tuvimos una excelente reunión con Mario Lubetkin, canciller de Uruguay , y el equipo uruguayo para continuar el proceso de diálogo sobre el proyecto de la planta de elaboración de hidrógeno verde en Paysandú, en la que nos informaron que el Gobierno uruguayo se encuentra analizando alternativas de relocalización de la planta”, escribió Quirno en su cuenta de X. “Seguiremos en diálogo constructivo y permanente para llegar a un escenario que contemple los intereses de todas las partes. Seguimos avanzando”, culminó el jefe de la diplomacia nacional.

En un comunicado conjunto, ambos países dieron cuenta de las negociaciones en curso. En el texto común se aclaró que Quirno “valoró que se hubiere incorporado a la ciudad de Colón como parte del “área de influencia” del proyecto para la elaboración de un estudio de Impacto Ambiental, otra de las preocupación en Colón, ciudad turística dónde viven unos treinta mil pobladores fijos.

Lubetkin, en tanto, señaló que, una vez tomada una decisión con respecto a la localización definitiva del proyecto y la evaluación de su estudio de impacto ambiental, se remitirá la correspondiente comunicación a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), la entidad binacional, que también tuvo una participación protagónica en el conflicto por Botnia, que incluyó el cierre del puente Gualeguaychú-Fray Bentos durante cinco años e incluyó un litigio internacional en el tribunal de La Haya con resultado adverso para la Argentina.

“Estamos en contra de que la planta se haga en ese lugar, por la contaminación visual, a poco más de dos kilómetros de las playas de Colón”, expresó a Gustavo Velzi, abogado de los asambleístas de Colón, y partidario de la relocalización de la planta

Más allá de los asambleístas, ambos gobiernos y las intendencias (el intendente de Colón, José Luis Walser, apoya el reclamo de los manifestantes entrerrianos), otros actores también intervinieron en clave política. Los legisladores del peronismo entrerriano Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl presentaron ante la justicia federal en Concepción del Uruguay una acción preventiva de daños en materia ambiental.

La Justicia envió, a su vez, exhortos a la CARU y al propio Quirno para que suministre la información que tiene sobre el estado del proyecto. Diputado cercano a Sergio Massa, y con aspiraciones de gobernar Entre Ríos, Michel acusó a Frigerio de “sobrevolar los temas” y de ocuparse de la instalación de la planta recién después de su denuncia.

Cerca de Frigerio contestaron que “el tema no se resuelve con denuncias judiciales”, y confiaron en seguir impulsando la relocalización de la planta, un pedido concreto que el propio Frigerio hizo llegar al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

“A diferencia del kirchnerismo, creemos en el sector privado, en la inversión y en la generación de empleo. El gobierno uruguayo nos informó que por nuestra solicitud se encuentra analizando alternativas de relocalización de la refinería de combustible sintético proyectada en Paysandú”, dijo Frigerio.

“Más de un año de trabajo ininterrumpido, muchos viajes a Montevideo y una postura que no cambia: apoyamos la inversión y el desarrollo en el pais hermano uruguayo y creemos firmemente que esto no tiene porque afectar el desarrollo económico y el empleo de la costa entrerriana, en este caso de Colón. ”, dijo Frigerio al terminar la reunión.

“Ojalá todos aprendan de lo que pasó aquí y no sea otra vez la crónica de una nueva frustración o resignación”, advirtió a este diario Luis Leissa, abogado y ex integrante de la asamblea de Gualeguaychú.

La Justicia le puso por primera vez un número al presunto perjuicio al Estado por el circuito del dólar blue durante la gestión de Alberto Fernández: US$607 millones.

El cálculo se basa en un trabajo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que estimó ese monto en base a extracciones en efectivo realizadas por las casas de cambio investigadas por el rulo financiero durante la época del cepo.

Además de estimar cuál fue el presunto perjuicio al Estado, una de las novedades del fallo firmado este martes por la jueza María Romilda Servini es la referencia a funcionarios del Banco Central que tenían el deber de supervisión de las casas de cambio. Sobre su accionar, Servini señaló: “habría resultado funcional al esquema y permitido que los mecanismos de control institucional no interrumpieran la operatoria”.

El fallo de la jueza concluyó con un embargo preventivo a Elías Piccirillo, conocido como el “rey del blue”, y más de cien casas de cambio y financistas por 859 mil millones de pesos. Dentro de la nómina también se encuentra el exsocio del financista, Martín Migueles, cuyo celular en manos de la Justicia aportó los audios sobre el presunto “circuito paralelo” del SIRA.

“El mecanismo desplegado redundó en la disposición patrimonial por medio de la sustracción del mercado legal de al menos US$607.432.023 a través de extracciones en efectivo, con una ganancia posible ilícita proporcional a la brecha cambiaria vigente -que en este período llegó a superar el 100%- en perjuicio del sistema de la administración de reservas y del destino regulatorio asignado a la adjudicación de divisas al tipo de cambio oficial“, sostuvo la jueza Servini.

La cifra se acerca a lo que con anterioridad había empezado a investigar el Banco Central a través de sus sumarios financieros. Según esos documentos, el monto de las ventas de casas de cambio se eleva a US$900 millones, al sumar las operaciones de Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange, cuyo accionista era el financista Piccirillo, Stema Cambios y Ars Cambios, que entre sus representantes tiene al financista Ariel Vallejo.

La principal diferencia entre el cálculo de la Justicia y lo relevado por el BCRA radica en el período de tiempo. La entidad monetaria incluyó ventas de dólares que se retrotraen hasta 2022, mientras que la investigación judicial utilizó para su base el período comprendido entre enero y septiembre de 2023, tal cual surge del fallo judicial.

En ese mismo escrito, la Justicia dispuso limitar la inhibición general de bienes a más de cien investigados, entre los que se encuentran casas de cambio y sus representantes. ¿A cuánto? El embargo preventivo llega hasta cubrir $859.516 millones. Es la cifra en pesos que la Dajudeco calculó para los US$607 millones como presunto perjuicio del circuito del dólar blue.

Hoy, la jueza Servini puso la mira sobre el accionar de las autoridades del Banco Central. Tiene a su cargo una de una de las causas que investiga el rulo financiero del dólar blue. El fiscal de este caso es Carlos Stornelli.

Actualmente cinco funcionarios de la entidad son investigados por maniobras con el dólar blue, pero en otro expediente. Se trata de la causa que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. Uno de los miembros del Central que debieron entregar sus celulares, Romina García, aseguró en una conversación grabada de manera clandestina por Elías Piccirillo que había “gente de arriba entongada”.

En un procedimiento que evalúa un posible incumplimiento al Código de Ética, las autoridades del Banco Central interrogaron a García sobre ese audio. “Señala que ella no tiene pruebas de eso, que lo dijo porque estaba nerviosa, y como para llevar la conversación, que ni sabe porque lo hizo y que está dispuesta a rectificarse en la justicia” (sic), dejaron sentado en un documento oficial que se sumó a la causa judicial de Lijo y Picardi.

En tanto, la jueza Servini describió en un fallo de 24 páginas la ruta del “dólar blue”. En todo circuito paralelo, el efectivo resulta primordial. Por eso, una de las preguntas que respondió es de dónde salieron esos US$607 millones. “El 99% fue extraído físicamente del Banco de Servicios y Transacciones (BST)”, especificó.

Esa es la primera etapa del pasamanos investigado en este circuito: la obtención de los dólares billete que llegaban a las casas de cambio. “El Banco de Servicios y Transacciones como entidad financiera habría omitido su deber de controlar el carácter genuino de las operaciones y su correcto encuadramiento en el concepto declarado”, se lee en el texto judicial. Pese a eso, el fallo de este martes no contiene ninguna medida en su contra.

consultó a representantes del BST, pero al momento de publicación de este artículo no emitieron comentarios.

El circuito de los dólares, según la investigación judicial, continuaba a través de las casas de cambio. Accedían a la divisa a cotización oficial y las revendían a un valor mayor, según la investigación. Su ganancia habría sido tan amplia como la brecha cambiaria. Un indicio destacado por los investigadores es la falta de registro de operaciones de cambio: entidades que recibían pesos pero no dejaban registro de sus ventas de dólares.

La Justicia observó esta situación en al menos ocho casas de cambio que recibieron $140 mil millones “que provenían de 600 personas de existencia ideal y más de 2500 personas humanas, que no habrían sido informados en la base RIOC como operación de cambio”. Entre esas casas de cambio se encuentra Centenera Agencia de Cambio y Turismo SRL, que tuvo como presidente a un hombre de 61 años que se definió como “changarín” en sede judicial. Aseguró ser un colocador de aires acondicionados y vivir de eso.