Con una agenda impulsada por el oficialismo, el Senado sesionará hoy desde las 11 para tratar los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el acuerdo con bonistas por el default de 2001. También pondrá en consideración una tanda de nombramientos en la Justicia Federal propuestos por la Casa Rosada, aunque dejará para la próxima sesión el pliego de María Verónica Michelli, candidata a integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata, que Javier Milei quiere retirar.

Según lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, el Senado le dará ingreso formal al pedido del presidente Javier Milei para retirar el pliego de Michelli. De esa manera, la comunicación quedará oficializada en la Cámara alta, aunque su tratamiento quedará postergado para la próxima semana.

El pliego de Michelli generó una fuerte controversia interna en La Libertad Avanza. La tensión escaló cuando la senadora Patricia Bullrich le anticipó el lunes pasado al Presidente que no acompañaría el retiro de la postulación y hasta puso a disposición su renuncia como jefa del bloque libertario.

La postura de Bullrich fue acompañada por sectores de la oposición dialoguista, que habitualmente construyen mayorías con el oficialismo en el Senado.

La calma llegó después de la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles, donde quedó establecido que la próxima semana se convocará a una nueva sesión para tratar tanto el pliego de Michelli como el pedido de retiro solicitado por Milei. Además, Bullrich se reunió en la Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y luego publicó una foto del encuentro. “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei”, escribió en sus redes sociales.

Los pliegos de los jueces

En la sesión de este jueves, el oficialismo pondrá en consideración 50 nombramientos de jueces federales sobre un total de 73 que ya cuentan con dictamen de la Comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto.

Los otros 23 nombramientos quedarán para otra oportunidad. Entre ellos figuran los pliegos cuestionados de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, señalados por sus vínculos con autoridades de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la entidad. También quedará pendiente el pliego de Juan Manuel Mejuto, a quien el oficialismo y sectores de la UCR vinculan con el kirchnerismo y con la agrupación Justicia Legítima.

Dentro de los 50 pliegos que serán tratados aparece el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. Fue propuesto como vocal del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

También integran la lista Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán; Juan Pablo Moldes, hijo del ex fiscal Germán Moldes; Javier Arzubi Calvo, exsecretario del juez Ariel Lijo; y Ana María Juan, propuesta para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga, entre otras causas, el caso Libra.

Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Otro de los temas centrales de la sesión será el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, enviado al Congreso por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La iniciativa incluye modificaciones al Código Civil y Comercial, al Código Procesal y a otras normas vinculadas con el régimen de propiedad.

Entre sus principales puntos, propone cambios en el sistema de expropiaciones y desalojos, elimina restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y modifica la Ley de Manejo del Fuego, especialmente en lo referido al cambio de uso del suelo en tierras incendiadas.

Durante el debate quedó fuera de la iniciativa la delegación en provincias y municipios de la regularización de barrios populares incluidos en el RENABAP.

El proyecto también redefine el cálculo de las indemnizaciones por expropiación, que quedarán limitadas al valor de mercado y a los daños directos, con exclusión de ganancias hipotéticas o valores afectivos. Además, prohíbe la transferencia de dominio sin pago íntegro y establece que las ocupaciones temporarias no podrán extenderse por más de 60 días.

La propuesta introduce además cambios en los mecanismos judiciales para desalojos y en los esquemas de regularización dominial, con criterios más estrictos sobre la ocupación de tierras. Desde el oficialismo aseguran que el objetivo es reforzar la seguridad jurídica sobre la propiedad privada.

Acuerdo con los bonistas

El último punto de la sesión será el acuerdo alcanzado con bonistas que no ingresaron a los distintos canjes de deuda y mantuvieron litigios contra la Argentina en tribunales estadounidenses.

La iniciativa, que deberá ser ratificada por el Congreso, contempla el pago de US$171 millones para cerrar causas vinculadas al default de 2001 y busca clausurar un capítulo judicial pendiente para el país.

El acuerdo definitivo fue alcanzado ante tribunales de Nueva York, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska, entre representantes argentinos y bonistas que no participaron del canje de deuda de 2016. El texto requiere aprobación legislativa para su implementación.

El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos fondos con fallos firmes contra la Argentina por la cesación de pagos posterior al default. El acuerdo establece un pago único de US$67 millones para Bainbridge y otros US$104 millones para el grupo Attestor.

El entendimiento prevé además suspender litigios vinculados con los bonos incluidos y evitar nuevas acciones judiciales sobre deuda pública emitida antes del 1° de enero de 2002, aunque mantiene el derecho de las partes a preservar posiciones respecto de resoluciones anteriores.

Senado, sesion, Patricia Bullrich

avanzar en el Senado,Delfina Celichini,Senado de la Nación,Conforme a,Senado de la Nación,,Cruce en el Senado. Los K vincularon la condena a Cristina con la violencia de género y Bullrich respondió con la baja de femicidios,,Senado. Se debate la agenda de Milei, pero el conflicto por el caso Michelli sigue abierto,,Debate. El Senado sesionará este jueves, pero no tratará el caso de la candidata a jueza vetada por ser familiar de un periodista

El cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros) denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) graves violaciones a los derechos laborales por parte del gobierno de Javier Milei, en una presentación en la que advirtió sobre una “destrucción sistemática” del modelo democrático de relaciones laborales en el país.

“En la ausencia de control estatal promovida por el Gobierno se plasma la aniquilación de los derechos laborales -dijo el sindicalista-. Esto no es “modernización laboral”, es precarización del trabajo».

En el discurso ante la conferencia anual de la OIT, en Ginebra, Suiza, que brindó en representación de la CGT y de las dos CTA, Sola criticó en duros términos la “demolición” de décadas de consensos sociales, “todo bajo una premisa inaceptable: que la protección del trabajador es un obstáculo para la economía”.

La denuncia del sindicalismo argentino sostuvo que lo que ocurre en el país “no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios”, sino “el desmantelamiento sistemático” de la administración oficial de las relaciones laborales, contrario a los convenios internacionales a los que adhirió la Argentina.

Uno de los ejes exclusivos del texto fue la acusación directa al propio Javier Milei de una voluntad explícita de “destruir al Estado”, citando su declaración de verse a sí mismo como un “topo” encargado de destruirlo “desde adentro” y de considerar “la justicia social como una aberración, como el cáncer de la Argentina”.

El discurso efectuado ante la OIT apuntó especialmente a la violación del Convenio 150, que establece los parámetros para la administración del trabajo y exige estructuras estatales con legitimidad social, autonomía y recursos suficientes. Para la CGT y las dos CTA, la transformación del Ministerio de Trabajo en una Secretaría fue la “primera señal inequívoca” de la orientación oficial: “No es sólo una cuestión de organigrama, es una degradación funcional profunda”, señalaron, agregando que al diluir la cartera entre áreas tan dispares como salud y educación, “se ha diluido su capacidad de influencia y coordinación”.

La reducción de estructuras estatales, el despido de personal especializado y la “liquidación de capacidad técnica operativa acumulada durante años”, forman parte según los sindicatos del mismo proceso de debilitamiento. Se denunció que, a partir de la reforma de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público (Ley 25.164), los empleados estables del Estado pueden ser cesados “a criterio discrecional” si se considera que existe un “exceso en la dotación óptima”: “Estamos ante la legalización de la inestabilidad en el corazón del Estado”, dijo Sola durante su discurso.

El otro gran eje señalado es el modo en que el Ejecutivo, según los gremios, desplazó el diálogo social y parlamentario para “imponer unilateralmente una agenda de reformas regresivas”. Según la exposición sindical, el DNU 70/23 representó una de las transformaciones laborales más profundas desde el retorno democrático y fue la antesala de las leyes de Bases y Modernización Laboral (Leyes 27.742 y 27.802). Agrega que estas normas, que los sindicatos califican de “paradigma flexibilizador”, fueron diseñadas e impulsadas sin consulta ni diálogo genuino con los actores sociales. Se argumenta que esto contradice los principios del Convenio 144, basado en la participación tripartita (Estado, empleadores y trabajadores).

En ese sentido, la intervención gremial destaca la respuesta de la propia Comisión de Expertos de la OIT, que fue “clara: las reformas de gran impacto deben desarrollarse mediante procesos genuinos de consulta con las organizaciones representativas”. A diferencia de ese principio, sostienen que en la Argentina “el tripartismo ha sido reemplazado por la imposición”.

Sola denunció “un patrón sistemático de ataques legales y administrativos a los sindicatos y profesionales del Estado”. Un caso que mencionó fue la publicación del decreto del Poder Ejecutivo que reglamentó la reforma laboral el mismo día de inicio de la conferencia de la OIT, lo que interpretó como una muestra de “hostilidad” del Gobierno, con “excesos reglamentarios y violaciones a la Constitución Nacional, vulnerando nuevamente el convenio 150”.

Además, cuestionó la aplicación de “sumarios administrativos, multas millonarias a gremios como La Fraternidad y UTA por ejercer el derecho de huelga» y mencionó el caso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyas elecciones fueron anuladas por la Justicia, que nombró un interventor al frente del gremio.

En el plano del control estatal, se denunció la “aniquilación” del sistema de inspección del trabajo, citando a los informes de la OIT sobre la “insuficiencia crítica de inspectores”, en especial en el sector agrícola, donde “la fiscalización es casi inexistente, dejando a los trabajadores rurales en un vacío de control absoluto”.

La presentación de Sola fue más allá del área laboral y enumeró “el desmantelamiento de áreas clave para el entramado social productivo”. En ese sentido, el dirigente destacó la reducción del 29% de empleados del Estado nacional centralizado desde 2023 hasta febrero de 2026, aclarando que el mayor impacto recae en organismos clave para la protección social.

Enseguida ejemplificó la situación en distintos sectores. En el CONICET, principal organismo científico, dijo que se denunciaron “más de 4000 puestos de trabajo perdidos” y la suspensión de ingresos de investigadores, lo que paraliza su funcionamiento. La interrupción de la inversión en obra pública y la afectación de organismos tecnológicos como el INTI y el INTA también forman parte del cuadro, con “cientos de técnicos” puestos a disponibilidad y la “desarticulación” de programas industriales y agropecuarios.

La degradación del antiguo Ministerio de Desarrollo Social, el despido masivo de personal en la Secretaría de Derechos Humanos (44% de la plantilla), la eliminación del Ministerio de la Mujer (con el 85% del personal desafectado) y el “desfinanciamiento crítico” de la universidad pública —que, según Sola, implicó pérdidas salariales de más del 40% para el sector universitario— fueron otras aristas del diagnóstico sindical.

En materia previsional y de protección de personas con discapacidad, el cotitular de la CGT también advirtió sobre un “deterioro deliberado” de los sistemas de cobertura, la “no actualización” de haberes y el desfinanciamiento de las prestaciones clave.

Sola denunció, además, la “política de criminalización del conflicto social” por parte del Ministerio de Seguridad, señalando la resolución 943/2023 y el uso de balas de goma y gases lacrimógenos durante protestas. Planteó que esta conducta implica una “clara violación a la libertad sindical y el derecho de huelga” reconocidos internacionalmente en el Convenio 87 de la OIT.

Para Sola, mientras que desde el Gobierno no haya una “rectificación inmediata del rumbo y no se restablezca el diálogo social auténtico”, las organizaciones sindicales recurrirán “a todas las instancias de denuncia por incumplimiento de los convenios 87 y 98”, tras lo cual dijo que “la defensa de la dignidad laboral es una causa irrenunciable que sostendrán en la calle y ante organismos internacionales”.

Por su parte, en representación de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel (CTERA) denunció el deterioro de la institucionalidad laboral y afirmó que “cuando un país reduce sus estructuras de inspección, debilita su autoridad laboral, elimina espacios de diálogo social, restringe la negociación colectiva y limita el derecho de huelga, no estamos frente a una simple reorganización administrativa, sino frente a un proceso de debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a garantizar el trabajo decente y los derechos fundamentales de los trabajadores”.

Durante su intervención, Baradel reclamó que la OIT inste al gobierno argentino a adoptar medidas urgentes para fortalecer la administración e inspección del trabajo, restablecer el diálogo social tripartito y garantizar el funcionamiento efectivo del Consejo del Salario, en cumplimiento de los Convenios 81, 129 y 150. “La justicia social no es una aberración como sostiene el presidente de la Argentina; es una condición necesaria para garantizar la paz y el bienestar general. Las centrales sindicales la vamos a defender en esta casa, en la calle, con la huelga y con la unidad y la lucha de la clase trabajadora”, sostuvo.

Conferencia,trabajadores,delegados,reunión,internacional,TRAVAILLEURS,Mike Johnson,Jen Psaki,Todd Blanche