El Tesla que el diputado libertario Manuel Quintar estacionó esta semana en el garage del Congreso hizo mucho más que llamar la atención por su estética futurista y su valor millonario. La camioneta eléctrica importada desde Estados Unidos terminó iluminando una trama incómoda para el oficialismo: denuncias de presunto direccionamiento de prestaciones del PAMI en Jujuy hacia clínicas y empresas vinculadas al legislador, su familia y su entorno político.

Pero Quintar posa sonriente frente al vehículo y hasta le ploteó su cuenta de Instagram. Asegura que lo compró con dinero de sus negocios privados para “hacer campaña” en la provincia, donde proyecta competir por la gobernación en 2027. “Es un cartel móvil”, dice. Habla relajado, minimiza las acusaciones, responsabiliza a “los radikukas” y hasta desafía a los periodistas: “¿Qué más quieren saber?”. Parece tener respuesta para todo.

Empresario de la salud privada y presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Quintar quedó en el centro de acusaciones que lo señalan por mezclar intereses públicos y privados en una provincia donde las fronteras entre política, negocios y sistema sanitario aparecen cada vez más difusas.

La denuncia presentada ante la justicia federal jujeña por Facundo Pérez Ernst describe un entramado complejo de funcionarios nacionales y sociedades vinculadas al diputado. La causa quedó radicada en la fiscalía de Federico Zurueta. Según fuentes judiciales, Zurueta todavía no formalizó la investigación. En Jujuy rige el sistema acusatorio, un esquema que otorga mayor protagonismo a los fiscales en el impulso y desarrollo del expediente.

“El caso está en etapa de investigación previa a la formalización. Se ordenaron varias medidas de prueba. Algunas ya completadas y otras aún pendientes de cumplimiento”, explicó una fuente con acceso al expediente. “Son medidas de índole económico y patrimonial, otras relacionadas a vínculos entre empresas y organismos públicos”, sumó.

El titular local del PAMI, Evaristo Bautista -a quien dirigentes y empresarios provinciales identifican como excontador y asesor de empresas ligadas a Quintar, algo que el legislador niega-, es señalado como quien habilitó prestaciones y pagos a clínicas relacionadas con el grupo familiar.

Entre ellas aparecen la Clínica Los Lapachos, la Clínica San Francisco -propiedad de su esposa, Natalia Castillo Aurane– y la Cooperativa de Profesionales de la Salud.

También figura el titular de Migraciones en Jujuy, Roque Pereyra, quien actúa como apoderado legal de una de las firmas asociadas al entorno del diputado, la Clínica San Francisco. Para el denunciante, el esquema configuró un mecanismo de direccionamiento de recursos estatales hacia prestadores privados cercanos al legislador libertario.

Pereyra, además, es socio de Quintar en el estudio jurídico del legislador: Quintar y Asociados.

Quintar, abogado de profesión, integra una familia históricamente ligada al negocio de la salud privada en Jujuy. Su principal activo es el sanatorio Los Lapachos, en San Salvador, una clínica que durante años funcionó bajo el nombre “Sanatorio Quintar”, fundada por su padre y uno de sus tíos médicos en la década del noventa, en pleno auge de la medicina privada.

El cambio de nombre llegó en 2012, después de una etapa marcada por conflictos sindicales, denuncias, juicios por mala praxis y una reestructuración empresaria que permitió mantener operativa la clínica bajo una nueva razón social. “La quebraron varias veces para no pagar”, resume un dirigente político jujeño que siguió de cerca el derrotero de la empresa.

Los Lapachos también quedó asociada a las internaciones de Milagro Sala, en medio de las causas judiciales que enfrentó la dirigente de la Tupac Amaru. El expresidente Alberto Fernández la visitó en ese sanatorio, en 2022, para respaldarla políticamente.

Para entonces, el apellido Quintar ya orbitaba el peronismo provincial. Manuel Quintar había integrado en 2021 la lista de candidatos del Frente de Todos impulsada por Rubén Rivarola – titular del PJ local hasta su intervención en 2023-, cuando quedó cerca de ingresar a la Legislatura jujeña.

Nunca ocupó cargos relevantes dentro del PJ, pero era conocido en la política local por sus vínculos con el sector empresario de la salud. Con el ascenso de Javier Milei, sin embargo, recalculó. Se incorporó a La Libertad Avanza (LLA) y logró un lugar en la lista de diputados nacionales avalado por el entonces operador territorial Carlos Kikuchi y Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei. Hoy, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a respaldarlo ante el revuelo que generó la aparición de su Tesla en el Congreso. El sobrino del expresidente dijo que el legislador “puede manejar el auto que quiera” y negó que haya un supuesto malestar interno por su gesto ostentoso. Milei reposteó el mensaje de Menem en la red social “X”.

“Me fui del PJ cuando me di cuenta de lo que eran”, se justifica hoy Quintar.

La denuncia en su contra sostiene que, ya como diputado nacional, ese entramado de vínculos políticos comenzó a convivir con los negocios privados de su entorno familiar. Según el escrito judicial, clínicas y sociedades vinculadas a Quintar lograron habilitaciones y prestaciones ante el PAMI Jujuy bajo la gestión de funcionarios ligados al legislador.

Una de ellas es la Clínica San Francisco, donde figura como accionista su esposa, Castillo Aurane. Allí aparece como apoderado legal Roque Pereyra, actual titular de Migraciones en Jujuy.

La denuncia también pone el foco sobre la Cooperativa de Profesionales de la Salud, creada en 2003 y reactivada en 2024, que incorporó nuevas autoridades y obtuvo poco después autorización para prestar servicios a la obra social de los jubilados. Entre quienes quedaron vinculados a la estructura figura una prima del legislador, Analía Quintar, como apoderada.

El otro nombre central es el de Evaristo Bautista, titular del PAMI Jujuy, presuntamente ligado a las sociedades del legislador. La denuncia sostiene que desde su cargo habría facilitado habilitaciones y pagos para los prestadores asociados al entorno del legislador. “Es mentira. No tuvo ninguna vinculación con mis empresas. Es contador y asesora a muchas empresas de la provincia”, respondió Quintar ante la consulta de .

En Jujuy, empresarios del sector médico aseguran que el malestar con Quintar creció en los últimos meses. Mencionan diferencias en los topes de prestaciones autorizadas a cada institución para evitar maniobras de sobrefacturación mediante estudios inexistentes o simulados. Según relatan fuentes del sector, mientras otros centros privados enfrentaban límites estrictos para facturar estudios clínicos y diagnósticos por imágenes, gran parte de las prestaciones excedentes terminaban derivadas hacia Los Lapachos.

Hay otro episodio que alimentó las sospechas en la provincia. A comienzos de 2025, en el marco de las auditorías impulsadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), beneficiarios de pensiones por discapacidad fueron citados para revalidar sus prestaciones justamente en Los Lapachos, la clínica vinculada a la familia Quintar.

Es decir: el mismo Gobierno que impulsaba auditorías masivas sobre presuntas irregularidades en pensiones por discapacidad derivaba esos controles a una clínica ligada a uno de sus propios dirigentes políticos.

Quintar rechaza esas acusaciones y asegura que su clínica opera bajo los mismos parámetros que el resto de los prestadores. “Todo parte de operaciones de los radicales jujeños en connivencia con el kirchnerismo”, responde.

En el ecosistema político que rodea al diputado también aparecen otros nombres con pasado peronista. Uno de ellos es Luis Miranda, designado por el Gobierno como titular de la CNRT en Jujuy. Excomisario, gremialista de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (Fasipp) y operador político de larga trayectoria en la provincia, Miranda estuvo detenido a comienzos de los 2000 en una causa vinculada a autos gemelos: vehículos robados cuya documentación, patentes y numeración de motor o chasis eran adulteradas para reinsertarlos en el mercado como unidades legales. Su nombre circula en Jujuy como parte del entramado político que acompañó el desembarco libertario en la provincia.

El apellido Quintar también tiene peso político fuera de Jujuy. Su hermana, Alba Quintar, participó el año pasado en Salta de un armado libertario paralelo al oficial, alineado con la senadora Emilia Orozco. Durante la campaña reivindicó las ideas de Milei y prometió “recortar el Estado”, aunque desde LLA la acusaban de fragmentar la oferta libertaria y jugar en favor del gobernador Gustavo Sáenz. Tras las elecciones, terminó incorporándose al gobierno salteño como coordinadora de consumos problemáticos.

En su Declaración Jurada inicial de 2023 reportó bienes por apenas $4,1 millones, cifra que hacia el cierre de ese mismo año ascendió a más de $252 millones, impulsada principalmente por la valuación de su participación del 33% en Servicios Profesionales de Salud SRL, que pasó de declararse en $500.000 a más de $225 millones.

Al finalizar 2023, Quintar declaró una casa en San Salvador de Jujuy, dos locales comerciales, participaciones en otros inmuebles y tres lotes ubicados entre Salta y Jujuy. También informó una flota de vehículos compuesta por una Volkswagen Amarok, una Mercedes Benz ML 320, una motocicleta KTM 990 Adventure y una Husqvarna TE300I incorporada ese mismo año, además de efectivo y depósitos bancarios por alrededor de $1,8 millones.

En 2024, en tanto, su patrimonio declarado volvió a mostrar fuertes oscilaciones. Aunque inició el ejercicio con activos por más de $511 millones, cerró el año con un total de $231 millones, principalmente por una caída abrupta en la valuación declarada de su participación societaria y porque algunos bienes -como su vivienda y la Amarok- pasaron a figurar con valor cero. Aun así, durante ese período incorporó nuevos bienes de alta gama: un furgón Toyota Hiace Wagon valuado en $34 millones y una motocicleta eléctrica Stark Varg por más de $33 millones. A eso se suma ahora el Tesla Cybertruck importado desde Estados Unidos, que allegados al legislador estiman en US$126.000 más otros US$5000 de traslado marítimo desde Miami.