Las imágenes son elocuentes e indignantes. El concejal -entonces electo- Alberto Montes entra en una oficina de la dirección de Tránsito de San Isidro y le toca la cola a una compañera, que estaba de espalda. La mujer reacciona de manera inmediata, con un puñetazo sobre la cara. Ahora, el funcionario acordó en la Justicia un pago de 12 millones de pesos en cuotas y, ante la consulta de TN, buscó mininizar la situación: “Fue un chiste”.

Alberto Montes recién había ganado las elecciones de 2023 por la lista de La Libertad Avanza. El 10 de diciembre de ese año asumió la banca. Entonces, la excompañera víctima del acoso lo denunció en la Justicia. La causa avanzó en el fuero civil y en el penal.

El video y el pago en cuotas

En noviembre de 2023, semanas antes de asumir su banca por La Libertad Avanza, Montes era inspector de tránsito en San Isidro. También trabajaba como bombero. Una cámara de seguridad de la dependencia municipal de Boulogne registró la escena: ingresó y le tocó la cola a una compañera de trabajo sin su consentimiento.

El hecho terminó en la Justicia con dos causas. En la penal, le rechazaron un pedido de sobreseimiento. La causa 6673 está caratulada Montes Alberto Antonio S/Abuso sexual en el Juzgado Correccional Número 5. Ingresó a la Sala 2 cuando Montes apeló a la denegatoria del sobreseimiento.

En el fuero civil, el concejal pactó un resarcimiento económico de 12 millones de pesos para la víctima, a pagar en seis cuotas (una de 3 millones, 2 de 2 millones y 5 de 1 millón).

El escándalo estalló ahora porque Montes se habría atrasado con los pagos, el juzgado lo intimó y la trastienda del acuerdo se hizo pública.

Según pudo saber TN, la denunciante -se preserva su identidad- fue a firmar el acuerdo el 14 de mayo. “Montes pensaba que con el arreglo económico iba a quedar todo ahí, pero no es así porque avanza la causa penal y en octubre se va a un juicio oral”, confió a este medio un allegado al caso.

La pelea por la destitución

La oposición en el Concejo Deliberante sospecha que Montes recibe apoyo financiero del oficialismo local.

Actualmente, su sueldo neto, de bolsillo, es de 2 millones de pesos y, por la Ley Orgánica de las Municipalidades, no puede tener otra actividad comercial, salvo que renuncie a la dieta.

La concejal de Fuerza Patria Estefanía Rivadulla señaló: “Cuando una mujer denuncia haber sido víctima de abuso, de violencia, el Estado, el Intendente, no puede mirar para otro lado, y nosotros, como representantes del pueblo, tampoco. No podemos pedirles a las vecinas de San Isidro que confíen en las instituciones si se protegen entre sí. No podemos hablar de transparencia, de valores y de respeto mientras elegimos el silencio frente a hechos que conmocionan a toda la comunidad. La política no puede convertirse en un refugio de impunidad”.

El bloque peronista busca la remoción de Montes, pero no cuenta con los votos necesarios. “Para tratarlo rápido sobre tablas no nos dan los números; el oficialismo de Ramón Lanús y sus aliados tienen 14 de los 24 concejales”, indicó Rivadulla.

Qué dijo el concejal acusado

TN se comunicó con Montes, pero el concejal no aceptó preguntas. Solo expuso: “Entre la denunciante y yo hubo un pedido de disculpas y de acuerdo. El hecho, que lo que intentó ser un chiste, derivó en una denuncia promovida y difundida por la política porque yo era candidato a concejal. El acuerdo arribado entre las partes y con fiscalía y defensoría, aceptando el mismo, fue cumplido y se está a la espera de que la justicia lo homologue».

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La comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados bonaerense iba a reunirse en la tarde de este miércoles para avanzar con un proyecto de ley que les daba a los intendentes la posibilidad de usar libremente los fondos que reciben los distritos en el marco del endeudamiento que consiguió el gobernador Axel Kicillof a fines del año pasado. Sin embargo, a la hora de las definiciones aparecieron las diferencias y el encuentro se pospuso para este jueves.

A la reunión de comisión llegaron solo la diputada Silvina Vaccarezza y los diputados Francisco Adorni (La Libertad Avanza), Gustavo Cuervo (Nuevos Aires). Nadie del bloque de Fuerza Patria bajó a la sala 30 del palacio legislativo. Rápidamente la reunión se cayó. Las diferencias son técnicas pero también políticas.

Lo que hace el proyecto de ley en discusión es darle más atribuciones a la comisión bicameral que se creó en el marco de un fondo para que del 8% de los recursos que consiga Kicillof —producto del endeudamiento solicitado y aprobado por la Legislatura a fines del año pasado— llegue a los municipios.

Los intendentes buscan que esos fondos sean de libre disponibilidad y es lo que hoy está en discusión. La ley actual establece que el 30% de los fondos que llegarán a los distritos serán para ejecutarse a través de programas de los ministerios de Transporte, Infraestructura y Servicios Públicos y del Instituto Cultural. Los intendentes, principales afectados, quieren que el 100% del dinero a recibir sea de libre disponibilidad, básicamente para pagar sueldos. La oposición -el PRO y la UCR- quiere lo mismo, pero le da a la comisión bicameral la potestad para autorizar los pagos de parte de la Provincia.

En el Ejecutivo, rechazan esta iniciativa. Prefieren que sea por el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el índice por el cual los distritos reciben automáticamente la coparticipación provincial. “Es lo más razonable” —que sea por CUD—, dijo este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. No quieren darle esa facultad a una bicameral. Quienes suelen llevar las negociaciones con la Legislatura en nombre de Kicillof son la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila, y, en algunos momentos, el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

En las últimas horas hubo conversaciones y versiones cruzadas. “A mí me dijeron que no fuera a la reunión”, planteó a Infobae un integrante de la comisión, sin mayores detalles sobre por qué se posponía el encuentro de este miércoles. Como el texto a discutirse en la próxima sesión en Diputados debiera contar con un dictamen de comisión, se resolvió que, ante la falta de acuerdo, se convoque nuevamente a la comisión el jueves por la tarde.

En el peronismo aseguran que hay diferencias con el PRO y con la UCR por el texto que impulsa el presidente del bloque UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena. En los bloques opositores hablan de diferencias, pero admiten que están dentro del oficialismo y que eso hizo naufragar la reunión de este miércoles. El punto de conflicto se encuentra en las atribuciones de la Comisión bicameral evaluadora, un órgano previsto en la ley original para revisar los proyectos a financiar con el Fondo. Según el texto de la reforma, esa Comisión ahora tendría la facultad de definir el modo de reparto de los recursos cuando no haya un mecanismo expreso, además de “autorizar el pago” a los municipios correspondiente al 30 % de los fondos. Algo que Kicillof y los intendentes ven con desconfianza.

En las últimas horas elevó un proyecto del presidente del bloque PRO en Diputados, Alejandro Rabinovich. La iniciativa aplica al 30% de los fondos que reciban los distritos y establece que se repartan por CUD, pero en combinación con los ingresos que los municipios recibieron el año pasado. Entra en la negociación. El peronismo también tiene un anteproyecto si fuera necesario.

Sin embargo, hay otro punto que, según integrantes de la comisión de Presupuesto en Diputados, hizo caer la reunión de este miércoles: la falta de precisiones sobre qué sucederá en el Senado bonaerense, otra parte activa en esta negociación.

Es que en la Cámara alta provincial aún no fueron designados los representantes para integrar la comisión bicameral que definiría cómo repartir los fondos entre los distritos. No hay mayores precisiones al respecto de quién puede llegar a integrarla y algunas voces dejan correr que en el Senado tampoco hay intención de conformar la bicameral y que esta situación fue la que hizo caer la comisión en Diputados.

Últimamente, las negociaciones en la Cámara alta se han vuelto una complejidad para la vicegobernadora, Verónica Magario, producto de la interna con la que convive el peronismo. Se evidenció, por ejemplo, en la integración de las comisiones que se terminó de resolver en la última semana de mayo. “Es un problema que tenemos”, admitió una voz oficialista.

En el medio, los intendentes aguardan que el proyecto avance. El Ejecutivo ya hizo el primer desembolso en el mes de abril. Está pautado que el siguiente pago sea en agosto. “Nosotros necesitamos los fondos para muchas cosas, básicamente para pagar sueldos, por eso queremos que sean de libre disponibilidad”, confió un intendente ante la consulta de este medio.

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