POLITICA
Manuel Quintar, el diputado del Tesla que quedó en la mira por sus nexos con clínicas del PAMI
El Tesla que el diputado libertario Manuel Quintar estacionó esta semana en el garage del Congreso hizo mucho más que llamar la atención por su estética futurista y su valor millonario. La camioneta eléctrica importada desde Estados Unidos terminó iluminando una trama incómoda para el oficialismo: denuncias de presunto direccionamiento de prestaciones del PAMI en Jujuy hacia clínicas y empresas vinculadas al legislador, su familia y su entorno político.
Pero Quintar posa sonriente frente al vehículo y hasta le ploteó su cuenta de Instagram. Asegura que lo compró con dinero de sus negocios privados para “hacer campaña” en la provincia, donde proyecta competir por la gobernación en 2027. “Es un cartel móvil”, dice. Habla relajado, minimiza las acusaciones, responsabiliza a “los radikukas” y hasta desafía a los periodistas: “¿Qué más quieren saber?”. Parece tener respuesta para todo.
Empresario de la salud privada y presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Quintar quedó en el centro de acusaciones que lo señalan por mezclar intereses públicos y privados en una provincia donde las fronteras entre política, negocios y sistema sanitario aparecen cada vez más difusas.
La denuncia presentada ante la justicia federal jujeña por Facundo Pérez Ernst describe un entramado complejo de funcionarios nacionales y sociedades vinculadas al diputado. La causa quedó radicada en la fiscalía de Federico Zurueta. Según fuentes judiciales, Zurueta todavía no formalizó la investigación. En Jujuy rige el sistema acusatorio, un esquema que otorga mayor protagonismo a los fiscales en el impulso y desarrollo del expediente.
“El caso está en etapa de investigación previa a la formalización. Se ordenaron varias medidas de prueba. Algunas ya completadas y otras aún pendientes de cumplimiento”, explicó una fuente con acceso al expediente. “Son medidas de índole económico y patrimonial, otras relacionadas a vínculos entre empresas y organismos públicos”, sumó.
El titular local del PAMI, Evaristo Bautista -a quien dirigentes y empresarios provinciales identifican como excontador y asesor de empresas ligadas a Quintar, algo que el legislador niega-, es señalado como quien habilitó prestaciones y pagos a clínicas relacionadas con el grupo familiar.
Entre ellas aparecen la Clínica Los Lapachos, la Clínica San Francisco -propiedad de su esposa, Natalia Castillo Aurane– y la Cooperativa de Profesionales de la Salud.
También figura el titular de Migraciones en Jujuy, Roque Pereyra, quien actúa como apoderado legal de una de las firmas asociadas al entorno del diputado, la Clínica San Francisco. Para el denunciante, el esquema configuró un mecanismo de direccionamiento de recursos estatales hacia prestadores privados cercanos al legislador libertario.
Pereyra, además, es socio de Quintar en el estudio jurídico del legislador: Quintar y Asociados.
Quintar, abogado de profesión, integra una familia históricamente ligada al negocio de la salud privada en Jujuy. Su principal activo es el sanatorio Los Lapachos, en San Salvador, una clínica que durante años funcionó bajo el nombre “Sanatorio Quintar”, fundada por su padre y uno de sus tíos médicos en la década del noventa, en pleno auge de la medicina privada.
El cambio de nombre llegó en 2012, después de una etapa marcada por conflictos sindicales, denuncias, juicios por mala praxis y una reestructuración empresaria que permitió mantener operativa la clínica bajo una nueva razón social. “La quebraron varias veces para no pagar”, resume un dirigente político jujeño que siguió de cerca el derrotero de la empresa.
Los Lapachos también quedó asociada a las internaciones de Milagro Sala, en medio de las causas judiciales que enfrentó la dirigente de la Tupac Amaru. El expresidente Alberto Fernández la visitó en ese sanatorio, en 2022, para respaldarla políticamente.
Para entonces, el apellido Quintar ya orbitaba el peronismo provincial. Manuel Quintar había integrado en 2021 la lista de candidatos del Frente de Todos impulsada por Rubén Rivarola – titular del PJ local hasta su intervención en 2023-, cuando quedó cerca de ingresar a la Legislatura jujeña.
Nunca ocupó cargos relevantes dentro del PJ, pero era conocido en la política local por sus vínculos con el sector empresario de la salud. Con el ascenso de Javier Milei, sin embargo, recalculó. Se incorporó a La Libertad Avanza (LLA) y logró un lugar en la lista de diputados nacionales avalado por el entonces operador territorial Carlos Kikuchi y Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei. Hoy, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a respaldarlo ante el revuelo que generó la aparición de su Tesla en el Congreso. El sobrino del expresidente dijo que el legislador “puede manejar el auto que quiera” y negó que haya un supuesto malestar interno por su gesto ostentoso. Milei reposteó el mensaje de Menem en la red social “X”.
“Me fui del PJ cuando me di cuenta de lo que eran”, se justifica hoy Quintar.
La denuncia en su contra sostiene que, ya como diputado nacional, ese entramado de vínculos políticos comenzó a convivir con los negocios privados de su entorno familiar. Según el escrito judicial, clínicas y sociedades vinculadas a Quintar lograron habilitaciones y prestaciones ante el PAMI Jujuy bajo la gestión de funcionarios ligados al legislador.
Una de ellas es la Clínica San Francisco, donde figura como accionista su esposa, Castillo Aurane. Allí aparece como apoderado legal Roque Pereyra, actual titular de Migraciones en Jujuy.
La denuncia también pone el foco sobre la Cooperativa de Profesionales de la Salud, creada en 2003 y reactivada en 2024, que incorporó nuevas autoridades y obtuvo poco después autorización para prestar servicios a la obra social de los jubilados. Entre quienes quedaron vinculados a la estructura figura una prima del legislador, Analía Quintar, como apoderada.
El otro nombre central es el de Evaristo Bautista, titular del PAMI Jujuy, presuntamente ligado a las sociedades del legislador. La denuncia sostiene que desde su cargo habría facilitado habilitaciones y pagos para los prestadores asociados al entorno del legislador. “Es mentira. No tuvo ninguna vinculación con mis empresas. Es contador y asesora a muchas empresas de la provincia”, respondió Quintar ante la consulta de .
En Jujuy, empresarios del sector médico aseguran que el malestar con Quintar creció en los últimos meses. Mencionan diferencias en los topes de prestaciones autorizadas a cada institución para evitar maniobras de sobrefacturación mediante estudios inexistentes o simulados. Según relatan fuentes del sector, mientras otros centros privados enfrentaban límites estrictos para facturar estudios clínicos y diagnósticos por imágenes, gran parte de las prestaciones excedentes terminaban derivadas hacia Los Lapachos.
Hay otro episodio que alimentó las sospechas en la provincia. A comienzos de 2025, en el marco de las auditorías impulsadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), beneficiarios de pensiones por discapacidad fueron citados para revalidar sus prestaciones justamente en Los Lapachos, la clínica vinculada a la familia Quintar.
Es decir: el mismo Gobierno que impulsaba auditorías masivas sobre presuntas irregularidades en pensiones por discapacidad derivaba esos controles a una clínica ligada a uno de sus propios dirigentes políticos.
Quintar rechaza esas acusaciones y asegura que su clínica opera bajo los mismos parámetros que el resto de los prestadores. “Todo parte de operaciones de los radicales jujeños en connivencia con el kirchnerismo”, responde.
En el ecosistema político que rodea al diputado también aparecen otros nombres con pasado peronista. Uno de ellos es Luis Miranda, designado por el Gobierno como titular de la CNRT en Jujuy. Excomisario, gremialista de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (Fasipp) y operador político de larga trayectoria en la provincia, Miranda estuvo detenido a comienzos de los 2000 en una causa vinculada a autos gemelos: vehículos robados cuya documentación, patentes y numeración de motor o chasis eran adulteradas para reinsertarlos en el mercado como unidades legales. Su nombre circula en Jujuy como parte del entramado político que acompañó el desembarco libertario en la provincia.
El apellido Quintar también tiene peso político fuera de Jujuy. Su hermana, Alba Quintar, participó el año pasado en Salta de un armado libertario paralelo al oficial, alineado con la senadora Emilia Orozco. Durante la campaña reivindicó las ideas de Milei y prometió “recortar el Estado”, aunque desde LLA la acusaban de fragmentar la oferta libertaria y jugar en favor del gobernador Gustavo Sáenz. Tras las elecciones, terminó incorporándose al gobierno salteño como coordinadora de consumos problemáticos.
En su Declaración Jurada inicial de 2023 reportó bienes por apenas $4,1 millones, cifra que hacia el cierre de ese mismo año ascendió a más de $252 millones, impulsada principalmente por la valuación de su participación del 33% en Servicios Profesionales de Salud SRL, que pasó de declararse en $500.000 a más de $225 millones.
Al finalizar 2023, Quintar declaró una casa en San Salvador de Jujuy, dos locales comerciales, participaciones en otros inmuebles y tres lotes ubicados entre Salta y Jujuy. También informó una flota de vehículos compuesta por una Volkswagen Amarok, una Mercedes Benz ML 320, una motocicleta KTM 990 Adventure y una Husqvarna TE300I incorporada ese mismo año, además de efectivo y depósitos bancarios por alrededor de $1,8 millones.
En 2024, en tanto, su patrimonio declarado volvió a mostrar fuertes oscilaciones. Aunque inició el ejercicio con activos por más de $511 millones, cerró el año con un total de $231 millones, principalmente por una caída abrupta en la valuación declarada de su participación societaria y porque algunos bienes -como su vivienda y la Amarok- pasaron a figurar con valor cero. Aun así, durante ese período incorporó nuevos bienes de alta gama: un furgón Toyota Hiace Wagon valuado en $34 millones y una motocicleta eléctrica Stark Varg por más de $33 millones. A eso se suma ahora el Tesla Cybertruck importado desde Estados Unidos, que allegados al legislador estiman en US$126.000 más otros US$5000 de traslado marítimo desde Miami.
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POLITICA
Diputados: el oficialismo busca bajar la tensión por Discapacidad mientras avanzan los dictámenes
El plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los libertarios Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, firmará este miércoles los dictámenes sobre la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, el tema que motivó el emplazamiento de ambos cuerpos legislativos.
En paralelo, el oficialismo redactará una propuesta alternativa que, según sostienen en La Libertad Avanza, superará el esquema de emergencia y será contemplada en el Presupuesto 2027.
De esa manera, buscará cerrar la polémica que se desató en las filas libertarias en torno al capítulo sexto y a los artículos 39, 40 y 41 del proyecto de Presupuesto 2027 que el ministro de Economía, Luis Caputo, envió al Congreso el pasado 15 de septiembre. Esos puntos planteaban una propuesta que quedó desalineada del trabajo que venían realizando La Libertad Avanza y sus aliados en la Cámara de Diputados.
El proyecto de Presupuesto deroga varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Entre ellos, el artículo 8°, que establece: “Protección de la salud. Las personas con discapacidad titulares de la pensión no contributiva por discapacidad para protección social tienen derecho a un programa médico de atención y cobertura de salud que garantice las prestaciones básicas”.
Además, dispone la derogación del artículo 9 de la ley de 1948 que regula las pensiones no contributivas por invalidez y vejez. Esa norma faculta al Poder Ejecutivo a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin recursos suficientes, no amparada por un régimen previsional y mayor de 70 años o imposibilitada para trabajar.
“Buscamos un dictamen superador que quite el estigma de una emergencia y vuelvan estos beneficios permanentes. Nos interesa discutir las necesidades del sector vulnerable que son las personas con discapacidad. Hay división de poderes en nuestro país, y creemos que este Congreso tiene un tiempo suficiente largo como para tratar luego el presupuesto y debatir cuáles serán las mejores condiciones”, dijo la diputada Silvana Giudici.
Desde el oficialismo agregaron que durante el tratamiento del proyecto de Presupuesto se establecerá un cronograma para que los funcionarios expongan y defiendan las partidas de cada área.
La propuesta original, que ahora sería reemplazada en su totalidad, planteaba la eliminación del Nomenclador Nacional Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. De esa manera, dejaba sin efecto un valor uniforme y obligatorio para todo el país, aplicable al Estado nacional, las obras sociales, las prepagas y el PAMI.
En ese contexto, una de las principales modificaciones en análisis sería mantener la actualización periódica del nomenclador. Sin embargo, el nuevo esquema no sería idéntico al vigente. La propuesta que discuten oficialistas y aliados contempla ajustes automáticos vinculados a la inflación, aunque con una periodicidad más espaciada que la actual.
POLITICA
Valentina Bassi advirtió por el impacto de los cambios en discapacidad: “Cada obra social va a poder fijar qué terapias aceptar”
La discusión por la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad quedó atravesada por el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso. La iniciativa propone modificar aspectos centrales del sistema de prestaciones, entre ellos el funcionamiento del nomenclador y el régimen de pensiones.
En ese contexto, Valentina Bassi, actriz y madre de un adolescente con autismo, cuestionó los cambios durante una entrevista en Infobae al Regreso. La actriz sostuvo que la discusión excede la continuidad de la emergencia y alcanza normas que, según explicó, resultan centrales para garantizar el acceso a tratamientos, escuelas especiales, transporte y otros apoyos.
“Estamos tratando de que se prorrogue la ley de emergencia en discapacidad y en la ley de Presupuesto derogan muchísimos artículos muy importantes”, afirmó.
Uno de los principales puntos de su planteo está relacionado con la Ley 24.901, que desde 1997 establece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. El proyecto de Presupuesto 2027 propone modificar artículos de ese régimen y alterar el esquema mediante el cual se determinan los aranceles.
El nomenclador, el principal eje del reclamo
El Nomenclador de Prestaciones Básicas establece los valores de referencia para servicios que reciben las personas con discapacidad. El proyecto oficial plantea que deje de incluir valores universales y reemplaza ese criterio por un esquema en el que cada financiador pueda establecer condiciones y valores diferenciados.
Para Bassi, esa modificación puede generar diferencias en el acceso según la cobertura médica de cada persona.
“El nomenclador único es fundamental”, remarcó. Y planteó cuál sería, desde su perspectiva, una de las consecuencias del cambio: “Cada obra social y cada prepaga va a poder fijar qué valor y qué terapias van a querer ofrecerte y aprobarte para tu hijo”.
La actriz explicó que el nomenclador funciona como una referencia común para prestaciones como escuelas especiales, centros de atención, transporte y tratamientos. “El Estado fija qué tiene que cobrar una escuela para mantener la escuela, los sueldos, la comida de los chicos; qué tiene que cobrar el transporte, qué tienen que cobrar los terapeutas”, detalló.
Actualmente, el Gobierno sostiene que el sistema necesita una actualización y un esquema que permita garantizar las prestaciones de manera sostenible. En septiembre, funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad defendieron ante el Congreso las medidas implementadas para actualizar el nomenclador y ordenar el sistema.
El proyecto, sin embargo, propone modificar el mecanismo vigente. También elimina la referencia a valores universales y cambia la modalidad de actualización de los aranceles.
Bassi advirtió que ese escenario puede repercutir sobre los prestadores y, en consecuencia, sobre las familias. Durante la entrevista, sostuvo que los valores actuales tampoco alcanzan para cubrir los costos del sistema y reclamó una actualización de la base del nomenclador.
La preocupación por la continuidad de los servicios también alcanza al transporte. “Se están yendo a trabajar a otros rubros y las personas con discapacidad se quedan sin movilidad para ir a las terapias. Y las familias nos enloquecemos”, afirmó.
El problema del financiamiento y las demoras en los pagos ya forma parte del debate parlamentario. Un informe reciente de Infobae señaló que prestadores, transportistas y familias vienen advirtiendo por el desfasaje entre aranceles y costos, con reducción de servicios e interrupciones de tratamientos.
Qué cambios plantea el Presupuesto para las pensiones
Otro de los puntos cuestionados por Bassi está relacionado con las pensiones no contributivas por discapacidad. El proyecto de Presupuesto propone modificar el régimen vigente y volver a un esquema denominado de pensión por invalidez laboral. Además, establece que el beneficio sea incompatible con un empleo formal o con la inscripción en determinados regímenes tributarios.
La propuesta también modifica el papel del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso al beneficio y deja parte de los requisitos en manos de la reglamentación.
Bassi cuestionó especialmente la incompatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. “Las personas con discapacidad quieren trabajar. En vez de pelear porque se cumpla el cupo laboral en trabajo del Estado o porque los privados acepten a personas con discapacidad, dice: ‘Si trabajás no tenés derecho a una pensión’”, planteó.
La actriz también vinculó el beneficio con el acceso a la atención sanitaria. “Muchas personas con discapacidad no tienen obra social ni prepaga. Entonces, con la pensión te viene el beneficio de incluir salud para que tengas acceso a los tratamientos”, sostuvo.
El proyecto también propone derogar disposiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad vinculadas con la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones y con el traspaso de beneficios al nuevo esquema.
Para Bassi, la discusión tiene un efecto concreto en las familias que dependen de las prestaciones para sostener tratamientos y apoyos. “Le quitan las pensiones a los niños. Muchas personas que no tienen obra social y tienen un niño con discapacidad acceden a la pensión para que ese niño tenga terapias”, afirmó.
La emergencia y el debate en el Congreso
La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad fue sancionada para establecer medidas específicas destinadas a sostener el sistema y afrontar la situación de los prestadores. La discusión actual está centrada en su prórroga, mientras el Presupuesto 2027 incorpora modificaciones que afectan distintos aspectos del régimen.
Bassi aseguró que el reclamo por la continuidad de la emergencia atraviesa distintos espacios políticos. “Hablo con muchísimos diputados, gobernadores y doy fe de que esto es completamente transversal”, afirmó.
También expresó expectativas sobre el tratamiento parlamentario de la prórroga. “Yo creo que la prórroga de la ley de emergencia va a salir. Tengo fe en eso, lucho por eso”, señaló.
Durante la entrevista, además, diferenció la vigencia temporal de la emergencia de las normas permanentes que regulan las prestaciones. “Lo que vence es la emergencia, los artículos de la ley no vencen”, sostuvo.
El Gobierno, por su parte, defendió ante el Congreso su política en materia de discapacidad y aseguró que busca garantizar las prestaciones, actualizar el nomenclador y ordenar el sistema de pensiones.
Bassi también respaldó la realización de controles sobre las pensiones y planteó que el objetivo debe ser identificar irregularidades sin afectar a quienes necesitan el beneficio. “Todos los que estamos relacionados con discapacidad queremos que cobren las personas que lo necesitan, no que cobre alguno que no”, afirmó.
Al final de la entrevista, la actriz habló además de su actividad artística. Actualmente participa de Salvajada, obra de Mauricio Kartun basada en un cuento de Horacio Quiroga, junto a Pablo Mariuzzi y bajo la dirección de Luis Rivera López. La puesta aborda cuestiones vinculadas con la discriminación y el bullying y se presenta los martes a las 20 en el Teatro Astros.
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El gobernador de Córdoba rechazó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027: “No vamos a acompañar”
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó este domingo los recortes en los fondos para discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 del oficialismo y anticipó que su provincia no los va a acompañar en el Congreso.
“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos”, sentenció en su cuenta de X.
En el mismo mensaje, Llaryora sostuvo que en su provincia el área “es una prioridad” y que “no es beneficencia ni caridad”. Agregó que las prestaciones, los traslados y las terapias “no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”.
Llaryora también se dirigió a sus legisladores en ambas cámaras y al Congreso en general que no permitan la aprobación de lo que las personas afectadas viven como “un acto de crueldad”. El gobernador también advirtió que el esfuerzo que hace la provincia junto a casi 350 organizaciones y a los gobiernos locales “no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades”. Y sumó: “Esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”.
“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco. Detrás de cada política de discapacidad hay personas, familias y realidades que necesitan acompañamiento. Por eso, las medidas integrales y el compromiso del Estado con las personas con discapacidad son indispensables”, finalizó el mandatario.
El posicionamiento de Llaryora llega luego de que el Ejecutivo enviara al Congreso una Ley de Presupuesto que contemplaba en uno de sus apartados una modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por la oposición el año pasado.
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