Facundo Juan Moyano llevaba el martes más de seis horas detenido en la comisaría 13ª de Belgrano cuando se activó una gestión para trasladarlo a una celda de la Alcaldía Comunal 4 de la avenida Montes de Oca 861, en Barracas. A cuatro cuadras de allí vive Hugo Moyano, su padre, cuya custodia mantiene un vínculo histórico con las autoridades de ese destacamento policial. Durante el tiempo que estuvo allí, no recibió visitas. El hijo del sindicalista más poderoso del país fue finalmente liberado antes de las 21 del mismo martes, después de haber estado 15 horas demorado al ser imputado por presuntas lesiones leves en el contexto de violencia género y privación ilegítima de la libertad de Candela Arizaga, su novia, que es 18 años menor que él.

El episodio, que aún no está esclarecido, volvió a poner bajo la lupa el patrimonio y el nivel de vida de la familia Moyano. En este caso, de Facundo. Actualmente, es el jefe del Sindicato Único de Trabajadores de Peaje (Sutpa), un gremio creado en 2006 y que exhibe un curioso crecimiento patrimonial a pesar de que sus representados se desempeñan en una actividad que está en plena reconversión por los avances tecnológicos.

En su página web, el Sutpa afirma tener 7000 afiliados, aunque en la elección del año pasado el padrón de personas habilitadas a participar era de apenas 5659.

De acuerdo a los registros de Nosis, en la base de datos de la ARCA, el gremio tiene una deuda de casi 34 millones de pesos y cuenta con entre 22 y 26 empleados.

Sin embargo, en lo que va de 2026, mostró un repunte económico: adquirió ocho autos 0KM, que, entre todos, suman un valor de mercado superior a los $400 millones. En uno de esos vehículos del gremio, un Toyota Corolla GR-Sport, se subió Facundo Moyano el martes tras declarar en la fiscalía por el incidente con su novia.

La flota del Sutpa reúne en total 48 autos; ninguno de ellos es utilitario, como los usados para el trabajo en autopistas. Es decir, el gremio tiene dos vehículos por cada empleado.

Desde sus inicios, Facundo Moyano intentó combinar su actividad política y sindical con la farándula. Así, mientras frecuentaba canales de televisión por asuntos políticos, su nombre también circulaba en los programas de chimentos. Tuvo algún affaire con la diva Susana Giménez y se le conocieron romances fugaces con distintas modelos.

Para las fiestas de fin de año del gremio, que suelen hacerse en grandes salones, Moyano contrata habitualmente a algún cantante que estuviera de moda en el momento. Pasaron, por ejemplo, la Joaqui y L-Gante, quien también tuvo una relación de pareja con Candela Arizaga.

Facundo Moyano vivió hasta 2021 en el piso 12 de una torre en la avenida Belgrano, en el barrio de San Telmo. Allí estuvo hasta que se casó con la modelo Eva Bargiela, de quien se separó dos años después. Con ella se mudó al barrio Barrancas de Belgrano, al edificio donde ocurrió el incidente con su actual novia.

En ese mismo edificio, el empresario Nicolás Caputo compró departamentos para sus hijos. “Yo no soy funcionario público, así que no tengo que decirte dónde vivo y a quién le alquilo. No sé ni quién es la hija de Caputo. De esta situación, que es una desgracia, casi se muere mi novia; están inventando cosas, una tras otra”, respondió Moyano ante la consulta de .

La última declaración jurada que Facundo Moyano hizo pública fue en 2020, un año antes de renunciar a su banca de diputado nacional por sus diferencias con el kirchnerismo.

No declaró por entonces propiedades ni automóviles, pero sí dinero en efectivo. Dijo que tenía en cash casi 200.000 dólares, además de ahorros en pesos en el banco y un plazo fijo de $1.200.000.

Actualmente, Facundo Moyano está contratado a sueldo en Aubasa, la empresa pública bonaerense que gestiona el gobierno de Axel Kicillof a través de José Arteaga, un dirigente vinculado al Frente Renovador de Sergio Massa. En el directorio de Aubasa, en representación de los trabajadores, está Diego Lasala, mano derecha de Moyano en el Sutpa.

Facundo Moyano también tuvo como empleador a la firma Aconra SA, la constructora de Liliana Esther Zulet, la esposa de su padre y quien maneja el holding de empresas que orbitan alrededor del Sindicato de Camioneros. Aconra recibió $544.285.264 millones entre el 7 y el 29 de mayo últimos a través de un fideicomiso llamado Khasis, según registros contables a los que accedió . El dinero salió de las cuentas que Camioneros tiene en el Banco Provincia. Son parte de las operaciones que reveló el 13 de abril pasado y que involucran a Zulet y al clan Moyano.

Hasta el año pasado, la sede del Sutpa quedaba en Castro Barros 1085, en el barrio de Boedo. Se trataba de una modesta propiedad, de una sola planta. Luego se construyó un piso adicional para la oficina del secretario general. Fue la histórica base de operaciones de Moyano hasta que creó la consultora Estrategia Persuasión, dedicada a políticas vinculadas al transporte y la seguridad vial. Allí montó su propia oficina en el microcentro porteño, en la calle San Martín al 500.

En 2025, el Sutpa mudó su sede central a Chacabuco al 100, cerca de la Plaza de Mayo, en un edificio modernizado, cuya obra quedó en manos de Aconra y de un amigo de Facundo Moyano, según contaron fuentes sindicales. La mudanza significó un salto cualitativo en lo relativo a la estructura del sindicato. En el lugar, con el apoyo de su padre, Facundo Moyano logró reunir a importantes dirigentes sindicales para la inauguración. No fue su medio hermano Pablo, con quien no se habla.

De acuerdo a fuentes que conocen desde hace años a los Moyano, circulan versiones sobre la compra de una propiedad en Pilar, cerca de la ruta 6. Se trataría de un gran predio rodeado por hectáreas en las que hay haras y clubes de polo, según fuentes sindicales. Como sucede con otros bienes de la familia, es difusa la línea que separa lo propio de lo que es del gremio.

El oficialismo logró darle media sanción en el Senado al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero la tensa discusión en el recinto provocó un pase de facturas en el seno del gobierno de Javier Milei y afectó el vínculo con las fuerzas aliadas de La Libertad Avanza en el Congreso.

Si bien logró avanzar con la iniciativa que acelera desalojos y limita expropiaciones, el Ejecutivo debió retirar dos capítulos clave para garantizarse el apoyo de la oposición dialoguista: el que ampliaba los márgenes para la venta de tierras a extranjeros y el que modificaba la ley de manejo del fuego, que facilita la venta de tierras productivas afectadas por incendios.

La exclusión de esos artículos provocó reproches y pases de factura en el Gabinete de Milei y en el interior de la bancada de LLA, que conduce Patricia Bullrich. Además, durante el debate en el recinto, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch apuntó contra los “tibios del medio”, a quienes acusó de haber actuado con ignorancia por su resistencia a votar la reforma de la ley de tierras.

“Claro que el show mediático, el status quo, la presión de la izquierda más rabiosa y la ignorancia de los tibios del medio nos llevan hoy lamentablemente a no poder votar este capítulo”, lanzó Benegas Lynch.

El senador oficialista le dedicó esas palabras a los legisladores que suelen cooperar con la Casa Rosada en el Congreso cuando tomó la palabra para rechazar el intento del kirchnerismo de impugnar su participación en el debate por ser director de una empresa que se dedica a gestionar ventas de tierras a extranjeros en la Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay.

La frase explosiva de Benegas Lynch desencadenó una discusión en el chat de WhatsApp que nuclea al “grupo de los 44” aliados. Es el conglomerado de opositores dialoguistas con los que articula Bullrich y que integran, además de La Libertad Avanza, las bancadas de la Unión Cívica Radical, Pro, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz.

Hartos del “maltrato” de los libertarios, los senadores santacruceños Juan José Carambia y Natalia Gadano decidieron abandonar el chat. Antes de irse, Carambia grabó un audio explosivo, en el que incluyó críticas e insultos por los manejos del oficialismo. “Se pueden ir a la concha de su madre”, exclamó el integrante de Moveré Santa Cruz. Tanto Carambia como Gadano, que forjaron una estrecha relación con Victoria Villarruel desde que tomaron distancia del gobernador Claudio Vidal, votaron en contra del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Las palabras de Benegas Lynch también enardecieron a los radicales. Varios le transmitieron su malestar a Bullrich. En tanto, Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires) encaró al libertario en pleno recinto para recriminarle sus críticas. “Tiene que haber un replanteo de parte del oficialismo en el trato con los 44. Si quieren seguir manteniendo esa mayoría, van a tener que usar otra estrategia”, advirtió un senador de la UCR en diálogo con este medio.

Durante su intervención en el recinto, Carambia salió a responderle a Benegas Lynch. Lamentó “la falta de respeto” del oficialismo con los partidos provinciales por haberse opuesto a una ley que consideraban que afectaba la “soberanía nacional”. “Me gustaría que estuviera ahora ahí, que pida disculpas públicamente. Me parece que es el deber del senador hacerlo”, remarcó el exintendente de Las Heras.

“Yo le voy a contar a ese senador que yo me enfrenté al kirchnerismo en 2011, cuando muchos que yo hoy veo con La Libertad Avanza hacían negocios con el kirchnerismo y les bajaban la cabeza. Yo tenía 27 años y fui el único intendente opositor con Alicia Kirchner de gobernadora”, continuó Carambia.

Y concluyó: “Le vamos a decir al señor Benegas Lynch que yo creo que la forma de ser tibio o no se demuestra gobernando, no sentado en una banca. Es fácil ser gritón, lo difícil es gobernar”.

El oficialismo había excluido el capítulo de extranjerización de tierras después de que Bullrich confirmó que no tenía los votos necesarios para aprobarlo, aunque se había fijado un tope del 25%.

Fue clave la postura de los senadores que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa (Neuquén), quienes decidieron quitarle su respaldo a los artículos que modificaban la ley de tierras para relajar los límites a la venta de predios productivos a ciudadanos y empresas extranjeras.

En la antesala del debate en el recinto, referentes de Pro y la UCR en el Senado habían cuestionado la decisión del oficialismo de avanzar con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada ante la falta de consensos sobre el capítulo de la ley de tierras. Les recomendaron postergar la sesión y que la iniciativa regresara a comisión para “emprolijar” las modificaciones. “Manejaron muy mal el tema. Ellos sabían que no estaban dadas las condiciones para sesionar, pero hay muchos desencuentros en LLA”, afirmó a uno de los integrantes de la bancada del radicalismo.

Martín Goerling, jefe de bloque de senadores de Pro, también había criticado la estrategia del Gobierno para aprobar la parte de la ley que ampliaba el porcentaje de tierras que podían estar en manos de individuos o empresas extranjeras.

“No explicó los cambios que había, no comunicó los cambios de dictamen que se iban dando”, dijo Goerling.