A partir de la segunda mitad del año, todas las farmacias deberán implementar sistemas de gestión digital para la validación y registro del acto de dispensa de medicamentos ambulatorios. Se trató de una medida implementada por el Ministerio de Salud de la Nación, que tiene como objetivo eliminar el uso de soportes físicos y mejorar el registro para la realización de futuras auditorías.

Por medio de la publicación de la Resolución N° 638/2026 en el Boletín Oficial, la modificación quedó oficializada este viernes a la madrugada. Así, el ministro de Salud, Mario Lugones, dispuso que “las farmacias deberán utilizar sistemas de gestión que adopten mecanismos digitales para la validación y registro del acto de dispensa de medicamentos ambulatorios”.

Para este fin, las autoridades aprobaron el uso del token digital y de mecanismos equivalentes como métodos válidos para identificar a los pacientes al momento de retirar medicamentos. No obstante, aclararon que estos deben ser emitidos por plataformas que cuenten con mecanismos apropiados de registro y autenticación.

De la misma manera, la actualización de los sistemas de gestión también deberá seguir las pautas técnicas que definirá la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud, dependiente de la Secretaría de Gestión Sanitaria.

En los casos en los que una persona autorizada retire medicamentos en nombre del titular de la receta, esta podrá hacerlo mediante una autorización o credencial digital del paciente, ya sea por medio del uso del token digital o de mecanismos equivalentes. Por este motivo, los sistemas de información y plataformas vinculados a la salud digital deberán habilitar procedimientos seguros para garantizar la entrega solo a quienes estén debidamente autorizados.

Pese a que la persona cuente con la habilitación, las farmacias deberán solicitar y registrar en sus sistemas el documento de identidad de la persona que retire los medicamentos, ya sea el propio paciente o un tercero autorizado. Se aceptará cualquier documento emitido por autoridad competente, nacional o extranjera, que permita identificar de forma fehaciente a la persona. Este registro se asociará a la transacción como mecanismo adicional de validación.

Además, se establece que deberán conservar los datos de facturación correspondientes a cada acto de dispensa como respaldo secundario. En este sentido, anticiparon que estos registros podrán ser requeridos en auditorías, reclamos o controversias relacionadas con la entrega de medicamentos.

A la vez que la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas de Salud queda facultada para dictar normas complementarias o aclaratorias que sean necesarias para la correcta aplicación de la resolución, también podrá definir condiciones de contingencia en caso de interrupciones del sistema o falta de conectividad.

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La aplicación del nuevo sistema digital será obligatoria para todos los organismos y entidades bajo la órbita o fiscalización del Ministerio de Salud. Por esto, las autoridades ministeriales deberán adoptar las disposiciones necesarias para la implementación. Los sujetos obligados deberán cumplir de inmediato, con un plazo máximo de 180 días corridos para completar las adecuaciones técnicas y operativas.

Por este motivo, las autoridades destacaron que la medida también busca fortalecer el sistema federal de salud, por medio del establecimiento de «criterios generales, lineamientos técnicos y herramientas de interoperabilidad, respetando las autonomías locales“.

Tras señalar que la diversidad de sistemas de gestión que utilizan las farmacias dificultan la integración e interoperabilidad sanitaria, resaltaron que esta medida garantizará «la continuidad asistencial, la seguridad del paciente y el acceso oportuno a los medicamentos“.

De la misma manera, destacaron que las tecnologías actuales «podrían aliviar la carga y minimizar los costos de tareas de gestión de la dispensa de medicamentos por parte de las farmacias». Esto también se extendería a la hora de aplicar los mecanismos de auditoría y fiscalización.

Por último, destacaron que el nuevo sistema digital de registro «constituye una herramienta confiable, eficaz e interoperable, orientada a modernizar los mecanismos de registración existentes en aras de mejorar la fiscalización de la autoridad sanitaria“.

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Javier Milei se expresó por primera vez en redes sociales sobre la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, familiar de un periodista.

En su perfil, el mandatario compartió la mirada de un reconocido jurista que defendió la potestad del Presidente a la hora de retirar la postulación de un magistrado.

“Quien designa a los jueces es el Presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, sostiene la publicación que reposteó Milei en X.

El autor del mensaje es Ricardo Manuel Rojas, exjuez federal a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal y exsecretario de la Corte Suprema de Justicia. A comienzos del año pasado, su nombre sonó entre los posibles candidatos del Gobierno para ocupar la Procuración del Tesoro, cargo que hoy ocupa Sebastián Amerio.

La división interna que generó la decisión de Milei de retirar el pliego de Michelli

La decisión del mandatario de retirar el pliego de Michelli —pese a ya haber obtenido dictamen en la comisión de Acuerdos del Senado— generó una división en el bloque oficialista en la Cámara Alta encabezada por Patricia Bullrich.

En un comunicado que difundió públicamente, la exministra de Seguridad adelantó que no acompañaría la decisión de Milei amparándose en la figura de la objeción de conciencia, ya que la medida iba en contra de sus valores personales.

Luego se conoció que en una conversación privada con el Presidente, Bullrich puso a disposición su renuncia como jefa de bloque por no seguir los lineamientos de la Casa Rosada, algo que Milei desestimó. Aún así, la decisión de la senadora resonó hacia adentro del oficialismo, donde otros legisladores también habrían manifestado su rechazo a retirar el pliego. Entre ellos estarían otros exPRO como Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero.

Pese a que el desafío de Bullrich no cayó bien en la Casa Rosada, el Gobierno buscó desescalar el conflicto y dejó trascender un mensaje donde remarcaban que la objeción de la senadora “no compromete el rumbo ni la eficacia de la gestión”. “Dentro de un espacio diverso y amplio, es natural que existan diferentes visiones sobre los distintos temas. Ha ocurrido en otras oportunidades”, agregaron.

En ese sentido, la propia Karina Milei recibió este miércoles en su despacho a la exministra, encuentro que luego se difundió por redes sociales y por canales oficiales de Presidencia.

“Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente”, escribió Bullrich en su cuenta de X. La publicación sería luego compartida por Milei.

El futuro del pliego de Michelli

Pese a la búsqueda de disipar el conflicto, el futuro del pliego de la jueza Michelli todavía es incierto. En la reunión de Labor Parlamentaria que se llevó adelante este miércoles, la cámara alta definió darle ingreso este jueves al pedido del Gobierno para retirar la postulación y postergar el tratamiento del tema para la próxima semana.

Leé también: Tras las tensiones por el pliego de una jueza, Bullrich se mostró con Karina Milei: “Trabajando juntas”

Sin embargo, hoy el escenario no garantiza que el oficialismo cuente con los números para rechazarlo, ya que bloques aliados como el PRO y la UCR anticiparon su oposición a la medida. En ese contexto, las propias dudas internas en el bloque de La Libertad Avanza podrían obstaculizar la decisión del Presidente.

Javier Milei

Luego de que el Concejo Deliberante de Morón aprobara la interpelación al intendente Lucas Ghi, este jueves el secretario de Seguridad municipal Damián Cardoso compareció ante los concejales para dar respuestas sobre el caso de Luna Suyai Ortigoza, la ex directora de Políticas de Género que se encuentra prófuga desde que hallaron medio kilo de cocaína en su domicilio de Castelar.

Ante la decisión del jefe municipal de no asistir a la sesión extraordinaria, Cardoso asumió el rol de representante del gobierno. Así, inició su exposición detallando la política municipal orientada a “combatir el narcomenudeo” y a “impulsar las denuncias”.

La interpelación se extendió por más de cuatro horas, en donde el secretario de Seguridad destacó la rapidez con la que el gobierno local actuó una vez confirmados los cargos contra Ortigoza. “Grave sería que el intendente no la desplace de su cargo”, manifestó.

Según la información publicada por Primer Plano Online, el funcionario municipal explicó que “nada hacía prever” que Ortigoza estuviera involucrada en actividades delictivas y remarcó que el accionar ilegal era “ajeno a su desempeño en el Municipio y se realizaba de manera escondida”.

En este sentido, Cardozo aseveró que “no hubo alertas tempranas” y señaló que la acusada no exhibía signos de riqueza que pudieran vincularla con la venta de drogas. “Esta chica no llegó con un Mercedes Benz a su trabajo”, apuntó al desmentir que estuviera de vacaciones cuando allanó su propiedad.

Según el secretario de Seguridad, hasta el momento “no hay ningún elemento que indique” que Ortigoza haya cometido delitos en el ejercicio de su función. No obstante, consideró que el caso demostró que “en Morón no hay libertades para cometer delitos”. Asimismo, informó que todo el material incautado, incluso elementos vinculados a su labor municipal, quedó a disposición de la justicia para peritajes.

Al finalizar su exposición, Cardoso respondió preguntas de concejales de distintos bloques, comenzando por Analía Zappulla, integrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA), con quien coincidió en la necesidad de debatir una legislación que permita controlar la evolución patrimonial de los funcionarios.

En este sentido, el secretario adelantó que la revisión anual de antecedentes penales será obligatoria con la creación de la Policía Municipal. Además, le cuestionaron por qué Ortigoza continuaría registrada como una empleada de la planta permanente.

“Los mecanismos administrativos prevén que tiene estabilidad. Sí se le retuvo su salario: tiene orden de captura nacional e internacional”, explicó el titular de la Secretaría de Seguridad de Morón sobre la situación laboral de la funcionaria fugitiva.

En un intercambio con Ariel Aguilera, miembro de Todo por Argentina, Cardoso detalló que Ortigoza mantenía una actividad funcional activa y que su desempeño incluía intervenciones para proteger a mujeres víctimas de violencia. No obstante, aclaró que esto no representaba una evaluación personal y calificó como “detestable” lo revelado por la investigación.

Desde Unión por la Patria, la concejal Florencia De Luca cuestionó la ausencia del intendente o de la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Laura de Peri, quien fue la jefa durante el paso de la acusada por la gestión municipal. “Es una situación que muestra a un intendente debilitado. Por eso queremos aclarar que la única intención del bloque Fuerza Patria fue conocer qué hizo el Municipio ante una situación grave”, expuso.

En respuesta a Diego Spina, Cardoso señaló que el único detenido en la causa declaró ante la justicia “que él era comprador de Ortigoza” y entregó las cuentas bancarias con las que pagaba la droga. El secretario afirmó que la pericia sobre esas cuentas permitirá identificar a otras personas vinculadas y aportar nuevos elementos a la investigación.

A lo largo de la sesión también participaron otros concejales, entre ellos Ezequiel Tozzi, María Mobilia, Pablo Miño, Alejandra Liquitay (La Libertad Avanza); Diego Spina (Unión por la Patria); Bernardo Magistocchi y Claudio Faro (PRO); Daniela Cáceres (Nuevo PRO Morón); y Agustín Ramponelli (PJ-MDF).

Según la información a la que tuvo acceso Infobae, la investigación comenzó con una denuncia realizada el 25 de febrero de este año, en donde señalaban la existencia de puntos de venta en los alrededores de las calles Ferre y Piovano, Ferre y Pardo, y otro en Presidente Ortiz entre Pardo y Piovano.

No obstante, la funcionaria municipal fue declarada como prófuga de la Justicia junto a su novio Ángel Daniel Paz, de 34 años, a finales de mayo. Después de que un miembro de la banda la delatara y se encontrara medio kilo de cocaína, armas y marihuana en su casa, los investigadores sostienen que la pareja lideraba una red dedicada al tráfico y la venta de drogas.

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