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El caso de la quinta de Pilar: la Corte resolvió que la causa por presunto lavado de dinero en la AFA pase al juzgado de Rafecas

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La Corte Suprema resolvió hoy que sea el juzgado federal de Daniel Rafecas el que investigue la causa en disputa por presunto lavado de dinero y desvío de fondos provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que incluye el caso de la quinta de Villa Rosa, en Pilar, sospechada de pertenecer en las sombras a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

La Corte dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había resuelto que, como pretendían las defensas, la investigación la llevara adelante el juzgado federal de Campana, cuyo titular es Adrián González Charvay.

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Los tres jueces de la Corte –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti– sostuvieron que ese fallo de la Casación afectó de “modo severo e inequívoco” la garantía de juez natural; que cometió una “grosera” violación a las reglas de la competencia y que incurrió en un evidente apartamiento de las constancias de la causa y de las normas aplicables.

La Corte afirmó que la sentencia, firmada por los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, “omitió deliberadamente” analizar los argumentos planteados por la fiscalía, que había sostenido que le correspondía intervenir a la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires.

Los jueces de la Corte Suprema: Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio RosattiMarcelo Manera –

“No se investiga exclusivamente la adquisición de un inmueble emplazado en la localidad de Villa Rosa -dijo la Corte-, sino una presunta maniobra de lavado de activos que, desde su origen, fue concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera desarrollada mediante la utilización de personas jurídicas, modificaciones societarias y diversas operaciones patrimoniales”. La Corte destacó que “a medida que avanzó la pesquisa, el objeto procesal fue ampliándose mediante sucesivos requerimientos de instrucción fiscal, a partir de nuevas denuncias y de los elementos que fueron incorporándose al expediente”.

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Rafecas, que ahora reasumirá el expediente, podría dejar su juzgado en cualquier momento porque está a un paso de ser nombrado juez de la Cámara Nacional de Casación Penal (la casación ordinaria, no federal). Cuando eso ocurra, dejará Comodoro Py y alguno de sus actuales colegas asumirá como subrogante en su juzgado y, por ende, en esta causa.

La historia del caso

La causa se inició por una denuncia contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, que figuran como quienes adquirieron, a través de la firma Real Central SRL, la quinta de Villa Rosa, en Pilar. La sospecha es que son testaferros porque de las pruebas reunidas surge que no tendrían la capacidad económica suficiente para justificar esa operación. Pantano es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de más de 2.000.000 de pesos. Conte, su madre, es jubilada y durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses.

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La causa le tocó a Rafecas, en los tribunales de Comodoro Py, pero este juez se declaró incompetente y envió el expediente al fuero penal económico, que tampoco asuimó el caso. Quedó así configurada la primera pelea de competencia.

El juez federal Daniel Rafecas

La causa volvió entonces a Comodoro Py y la Cámara Federal dijo que le correspondía intervenir al fuero penal económico.

Pero la defensa se presentó entonces en el juzgado federal de Campana. Sostuvo que era el tribunal territorialmente competente para tomar el caso porque la quinta está dentro de su jurisdicción.

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El juzgado federal de Campana hizo lugar a ese planteo y le reclamó el expediente al juzgado en lo penal económico, que se negó a enviárselo. Argumentó que la investigación no se centraba en el inmueble de Pilar, sino en supuestas maniobras de administración fraudulenta de los directivos de la AFA, cuyo domicilio estaba en la ciudad de Buenos Aires.

Pablo Toviggino y Claudio «Chiqui» Tapia@natyponcefotos

Esta disputa por la competencia fue resuelta por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín en favor del juzgado federal de Campana, pero la historia no había terminado.

La fiscalía apeló y el caso llegó así a la Cámara Federal de Casación que, por mayoría, dispuso mandarlo a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que resolviera la contienda. Ese tribunal dijo que debía intervenir el juzgado en lo penal económico N° 10.

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Pero la defensa presentó un nuevo recurso de casación. En esta segunda intervención, la Sala I del máximo tribunal penal hizo lugar al planteo de la defensa y declaró competente al juzgado federal de Campana.

Pero el Ministerio Público Fiscal, en desacuerdo, llevó el caso hasta la Corte, que hoy resolvió finalmente la cuestión.

Críticas a la Casación

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El argumento central de la Corte para enviar el caso al juzgado de Rafecas fue que lo que se investiga excede las sospechas sobre la propiedad de la quinta de Villa Rosa.

Los jueces de la Cámara de Casación Mariano Borinsky y Diego BarroetaveñaEnrique García Medina

“El Partido de Pilar no era en modo alguno el centro de dirección y desenvolvimiento de la actividad bajo investigación -dijo la Corte-. La vinculación de esa jurisdicción con el caso deriva únicamente de la ubicación de un inmueble, el cual estaría inscripto a nombre de personas que se sospechan testaferros de los verdaderos autores del delito, pero no sirve para dirimir la competencia territorial cuando la hipótesis delictiva consiste en la presunta existencia de una red internacional de intermediarios que habrían operado entre los años 2021 y 2025, a los efectos de canalizar fuera del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA mediante un complejo circuito financiero”.

Los jueces de la Corte fueron duros con los camaristas de Casación que enviaron el caso a Pilar. “El juez Barroetaveña ignoró lo planteado por el fiscal Villar en torno a la competencia territorial, mientras que el juez Borinsky, tras aludir a ‘las alegaciones efectuadas por el Fiscal General (…) afirmó que ‘de su lectura se advierte que el propio Fiscal admite que las supuestas circunstancias allí alegadas ‘…no se circunscriben al recurso aquí presentado por la defensa de Pantano y Conte’, motivo por el cual, en tanto excede el objeto de la presente incidencia de competencia, no corresponde efectuar consideraciones al respecto”. Según la Corte, “la Cámara de Casación, al reseñar el recurso del fiscal general Villar, reconoció que el Ministerio Público había planteado la existencia de elementos objetivos que, a juicio del órgano fiscal, eran suficientes para vincular territorialmente el hecho con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que debía investigarse en el fuero de excepción de esta jurisdicción, pero omitió deliberadamente analizar sus argumentos”.

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Borinsky y Barroetaveña dictaron aquel fallo con la disidencia de Alejandro Slokar, el otro integrante del tribunal.

El juez Rafecas

Rafecas, que reasumirá ahora la investigación de esta causa, fue quien le dio su primer impulso cuando ordenó los allanamientos que derivaron en el secuestro de una costosa flota de vehículos y otros elementos que apuntaban directamente contra Toviggino, como un bolso y una placa homenaje que tenían su nombre.

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Un cuadro, con la imagen de Toviggino, encontrado en la quinta de Pilar

Aunque ahora recibirá el caso, no está claro durante cuánto tiempo Rafecas lo tendrá a su cargo. Hace años que este juez aspira a ser nombrado camarista de la Casación Nacional y el mes pasado, el presidente Javier Milei envió finalmente su pliego al Senado para ese cargo.



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Al igual que Bullrich, Villarruel cuestionó el rumbo económico: “Sin industria no hay trabajo”

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La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó este jueves la política económica de Javier Milei luego de confirmarse el cierre definitivo de la fábrica de La Campagnola en Mar del Plata.Mar del Plata.

A través de su cuenta en X, la mandataria sentenció: “Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia”.

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La firma perteneciente al Grupo Arcor explicó que la falta de insumos pesqueros y el alto stock provocaron “un esquema productivo insostenible”. Asimismo, la compañía informó que ofrecerá reubicación interna en otros establecimientos productivos del país a las 75 personas afectadas por la medida.

Este pronunciamiento profundiza las diferencias con la Casa Rosada, sumándose al decreto firmado el 30 de octubre que creó un Programa de Alivio Financiero en el Senado.

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Para justificar los adelantos salariales, la funcionaria citó registros del Banco Central sobre irregularidades crediticias familiares del 12,8% en junio de 2026.

Por su parte, la senadora oficialista Patricia Bullrich realizó planteos similares durante un encuentro de Somos Pymes realizado en La Rural. Aunque ratificó ser “socia” del proyecto gobernante, reclamó medidas fiscales urgentes al advertir: “A las pymes todavía les ha llegado muy poco”.

La legisladora también solicitó “humildad” electoral tras los pronósticos reeleccionistas del jefe de Estado para los comicios de 2027. Entretanto, el titular del Ejecutivo ratificó la continuidad estricta de su plan fiscal para evitar emisión monetaria, endeudamiento o incrementos tributarios.

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Javier Milei y sus medidas, en vivo: “Los responsables van a ser juzgados”, dijo el Presidente sobre el atentado a la AMIA

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En una maratónica sesión atravesada por un temario variopinto, el Senado convirtió por unanimidad en ley uno de los temas más sensibles para el Gobierno: el proyecto sobre discapacidad que regulariza el esquema de atención y prestaciones del sector. La propuesta, que surgió inicialmente como respuesta a la emergencia, adquirirá a partir de ahora carácter permanente.

Además, el oficialismo logró convertir en ley la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) y la reforma del régimen de propiedad privada, que mantiene vigente la Ley de Tierras y, con ella, las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. Por su parte, la Cámara alta también sancionó la Ley Joaquín y la reforma del régimen de cabotaje.

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Mapuches no lograron revertir la orden de desalojo de un camping de Villa La Angostura

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La causa que inició el municipio regresó al juzgado local, que había ordenado la restitución del predio. La defensa de la comunidad presentó múltiples recursos, pero agotó las instancias judiciales para impedirlo. El magistrado podría disponer el retiro voluntario de los ocupantes y, si no se concreta, avanzar con el desalojo.

Luego de un extenso recorrido judicial, la causa que ordena restituir a la Municipalidad de Villa La Angostura un camping ubicado sobre la costa del lago Correntoso regresó al juzgado local. La comunidad mapuche Paicil Antriao no logró revertir la sentencia que obliga a devolver el predio, después de que sus planteos fueran rechazados en las distintas instancias judiciales, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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El expediente quedó nuevamente en manos del juez Francisco Astoul Bonorino, quien deberá avanzar con la ejecución de la sentencia favorable al municipio. El magistrado podría intimar a los ocupantes a retirar voluntariamente sus pertenencias y restituir el inmueble. Si no cumplen, podrá disponer las medidas necesarias para concretar el desalojo, incluso con el auxilio de la fuerza pública.

El municipio denunció a integrantes de la comunidad por permanecer en el camping una vez finalizado el período de concesión, que venció en 2011. Desde entonces, la disputa atravesó más de 15 años de litigio y se convirtió en uno de los conflictos territoriales más prolongados de Villa La Angostura.

La comunidad mapuche Paicil Antriao sostuvo que el lugar forma parte de su territorio ancestral, argumento que no fue admitido por la Justicia

La Justicia reconoció el derecho del municipio a recuperar el establecimiento, aunque los distintos recursos presentados por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que representa a la comunidad, demoraron la ejecución de la sentencia.

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Se trata de la misma comunidad que se instaló en la traza de la ruta de Circunvalación que se construye en Villa La Angostura y cuyos integrantes serán reubicados por el gobierno neuquino para permitir la continuidad de la obra.

Los integrantes de Paicil Antriao mantienen, además, otros conflictos territoriales sin resolver, tanto con organismos públicos como con particulares.

El camping está ubicado sobre la costa del lago Correntoso, aproximadamente a ocho kilómetros del centro de la localidad. Se trata de un predio que pertenecía a la administración municipal y que era explotado mediante una concesión.

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Hugo Montes y Sofía Antriao, integrantes de la comunidad mapuche, habían sido concesionarios del establecimiento. Al finalizar el contrato, debían devolver la administración del camping al municipio, pero a fines de 2011 no restituyeron el predio.

Los integrantes de la comunidad mapuche Paicil Antriao ocupan el camping desde el vencimiento de la concesión, en 2011

En ese momento plantearon una reivindicación territorial basada en la preexistencia de sus familiares y antepasados en esas tierras. La comunidad sostuvo que el lugar formaba parte de su territorio ancestral.

Uno de los antecedentes históricos incorporados al litigio fue la donación de tierras realizada en abril de 1951 por José Victoriano Antriao a la entonces Comisión de Fomento de Villa La Angostura. Ese documento fue analizado durante el proceso, pero los tribunales concluyeron que no acreditaba la posesión ancestral invocada por la comunidad sobre el sector del camping.

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Durante el desarrollo del conflicto, el intendente Javier Murer llegó a proponer una nueva concesión del establecimiento a la comunidad para garantizar la prestación de servicios durante la temporada de verano. Sin embargo, la resistencia social a la iniciativa obligó al jefe comunal a desistir del proyecto.

Un proceso que atravesó todas las instancias judiciales

Ante la falta de restitución del inmueble, la Municipalidad inició una acción reivindicatoria para recuperar la propiedad. La demanda fue presentada entre 2012 y 2013 y estuvo inicialmente a cargo del juez Jorge Videla, quien se apartó de la causa luego de un planteo de recusación. El expediente pasó entonces al Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Junín de los Andes, donde intervino el magistrado Andrés Luchino.

El 11 de diciembre de 2019, Luchino dictó una sentencia favorable al municipio y ordenó a los ocupantes devolver el camping. La resolución rechazó los argumentos de la comunidad y consideró que no se había demostrado la posesión ancestral invocada sobre el inmueble. También analizó la aplicación de la Ley 26.160 de relevamiento territorial indígena y concluyó que no estaban acreditados los presupuestos necesarios para reconocer una ocupación tradicional y actual del predio.

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El predio, ubicado a unos ocho kilómetros del centro de Villa La Angostura, fue objeto de un litigio de más de 15 años

La comunidad apeló la decisión y consiguió que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del interior de Neuquén revocara el fallo. Sin embargo, la controversia no terminó allí.

El 11 de abril de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén revocó el pronunciamiento de la Cámara y restableció la sentencia de primera instancia. De esa manera, el máximo tribunal provincial ratificó la obligación de la comunidad Paicil Antriao de restituir el camping a la Municipalidad de Villa La Angostura.

La resolución fue un punto de inflexión en un litigio que llevaba más de una década. El tribunal consideró que no se había acreditado suficientemente la posesión ancestral reivindicada ni que existieran pruebas de una utilización comunitaria tradicional del inmueble. También evaluó los antecedentes documentales sobre la donación de tierras de 1951 y concluyó que no alcanzaban para respaldar los derechos invocados por los ocupantes.

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El intento de llegar a la Corte Suprema

Después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la comunidad intentó llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Presentó un recurso extraordinario federal, que fue rechazado por el máximo tribunal neuquino, y posteriormente acudió en queja ante la Corte.

El 6 de agosto de 2026, la Corte Suprema rechazó ese planteo. De esa manera, quedó firme la sentencia que ordena restituir el camping al municipio. El máximo tribunal nacional no dictó un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, sino que desestimó la posibilidad de revisar el fallo provincial a través del recurso presentado.

La Corte Suprema rechazó el recurso federal presentado por la comunidad mapuche

En paralelo, se desarrolló otra discusión procesal sobre el juzgado que debía intervenir en la ejecución de la sentencia. El 27 de diciembre de 2024, el juez Santiago Montorfano, del Juzgado Civil y Comercial N.º 2 de Junín de los Andes, había dispuesto remitir las actuaciones a Villa La Angostura para que el magistrado local pudiera avanzar con la restitución del inmueble.

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La comunidad cuestionó esa decisión mediante distintos recursos. Sin embargo, el 3 de febrero de 2026, el Tribunal Superior de Justicia rechazó los planteos y confirmó el traslado del expediente. Posteriormente, el 5 de octubre, también desestimó un recurso extraordinario federal presentado contra esa decisión.

Una negociación que no prosperó

Mientras se desarrollaban las últimas instancias judiciales, el municipio y la comunidad intentaron encontrar una salida negociada al conflicto.

En junio de 2025, ambas partes acordaron abrir una instancia de conciliación, que fue homologada por la Justicia. La negociación no se limitaba al camping: también contemplaba otro terreno lindero, ocupado por integrantes de la comunidad y reclamado por la Municipalidad.

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La intención era alcanzar un entendimiento que permitiera resolver ambas controversias sin necesidad de avanzar con medidas de ejecución judicial.

Sin embargo, transcurrió aproximadamente un año sin que las partes consiguieran un acuerdo. El 22 de junio de 2026, el magistrado dio por finalizada la instancia de conciliación y dispuso la continuidad del proceso.

Con la sentencia firme y los recursos judiciales agotados, el expediente regresó al juzgado local. Ahora, la Municipalidad quedó en condiciones de avanzar con la recuperación del camping, aunque todavía resta que el magistrado disponga las medidas concretas para ejecutar la restitución.

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Corte suprema

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