La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un nuevo elemento bajo análisis: movimientos detectados en dos billeteras virtuales, Binance y Lemon, vinculadas al funcionario por más de 100.000 dólares.

Según pudo saber TN de fuentes con acceso al expediente, esos fondos ahora se agregan al cálculo patrimonial que realizan la Justicia y la fiscalía sobre dinero que, en principio, no estaría declarado.

Los investigadores analizan entradas y salidas de dinero registradas en ambas plataformas digitales (utilizadas principalmente para comprar y vender criptomonedas) mientras avanzan los cruces de información financiera y bancaria sobre Adorni y su entorno.

La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan si los gastos, inversiones, movimientos financieros y operaciones inmobiliarias detectadas desde fines de 2023 son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.

En paralelo, los investigadores esperan un informe de la DAFI, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal. De acuerdo con fuentes consultadas por TN, en la Justicia creen que, a partir de la información reunida hasta ahora, podría avanzarse con un requerimiento formal de justificación patrimonial.

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Ese eventual requerimiento apuntaría especialmente a los pagos realizados en efectivo que aparecen en el expediente y que, según entienden los investigadores, no figuran declarados. La medida todavía no tiene fecha definida aunque, una vez emitida, Adorni tendría un plazo de 15 días para responder y presentar documentación respaldatoria.

La investigación también podría sumar en los próximos días la intervención de ARCA para profundizar el análisis sobre presuntos pagos no registrados. Según trascendió, el objetivo sería que el organismo fiscal revise operaciones vinculadas no solo a Adorni, sino también a otras personas mencionadas en el expediente.

Entre ellas aparece el contratista Matías Tabar, quien ya declaró ante la Justicia por trabajos realizados en el departamento que Adorni posee en el barrio porteño de Caballito y en la casa del country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

Sobre el contratista Matías Tabar apareció un dato en las últimas horas. Fuentes de Exaltación de la Cruz marcan que Tabar sería cliente del municipio. Entre 2024 y 2026, Tabar le habría facturado a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz unos $250 millones mediante 80 facturas.

Lo particular es que fuentes internas de Exaltación de la Cruz le indicaron a este medio que Tabar le habría vendido resmas de papel a este municipio, que tiene 6500 habitantes. La pregunta es cuántas resmas de papel habrá que consumir para utilizar todo lo comprado. En el entorno del contratista niegan esto, pero fuente del municipio dicen tener las facturas.

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También figura Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron como acreedoras en la venta del semipiso de la calle Miró al 500 adquirido por el funcionario.

Los pagos atribuidos a Adorni abarcan distintos conceptos vinculados a operaciones inmobiliarias y remodelaciones. Entre ellos mencionan arreglos en propiedades, gastos de escribanía, adelantos realizados sobre las hipotecas del departamento de Miró y otro de la calle Asamblea y pagos mensuales vinculados justamente a esas deudas hipotecarias.

Todo ese universo, según describen quienes siguen de cerca el expediente, forma parte de la reconstrucción patrimonial que realizan los investigadores para determinar el origen de los fondos utilizados.

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La causa avanzó tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de Angeletti, además de distintas medidas destinadas a reconstruir movimientos financieros, consumos, transferencias y operaciones inmobiliarias.

Dentro de esa reconstrucción también apareció una herencia recibida tras la muerte del padre del jefe de Gabinete. Según trascendió, Adorni posee el 33% de un terreno heredado y además figura un departamento donde actualmente reside su madre.

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En paralelo, la Justicia revisa viajes y gastos realizados en destinos como Aruba, Bariloche, Punta del Este, Río de Janeiro e Iguazú. Según los números incorporados hasta ahora al expediente, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 los gastos detectados superan los 452.000 dólares, mientras que las deudas bajo análisis rondan los 335.000 dólares.

Hasta el momento, Adorni negó haber incurrido en enriquecimiento ilícito y sostuvo ante su entorno que podrá justificar tanto los gastos ya realizados como las obligaciones económicas pendientes.

Manuel Adorni

El caso de la camioneta Tesla Cybertruck de un diputado de La Libertad Avanza tuvo un nuevo capítulo este jueves después de que circularan imágenes donde la pick-up era llevada por una grúa de un estacionamiento privado. El vehículo de Manuel Quintar se hizo viral ayer después de que la dejó estacionada en el Congreso de la Nación y rápidamente los videos circularon por redes sociales.

Según pudo saber Infobae, a pesar de las versiones que circulaban de que había sido remolcada por una grúa debido a que estaba sin patente, fuentes cercanas al legislador jujeño comentaron a este medio que fue el propio Quintar quien contrató el servicio para llevar el vehículo hasta Jujuy.

Un detalle no menor es que la Cybertruck es un coche eléctrico, por lo que tiene una autonomía en la batería de 500 kilómetros. La distancia entre la Ciudad de Buenos Aires y la capital jujeña es de 1.494 kilómetros, con un tiempo estimado de más de 17 horas.

En ese sentido, ayer cuando se conocieron las imágenes de la pick-up, uno de los detalles que no pasó desapercibido fue la falta de patente que no tenía el vehículo. Según comentaron, esto se debe a la “falta de chapas del DNRPA” y que la misma se encuentra en asignación.

Además, sostuvieron que la camioneta “está en regla” y que “él no tiene problema, la compró en EE.UU. y la importó de manera legal. Está a su nombre”. Al ser consultados sobre el modelo de la camioneta, respondieron: “Es la versión grande, la de más potencia”.

El Tesla Cybertruck tiene tres versiones en su país de origen, con un precio que va desde los USD 69.900 a los USD 99.900, dependiendo de sus especificaciones técnicas que varían de acuerdo con su potencia, nivel de equipamiento y capacidades técnicas. La más cara, llamada Cyberbeast, es la única que tiene tres motores, mientras las Dual y la Premium tienen dos, aunque todas tienen tracción integral. Otra de las cualidades distintivas de este vehículo eléctrico es que su carrocería está construida en acero inoxidable.

Cuánto cuesta importar un Tesla Cybertruck

Importar un vehículo de este precio implica pagar al menos el 35% de arancel de importación, el 3% de tasa de estadística, el impuesto al valor agregado (IVA) del 21%, y los costos de barco, seguro y logística local, que pueden alcanzar los USD 5.000 por unidad. Y una vez puesto en la Argentina tiene costos de logística y puerto de unos USD 1.000 antes de tributar el 21% de IVA.

Así, un vehículo de USD 100.000 pasa a costar al llegar al puerto de Buenos Aires unos USD 145.000, y cuando se suma el IVA sube a USD 175.000, y finalmente un 10% de impuestos y tasas, entre Ingresos Brutos, Ganancias, Débitos y créditos, tasas provinciales y municipales, con lo que el vehículo termina costando unos USD 192.000.

Si el trámite lo hace un particular, ese es su costo final, pero si lo trae un importador, a ese número hay que sumarle su margen, que si fuera de un 15% elevaría su precio a USD 220.000, pero al tratarse de este tipo de vehículos muy especiales, puede superar aún más esa cifra.

Quién es Manuel Quintar, el diputado que es dueño de la Tesla Cybertruck

Alejado del discurso de austeridad que busca defender el Gobierno, el representante libertario hizo ostentación de su adquisición desde su cuenta redes sociales. “A mi nombre, con la mía… pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”, escribió junto a una fotografía de la pick up.

El legislador, oriundo de Jujuy, se describe como “abogado y deportista”. Asumió su banca en diciembre de 2023, luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales.

Quintar y su familia son empresarios del sector salud en el norte argentino y administrador de clínicas y obras sociales privadas. Es propietario del 33% de la firma Servicios Sociales de Salud SRL. También fue gerente del Policonsultorio Los Lapachos de San Salvador de Jujuy, en Alto Comedero.

A los ingresos propios por su actividad privada, se le suman los que cobra como diputado nacional. Según consta en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados, un legislador de la Cámara baja percibe un sueldo neto de $4.572.596,99, a valores de diciembre de 2025.

En sus redes sociales, el diputado hace gala de su afición por el motociclismo y su participación en competencias como el Campeonato Enduro y el Salteño-Jujeño 2026.

El juicio oral por la Causa Cuadernos volvió a quedar envuelto en un clima de tensión luego de un fuerte cruce entre el abogado Juan Manuel Ubeira y el fiscal Carlos Stornelli. El episodio ocurrió durante una audiencia virtual y obligó a intervenir al Tribunal Oral Federal N°7.

El incidente se produjo el martes pasado, cuando Ubeira creyó que tenía el micrófono apagado y lanzó un insulto contra el fiscal: “Hijo de p…”. La frase quedó registrada en el audio oficial de la audiencia.

Al trascender el insulto, el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, le pidió explicaciones al defensor, que este jueves se presentó en la sala Auditorium de Comodoro Py.

Durante su descargo, Ubeira estuvo lejos de excusarse: confirmó que el insulto estaba dirigido a Stornelli y explicó que surgió en medio de una conversación privada con un colega sobre la investigación judicial.

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“Salió el nombre de Stornelli y dije ‘sí, ese hijo de p…’. Eso fue lo que pasó”, sostuvo el abogado ante los jueces. Además, reconoció que suele referirse de esa manera al fiscal fuera del ámbito judicial.

Frente a esa situación, Méndez Signori exhortó al letrado a evitar expresiones “injuriantes” e “impertinentes” durante el desarrollo del juicio.

La relación entre Ubeira y Stornelli arrastra antecedentes de enfrentamientos en otros expedientes judiciales. El abogado había denunciado al fiscal por presuntas maniobras de espionaje mediante cámaras ocultas, en una causa en la que Stornelli terminó sobreseído.

En el juicio por la Causa Cuadernos, donde se investigan supuestos pagos de sobornos durante los gobiernos kirchneristas y hay más de 80 imputados, Ubeira mantiene una postura crítica sobre la aplicación de la Ley del Arrepentido.

Pese a ofrecer disculpas formales ante el tribunal, el abogado dejó una última frase que volvió a reflejar la tensión del debate: “Jamás en la vida un juez o un fiscal me llamó la atención en público; no lo voy a empezar a permitir a esta altura de mi vida”.

La actualidad de la causa Cuadernos

El sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, una pieza clave en la investigación, declaró este jueves durante ocho horas como testigo en el juicio oral por la causa Cuadernos de las coimas, y confirmó que Oscar Centeno, que fuera chofer del exfuncionario del ex Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, le dio las anotaciones que originaron la causa: “No la abrí pero tenía una idea clara de lo que había adentro”.

Tal como se preveía, Bacigalupo fue el único en declarar en esa jornada. Tras un cuarto intermedio, el tribunal decidió que la audiencia continúe el próximo martes, donde el expolicía seguirá respondiendo las preguntas de las partes.

Bacigalupo es quién guardó los cuadernos con las anotaciones de Centeno. El expolicía juró que nunca los leyó, pero se los entregó al periodista de La Nación, Diego Cabot, quién luego los fotocopió y presentó el material ante la Justicia.

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