El caso de la camioneta Tesla Cybertruck de un diputado de La Libertad Avanza tuvo un nuevo capítulo este jueves después de que circularan imágenes donde la pick-up era llevada por una grúa de un estacionamiento privado. El vehículo de Manuel Quintar se hizo viral ayer después de que la dejó estacionada en el Congreso de la Nación y rápidamente los videos circularon por redes sociales.

Según pudo saber Infobae, a pesar de las versiones que circulaban de que había sido remolcada por una grúa debido a que estaba sin patente, fuentes cercanas al legislador jujeño comentaron a este medio que fue el propio Quintar quien contrató el servicio para llevar el vehículo hasta Jujuy.

Un detalle no menor es que la Cybertruck es un coche eléctrico, por lo que tiene una autonomía en la batería de 500 kilómetros. La distancia entre la Ciudad de Buenos Aires y la capital jujeña es de 1.494 kilómetros, con un tiempo estimado de más de 17 horas.

En ese sentido, ayer cuando se conocieron las imágenes de la pick-up, uno de los detalles que no pasó desapercibido fue la falta de patente que no tenía el vehículo. Según comentaron, esto se debe a la “falta de chapas del DNRPA” y que la misma se encuentra en asignación.

Además, sostuvieron que la camioneta “está en regla” y que “él no tiene problema, la compró en EE.UU. y la importó de manera legal. Está a su nombre”. Al ser consultados sobre el modelo de la camioneta, respondieron: “Es la versión grande, la de más potencia”.

El Tesla Cybertruck tiene tres versiones en su país de origen, con un precio que va desde los USD 69.900 a los USD 99.900, dependiendo de sus especificaciones técnicas que varían de acuerdo con su potencia, nivel de equipamiento y capacidades técnicas. La más cara, llamada Cyberbeast, es la única que tiene tres motores, mientras las Dual y la Premium tienen dos, aunque todas tienen tracción integral. Otra de las cualidades distintivas de este vehículo eléctrico es que su carrocería está construida en acero inoxidable.

Cuánto cuesta importar un Tesla Cybertruck

Importar un vehículo de este precio implica pagar al menos el 35% de arancel de importación, el 3% de tasa de estadística, el impuesto al valor agregado (IVA) del 21%, y los costos de barco, seguro y logística local, que pueden alcanzar los USD 5.000 por unidad. Y una vez puesto en la Argentina tiene costos de logística y puerto de unos USD 1.000 antes de tributar el 21% de IVA.

Así, un vehículo de USD 100.000 pasa a costar al llegar al puerto de Buenos Aires unos USD 145.000, y cuando se suma el IVA sube a USD 175.000, y finalmente un 10% de impuestos y tasas, entre Ingresos Brutos, Ganancias, Débitos y créditos, tasas provinciales y municipales, con lo que el vehículo termina costando unos USD 192.000.

Si el trámite lo hace un particular, ese es su costo final, pero si lo trae un importador, a ese número hay que sumarle su margen, que si fuera de un 15% elevaría su precio a USD 220.000, pero al tratarse de este tipo de vehículos muy especiales, puede superar aún más esa cifra.

Quién es Manuel Quintar, el diputado que es dueño de la Tesla Cybertruck

Alejado del discurso de austeridad que busca defender el Gobierno, el representante libertario hizo ostentación de su adquisición desde su cuenta redes sociales. “A mi nombre, con la mía… pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”, escribió junto a una fotografía de la pick up.

El legislador, oriundo de Jujuy, se describe como “abogado y deportista”. Asumió su banca en diciembre de 2023, luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales.

Quintar y su familia son empresarios del sector salud en el norte argentino y administrador de clínicas y obras sociales privadas. Es propietario del 33% de la firma Servicios Sociales de Salud SRL. También fue gerente del Policonsultorio Los Lapachos de San Salvador de Jujuy, en Alto Comedero.

A los ingresos propios por su actividad privada, se le suman los que cobra como diputado nacional. Según consta en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados, un legislador de la Cámara baja percibe un sueldo neto de $4.572.596,99, a valores de diciembre de 2025.

En sus redes sociales, el diputado hace gala de su afición por el motociclismo y su participación en competencias como el Campeonato Enduro y el Salteño-Jujeño 2026.

Un grupo de diputados bonaerenses opositores presentó un proyecto ante la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para crear una comisión bicameral que busque la normalización y fiscalización del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Se trata de un nuevo intento de la oposición de llevar el tema al recinto, en medio de las denuncias por la falta de coberturas y de prestaciones.

La iniciativa fue presentada por los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) Priscila Minnaard, Alejandra Lorden y Valentin Miranda. Buscan que de esta manera se fiscalizar y normalizar el servicio de la obra social de la provincia de Buenos Aires.

“La iniciativa propone conformar una comisión integrada por senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires, destinada a auditar la transparencia en el manejo de los recursos del organismo y elaborar propuestas de normalización para mejorar las prestaciones y garantizar el acceso a la salud de sus afiliados”, sostuvieron los legisladores.

Entre sus principales funciones, la comisión apunta a relevar el estado actual del IOMA, analizar el uso de los fondos públicos y elaborar informes y recomendaciones vinculadas al funcionamiento de la obra social. “Buscamos poner fin a la crisis estructural que tiene el IOMA y que deja a miles de afiliados en situación de abandono”, remarcaron los diputados radicales, quienes agregaron que “es necesario generar mecanismos de control para avanzar en una mejora del Instituto que permita acompañar a los afiliados y darles respuestas”.

Según el texto del proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados de PBA, la comisión tendrá atribuciones concretas sobre cuatro ejes. El primero es auditar la deuda con círculos médicos, clínicas, farmacias y laboratorios. El segundo, controlar los procesos de licitación y compra de medicamentos de alta complejidad.

A esos dos ejes se suman la supervisión de los convenios vigentes con prestadores en los 135 municipios bonaerenses y la obligación de que el presidente del IOMA comparezca ante la comisión de forma trimestral. El proyecto establece además que las recomendaciones y planes de saneamiento aprobados por la mayoría de sus integrantes tendrán carácter vinculante para el Directorio del organismo.

Ante el incumplimiento de las metas fijadas, el documento indica que la comisión podrá solicitar al Poder Ejecutivo la remoción de las autoridades responsables o promover acciones judiciales por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Los fundamentos del proyecto describen la situación del IOMA como el resultado de “un deterioro sostenido en su capacidad prestacional, financiera y administrativa”, y no como una crisis coyuntural. Además, señalan que el organismo brinda cobertura a más de dos millones de bonaerenses, en su mayoría empleados públicos provinciales, municipales, docentes, policías y jubilados que, por ley, no pueden derivar sus aportes a otra entidad ni elegir libremente su cobertura de salud.

El expediente denomina a ese universo de beneficiarios “afiliados cautivos” y sostiene que esa condición genera una responsabilidad agravada para la provincia: si el servicio es deficiente, el afiliado no tiene alternativa, dado que el Estado es simultáneamente su empleador y el único administrador de su derecho a la salud. Los legisladores argumentan que, ante la imposibilidad de optar por otra cobertura, el control legislativo es la única defensa de esos trabajadores frente al desamparo.

En paralelo al proyecto de comisión bicameral, desde La Libertad Avanza también presentaron una iniciativa para impulsar la normalización del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), luego de denuncias reiteradas por deudas con prestadores, suspensión de servicios y demoras en la atención.

Un grupo de diputados vinculados con Sebastián Pareja, el armador libertario en PBA, hicieron la presentación de la iniciativa. Esta incluye un pedido de informes para citar a las autoridades del organismo ante la Comisión de Salud, con el objetivo de exigir detalles sobre el monto y la antigüedad de la deuda, los convenios vigentes, los cortes de atención registrados y el plan oficial para regularizar los pagos pendientes.

Además, se propuso la creación de una Mesa de Trabajo Provincial Permanente, conformada por representantes del IOMA, prestadores, afiliados y legisladores, que deberá realizar reuniones mensuales, publicar actas y presentar informes trimestrales ante la Legislatura.

El fiscal Diego Luciani pidió decomisar la casa de Cristina Fernández de Kirchner donde cumple prisión domiciliaria. Se trata del departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.

Formaría parte de los embargos en la Causa Vialidad. El inmueble no estaba en el listado original de embargos. También se pidió el decomiso de otras 12 propiedades de CFK.

En este nuevo pedido de Luciani se incluyeron dos cajas de seguridad en dólares de la hija de la expresidenta, Florencia Kirchner.

Si finalmente decomisan el departamento ubicado en el barrio porteño de Constitución, la expresidenta deberá elegir otra de sus propiedades para cumplir con la prisión domiciliaria. De mudarse, perdería la posibilidad de interactuar con la militancia desde el balcón de su domicilio actual.

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Polémica por un video de la expresidenta en la calle

En las últimas horas se generó una fuerte polémica en redes sociales por la difusión de un video donde se puede ver a la expresidenta Cristina Kirchner en la vía pública. En el registro se la ve bajando de un auto, escoltada por su custodia personal, mientras es saludada a la distancia por un grupo de militantes.

“¿Cómo que Cristina salió de su prisión domiciliaria? Es joda esto», expresó una usuaria de la red social X, que compartió el video. La expresidenta cumple su condena a 6 años de prisión en el domicilio de San José 1111.

Según pudo saber TN, Cristina Kirchner salió de su casa para asistir a una consulta odontológica. “Obviamente autorizada por la Justicia”, remarcaron en su entorno.

El departamento donde CFK cumple su condena por la causa Vialidad suele ser escenario de manifestaciones del peronismo. En este sentido, el kirchnerismo volverá este sábado al domicilio de la expresidenta con una nueva edición de “Unos mates con Cristina”.

Pero detrás de la mateada, la radio abierta y las consignas, el encuentro tiene un objetivo político más amplio: consolidar dentro del peronismo la idea de que la situación judicial de la expresidenta debe convertirse en uno de los ejes ordenadores hacia 2027.

La actividad es organizada por la Casa Cristina Libre, un espacio articulado desde el universo político que rodea al Instituto Patria y a La Cámpora. En los últimos meses comenzó a multiplicar actividades y sedes bajo la lógica de sostener territorialmente la campaña contra lo que el kirchnerismo denuncia como la “proscripción” de la expresidenta y convertir esa consigna en una bandera permanente de militancia.

cristina kirchner, Justicia, Vialidad