Con la mira puesta en las elecciones 2027, el expresidente Mauricio Macri juega a dos bandas. Mientras coquetea con la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) en todo el país, en el cual trabajan sus emisarios de Pro en los encuentros en la Casa Rosada, deja correr la precandidatura a presidente del exministro de Hacienda Hernán Lacunza.

Frente a este escenario, Lacunza, entusiasmado con la aventura a la que se lanzó hace poco más de un mes, no descarta competir en un frente que reúna a dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC) y el Partido Socialista –al estilo Cambiemos– en caso que las negociaciones de Pro con LLA finalmente dieran sus frutos.

En rigor, fue el exsenador e histórico dirigente de la UCR Ernesto Sanz quien activó el miércoles esta posibilidad, al decir que los radicales saldrían “al rescate” de Lacunza si Pro bajara su precandidatura por un acuerdo con LLA. Lo calificó de “buen tipo” y “valioso para la Argentina que viene”, en una entrevista televisiva con A24.

También afirmó que le “entusiasma” la chance de un “simil Cambiemos del 2015”, que compita con precandidatos de cada espacio en unas Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), en caso que no avance la reforma política del oficialismo en el Congreso, que dispone su eliminación.

En línea con esta propuesta que Sanz hizo pública de forma indirecta a Lacunza, el precandidato respondió ayer en el mismo medio que “sí” aceptaría una candidatura por un espacio que recrease Cambiemos, aunque matizó: “Eso es el final, no el principio [de la carrera presidencial]”.

Ante la consulta de , cerca de Lacunza señalaron que “es prematuro pensar en una alianza”, aunque destacaron que tiene “coincidencias y afinidades” con Sanz. En paralelo, dijeron que el exministro es “escéptico” sobre la posibilidad de que Pro consiga un acuerdo electoral con LLA y remarcaron que está “entusiasmado” con la postulación. “No ve un escenario de bajarse [de la contienda]. No depende de lo que hagan otros dirigentes”, afirmaron.

El precandidato aspira a recorrer un largo camino hacia los comicios presidenciales de 2027. De hecho, ayer anunció que se tomará licencia como vicepresidente de Racing. El economista, que asumió hace un año y medio en la cúpula de la institución, señaló que su distanciamiento radica en que le “ha costado compatibilizar agendas” luego de su relanzamiento en la política.

Su desembarco en la contienda presidencial generó reacciones de lo más diversas dentro de Pro. Los dirigentes se dividieron entre quienes apoyan su figura; los que valoran su vocación, pero sin trabajar junto a él; y referentes que la rechazan de forma rotunda, grupo compuesto fundamentalmente por acuerdistas.

Mientras, con el visto bueno de Macri, Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en la Cámara baja, y el diputado Fernando de Andreis, secretario general del partido y alter ego de Macri, negocian con el Gobierno “un frente común en todas las provincias” en los encuentros quincenales que mantienen en la Casa Rosada.

“Cuando se reúnen, ¿de qué discuten? De las listas de diputados y senadores, de que ‘en mi territorio no me compitas’ y de reforzar con cargos en el Ejecutivo. Cargos, listas, territorios: ¿dónde está la gente ahí?”, lanzó ayer Lacunza sobre la mesa de diálogo que integran referentes de Pro y LLA.

Luego de la entrevista del exministro, Sanz agregó en las últimas horas que, si Macri llegara a un entendimiento electoral con LLA, habrá dirigentes de Pro que “quedarán en libertad de acción” –aquellos que se oponen a una sociedad con el Gobierno, como Lacunza, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal o la legisladora porteña Silvia Lospennato–, pasibles de sumarse a un armado con espacios como la UCR, la CC y el socialismo. “Es un mensaje de fortalecimiento a Lacunza y una alerta para Pro”, sostuvo Sanz sobre sus propios dichos, en conversación con .

El dirigente mencionó que dialoga con Lacunza; con el extitular de Diputados del macrismo, Emilio Monzó –que apoya una postulación del empresario Jorge Brito–; con el diputado de la CC, Maximiliano Ferraro; y con la dirigente socialista Mónica Fein.

Reaparece Macri, ¿sin Lacunza?

Macri encabezará un acto partidario el próximo viernes en Jujuy, en una nueva escala de la gira “Próximo Paso” que inició en marzo pasado. Esta edición, correspondiente al noroeste argentino, será la primera después de tres meses, un período en el que comenzaron las negociaciones con el Gobierno y surgió la candidatura del exministro de Hacienda.

Sin embargo, Lacunza no participará del acto en el norte, al menos de momento. Una alta fuente partidaria dijo a que el precandidato no figura en la lista de oradores del evento –que incluye a Macri, De Andreis y dirigentes provinciales–. “No creo que participe”, sostuvo.

En el entorno de Lacunza argumentaron que tiene una “agenda propia en el interior y en Buenos Aires”, relacionada con su postulación, y que suspender las actividades ya pactadas tendría un “costo”. “Lo de Jujuy surgió a principios de esta semana. Si vale la pena lo hace, pero es un acto regional y no se va a decidir nada”, relativizó la fuente consultada, que agregó que el economista tiene planificado ir a la provincia más adelante.

El expresidente aún no brindó respaldo público a Lacunza, aunque tampoco se refirió a cuestiones políticas desde su lanzamiento. El precandidato asegura que cuenta con su aval y que lo ratificó después de reanudadas las conversaciones con LLA. En medio del equilibrismo que ensaya Macri, cualquier alusión –u omisión– al precandidato durante el discurso en Jujuy tendrá una lectura política.

Lo mismo ocurrirá respecto de las negociaciones con LLA. En los anteriores actos del tour federal, Macri no escatimó en cuestionamientos hacia el gobierno nacional. ¿Qué posición adoptará ahora, que envía quincenalmente emisarios a Balcarce 50?

En paralelo, fuentes partidarias confirmaron a que Macri mantendrá un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, durante su visita al distrito, y no descartaron que el mandatario provincial radical tenga “alguna participación” en el acto, que se celebrará en el Hotel Altos de la Viña en San Salvador de Jujuy.

A la gira solo le queda pendiente la región patagónica, donde se planea una escala para los próximos meses. En tren de reactivar a Pro, arengar a los dirigentes locales y exhibir músculo político, este año Macri encabezó actos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco, Mendoza y Santa Fe.

Luego del 26 de junio –jornada en la que lideró la última edición de la gira, en Mar del Plata–, partió hacia el Mundial de fútbol que se realizó en Estados Unidos, México y Canadá (al que fue en calidad de titular de la Fundación FIFA) y bajó el perfil.

Cerca suyo argumentaron que el freno de tres meses en los actos partidarios y la menor exposición del expresidente se debió a cuestiones de “agenda”. Ayer, Macri compartió imágenes que fueron capturadas mientras dictaba una clase en la Bologna Business School.

El Gobierno defendió este viernes ante el articulado de la ley de Malvinas que propone penas para quienes realicen “campañas de desinformación masiva”. Esta parte de la iniciativa despertó alarmas en la oposición y en constitucionalistas, que mencionaron la posibilidad de que se use como una herramienta de persecución a la prensa o de control político interno.

La propuesta de la gestión de Javier Milei -que tiene múltiples advertencias por ataques a la libertad de expresión- propone modificar el artículo 225 bis del Código Penal para poder sancionar con entre cinco y 12 años de prisión a quien “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero realizare actividades que alteren procesos electorales o manipulen a la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

Según el Gobierno, con este apartado se busca dotar al Estado de herramientas para protegerse frente a cualquier influencia extranjera. Dicen fuentes oficiales que en la legislación actual no hay “herramientas suficientes” para atacar ese problema.

“La ley Malvinas estipula que tiene que haber una campaña de desinformación general y masiva, y además debe acreditarse que esa campaña fue financiada y por cuenta de un Estado o actor extranjero. No es que el Estado va a penar si una nota es desinformación o engañosa, queremos protegernos de la influencia externa”, dijo ante la consulta de este medio una fuente del Gobierno que tiene injerencia en el tema.

“Se debe acreditar judicialmente que existe una campaña organizada que está siendo pagada, ejecutada y coordinada por influencia extranjera. Se busca el ejercicio soberano, que no seamos víctimas, y protegernos frente a las campañas de desinformación. Nos acusan de querer perseguir a los periodistas, pero bajo ningún concepto es así”, afirmaron desde la Casa Rosada.

Dentro del propio gobierno hay funcionarios que aseguran estar dispuestos a escuchar las propuestas de la oposición y de los especialistas que permitan “acotar” o “precisar” esta parte del articulado. “Seguro es perfectible”, dijeron, ante las objeciones.

Especialistas que hablaron con ayer refirieron que la letra de la iniciativa es tan amplia que podría derivar en persecución política y hasta censura previa. En la Casa Rosada lo niegan y acusan “mala intención” de los críticos de la ley.

Quien se subió a la polémica este viernes fue el estratega Santiago Caputo, uno de los ideólogos del texto que el Gobierno mandó al Congreso. “No hay un solo renglón en la ley que atente contra el derecho a la libertad de expresión de ningún ciudadano ni ningún periodista. Los que se oponen son agentes ingleses”, dijo el asesor principal del Presidente.

Los dichos de Caputo refirieron a un mensaje del economista oficialista Federico Domínguez, que se manifestó en igual sentido que las fuentes en off de la Casa Rosada que hablaron con .

“Publicar información falsa es inmoral, pero no es un delito. Diferente es ejecutar en la Argentina una operación de desinformación financiada y dirigida desde el exterior. Eso sí es un delito y atenta contra la seguridad nacional”, dijo Domínguez para defender la ley y fue avalado por Caputo.