POLITICA
La Libertad Avanza presiona a Kicillof con un proyecto para eliminar el Impuesto de Sellos en inmuebles y autos en PBA

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires presentó este miércoles un proyecto de ley para eliminar el Impuesto de Sellos sobre la transferencia de dominio de bienes inmuebles y vehículos automotores, un tributo que en 2025 representó el 9,2% de la recaudación tributaria propia bonaerense y aportó 1,28 billones de pesos a las arcas de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).
La iniciativa, que lleva la firma de todos los diputados del bloque, apunta a modificar el artículo 256 del Código Fiscal (Ley N° 10.397) y derogar las alícuotas vigentes: 2% para inmuebles y 1,2% para automotores. De prosperar, los bonaerenses quedarían eximidos de ese costo al momento de escriturar una propiedad o transferir un vehículo, lo que según los impulsores del proyecto redundaría en una mayor formalización patrimonial y un efecto expansivo sobre la actividad de escribanos, martilleros y empresas del sector.
«No se puede castigar a una familia que ahorró toda su vida para comprar una casa o a un trabajador que necesita un auto. El Impuesto de Sellos es una malformación impositiva y nosotros presentamos este proyecto para eliminarlo“, sostuvo Juanes Osaba, vicepresidente de la Cámara de Diputados de LLA, quien agregó que “ese dinero que le saca el Estado a los bonaerenses tiene que estar en el bolsillo de las familias, no financiando el déficit de la Política”.
La presentación tiene una lectura política explícita: LLA busca presionar al gobierno de Axel Kicillof en el terreno legislativo, al colocar sobre la mesa un proyecto de rebaja impositiva que obliga al oficialismo provincial a tomar posición.

Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires, habló ante Infobae y enmarcó la propuesta en una estrategia más amplia: “Esta iniciativa forma parte de una discusión mucho más profunda que venimos dando como espacio político: redefinir el rol del Estado provincial y aliviar la presión sobre quienes trabajan, producen y ahorran. Y esa discusión implica traer a la Provincia de Buenos Aires las transformaciones que impulsa Javier Milei a nivel nacional. No puede ser que en la Provincia de Buenos Aires el Estado castigue a una familia por comprar una casa o a un trabajador por acceder a un vehículo”.
El proyecto se suma a otros que LLA tiene frenados en la Legislatura bonaerense, entre ellos varias iniciativas de reducción impositiva y de modernización del Estado. El escenario legislativo, no obstante, complica cualquier avance en el corto plazo.
Ninguna de las dos cámaras —ni Diputados ni el Senado provincial— ha iniciado sus sesiones ordinarias pese a que el período abrió formalmente el 2 de marzo, y las comisiones de trabajo aún no están conformadas. Hasta la fecha, el Poder Legislativo bonaerense realizó apenas dos sesiones en todo el año, ninguna de carácter ordinario.

Esa parálisis, atribuida en parte a la disputa interna entre Kicillof y el sector de Cristina Kirchner, también traba los propios proyectos del gobernador: la ley de producción pública de medicamentos y las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública permanecen sin tratamiento, al igual que las iniciativas opositoras sobre boleta única de papel y cambios en el IOMA.
Con la Legislatura sin actividad ordinaria y las comisiones sin integrarse, el proyecto libertario sobre el Impuesto de Sellos engrosará por ahora una lista de expedientes en espera. Y es que, también, en el espacio libertario bonaerense saben que sus iniciativas prosperen son prácticamente nulas. Aun así, configuran esta estrategia en un marco más amplio para confrontar con el kicillofismo y todo el arco del oficialismo provincial de cara a la carrera a gobernador del próximo año.
Algo de eso se dejó entrever semanas atrás cuando Pareja y su círculo organizó un evento en el municipio de Suipacha para presentar el Programa 2026 Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), que durante esa jornada reunió a más de 1.500 dirigentes de los 135 distritos bonaerenses para bajarles línea de los próximos ejes de discusión que se impulsarán por estos meses.
En tanto, este miércoles se conoció que Axel Kicillof respaldó un anteproyecto de ley impulsado por la Junta Electoral bonaerense —bajo la presidencia saliente de la jueza Hilda Kogan— que propone ampliar los plazos electorales para los comicios provinciales de 2027.

La iniciativa busca extender de 60 a 80 días el plazo mínimo entre la presentación de alianzas y las primarias, y de 50 a 60 días el plazo para la presentación de candidatos. El objetivo formal es consolidar en una normativa permanente los cambios que en 2025 se aplicaron de forma excepcional, aunque el trasfondo político es preparar el terreno para un eventual nuevo desdoblamiento electoral que permita a Kicillof separar la elección de su sucesor de los comicios nacionales.
La definición, sin embargo, dependerá de la Legislatura bonaerense, un ámbito donde Kicillof reconoce tener escasa injerencia. La interna del peronismo —entre el cristinismo, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro— mantiene trabadas incluso las comisiones legislativas, sin definición sobre quién las presidirá. El año pasado, La Cámpora y el sector kirchnerista resistieron inicialmente el pedido de modificar plazos antes de alinearse. Esta vez, el escenario se presenta igualmente complejo para el gobernador.
El mes pasado los bloques legislativos de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires realizaron una jornada de capacitación los directores electorales nacionales con el objetivo de fortalecer los argumentos para impulsar la Boleta Única de Papel (BUP) en los comicios bonaerenses de 2027; la iniciativa, que ya rige a nivel nacional, busca pasar por la Legislatura provincial, donde LLA es segunda minoría en Diputados y primera en el Senado —sin los votos suficientes para imponerla—, mientras el gobierno de Kicillof mantiene su rechazo.
POLITICA
Cristina Kirchner hizo 194 vuelos a Santa Cruz en los cuatro años como vicepresidenta, a cargo del erario público

Guadalupe Vázquez y Federico D. Teijeiro
8‘minutos de lectura
Durante los 12 años consecutivos del primer kirchnerismo el uso discrecional de los aviones presidenciales, que iban desde Buenos Aires a Río Gallegos o El Calafate, generó polémica y causas judiciales. Los cuatro años de mandato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner marcaron un regreso a esa dinámica. No tanto por la actividad del Presidente, sino por el uso que hicieron tanto la primera dama, Fabiola Yáñez, como la propia vicepresidenta y, hasta hace unos días, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.
El caso de Cristina Kirchner retrata la magnitud de este uso discrecional de la flota presidencial: durante este último período de cuatro años de gobierno hizo 194 vuelos a Santa Cruz, sin ninguna actividad oficial que los justificara. Se trató de vuelos realizados por lo general de jueves a domingos para descansar en sus casas de Río Gallegos o de El Calafate, a 3000 kilómetros de la Casa Rosada y del Congreso. Para ello, la vicepresidenta no solo voló en distintas aeronaves de la flota presidencial, sino también en aviones de la empresa YPF y hasta de taxis aéreos alquilados en dólares y pagados por la Secretaría General de la Presidenta. Incluso durante la pandemia.
El gasto total de esos viajes -en promedio, uno por semana- le insumieron al país un costo de 5.250.000 dólares, según cálculos de diversos especialistas en aeronavegación.
La diputada Mónica Frade (Coalición Cìvica) denunció el año pasado a Cristina Kirchner, Alberto Fernández y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, por la posible comisión de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos, y peculado a raíz de los vuelos de la vicepresidenta. Pero entonces solo se conocían 21 viajes realizados por ella en 2021. La causa fue archivada en septiembre pasado por el fiscal Gerardo Pollicita sin haberse investigado, aceptado o solicitado ninguna medida de prueba.
Ahora accedió a los datos de todo el período de gobierno que termina, a partir de dos pedidos de acceso a la información pública solicitados a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación -a cargo de la logística y traslados del primer mandatario- y a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), organismo encargado de -entre otras tareas- relevar los registros de vuelos de los aeropuertos. Además, se utilizaron herramientas de monitoreo aéreo (como “Flighradar24″) para seguir los movimientos de las aeronaves pertenecientes a la Agrupación Aérea Presidencial, como así también de toda nave que fuera hacia o desde Río Gallegos y/o El Calafate, para luego identificar, a través de distintos medios y fuentes, aquellas en las que viajaba la vicepresidenta.
El entrecruzamiento de estos datos se hizo con los aportados por la dependencia que conduce Vitobello, que respondió de manera escueta e incompleta, y los aportados por EANA, que entregó los registros de los vuelos de los aeropuertos del país. La información se complementó asimismo con otros recursos, como audios de la torre de control, en los que se le asigna el código “PRESI-02″ a toda aeronave que traslada a un vicepresidenta.
Además, se accedió también a planes de vuelo que fueron confirmados por fuentes cercanas a la vicepresidenta, Casa Militar, Agrupación Aérea Presidencial y personal del entorno aeronáutico. Una vez documentados, analizados y corroborados, se confrontó la información con la de un grupo de especialistas que monitorea y registra, entre otros, los vuelos en aviones sanitarios realizados por gobernadores de las provincias, y los de las aeronaves de la flota oficial en todo el país, con lo que se logró corroborar en forma fehaciente que la vicepresidenta tomó no menos de 194 vuelos, en su mayoría para ir a Río Gallegos y El Calafate, entre 2019 y 2023.
Solo en contadas ocasiones, al comienzo del gobierno de Alberto Fernández, en 2019, Cristina Kirchner se trasladó en vuelos de Aerolíneas Argentinas. Ya para el 29 de enero de 2020 dejó de utilizar la aerolínea de bandera, y regresó a Buenos Aires desde El Calafate en un avión privado de alquiler. Fueron cinco las veces en que la presidente del Senado alquiló un taxi aéreo particular para ir al Sur, a un costo no menor a los 12.000 dólares por tramo. Las facturas de esos vuelos privados -cotizados en dólares- fueron enviadas y abonadas por la Secretaría General de la Presidencia, a pesar de haberse tratado de viajes realizados por motivos personales. Ejemplo de ello da cuenta la factura 0008-00000090 de la empresa Flyzar con fecha 13/4/2020 -en plena pandemia- por 21.989,50 dólares, pagados por el erario público.

Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), que comenzó el 20 de marzo y se extendió hasta el 15 de diciembre de 2020, Cristina Kirchner realizó cuatro viajes a Santa Cruz: el fin de semana largo del 1 de mayo, el 2 y 7 de junio y el 25 de julio. Todos ellos en aeronaves de la Agrupación Aérea Presidencial. Con permiso de circulación por ser considerada “trabajadora esencial”, la expresidenta estaba autorizada a viajar, como cualquier funcionario, por motivos laborales. Sin embargo, en ninguno de esos casos tuvo algún tipo de agenda oficial.
Desde que asumió el 10 de diciembre de 2019 y hasta que finalizó esta investigación el 6 de diciembre de 2023 (a solo 4 días de dejar el cargo) la vicepresidenta realizó en total 129 viajes en aviones gestionados por la Presidencia. En 91 de esos 129 vuelos realizados por Cristina con los “Tangos” T-04, T-10 y T-11 las aeronaves volaban “ferry” -esto es, vacías- tanto por haber tenido que ir a buscarla al Sur, o por haberla dejado allá y luego haber vuelto a Buenos Aires, lo que aumenta significativamente los costos operativos.
El caso del T-10 y T-11 es curioso: son dos Learjet 60 que habían sido comprados originalmente por la Fuerza Aérea para realizar tareas de verificación aérea, pero fueron rápidamente derivados a Presidencia para traslados vip. Esta “apropiación” por parte de Presidencia de dos aviones que en primera instancia habían sido adquiridos para cumplir tareas relacionadas con la seguridad operacional argentina también fue denunciada ante la Justicia el 14 de octubre por la fundación Apolo, por considerar que el gobierno actuó en desmedro de la prevención de incidentes y accidentes de aviación.
La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°10, a cargo del juez Julián Ercolini e incluye a otros asiduos usuarios de los emblemáticos Tango 10 y Tango 11: Yáñez, quien los utilizó para ir a visitar a su familia en Misiones, y Massa, quien los usó para recorrer el país durante su campaña electoral. El costo operativo de los 93 vuelos que realizó el excandidato en campaña, según calculan los expertos consultados, es de no menos de 2.378.074 dólares.

Además de los 129 vuelos utilizando la flota presidencial, Cristina Kirchner usó 59 veces las dos aeronaves de YPF (de mayoría estatal): un Learjet 60, matrícula LV-BTA, y un Embraer Praetor 550, registrado como LV-KGJ. Este último avión le costó a la compañía 20 millones de dólares. Según fuentes consultadas, era el favorito de Cristina.
Los vuelos de la vicepresidenta en naves de YPF generaron un gasto de por lo menos 843.675 dólares sólo en costos operativos, por una actividad que no guarda ninguna relación con la desarrollada por la petrolera (que cotiza en la Bolsa y debe rendir cuentas a los accionistas). El Gobierno aduce que pagó los traslados a través de la Secretaría General de la Presidencia, pero las facturas no fueron incluidas en su respuesta al pedido de acceso a la información.
El total de 194 vuelos realizados por la presidente del Senado se completa con un viaje en helicóptero de la Ciudad de Buenos Aires a La Plata.

Cabe destacar que el uso de la flota aérea presidencial le genera al país más costos que los estrictamente operativos antes mencionados: hace que las aeronaves ingresen a mantenimiento programado antes de tiempo, se descompongan más o necesiten reparaciones menores y utilicen más combustible, entre otros gastos extra. De acuerdo a las licitaciones y contrataciones publicadas por el gobierno en el portal “Compr.Ar”, en este período el Estado debió comprar para la flota presidencial combustible extra, seguros de aeronaves y de hangar, mantenimientos programados, no programados, repuestos y catering. Este último incluyó productos premium de la más alta calidad para degustar a bordo, y un “menú infantil” pedido expresamente ya que, según lo confirmado por fuentes cercanas a LADE, Helena, hija de Florencia Kirchner y nieta de la vicepresidenta, viaja asiduamente con su abuela a Santa Cruz. De acuerdo a fuentes de Presidencia, Cristina viajaba, además de con su nieta, con una niñera, su secretario privado, un custodio y Simón, el caniche que le regaló el gobierno de Venezuela.
Así como el martes la vicepresidenta se despidió del personal del Senado, el próximo domingo, 10 de diciembre, deberá despedirse también de este beneficio.
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POLITICA
El embajador de España en Argentina pidió que se juegue la Finalíssima: “Por qué no hacer una gran despedida a Lionel Messi con ese partido”

El embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, celebró en Radio Mitre la victoria de la selección española en la final del Mundial y sostuvo que el triunfo se apoyó en un partido “muy serio” y “muy ordenado”, con una consecuencia deportiva ya en el horizonte: la posibilidad de una nueva final ante Argentina en una futura Finalissima.
Arístegui describió una recepción multitudinaria para el plantel a su regreso desde Estados Unidos. Y relató que acompañó a la selección en la celebración, donde destacó que había “centenares de miles de personas”.
El diplomático contó que asistió con su familia y recordó que ya había visto las dos finales mundialistas disputadas por España. La primera había sido cuando era embajador en Trinidad y Tobago, con 44 años; la segunda, ahora, con 60 años.
¿La revancha?
Para el embajador, la final fue una “final iberoamericana en español” entre el campeón del mundo y de la Copa América, por un lado, y el campeón de Europa, por el otro. Tras el resultado, planteó que ahora el campeón del mundo y de Europa debería esperar una revancha con Argentina y expresó su deseo de que la Finalissima se organice pronto. “Por qué no hacer una gran despedida a (Lionel) Messi con ese partido”, sugirió el diplomático.
Arístegui, que se declaró barcelonista desde niño, también lamentó algunos comentarios de hinchas madridistas durante el torneo y los atribuyó a “heridas abiertas” por los años de dominio del Barcelona de Messi junto con figuras como Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Carles Puyol, Gerard Piqué y Xavi.
Sobre la selección española, subrayó que no depende de una sola figura y la describió como un equipo coral, asociativo y con un banco “muy móvil” y “muy dinámico”. Aunque aceptó la gravitación de Lamine Yamal y de Rodri, puso el foco en Pau Cubarsí, un defensor de 19 años al que consideró el mejor zaguero del Mundial.

En ese sentido, argumentó que la fuerte presencia de futbolistas del Barcelona responde a una afinidad de modelos entre el club y la selección.
La Finalissima entre Argentina y España, prevista para marzo de 2026 en Doha, fue cancelada tras una serie de desacuerdos y complicaciones derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que afectó la región y obligó a replantear la organización del evento. La UEFA y la AFA no lograron consensuar una nueva fecha ni una sede alternativa: propuestas como Madrid, Buenos Aires o Roma no prosperaron debido a desacuerdos sobre localía y calendario.
Tras la suspensión, no se logró reprogramar el encuentro por los compromisos de ambas selecciones y la congestión del calendario. Desde la AFA y la Conmebol se insistió en la necesidad de una sede neutral y una fecha viable, pero la UEFA descartó la opción del 31 de marzo, dejando la Finalissima definitivamente cancelada.
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, incluso declaró a Argentina “bicampeón” del certamen, mientras que desde España remarcaron que la cancelación no dependió de su federación. Cuatro meses después, ambos equipos volvieron a cruzarse en la final del Mundial 2026, en Nueva York.
Rechazo a las teorías conspirativas
Consultado sobre las versiones que atribuían el resultado a un supuesto arreglo, Arístegui aclaró que no presta atención a ese tipo de lecturas y defendió el mérito deportivo del campeón. Y afirmó: “España tuvo un gran mérito en este partido, que fue neutralizar la capacidad absolutamente extraordinaria de Argentina de sobrevivir a cualquier cosa”.
El embajador de España en la Argentina confesó que siguió todo el Mundial con dos camisetas: la española y la argentina. En ese sentido, señaló que Argentina había sido siempre su “segundo equipo” y que solo en la final dejó de lado esa simpatía porque “ya no había prisioneros y uno tenía que hinchar por su equipo”.
A su juicio, el cruce tenía una particularidad afectiva para ambos países. Y sostuvo que españoles y argentinos podían asumir una derrota con menos rechazo que ante otros rivales, precisamente por la cercanía entre los dos pueblos, aunque concluyó que esa misma relación también podía alimentar, después del partido, una “resaca” cargada de sospechas y teorías conspirativas.
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Le arrojaron un botellazo a Javier Milei y lastimaron a un custodio durante la asunción

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Minutos después de jurar en el Congreso de la Nación y dar su primer discurso, Javier Milei se subió a un auto descapotable para ir hacia la Casa Rosada. En ese traslado -a bordo de un Mercedes-Benz CLK Cabriolet- una persona del público tiró una botella de vidrio como proyectil, que pasó a pocos centímetros de la cabeza del Presidente. En el trayecto hacia la casa de gobierno, iba acompañado por su hermana Karina, con quien saludaba a la multitud que se había congregado para ver al nuevo mandatario.
La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad de la ciudad de Buenos Aires y eso permitió identificar al agresor: se trata de Gastón Ariel Mercanzini, argentino, exfuncionario de la municipalidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, que fue consultado esta mañana por el hecho. Trabaja en la investigación la división Orden Constitucional, de la Policía Federal Argentina (PFA). El fiscal es Carlos Rívolo.
Ayer, la situación pasó inadvertida por la mayoría de los testigos, pero los usuarios de las redes detectaron el detalle de la botella volando a centímetros del Presidente y las imágenes no han parado de replicarse. Las cámaras de los militantes registraron el proyectil de vidrio que parte de una pequeña multitud y termina impactando en la cabeza de uno de los custodios que circulaba junto al vehículo. El hombre, tal como capturó , tuvo que retirarse a un costado mientras la caravana continuaba su trayecto de poco más de 2 kilómetros. La víctima sufrió un corte menor y fue atendido en la Casa Rosada misma por los médicos.
Minutos después del hecho fue cuando Milei pidió frenar el descapotable para saludar a la gente. Los custodios, de manera rápida, se pusieron alertas, corrieron tras él y lo rodearon permitiendo que se acercara a extender su mano a algunos de los manifestantes. La escena se repitió cuando llegó a destino y se bajó para saludar a un perro golden retriever que se había alejado de su dueña, quien luego pasó la custodia para recuperarlo.

Al llegar a la Casa Rosada, Milei recibió a dirigentes de todo el mundo, como los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelensky; de Paraguay, Santiago Peña; de Chile, Gabriel Boric; de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Ecuador, Daniel Novoa. También estuvo presente el rey de España, Felipe VI, el exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro; y otros representantes de distintos países.
Seis horas después de recibir los atributos de mando, los nueve ministros y el jefe de todos ellos, Nicolás Posse, prestaron su juramento en una ceremonia en el Salón Blanco de Casa Rosada. El evento estuvo rodeado de polémica, ya que la transmisión fue por sistema cerrado y no permitieron el ingreso de periodistas acreditados. Este hecho es inédito, ya que se trata de un acto público y fue el primero en no transmitirse.
LA NACION,Política
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