El Gobierno enfrenta, fragmentado y con las cabezas del Ejecutivo fuera del país, el ataque de la oposición al DNU 70/2023, desatado a partir del fallo de la Corte Suprema que dejó sin vigencia la Ley de Tierras.

A priori, la estrategia de control de daños quedó en manos de los primos Menem, que coordinan con Karina Milei durante su estadía en Francia. Pero los movimientos todavía están en vilo y no se ejecutan, a la espera del regreso de “el Jefe” y en un contexto de constante fuego cruzado con Patricia Bullrich y diferencias con el sector que comanda Santiago Caputo.

Ayer, mientras los opositores duros de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y sectores de Provincias Unidas buscaban los votos para convocar a una sesión especial contra el decreto más importante del Gobierno, en el bloque de Diputados que controlan los Menem dejaban trascender que evaluaban reintroducir en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (que se aprobó en el Senado con cambios y resta que se debata en Diputados) algún tipo de restricción (“mínima”, aclararon) a la compra de tierras. El objetivo, decían, es “desactivar” el tratamiento (y eventual caída) del DNU de desregulación.

En principio, festejaban haberse adelantado a Bullrich en la reacción. “Debe ser la primera vez”, decían. No habían visto que la senadora ya había cruzado -nuevamente- a Federico Sturzenegger por haber incluido el capítulo de tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (aquel que tuvieron que dar de baja para evitar que se cayera entera la batería de medidas). “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”, la citó La Nación durante un evento por el 30° aniversario de la Constitución porteña.

La contraoferta oficialista se daba sin mayor consenso interno entre las otras patas políticas del oficialismo.

Aunque acallado, está latente el enfrentamiento entre los Menem y los Caputo. Y el oficialismo viene de la disputa de la semana pasada entre los encargados de la política y Economía por el recorte en el área de Discapacidad del Presupuesto.

Santiago Caputo busca evitar reeditar los conflictos, se enfoca en el tema Malvinas, que en su entorno destacan como propio, y evita meterse en otros temas que provoquen escozor. Pero hay matices.

En el sector de Karina la esperanza está puesta en que los aliados se sientan incentivados a oficializar un límite del 15% a la venta de tierras en lugar de ir por la derogación total del DNU. Pero la presión es fuerte, señalan otros: las dos CTA convocaron a movilizarse el martes 6 de octubre, a las 15, frente a la Corte Suprema. La CGT repudió el fallo y exigió a Diputados rechazar el decreto. Y es sólo el principio. En la Casa Rosada auguran un nueva oleada de descontento social.

Más allá de los planteos legislativos, el gran mea culpa interno del Gobierno con la Ley de Tierras hace pocas semanas fue por el aspecto narrativo con el que se encaró. Y en todos los despachos terminaron admitiendo que el oficialismo perdió la discusión en la opinión pública: hasta Tini Stoessel se le volvió en contra.

A esto se suma la preocupación por la crispación social, asociada a los últimos indicadores económicos, y a una oposición que, frente a un Gobierno debilitado por la baja de la actividad y la suba de la pobreza, se pone más hostil en el Congreso.

Ante un contexto cada vez más complicado, siguen determinados a evitar que el poder de Bullrich crezca internamente en LLA: no le van a dar el lugar que pide por encima de mesa política, donde deciden Karina y los Menem. Fue suficiente con que la sumen a los encuentros de los martes, señalan en Balcarce 50. Lo electoral y otras decisiones clave se tomarán independientemente de lo que piense y se le comunicarán cuando estén resuelta.

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El gobernador de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, defendió este miércoles la apertura de una ruta marítima entre la localidad trasandina de Punta Arenas y las Islas Malvinas, pese a los reiterados reclamos de la Argentina de frenar toda actividad inconsulta en la zona.

“Chile es un país soberano, que tiene tratados de libre comercio con prácticamente todo el mundo y, en el ámbito de las relaciones comerciales del aparataje productivocon otros aparatajes productivos, como puede ser con ‘Islas Malvinas o Falkland’, tenemos todo el derecho internacional para realizarlo”, remarcó Flies en diálogo con CNN Chile.

En ese sentido, el gobernador trasandino ratificó que “hay una ruta comercial marítima que se está evaluando” entre Punta Arenas y Puerto Argentino -aunque utilizó la denominación inglesa de Puerto Stanley- y estimó que “en un mes vamos a tener el primer buque zarpando”. Según explicó, la idea es hacer un viaje por mes para abastecer de alimentos e insumos de uso cotidiano a los casi 3.000 habitantes de las islas.

En ese contexto, Flies aseguró que Chile respalda el reclamo argentino por la soberanía sobre Malvinas, pero sostuvo que no existen impedimentos para entablar vínculos con los comerciantes en el archipiélago.

“Chile no ha cambiado ni un ápice, ni una coma, su compromiso internacional. Históricamente, reconoce la pretensión soberana de Argentina sobre Malvinas, pero eso no tiene ningún compromiso adicional y las relaciones de libre comercio que tiene Chile en aguas y en pasos que tiene que dar autorizaciones para el libre tránsito comercial”, señaló.

A su vez, desestimó que esta vía marítima tenga alguna vinculación con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur y aclaró que se trata de una discusión distinta, ajena al comercio entre Punta Arenas y los isleños. “Es muy similar a la logística que se está haciendo con Isla de Pascua”, sostuvo.