Una abultada bandeja de proyectos libertarios frenados, y un recinto trabado y con cuarto intermedio vigente -hasta el 6 de agosto- representan el resumen de la desafiante agenda que tendrá el Senado hasta fin de año. Problemas de fondos no habrá ya que los legisladores obtuvieron, justo antes del receso invernal, un nuevo aumento en sus dietas -más de 12 millones de pesos, en bruto- por estar atadas a la paritaria de empleados, tal como resolvieron todos los bloques, sin grieta, en 2024.

Como iniciativa más fresca quedó la de propiedad privada, ya muy manoseada entre los 15 borradores que aparecieron post dictamen. Fue el motivo principal del cuarto intermedio y es uno de los textos que desea -aunque ya se lo desplumaron al oficialismo- el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Hace pocas semanas fue a defender la ley de Sociedades que, por ahora, no muestra guiños concretos desde la oposición dialoguista.

En caso de resolver el embrollo de propiedad privada el 6 de agosto, durante el mismo mes podría ser sancionada la ley denominada “Hojarasca”, que elimina normativas vetustas. De hecho, la misma estaba pensada para dicha jornada, aunque con la posposición del primer proyecto y la dificultad que tiene para avanzar la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich. Todo quedó como una moneda en pleno vuelo. La porteña destinó más energía a otros objetivos personales y noticiables -con irregular éxito- y dejó a su espacio muy expuesto y sin defensa -incluido al propio Javier Milei- en varias ocasiones.

Con otros articulados se comenzó en comisiones con una fuerte promoción y, a los pocos días, quedaron olvidados. Un claro ejemplo fue la remodelación de la ley de salud mental, aunque desde usinas oficialistas deslizaron a Infobae que, tras las vacaciones, empujarían novedades. También lo hicieron con otros temas que aún aguardan respuesta.

El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones hoy sin suficiente amparo. En mayo último disertó la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González, quien aseveró: “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”.

Por otra parte, iniciativas como ludopatía -todos en guionado silencio- y etiquetado frontal -dinamitar todos los octógonos- ni siquiera son mencionadas. Y días atrás fue girado a tres comisiones -mayor dificultad para hallar aliados y firmar dictamen- el súper RIGI, que ya fue aprobado por la Cámara baja y espera su sanción definitiva.

Mientras que la Casa Rosada ahora pretende que Diputados apure las nuevas modificaciones sobre la inocencia fiscal -increíble que una ley sancionada deba ser cambiada a los pocos meses, lo cual denota el nivel de irresponsabilidad con el que se debaten cuestiones sensibles-, en el Senado se asoman ansiedades por la reforma política. Por fuera del inflado show informativo que se despliega desde Balcarce 50, no hay allí un solo indicio de movimiento y un interés único para suspender -ya no eliminar- las PASO. Y nadie cree que exista alguno no antes de octubre o noviembre.

Para esa época, el Gobierno sueña que la Cámara alta achique las zonas frías -facturas de luz y gas más caras en varios distritos- y ahorrar una millonada para enviar, con holgura de cuentas, el Presupuesto 2027 a Diputados. Esto deberá ocurrir a mitad de septiembre. Un abrir y cerrar los ojos para el ritmo que suele tener el Congreso.

Mientras tanto, el Ejecutivo continúa con la promoción de potenciales articulados para reformar la Carta Orgánica del Banco Central y una eventual normativa relacionada con el shutdown, como en los Estados Unidos, que implica la paralización de áreas de la administración central en caso de que no hubiese acuerdo por la ley de gastos.

De lo que no queda dudas es, más allá de lo voluminosa de la agenda, es que la misma no tendrá luz verde si La Libertad Avanza no ajusta varias de sus tuercas. Entre errores propios -que sin dudar se podrían haber evitado y el lastre -no sirve como excusa- generado por el indefendible exjefe de Gabinete Manuel Adorni, el mileísmo perdió un tiempo más que valioso.

Post receso, los aliados pretenderán aprobar textos propios. La buena predisposición se mantendrá, pero menor margen de acción para el Gobierno, que tendrá que decidir si cede o si, como en 2024 y 2025, busca el choque con toda la oposición. Los articulados ya no interesarán mucho y todo se pesará en la balanza electoral.

5 de octubre de 202414:269‘minutos de lectura

El cambio de gestión y la orden del presidente Javier Milei de ajustar al mínimo –y en lo posible, eliminar– las partidas para obra pública ya dejaron secuelas: dejaron al borde de la parálisis el “Sistema Riachuelo”, un megaproyecto de AySA que al ponerse en funcionamiento podría mejorarle la calidad de vida a un millón y medio de habitantes del conurbano bonaerense, con beneficios indirectos para otros 4,5 millones de usuarios. Con un dato adicional: el Banco Mundial giró a la Argentina los fondos para terminar las tareas, pero los contratistas cobran en cuentagotas y pueden quedar en condiciones de rescindir el contrato, según confirmaron a cuatro fuentes al tanto de lo ocurrido durante estos meses.

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Las miradas apuntan al Ministerio de Economía, que demoró las partidas para concluir el “lote 2″ del megaproyecto. Llegó a adeudar varios certificados de obra, incluidos los de abril ($1700 millones), mayo ($6000 millones) y junio ($4800 millones). Hasta que destrabó una transferencia a mediados de septiembre con el que evitó llegar a los 90 días de incumplimiento. Superar ese plazo hubiera habilitado a los contratistas a demandar en los tribunales al Estado nacional, aunque con ese desembolso parcial el Palacio de Hacienda sólo ganó unas semanas. El 1 de este mes debía afrontar otro vencimiento, que ante la consulta de afirmaron que cancelarán en los próximos días.

“El problema no es que se hayan desviado los fondos [que giró el Banco Mundial], ni tampoco es un problema de AySA o de Acumar [por la Autoridad de Cuenca Riachuelo Matanza], sino el límite del crédito presupuestario. Y eso es algo que define Economía”, indicó una fuente que conoce, desde adentro, el desarrollo y ejecución del megaproyecto.

Desde el Palacio de Hacienda confirmaron a las demoras en los pagos, pero cargaron contra la anterior gestión, liderada por Sergio Massa. “Al asumir, la obra se encontraba parada por falta de pago desde agosto del 2023″, indicaron. En marzo se pagó deuda por $15.460.957.664,78″, precisaron. ¿Y qué pasó con los pagos pendientes desde marzo en adelante? Respuesta oficial: “Se encuentra en retraso el pago del certificado de junio que tenía como cronograma de pago previsto el 1 de octubre por $4.820.612.888. El retraso se produjo por falta de reconocimiento de número SWIFT de la casa de origen, más demoras en la acreditación en la cuenta designada para su erogación; previendo regularizar su erogación el 7 de octubre”.

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Desde AYSA, en tanto, ofrecieron una respuesta similar, pero distinta: tras aclarar que la ACUMAR opera como unidad ejecutora que gestiona el préstamo y los fondos, para que luego AySA dispone para realizar los pagos, indicaron a los certificados que vencieron en julio y agosto ya fueron cancelados. Ahora, abundó, está “a la espera de que la Acumar transfiera los fondos en las próximas semanas para regularizar el certificado que vencía en septiembre”, para luego indicar que “a pesar de estos retrasos, la obra continuó su ejecución” y que la ACUMAR “está gestionando con el Ministerio de Economía las ampliaciones de crédito presupuestario, a fin de garantizar la continuidad del proyecto”.

Radiografía de la obra pública

Concebido durante los albores del kirchnerismo, el “Sistema Riachuelo” resulta una radiografía precisa de cómo funciona la obra pública en la Argentina. Comenzó a gestarse en 2008 con la promesa de terminarlo en cuatro años, pero se licitó en 2011, se firmó en 2014 y la inauguración se planeó para 2019. Pasó luego para 2022. Y en septiembre de 2023, la entonces titular de AySA, Malena Galmarini, y su marido, el entonces ministro Massa, celebraron el “inicio al proceso de puesta en marcha”, en plena campaña presidencial de Massa. Pero el “inicio” no fue tal. El “Sistema Riachuelo” sigue hoy sin funcionar.

Por su complejidad, el megaproyecto se concibió en tres partes o “lotes”. El 1 y 3 quedaron desde su inicio bajo control y financiamiento del Banco Mundial, mientras que el “lote 2″ quedó bajo fondeo y control de Néstor Kirchner y Julio De Vido, que lo entregaron a constructoras amigas, afrontó todo tipo de vaivenes y hoy, tras ceder los controles y fondeo al Banco Mundial, mejoró su ejecución y los últimos datos oficiales marcan un 86% de avance, aunque actualizado llegaría al 92 por ciento.

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Ahora, los involucrados afirman que las obras podrían completarse “en meses”, siempre que no haya demoras o imprevistos. Así, 2025 podría ser el año inaugural. Pero tampoco pueden garantizarlo, ya que dependen de las partidas que debe liberar el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quien sigue las directrices restrictivas de la Casa Rosada.

Las pautas que fijó Milei son claras. “La obra pública se termina. Es decir, no tenemos plata. Hay que recortar, porque el déficit fiscal es muy alto”, afirmó a fines de noviembre, ya como presidente electo. Y Caputo actuó en consecuencia: redujo al mínimo el flujo de partidas, con la consiguiente ralentización o paralización de obras públicas en distintos puntos del país.

El “Sistema Riachuelo” es, sin embargo, distinto. Porque su financiamiento no proviene de las arcas del Estado nacional, sino del Banco Mundial, que ya giró los fondos para completar las obras, a las que asigna prioridad, por los años de retraso y por la cuantía. Son cerca de US$1227 millones, su financiamiento más grande en toda América Latina y el Caribe.

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Para los ejecutivos del Banco Mundial, en tanto, el megaproyecto conlleva desafíos y dolores de cabeza recurrentes. Deben lidiar con la realidad argentina y con las preguntas que llegan desde Washington, donde exigen respuestas y resultados. Pero prefieren mantener la vista en la meta: “El proyecto se sigue ejecutando, hubo algún retraso dado el cambio de administración, pero la obra continua y esperamos que se inaugure en 2025″, indicaron ante la consulta de .

Los resultados durante los últimos años, sin embargo, distan de ser los esperados, como consignaron los informes que la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) emitieron en 2018 y 2021.

El informe de la Sigen expuso, entre otras falencias, el “deficiente grado de planificación y programación de las tareas” del Sistema Riachuelo, las “sucesivas modificaciones” que sufrió el megaproyecto, sus “significativos retrasos”, “las redeterminaciones de precios generadas en consecuencia” durante las presidencias de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, y hasta una contratación directa por 14 millones de euros.

Tres “lotes” con recorridos muy distintos

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Los tres tramos o “lotes” registraron problemas, pero con diferencias evidentes de avance y transparencia, además de modificaciones periódicas de plazos y costos:

• Lote 1: controlado y financiado por el Banco Mundial, abarcó la excavación de un túnel a entre 12 y 24 metros de profundidad, a lo largo de 30 kilómetros del llamado Colector Margen Izquierda y Desvío Colector Baja Costanera, más obras complementarias. Transportará los efluentes provenientes del margen izquierdo del Riachuelo y la ciudad de Buenos Aires, más una ampliación del sistema Baja Costanera, hasta Dock Sud. Consorcio ganador: la italiana Ghella y la argentina IECSA, la constructora que era de Angelo Calcaterra, luego procesado en el tramo local de Lava Jato y el caso Cuadernos, en el que acaban de beneficiarlo. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses, plazo que se alargó. La obra se terminó en diciembre de 2022.
• Lote 2: controlado y financiado por el Estado nacional y, tras años y marchas y contramarchas, por el Banco Mundial. Abarca la construcción de una estación elevadora de entrada de los efluentes que llegan a Dock Sud por el túnel del Lote 1, más una Planta de Pretratamiento Riachuelo y una estación de bombeo de salida de esos efluentes. Todo, en terrenos ganados al Río de la Plata. ¿Consorcio ganador? Esuco, JCR, CPC y C&E –todas cercanas al kirchnerismo-. Ya en tiempos del macrismo, se convocó a Ghella y se sustituyó a CPC, la constructora de Cristóbal López, por Impregilo, el grupo italiano socio de Sideco, el holding de la familia Macri, en la firma Yacylec. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses. Avance de la obra: 92%.
• Lote 3: controlado y financiado por el Banco Mundial, abarcó la construcción del Emisario Riachuelo que trasladará los efluentes pre tratados en las obras del Lote 2 en Dock Sud a lo largo de 12 kilómetros emisario subfluvial hasta su difusión en las aguas del Río de la Plata. Consorcio ganador: Impregilo SpA, Chediak –cuyo titular, José Chediak, fue luego procesado en la causa Cuadernos– y Healy Company. El contrato comenzó a ejecutarse en 2015 y debió terminarse en 48 meses, plazo que se alargó. La obra se terminó en marzo de 2023.

Hoy, con las obras finalizadas, los “lotes” 1 y 3 afrontan otros desafíos: registran períodos de garantía originales vencidos y extendidos ya por segunda vez, a la espera de completar los trabajos del “lote” 2, que a su vez está próximo a comenzar las pruebas finales con líquidos cloacales. Pero la paralización de las obras y las demoras en el pago de los certificados amenaza con postergar, otra vez, el final.

¿Un ejemplo? Según indicaron fuentes al tanto de las negociaciones a , el consorcio contratista avisó que si para el 16 de septiembre no le pagaban los certificados de junio, se cumplirían los 90 días de incumplimiento e iniciaría las acciones de rescisión contractual, imputable al comitente. Es decir, al Estado nacional.

El problema es que el dinero para obras públicas no abunda durante los primeros meses de la gestión Milei. Y conlleva el dilema de la frazada corta. Y así es como el Ministerio de Economía retacea partidas y Acumar giró los pocos fondos de los que disponía a afrontar vencimientos en las obras de la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos (Pteli). Al 31 de diciembre, ese proyecto registró el 79% de avance, según el monitor PISA de Acumar.

Hugo Alconada Mon,LA NACION,Política

“Junto con la final contra España, fue el partido más importante que la Argentina pudo haber jugado este fin de semana”, exageró un funcionario libertario ante Infobae acerca de las negociaciones entre el Gobierno y la CGT que terminaron con el decreto 612, publicado este lunes en el Boletín Oficial, para dejar a salvo la caja sindical.

La importancia que le dio la Casa Rosada al acuerdo con los líderes cegetistas tiene razones ocultas: una de ellas es que los problemas generados por la reglamentación de la reforma laboral, que restringió aún más las cuotas solidarias y los aportes especiales pagados por los empleadores en los convenios colectivos, no sólo amagaban con una oleada de causas judiciales para interpretar sus alcances. También están frenando la renegociación de los convenios colectivos de trabajo, objetivo que se propuso el Gobierno con la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, ante la renuencia de empresarios y sindicalistas a aceptar las limitaciones concretas que aparecieron en algunos ítems.

Como anticipó Infobae, hubo tratativas reservadas entre las dos partes durante semanas que finalizaron este sábado y domingo con la redacción consensuada del decreto para corregir la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, que había perjudicado a los sindicatos en dos puntos clave para su financiamiento.

Por un lado, el decreto 407 cambió sorpresivamente la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo: mientras la ley decía que “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, la reglamentación afirmaba que estaría constituida por el “salario básico convencional”, una fórmula distinta que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.

Ahora, flexibiliza parcialmente el efecto del límite del 2% a esos ítems porque aumenta la base salarial sobre la que se aplica: estipula que para el cálculo deben sumarse las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional y establece que “no integrarán la base de cálculo los conceptos que no constituyan retribuciones normales, habituales y de percepción mensual” como “premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas y todo otro concepto, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, origen o denominación, que no se abone en forma normal, habitual y mensual”.

Por otro lado, en el decreto 612 ahora se excluyen del tope del 2% que fija la Ley 27.802 los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, mientras establece que deben administrarse y documentarse separadamente de los demás fondos sindicales.

Esto permitirá, por ejemplo, que no tengan límites las contribuciones de los empresarios que están destinadas a las obras sociales, que se convirtieron en cruciales para sostener el sistema sindical de salud.

Aun así, la nueva norma exige que esos recursos tengan una administración especial, llevada y documentada por separado respecto de los demás bienes y fondos sindicales. Esto significa que el sindicato debería llevar una contabilidad diferenciada de ese dinero.

¿Qué implica? Que no deberían mezclarse indistintamente con los fondos sindicales ordinarios, que debería poder identificarse cuánto se recaudó, quiénes aportaron, cuál fue el destino del dinero, qué gastos se realizaron y que esos gastos respondan a los fines autorizados: obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural, siempre en interés y beneficio de los trabajadores comprendidos en el ámbito de representación sindical.

Esto supone una restricción importante para los sindicatos porque no bastaría con denominar un concepto como “aporte social”, “contribución especial”, “fondo convencional” o “aporte institucional”, sino que la finalidad real debería encuadrar en alguno de los destinos autorizados por el flamante decreto.

Para la CGT, los cambios sorpresivos del decreto 407, dictado a fines de mayo, rompieron lo pactado con el Gobierno cuando se sancionó la reforma laboral y tuvieron el sello del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el más firme detractor de las cuotas solidarias, que se descuentan en forma compulsiva del sueldo de todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, y se destinan a financiar a los sindicatos.

La nueva etapa de la administración libertaria, que encumbró a Diego Santilli como jefe de Gabinete y esboza una actitud más negociadora para ganar las elecciones de 2027, permitió una mejor predisposición a escuchar las quejas de la CGT por la forma en que el decreto 407 amenazaba con jaquear las finanzas sindicales.

Ahora se destraba una negociación colectiva que, bajo la interpretación anterior, había quedado frenada y empujaba a sindicatos y empleadores a judicializar los convenios: ese límite del 2% había sido interpretado de manera tan amplia que también alcanzaba a los aportes patronales destinados a mutuales, seguros de vida, seguros de sepelio o mejoras en la obra social. Para el Gobierno, esa lectura mezclaba “dos leyes distintas” y “dos cosas distintas”, porque una cosa era la cuota solidaria del trabajador y otra, las contribuciones empresariales administradas por el sindicato en beneficio del trabajador.

Ayudó a la CGT el hecho de que la intimación de la Secretaría de Trabajo a renegociar unos 800 convenios colectivos de trabajo para adecuarse a la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que se hizo a mediados de junio, todavía no trajo ningún resultado concreto. Hubo acuerdos parciales para sumar el salario dinámico o el banco de horas, dos de las innovaciones de la reforma laboral, pero hasta hoy no llegó al escritorio de Julio Cordero ni un solo convenio renegociado integralmente por empresarios y sindicalistas.

“No hay uno solo que venga a sentarse para rediscutir”, admitieron en Trabajo sobre la convocatoria oficial para revisar los convenios vencidos. Según explicaron, los empresarios y sindicalistas preferían ir a la Justicia para conservar cláusulas existentes antes que abrir una negociación nueva bajo un esquema que, en los hechos, impedía pactar aportes adicionales de las empresas.

“Si yo acuerdo con un sindicato dar menos porcentaje de aumento y compensarlo con una contribución para la obra social, que también beneficia al trabajador, ¿por qué se tiene que meter el Estado? ¿Son libertarios o no?“, protestó el dueño de una compañía a un funcionario porque el decreto 407 extendió el tope del 2% a los aportes y contribuciones de los empleadores pactados dentro de los convenios colectivos. Algo que afecta de lleno a la caja sindical, pero, además, a las empresas.

Ese fue un argumento que se multiplicó y que, además de las necesidades electorales del mileísmo, fue clave para que el ala política del Gobierno corrigiera la propuesta diseñada por Sturzenegger en favor del poder sindical.

¿El acuerdo Gobierno-CGT por este tema tan decisivo permitirá que se atenúe el plan de lucha que se iniciará este miércoles con una marcha al Congreso para acompañar los reclamos de los jubilados? “Bajo ningún concepto -advirtió un jefe cegetista-. Esto demuestra que vale la pena apostar al diálogo, pero seguiremos con el curso de acción trazado sin una sola modificación».

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