La carta con membrete del estudio jurídico Godec, Černeka & Nemec, a cargo de la defensa de la pareja detenida en Eslovenia con pasaportes argentinos, era amable, pero inequívoca. Llegó a la embajada argentina en Austria, meses atrás, cuando la historia de los “topos” rusos, digna de la serie “The Americans”, comenzaba a dar el vuelco definitivo.

El mensaje trazaba una línea roja: María Rosa Mayer Muños y Ludwig Gisch, que aún sostenían que así se llamaban, le comunicaron a la diplomacia argentina que rechazaban toda asistencia consular para ellos y para sus hijos, menores de edad y nacidos en Buenos Aires. Gracias, pero no. Faltaban meses para que admitieran que eran espías rusos y protagonizaran el intercambio de prisioneros más grande desde el fin de la Guerra Fría.

Para entender, hay que retrotraerse a diciembre de 2022, cuando Mayer Muños y Gisch fueron arrestados por fuerzas especiales en Liubliana, la capital eslovena. Ante los sabuesos de ese país siempre sostuvieron que eran víctimas inocentes de una terrible confusión y no lo que sostenía la acusación -dos espías al servicio de Vladimir Putin-, sustentada en datos aportados por, ahora se sabe, la inteligencia británica.

Ella reafirmaba que había nacido en Grecia, que tenía alidad mexicana, que se dedicaba al arte y que había migrado a la Argentina, donde había obtenido la ciudadanía y conocido a quien sería su marido, con quien tuvo a dos hermosos hijos: una niña, Sofía, y un niño, Daniel. Él trazó un recorrido distinto, pero similar: que había nacido en Namibia, que era de nacionalidad austríaca, que era informático y que había ingresado desde Uruguay a la Argentina, donde también había obtenido la ciudadanía y conocido a su esposa. Juntos, completaban, habían decidido migrar a Europa para alejarse de la inseguridad callejera que asolaba en Buenos Aires. Todo era un grave error, sostenían.

Los servicios de inteligencia utilizan, sin embargo, una palabra para las biografías de cartón que montan los “topos”, como la que urdió la pareja detenida en Eslovenia, con detalles sobre una vida apacible en el barrio porteño de Belgrano. Esa palabra es “leyenda”. Y construir esa fachada puede tomarles décadas… y derrumbarse en un instante.

La “leyenda” de estos topos se remonta, en efecto, tan atrás como 2009, cuando un austríaco identificado como Martin Hausmaninger ingresó por primera vez a la Argentina. Volvería en julio de 2012, vía Uruguay, pero ya reconvertido en Ludwig Gisch. Y ella lo secundaría dos meses después, en un vuelo de Aeroméxico, en un recorrido que terminaría en celdas de máxima seguridad eslovenas, una década después.

Ajena a todo esto, la Cancillería argentina se activó desde el momento en que se conoció la detención de la pareja a través de los medios de comunicación. Por ley debe asistir a los nacionales en el extranjero; en particular, cuando menores de edad pueden estar en problemas o requerir apoyo. Y eso hizo la embajada argentina con sede en Viena y jurisdicción sobre Austria, Eslovenia y Eslovaquia. Contactó a las autoridades en Liubliana, pidió datos sobre la pareja detenida y sobre sus hijos, argentinos nativos.

“La respuesta que recibimos fue que la pareja se encontraba detenida en celdas de máxima seguridad y que los hijos se encontraban en un hogar de acogida temporal en las afueras de la capital”, resumió una fuente diplomática argentina al tanto del diálogo bilateral, ante la consulta de .

Tratándose de menores, las embajadas argentinas tienen la obligación de supervisar su situación de manera periódica, requerir información detallada al país donde esos niños se encuentren y remitir sus informes por cable a la Cancillería en Buenos Aires. Y así fue. Durante meses, el ida y vuelta con las autoridades eslovenas no registró contratiempos.

“Nos informaron que los padres, detenidos, mantenían contacto virtual con sus hijos, todos los días y que, a pesar de sus condiciones de alojamiento, también se reunían con ellos, de manera presencial, una vez por semana”, precisó la fuente diplomática argentina.

Eso no fue, sin embargo, lo que afirmó ante la televisión pública rusa la mujer que decía llamarse María Rosa Mayer Muños. “Nos amenazaron con que Argentina supuestamente quería llevarse a nuestros hijos, que los niños podían ser dados en adopción a otra familia”, detalló, ya de regreso en Moscú y blanqueada su identidad real: Anna Valerievna Dultseva, nacida en Nizhni Nóvgorod y oficial del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR).

Desde la diplomacia argentina niegan que hayan pujado por los menores. “Nos interesamos porque nadie se presentó en Buenos Aires, en la embajada argentina o ante las autoridades eslovenas, para interesarse por los chicos. Ningún posible pariente de la pareja, ni nadie que fuera a asumir la tutela. En ese contexto, debíamos velar por ellos; eso fue todo”.

¿Los investigadores eslovenos afirmaron que la Argentina podría llevarse a los menores en un intento por quebrar las voluntades de sus progenitores durante los interrogatorios? ¿Afirmó eso Dultseva para condimentar su testimonio con una dosis de dramatismo ante la audiencia televisiva rusa? ¿O se debió a un simple error de comunicación o traducción?

En cualquier caso, esa versión explica la carta que la pareja envió a la embajada argentina en Austria con la firma de sus abogados. Informaron que rechazaban toda asistencia consular, tanto para sí, como para sus hijos menores. Y así lo reportó a Buenos Aires, por cable, el embajador Holger Federico Martinsen.

En la entrevista que concedieron a la televisión pública rusa, Ludwig Gisch -en realidad, Artem Viktorovič Dultsev, oriundo de Bashkortostán y agente del SVR-, detalló algo más. Relató que un agente ruso los visitó regularmente mientras estaban detenidos para verificar cómo se encontraban, cruzar información y que, incluso, “les pasó un saludo” de Putin.

Las autoridades eslovenas, mientras tanto, habían logrado verificar las verdaderas identidades de los detenidos, gracias a Interpol y a las fichas dactilares disponibles en el Registro Nacional de las Personas, en Buenos Aires. Y mutaron, según las fuentes diplomáticas argentinas consultadas. Pasaron de responder cada requisitoria consular, aportar detalles sobre la situación de los menores en el hogar transitorio y en el colegio y remitir un informe ambiental, al silencio total.

“Por un lado, no podemos interferir con la patria potestad de los padres; pero, por el otro, los padres estaban detenidos y los hijos eran argentinos nativos, menores de edad, sujetos a la ley 346 de Ciudadanía Argentina”, precisó una fuente diplomática a . En esa situación, la embajada en Viena requirió, por escrito, ver a los menores.

“A la luz de todo lo que ocurrió durante los últimos días, comprendemos qué pasó”, resumió una voz de la Cancillería, “en especial desde que a principio de año dejaron de contestar nuestras consultas por escrito y nuestras llamadas”.

¿Qué ocurrió? Se sabe, ahora, que los agentes de los servicios de espionaje rusos y de la Agencia de Inteligencia estadounidense (CIA) llevaban más de un año sondeando la posibilidad de un intercambio de prisioneros. Entre ellos, el periodista de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, y la pareja detenida con pasaportes argentinos en Eslovenia.

Las negociaciones comenzaron en enero de 2023, apenas semanas después del arresto de la pareja. Agentes rusos y estadounidenses mantuvieron una reunión secreta en una capital de Medio Oriente, para sondear la posibilidad de intercambiar a Paul Whelan por la pareja detenida en Eslovenia. Los rusos rechazaron la oferta, pero dejaron claro que estaban dispuestos a negociar si la oferta era más generosa.

Dos altos funcionarios del Departamento de Estado, James Rubin y Roger Carstens, se abocaron a “agrandar el problema”, según reveló The New York Times. Es decir, a ampliar el universo de personas que podrían integrar el trueque, para luego plantearle la idea al superior de ambos, el secretario de Estado, Antony Blinken, quien obtuvo la aprobación del presidente Joe Biden, en marzo de 2023.

Un mes después, Blinken sondeó a la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock durante una cumbre del G7. Le consultó si su país podría sumarse al intercambio de prisioneros, aportando al sicario condenado y preso en Alemania, Vadim Krasikov, si el trueque incluía al líder opositor ruso Aleksei Navalny.

El apoyo inicial de Alemania al posible intercambio pareció evaporarse cuando murió Navalny, a lo que se sumó el rechazo ruso a intercambiar a Whelan y Gershkovich por cuatro espías de Moscú, incluidos los “topos” detenidos en Eslovenia. Por eso las reuniones se extendieron durante meses y abarcaron también a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con el canciller alemán Olaf Scholz, según reveló la cadena CNN, y la intermediación del otrora CEO de Google, Eric Schmidt, y el oligarca ruso Roman Abramovich. Hasta que, ya en junio, Scholz aprobó entregar a Krasikov. Y otros países aportaron otros eslabones a la cadena de trueques y favores: de Noruega a Bielorrusia y de Polonia a Turquía.

Los tiempos se aceleraron. Todos los juicios que se desarrollaban en Rusia llegaron a un cierre abrupto. Todos con condena. Gershkovich fue sentenciado a 16 años de prisión el 19 de julio. Ese mismo día, la periodista estadounidense Alsu Kurmasheva también fue condenada. Y el 21, una hora antes de bajarse de la campaña por su reelección, Biden llamó al primer ministro esloveno, Robert Golob, para informarle sobre la situación.

En los tribunales de Liubliana, mientras tanto, Mayer Muños y Gisch le dijeron adiós a los pasaportes argentinos. Se declararon culpables, recibieron una condena a un año y siete meses de prisión, pero no enfilaron hacia la cárcel, sino hacia el aeropuerto, junto a sus hijos, agradecidos con Rusia, pero también con sus cazadores.

“Sentíamos que los servicios de seguridad eslovenos hacían todo lo posible por mantener a los niños en Eslovenia y mantenernos juntos”, afirmó Anna Dultseva, ante la televisión rusa. “Sentíamos que había una enorme presión sobre Eslovenia por parte de los servicios especiales de otros países”.

El resto se sabe. Trascendieron videos del matrimonio ingresando junto a sus hijos al avión que, desde el aeropuerto de Ankara, Turquía, los devolvió a Rusia. Allí los recibió Putin, al pie de la escalerilla con un ramo de flores blancas, rosas y púrpuras para la madre y otro para la niña Sofía, que hasta minutos antes desconocía toda la trama, es católica y no habla ruso. “Buenas noches”, la saludó Putin en español.

“Nunca dudamos, ni por un momento, de que nuestro país se acordaba de nosotros, que Rusia y el servicio secreto nos respaldaban, y que al final todo estaría bien”, afirmó Artem Dultsev a la televisión rusa, en un primer plano que incluía, más atrás, a su mujer y a sus hijos. Sofía, de 11, sujetaba una muñeca en sus manos; Daniel, de 8, una pelota de fútbol bajo su pie derecho.

Durante al menos cinco años, el presidente Javier Milei afrontó una moratoria que significaba casi la mitad de su salario de entonces. Ocurrió después de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) registró cuestionamientos por facturas que había emitido como economista. Sospechaba que había emitido facturas falsas, según reconstruyó en base a documentación fiscal y contable, y los testimonios de cinco fuentes al tanto de su situación tributaria y laboral consultadas por separado durante los últimos 12 meses.

Los inconvenientes tributarios de Milei se registraron a partir de 2015; es decir, en los años previos a su lanzamiento a la política profesional, y se extendieron hasta mediados de 2020, cuando ya era una figura pública que evaluaba candidatearse a diputado nacional. Contrató abogados y regularizó su situación con la AFIP para evitar problemas mayores. Entre ellos, un reclamo que terminara en el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) o, incluso, en la Justicia.

El monto mensual de la moratoria a la que se acogió Milei refleja la situación. Abonó cerca de $50.000 por mes –unos 3600 dólares al tipo de cambio oficial de fines de 2015-, según dos allegados a los que el libertario expuso su situación, que definió como “complicada”. En aquellos momentos, sus ingresos netos en Corporación América, el holding que lidera Eduardo Eurnekián, rondaban los 110.000 pesos por mes.

Consultado por , el vocero presidencial Manuel Adorni pidió tiempo para preguntarle al Presidente sobre las consultas específicas remitidas por escrito. Indicó que debían “ubicar al contador [y] esperar que responda”, porque se trata de “cosas de hace 15 años”. Luego indicó que “estaba detrás” de las respuestas, pero al cierre de esta nota no dio una respuesta a los mensajes enviados, repetidas veces, por WhatsApp.

Los cuestionamientos se centraron, según reconstruyó , en las facturas que emitió como profesional mientras también se desempeñaba como “economista jefe” de la Fundación Acordar, la usina de ideas que montó el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para aportarle propuestas de políticas públicas al entonces gobernador bonaerense y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes nacional, Daniel Scioli.

Las facturas señaladas son al menos 25, que Milei emitió de manera casi correlativa y en formato papel –no electrónicas– a favor de Provincia Seguros. Van de la factura 0164 en enero de 2014 a la factura 194 en octubre de 2015, mes en que se celebró la primera vuelta electoral de aquel año por la Presidencia. Las emitió para cobrar servicios de “consultoría”, “gastos”, “estudios complementarios” y “otros honorarios por trabajos pedidos”, según consta en las copias de esas facturas que obtuvo .

En los archivos y biblioratos de Provincia Seguros no quedan constancias de los presuntos trabajos de “consultoría” de Milei, ni de ningún otro tipo de contraprestación de servicios o bienes del actual Presidente. Tampoco hay constancias de que alguna vez haya ingresado a la única sede de la compañía, en la calle Carlos Pellegrini número 71 de la ciudad de Buenos Aires, según reconstruyó .

El monto global de esas 25 facturas casi correlativas ascendió a $601.000, que actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a principios de agosto de este año rondaría los $71,9 millones, monto que Milei habría recibido en momentos en que su trabajo para la Fundación Acordar era ad honorem, según él mismo dijo en varias ocasiones, y afrontaba dificultades para cubrir sus necesidades básicas, hasta el punto de haber optado entre alimentarse bien él o su perro, Conan, según él detalló en entrevistas televisivas anteriores a su asunción presidencial.

Esas no fueron todas las facturas que emitió a favor de Provincia Seguros. Durante 2012 emitió otras por un total de $32.480, monto que actualizado por el IPC equivale a $7,4 millones de principios de agosto de este año; y durante 2013 emitió más facturas por un total de $224.040, que actualizado por el mismo índice equivale a $43,1 millones.

Así, entre 2012 y 2015, Milei emitió facturas a favor de Provincia Seguros –una empresa que integraba el holding Grupo Provincia– por un total actualizado a agosto de este año por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 120.383.868 pesos.

Las órdenes de pago para cada una de esas facturas de papel pasaron por las manos de varios ejecutivos de Provincia Seguros. Entre ellos, el entonces gerente de Administración de la compañía, Fernando Arana –de máxima confianza de Nicolás Scioli–, el entonces subgerente general, Pablo Asef, y el presidente mismo de Provincia Seguros, Alberto Haure.

Una vez autorizados, los pagos se concretaron por dos vías: cheque a nombre de Milei o transferencia electrónica a una cuenta bancaria del entonces economista jefe de la Fundación Acordar en el Banco Supervielle, según cotejó .

En Provincia Seguros, mientras tanto, la derrota de Scioli en las elecciones de 2015 y la asunción de María Eugenia Vidal como gobernadora bonaerense golpeó fuerte. Carlos Guevara asumió al frente de la compañía, nueve de los 10 gerentes fueron removidos y se constató que cerca de 350 personas emitían facturas cada mes sin que existieran constancias de que trabajaran o brindaran contraprestaciones por esos pagos, según relataron por separado dos veteranos de alto nivel dentro de Provincia Seguros a .

Según indicaron dos fuentes consultadas, uno de los cuestionamientos de la AFIP se habría centrado en las facturas de papel que emitió Milei después de entrar en vigencia la obligación de consignar en cada factura el “código de autorización de impresión” (CAI), con posterioridad al 1 de noviembre de 2014. Es decir, las que emitió a Provincia Seguros en simultáneo con el lanzamiento y desarrollo de la campaña presidencial de Scioli.

Una figura clave dentro de Provincia Seguros durante los años en que Milei emitió las facturas aludidas fue Ricardo Martínez Peñoñori, quien también integró Provincia NET por aquellos años y presidió una tercera empresa del holding, Provincia Leasing, en tanto que hoy ocupa el cargo de director independiente en Provincia ART.

Licenciado en Administración de Empresas y con más de 20 años en posiciones de conducción de empresas nacionales (privadas y de capital mixto), Martínez Peñoñori mantiene vínculos estrechos con Francos desde hace años; en particular, desde los tiempos en que compartieron vivencias, también, en los pasillos del Grupo Banco Provincia.

En ese contexto, según confirmaron tres de las fuentes consultadas, Martínez Peñoñori fue uno de los enlaces entre el Grupo Banco Provincia y la Fundación Acordar. También habría sido uno de los responsables de canalizar las facturas del economista jefe de la Fundación Acordar que quedaron luego bajo la lupa de los sabuesos de la AFIP.

( procuró consultar a Martínez Peñoñori durante los últimos meses, pero no respondió los múltiples mensajes enviados por WhatsApp a su teléfono celular).

Por aquellos años, Milei criticaba ya en duros términos el déficit fiscal como referente de la Fundación Acordar y ya tenía a los keynesianos como enemigos. Todavía no había incorporado las diatribas contra la “casta política”.

La Fundación Acordar para Crecer con Equidad –tal su nombre completo– abrió sus puertas entre fines de 2012 y principios de 2013. La impulsó Francos, un veterano de la política que había militado con Francisco Manrique y Domingo Cavallo, y que al término del gobierno de Carlos Menem recaló en Corporación América, donde conoció a Milei. Recién en 2007, junto a Scioli volvió a la función pública como presidente del Banco Provincia.

De la mano de Francos, Milei sintió que su vida registró un giro sustancial. “La oportunidad de conocer al doctor Guillermo Francos fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida”, escribió en “Lecturas de Economía en tiempos del kirchnerismo”, el libro que sacó en 2014. “No sólo me rescató como macroeconomista al confiarme el lugar de Economista Jefe de la Fundación Acordar, sino que además me permitió conocer a Domingo Cavallo, el Padre de la Convertibilidad”, remarcó con mayúsculas para destacar su propio rol y el del exsuperministro de Menem y Fernando de la Rúa.

La Fundación Acordar fijó domicilio en la calle Reconquista 629, piso 1, departamento 2, de la ciudad de Buenos Aires. Desde allí, la usina se convirtió pronto en un insumo de ideas e iniciativas para Scioli, que mantuvo reuniones con sus expertos –entre ellos, Milei–, aunque el candidato presidencial delegó las gestiones cotidianas en su hermano, José “Pepe” Scioli.

A esas reuniones con alguno de los hermanos Scioli acudía Francos. También, Ricardo Martínez Peñoñori y Lisandro Catalán, quien en 2020 asumiría al frente del Registro Nacional de Reincidencia durante la presidencia de Alberto Fernández y, ya con Milei en la Casa Rosada, se convirtió en el número dos de Francos en el Ministerio del Interior.

Dentro de la Fundación Acordar, Milei conformó una “mesa económica” con algunos colaboradores y allegados. Entre ellos, Federico Ferrelli Mazza y Hernán García, quien quedó a cargo del área fiscal. Juntos se abocaron a desarrollar análisis de la coyuntura, evaluar la macroeconomía, tirarle ideas a “Pepe” Scioli y, en ocasiones, participar en charlas lideradas por Cavallo o por el también economista Juan Carlos de Pablo.

De aquellos años queda, también, la edición de “Política económica contrarreloj” que Milei publicó en coautoría con Ferrelli Mazza y Diego Giacomini, su amigo más cercano por aquellos años, aunque luego se distanciaron. En la tapa del libro figura el auspicio de la fundación. Por entonces, también, los inspectores de la AFIP tocaron a la puerta del libertario.