INTERNACIONAL
Nicaragua: dictadura, revolución, transición, cuasi-democracia, des-transición, dictadura
La dictadura de Somoza fue nefasta para Nicaragua. La transición posterior Sandinista dejó en el debe muchos aspectos sociales y políticos que eran necesarios para la libertad del país. Todo ello parecía quedar atrás con la victoria electoral de Violeta Chamorro en 1990. Varios factores contribuyeron a ello, incluido el poderoso movimiento democratizador en Nicaragua y otros países. La inestabilidad positiva que sacudió la región en la década de 1980 y que llevo al fin de las dictaduras regionales dio una dimensión internacional a la democracia, a la justicia y a los derechos humanos. En esa época se afirmaron fenómenos como la pérdida de poder dictatorial ya sea interna o internacionalmente, lo que llevo que a través de elecciones y un creciente interés entre las masas —especialmente los jóvenes— por el cambio político la democracia ganara terreno rápidamente. Así como la década de 1970 estuvo marcada por la represión y la violencia, la década siguiente mostro a Latinoamérica inmersa en una verdadera revolución democratizadora. De todas maneras Nicaragua nunca terminó de democratizarse completamente dado algunas instituciones jamás fueron asimiladas por la democracia, por ejemplo, el ejército siguió siendo el ejército de un partido y no una institución de la democracia.
Los revolucionarios democratizadores de esa época eligieron a liderazgos moderados de políticos con profundas convicciones democráticas y demostraron al mundo que defendiendo las ideas en un marco de pluralidad se era capaz de implementarlas sin tener que jugar al todo o nada. Si bien la revolución democratizadora triunfó por completo durante esa década, los conceptos de responsabilidad y derechos humanos -memoria, verdad, justicia- tuvieron que esperar en las esferas social y política de varios países. La excepción a esto fue el juzgamiento de la junta dictatorial en Argentina. El impacto de esta fuerza democratizadora (me niego a llamarla “ola”) fue absoluta, tambien Ortega entregó el poder en el final de la guerra fría tras perder una elección, la propia guerra fría fue víctima de la fuerza democratizadora cuando la misma llegó a la URSS y a Europa del Este.
Un movimiento revolucionario democratizador como el de los 80s no surge únicamente de las acciones de uno o más líderes; más bien, los liderazgos simplemente dan forma clara a las ideas y aspiraciones de la gente que prevalecen en un momento dado. La generación que luchó contra las dictaduras no necesitó un líder designado que la guiara, ello ocurrió porque presenció y sufrió directamente la persecución, las desigualdades, las injusticias y las destructivas condiciones de vida cotidianas impuestas por los regímenes. Quedó demostrado tambien que, si incluso la democracia era derrotada por una represión militar, el riesgo de su resurgimiento persistía y era cada vez más fuerte, y terminaría imponiéndose en prácticamente cualquier contexto. Salvo que la represión misma y la profundidad de la crisis/fracaso económica y social terminaran aplastando la positividad del contexto como sucedió en Cuba. Es la fórmula que luego aplicaron Ortega y Maduro.
Pero tiempo después empezó la des-transición. En abril 2018 los nicaragüenses salieron a la calle para protestar por una reforma fiscal, pero fundamentalmente a protestar contra el Gobierno, sentían que necesitaban un cambio. En aquel entonces, los acontecimientos en Nicaragua se percibían como el colapso de la transición democrática, una predicción que el gobierno nicaragüense había respaldado con actuaciones de contenido autoritario durante mucho tiempo. Sin embargo, el gobierno no creía que esto conduciría al surgimiento de nuevas estructuras políticas o soluciones de compromiso, pero luego todo el proceso fue encaminándose hacia una lógica de todo o nada que como siempre ocurre terminó en mucha nada para todos. No hay forma de no sentirse decepcionado por el proceso y como el mismo fue patológicamente cayendo en el peor de los abismos, una dimensión tiránica de muy poco interés para la comunidad internacional a pesar de la ardua militancia opositora nicaragüense.
Si hay algo que es fácil es repartir culpas al respecto, porque hay culpabilidad de sobra, pero esto no lleva a ningún lado como quedó demostrado en el mismo 2018, 2019, 2020 hasta que el monologo de la dictadura oscureció completamente a Nicaragua. A mí me toco tambien, como era de izquierda y venia de un grupo político que había tenido mucha hermandad ideológica con el sandinismo, así fue como se creyó que en algún momento podía poner esa hermandad ideológica por encima de los principios de Democracia y Derechos Humanos, a pesar de que mi enfrentamiento con las otras dos dictaduras hemisféricas demostraba exactamente lo contrario. Los resultados que obtuvimos se fueron rápidamente por el drenaje: la instalación de dos mesas de diálogo y la liberación a comienzos de 2020 de 320 presos políticos (trabajo en el terreno de Luis Rosadilla) que no perdieron su nacionalidad, ni se tuvieron que ir del país. La represión y la confrontación se llevaron muy pronto todo eso. Y prácticamente allí terminó toda posibilidad institucional de trabajar por un proceso electoral libre, justo y transparente.
Se debe reconocer algo positivo, no hay nicaragüense opositor al régimen que haya abandonado la lucha. Todos siguieron luchando, aunque algunos más por el poder que por la democracia, quizás sintiendo que una cosa llevaba a la otra, pero esto nunca funciona así.
Aun así, un amplio sector de la clase política también quería pensar que el proceso tenía cierta continuidad electoral a pesar de que a esa altura no había ningún motivo para creer en esa posibilidad ya que los patrones autoritarios iban avanzando aceleradamente hacia la dictadura tiránica que terminó instalándose. Un grupo que compartía la visión de participación electoral viajo a Managua. Todos fueron presos. Y muchos más también.
Daniel Ortega, convencido de que estaba luchando por su vida, entendió que, para mantener su credibilidad interna, la de su base de poder, tenía que hacer purgas hacia adentro y hacia afuera y que estas ideas de represión necesitaban una ejecución exhaustiva. Se conoció entonces hasta donde estaba dispuesto a llegar Daniel como violador de Derechos Humanos en Nicaragua, prácticamente no había límites.
El Sandinismo no perduró, aunque el nombre se mantuvo prácticamente sin logica alguna en el Gobierno. Sus miembros habían o no abandonado la ideología antes o después del período de represión, pero lo que era seguro es que muchos habían abandonado a Ortega o al Gobierno o a ambos. La bandera Sandinista seguía como símbolo, pero, así como en los 70s y 80s era símbolo de lucha contra una dictadura se transformó en el símbolo de una dictadura.
Una dictadura encarnada por Daniel Ortega, un hombre tan versado en represión como en frialdad para ejercerla, y a Rosario Murillo, una líder más extravagante que Ortega, pero más firme aun a la hora de la represión interna y externa. En última instancia, han sido ellos quienes traicionaron de peor manera los ideales y sustituyeron los descensos en popularidad con una mayor violencia a la hora de las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Esta influencia de la cadena de mando represiva creció lenta pero constantemente, alcanzando picos demenciales en que prácticamente todo lo que existía socialmente se transformó en una amenaza para el régimen.
En 2026 especialmente luego del 3 de enero cuando Estados Unidos se lleva a Maduro, los nicaragüenses pensaron que lo mismo iba a pasar con Ortega-Murillo en forma inmediata. Posiblemente si esto hubiera ocurrido se hubiera fortalecido el caso de EUA como defensor de la democracia en el hemisferio. No obstante, la flota instalada en el Caribe se marchó para Irán sin ulteriores presiones ni en Cuba ni en Nicaragua.
Pero, así como en los 80s había una fuerza democratizadora expansiva, en la actualidad la democracia sufre por las dictaduras no resueltas y por la erosión que padece en los paises que aún no son dictaduras. En un clima como el actual de declive cívico, así como de erosión de la ética y de los valores observado en diversas democracias, surge un marcado deterioro que está llevando a paises y gobiernos en la dirección contraria; la situación es de opresión destructiva de la democracia y de futilidad sistémica deplorable. Todo ello simplemente refleja la desaprobación pública de políticas ineficaces, y/o refleja cómo las instituciones se transforman en opresoras y manipulan sus propias dinámicas de ineficiencia.
Pero ¿qué significa esto realmente para la democracia en Nicaragua? Simplemente quiere decir que el contexto general no es favorable, ni desde las dinámicas políticas internas ni internacionales ni las sociales. Así como en los 80s había enorme presión regional y subregional para forzar la democracia (Ortega tenia los puertos minados, los aviones pasándole arriba del país, un contexto subregional hostil, un movimiento guerrillero interno-es decir el libro completo de prácticas de la guerra fría-) al presente prácticamente no existe nada de esto.
Nunca podemos admitir que es imposible la democratización del país, aun cuando los análisis políticos a menudo tienen dificultades para ofrecer una perspectiva positiva, debemos siempre tener presente el “síndrome Maduro” y es que, de una u otra manera, toda situación puede cambiar en un momento debido a errores inducidos por el círculo cercano, así como errores propios no forzados, o necesidades de coyuntura nacional o internacional. No ocurre en automático y hay que trabajar mucho cada solución posible, pero a partir de allí se pueden lograr resultados positivos al respecto. Siempre sostuvimos que la justicia era la solución para la Venezuela de Maduro y la justicia tendrá que definitivamente jugar un papel en la solución para la Nicaragua de Ortega.
Luis Almagro/Instituto CASLA
Daniel Ortega,Rosario Murillo,Nicaragua,protestas
INTERNACIONAL
Joven aspirante a guardia aeronaval muere en Panamá tras incidente en prueba de flotabilidad controlada
El aspirante a Guardia Aeronaval, Dannel Alejandro Gómez. murió el sábado en la provincia de Colón, durante una prueba de flotabilidad controlada, ejercicio obligatorio del pensum académico de esta disciplina.
El trágico incidente se produjo pese a que instructores, guardavidas y paramédicos le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de forma inmediata, según informó la entidad de seguridad pública.
Gómez cursaba su formación en el Instituto Superior Aeronaval (ISAN) “Teniente de Fragata Manuel Castillo”, dependiente del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
El aspirante sufrió una inmersión inesperada durante el ejercicio, según la información oficial.
Agregó que Gómez perdió la flotabilidad durante la práctica y sufrió lo que el Senan definió como una “inmersión inesperada”.
El personal de instrucción y seguridad que supervisaba el ejercicio se percató de la emergencia y lo sacó del agua de inmediato.
Se afirma que en el lugar se encontraban instructores, guardavidas y paramédicos, además de una ambulancia institucional dispuesta para cualquier contingencia. Ese equipo aplicó maniobras de RCP y primeros auxilios al aspirante antes de su traslado.
Una ambulancia trasladó al joven de manera urgente hacia un centro médico ubicado en la provincia de Colón, pero al llegar los médicos de turno dictaminaron su fallecimiento.
La prueba en la que participaba Gómez no era un entrenamiento excepcional. Se trata de una actividad reglamentaria incluida en el pensum académico del ISAN, el centro encargado de formar a los aspirantes del Senan en Colón.
Este tipo de ejercicio busca que los futuros guardias aeronavales aprendan a mantener la flotabilidad durante determinados períodos. También incorpora técnicas de respiración y relajación en el agua.
El entrenamiento apunta, además, a que los aspirantes sepan reaccionar ante una inmersión accidental y manejen con eficiencia los dispositivos de flotación cuando están disponibles.
Según el Senan, la actividad se desarrollaba bajo medidas de seguridad preventivas, con la presencia reglamentaria de instructores, guardavidas, paramédicos y una ambulancia institucional.
Tras confirmarse la muerte del aspirante, la institución anunció que colaborará con las diligencias e investigaciones que buscan esclarecer lo sucedido. El Senan puso a disposición de las autoridades competentes todos los elementos necesarios para ese proceso.
La entidad manifestó, en la misma información, su compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto al debido proceso durante la investigación en curso.
El comunicado no precisó si se abrió una investigación interna paralela a la que realizarán las autoridades competentes, ni ofreció detalles adicionales sobre las causas médicas del fallecimiento.
La muerte del aspirante ocurre en el marco de un ejercicio que, según la propia institución, reiteró que contaba con personal de seguridad y equipo médico presente en el sitio.
Esa circunstancia no impidió el desenlace fatal, pese a la rapidez con la que se dijo se activaron los protocolos de rescate y reanimación.
El hecho pone en discusión los procedimientos de seguridad que rodean las pruebas de flotabilidad dentro de la formación de los aspirantes a Guardia Aeronaval.
También expone la necesidad de que las autoridades determinen con precisión qué falló durante el ejercicio, pese a la presencia de instructores, guardavidas y paramédicos en el lugar.
Por ahora, la versión oficial se limita al comunicado del Senan, que describe el episodio como una inmersión inesperada ocurrida dentro de una actividad reglamentaria y respaldada por medidas de seguridad preventivas.
Las investigaciones en curso deberán determinar las causas exactas de lo ocurrido con Dannel Alejandro Gómez en el Instituto Superior Aeronaval “Teniente de Fragata Manuel Castillo”.
El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) tiene como postulado, según su misión, ser una institución de seguridad pública ejemplar, que proteja la integridad de la República a través de un continuo mejoramiento de su talento humano, fundamentados en altos valores organizacionales, aprovechando los medios tecnológicos de avanzada.
INTERNACIONAL
Trump’s DOJ makeover hasn’t changed where the political cash is flowing — and the gap is growing
The Trump administration has sought to eliminate what it alleges is partisan bias within the Justice Department, but the vast majority of political donations from individuals identifying themselves as DOJ employees are still going to Democratic-aligned committees, according to a Digital analysis of federal campaign finance records.
Between January 2025 and August of this year, just over 75% of campaign contributions from individuals identifying themselves as Department of Justice employees went to Democratic committees, the analysis of federal campaign finance records found.
Digital analyzed roughly $300,000 in political contributions recorded by the Federal Election Commission between January 2025 and August 2026 from donors who listed their employer as «Department of Justice,» «DOJ» or a variation of those names. Contributions were categorized by the political affiliation of the recipient candidate or committee, while independent-expenditure committees were classified according to the candidates or parties they supported. When exporting data from the Federal Election Commission’s dashboard, an option to include donations from «unique individuals only» was selected to filter out duplicative records.
As the Trump administration has progressed, the partisan slant of DOJ donations has become more pronounced. Through 2025, about 70% of donations from those identifying themselves as DOJ staff went to Democratic committees, a figure that rose to just under 90% in 2026, according to Digital’s findings.
TODD BLANCHE EXPOSES HOW AGGRESSIVE BIDEN DOJ TARGETED LOW-LEVEL MAR-A-LAGO EMPLOYEES
Attorney General Todd Blanche and his predecessor, Pam Bondi, both claimed that the Trump administration inherited a deeply corrupt DOJ, pointing to allegations that the agency was inundated with political bias under President Joe Biden’s tenure.
«There are a lot of people in the FBI and also in the Department of Justice who despise Donald Trump, despise us,» Bondi said in early 2025. «Right now, we’re going to root them out; we will find them, and they will no longer be employed.»
Critics have pushed back against claims of political weaponization during the Biden administration, arguing that high-profile investigations into President Donald Trump and other conservatives originated from legitimate legal concerns.
DOJ DANGLES MASSIVE SIGNING BONUSES FOR LAWYERS READY TO FIGHT ‘LAWLESS’ CITIES FAR BEYOND DC
Both of Trump’s attorneys general under his second administration have made strides to recruit a greater number of ideologically aligned lawyers while attempting to push those out who may not be willing to advance the administration’s interests.
In early February 2026, DOJ chief of staff Chad Mizelle publicly encouraged lawyers who «support President Trump» to contact him about becoming federal prosecutors. Stephen Miller amplified the appeal on social media with the caption «patriots needed,» and sitting U.S. Attorney Jason Quiñones reposted the appeal alongside the phrase «we are hiring!» Mizelle later defended the approach as ensuring that executive-branch lawyers were in line with the elected president’s agenda.
LEGAL WAR ON TRUMP’S AGENDA GAINS FIREPOWER AS FEDERAL LAWYERS DEFECT TO DEMOCRATS
The administration’s personnel overhaul has coincided with a substantial exodus of attorneys from federal service.
Over 10,000 attorneys have left federal service since Trump took office for a second term.
Digital reported in July that well over 100 federal attorneys had left the Trump administration for roles in Democratic-run state attorneys general offices. Many of these lawyers took decades of experience with them, prompting concerns that the Trump administration could be depriving itself of the ability to handle highly technical legal matters.
Some of these seasoned former federal lawyers have since joined legal action against the Trump administration.
While a significant number of government lawyers have left federal service under Trump, and some prominent conservatives have joined the administration, campaign finance records show that Democratic committees continue to receive the overwhelming majority of political contributions from donors identifying themselves as Justice Department employees.
Among the most common recipients of donations from those identifying themselves as DOJ employees were Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, D-N.Y., Sen. Jon Ossoff, D-Georgia, and Emily’s List, a pro-abortion group associated with the Democratic Party. Some conservative committees, such as those in Trump’s network of PACs, were also common targets for Justice Department donors.
DEMOCRAT POLITICOS RERUN UNDERHANDED LEFTIST PLAYBOOK IN EFFORT TO TORPEDO TRUMP’S AG NOMINEE
Much of the DOJ’s work concerns investigations and prosecutions unrelated to partisan politics, and the campaign finance records do not establish whether employees’ political preferences have influenced the department’s day-to-day operations.
Progressive critics, to the contrary, have alleged that the Trump administration is using the Justice Department to target its political enemies.
«Those who were fired from the Department were fired for a reason. Those who resigned or took the fork in the road option likely aligned more with the priorities of President Biden and would naturally leave, which is common during transitions,» a DOJ spokeswoman previously told Digital. «The Administration gave career employees the fork in the road option to intentionally reduce the size of the government and eliminate unnecessary layers of staff who don’t effectively contribute to the mission of aggressively tackling crime.»
The DOJ did not respond to a request for comment when reached by Digital on Monday.
politics, justice department, attorney general, todd blanche, republicans elections
INTERNACIONAL
Fanny Uribe, alcaldesa de la isla Santa Cruz, Galápagos: “Las familias dejaron sus hogares con lo puesto y perdieron todo”
El fenómeno El Niño arrasa con distintos destinos turísticos de América Latina. Las inundaciones repentinas de las últimas horas dejaron al menos tres muertos, miles de personas afectadas, casas anegadas y decenas de vehículos arrastrados por la fuerza del agua.
Los episodios más graves se registraron en el noroeste de México y en las islas Galápagos de Ecuador, en un contexto de preocupación por las lluvias torrenciales que azotan a la región hace días.
El estado de situación de México
Las ciudades de Guaymas, en el estado de Sonora, y San José del Cabo, en Baja California Sur, sufrieron precipitaciones extraordinarias que provocaron inundaciones y graves daños materiales.
En Guaymas, las lluvias dejaron al menos dos muertos, según informó el medio mexicano ABC Noticias. Las víctimas viajaban en un vehículo que fue arrastrado por la corriente generada por el desbordamiento de los arroyos.
De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias superaron los 106 milímetros. El temporal provocó inundaciones en al menos 16 rutas principales y afectó a más de 240 casas, además de ocasionar la caída de árboles, postes de alumbrado y cortes temporales del suministro eléctrico.
La fuerza del agua también arrastró numerosos vehículos. Uno de los sectores más comprometidos fue el arroyo Las Palmas, cuyo caudal aumentó considerablemente y generó situaciones de extremo peligro para los habitantes.
Ante la magnitud de la emergencia, el Ejército mexicano activó el Plan DN-III-E, mientras que la Secretaría de Marina puso en marcha el sistema de emergencia para colaborar con las evacuaciones, los rescates y la asistencia a las familias damnificadas.
Galápagos: un muerto y alrededor de 2.000 familias afectadas
La emergencia también alcanzó al archipiélago de Galápagos, en Ecuador, donde las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones en la isla Santa Cruz.
Según informó la agencia EFE, al menos una persona murió y unas 2.000 personas resultaron afectadas por las lluvias, que las autoridades vincularon con el fenómeno El Niño.
La situación obligó a declarar el estado de emergencia en Santa Cruz y a suspender temporalmente los vuelos comerciales para priorizar el traslado de ayuda humanitaria, con unas 10 toneladas de suministros que envió el Gobierno de Ecuador.
En Puerto Ayora, la principal localidad de la isla, también se interrumpió el suministro de agua mediante la red pública. Además, se habilitaron cuatro alojamientos temporales para recibir a las personas que debieron abandonar sus casas.
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El impacto de las precipitaciones fue grave en las zonas residenciales. La alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe, señaló a la agencia AFP que “muchas familias perdieron prácticamente todas sus pertenencias y debieron abandonar sus hogares con lo puesto”.
Por su parte, el servicio de emergencias ECU 911 reportó el desbordamiento de cauces, inundaciones en viviendas y daños en carreteras. Según el mismo reporte, también se informó inicialmente sobre dos personas desaparecidas.
El Ministerio de Salud Pública informó que 85 personas habían recibido atención médica, mientras que las autoridades coordinaron el envío de asistencia humanitaria desde Guayaquil con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Alerta climática y restricciones turísticas
Las consecuencias del temporal también alcanzaron la actividad turística. El Parque Nacional Galápagos dispuso el cierre temporal de distintos atractivos naturales para proteger a los visitantes y facilitar las tareas de emergencia.
Entre los lugares afectados se encuentran las playas de Garrapatero, Puerto Chino y Baquerizo, además de Las Grietas, Puntudo y El Chato, según informó la agencia EFE.
inundación
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