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Nicaragua: dictadura, revolución, transición, cuasi-democracia, des-transición, dictadura

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La dictadura de Somoza fue nefasta para Nicaragua. La transición posterior Sandinista dejó en el debe muchos aspectos sociales y políticos que eran necesarios para la libertad del país. Todo ello parecía quedar atrás con la victoria electoral de Violeta Chamorro en 1990. Varios factores contribuyeron a ello, incluido el poderoso movimiento democratizador en Nicaragua y otros países. La inestabilidad positiva que sacudió la región en la década de 1980 y que llevo al fin de las dictaduras regionales dio una dimensión internacional a la democracia, a la justicia y a los derechos humanos. En esa época se afirmaron fenómenos como la pérdida de poder dictatorial ya sea interna o internacionalmente, lo que llevo que a través de elecciones y un creciente interés entre las masas —especialmente los jóvenes— por el cambio político la democracia ganara terreno rápidamente. Así como la década de 1970 estuvo marcada por la represión y la violencia, la década siguiente mostro a Latinoamérica inmersa en una verdadera revolución democratizadora. De todas maneras Nicaragua nunca terminó de democratizarse completamente dado algunas instituciones jamás fueron asimiladas por la democracia, por ejemplo, el ejército siguió siendo el ejército de un partido y no una institución de la democracia.

Los revolucionarios democratizadores de esa época eligieron a liderazgos moderados de políticos con profundas convicciones democráticas y demostraron al mundo que defendiendo las ideas en un marco de pluralidad se era capaz de implementarlas sin tener que jugar al todo o nada. Si bien la revolución democratizadora triunfó por completo durante esa década, los conceptos de responsabilidad y derechos humanos -memoria, verdad, justicia- tuvieron que esperar en las esferas social y política de varios países. La excepción a esto fue el juzgamiento de la junta dictatorial en Argentina. El impacto de esta fuerza democratizadora (me niego a llamarla “ola”) fue absoluta, tambien Ortega entregó el poder en el final de la guerra fría tras perder una elección, la propia guerra fría fue víctima de la fuerza democratizadora cuando la misma llegó a la URSS y a Europa del Este.

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Un movimiento revolucionario democratizador como el de los 80s no surge únicamente de las acciones de uno o más líderes; más bien, los liderazgos simplemente dan forma clara a las ideas y aspiraciones de la gente que prevalecen en un momento dado. La generación que luchó contra las dictaduras no necesitó un líder designado que la guiara, ello ocurrió porque presenció y sufrió directamente la persecución, las desigualdades, las injusticias y las destructivas condiciones de vida cotidianas impuestas por los regímenes. Quedó demostrado tambien que, si incluso la democracia era derrotada por una represión militar, el riesgo de su resurgimiento persistía y era cada vez más fuerte, y terminaría imponiéndose en prácticamente cualquier contexto. Salvo que la represión misma y la profundidad de la crisis/fracaso económica y social terminaran aplastando la positividad del contexto como sucedió en Cuba. Es la fórmula que luego aplicaron Ortega y Maduro.

Pero tiempo después empezó la des-transición. En abril 2018 los nicaragüenses salieron a la calle para protestar por una reforma fiscal, pero fundamentalmente a protestar contra el Gobierno, sentían que necesitaban un cambio. En aquel entonces, los acontecimientos en Nicaragua se percibían como el colapso de la transición democrática, una predicción que el gobierno nicaragüense había respaldado con actuaciones de contenido autoritario durante mucho tiempo. Sin embargo, el gobierno no creía que esto conduciría al surgimiento de nuevas estructuras políticas o soluciones de compromiso, pero luego todo el proceso fue encaminándose hacia una lógica de todo o nada que como siempre ocurre terminó en mucha nada para todos. No hay forma de no sentirse decepcionado por el proceso y como el mismo fue patológicamente cayendo en el peor de los abismos, una dimensión tiránica de muy poco interés para la comunidad internacional a pesar de la ardua militancia opositora nicaragüense.

Si hay algo que es fácil es repartir culpas al respecto, porque hay culpabilidad de sobra, pero esto no lleva a ningún lado como quedó demostrado en el mismo 2018, 2019, 2020 hasta que el monologo de la dictadura oscureció completamente a Nicaragua. A mí me toco tambien, como era de izquierda y venia de un grupo político que había tenido mucha hermandad ideológica con el sandinismo, así fue como se creyó que en algún momento podía poner esa hermandad ideológica por encima de los principios de Democracia y Derechos Humanos, a pesar de que mi enfrentamiento con las otras dos dictaduras hemisféricas demostraba exactamente lo contrario. Los resultados que obtuvimos se fueron rápidamente por el drenaje: la instalación de dos mesas de diálogo y la liberación a comienzos de 2020 de 320 presos políticos (trabajo en el terreno de Luis Rosadilla) que no perdieron su nacionalidad, ni se tuvieron que ir del país. La represión y la confrontación se llevaron muy pronto todo eso. Y prácticamente allí terminó toda posibilidad institucional de trabajar por un proceso electoral libre, justo y transparente.

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Se debe reconocer algo positivo, no hay nicaragüense opositor al régimen que haya abandonado la lucha. Todos siguieron luchando, aunque algunos más por el poder que por la democracia, quizás sintiendo que una cosa llevaba a la otra, pero esto nunca funciona así.

Aun así, un amplio sector de la clase política también quería pensar que el proceso tenía cierta continuidad electoral a pesar de que a esa altura no había ningún motivo para creer en esa posibilidad ya que los patrones autoritarios iban avanzando aceleradamente hacia la dictadura tiránica que terminó instalándose. Un grupo que compartía la visión de participación electoral viajo a Managua. Todos fueron presos. Y muchos más también.

Daniel Ortega, convencido de que estaba luchando por su vida, entendió que, para mantener su credibilidad interna, la de su base de poder, tenía que hacer purgas hacia adentro y hacia afuera y que estas ideas de represión necesitaban una ejecución exhaustiva. Se conoció entonces hasta donde estaba dispuesto a llegar Daniel como violador de Derechos Humanos en Nicaragua, prácticamente no había límites.

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El Sandinismo no perduró, aunque el nombre se mantuvo prácticamente sin logica alguna en el Gobierno. Sus miembros habían o no abandonado la ideología antes o después del período de represión, pero lo que era seguro es que muchos habían abandonado a Ortega o al Gobierno o a ambos. La bandera Sandinista seguía como símbolo, pero, así como en los 70s y 80s era símbolo de lucha contra una dictadura se transformó en el símbolo de una dictadura.

Una dictadura encarnada por Daniel Ortega, un hombre tan versado en represión como en frialdad para ejercerla, y a Rosario Murillo, una líder más extravagante que Ortega, pero más firme aun a la hora de la represión interna y externa. En última instancia, han sido ellos quienes traicionaron de peor manera los ideales y sustituyeron los descensos en popularidad con una mayor violencia a la hora de las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Esta influencia de la cadena de mando represiva creció lenta pero constantemente, alcanzando picos demenciales en que prácticamente todo lo que existía socialmente se transformó en una amenaza para el régimen.

En 2026 especialmente luego del 3 de enero cuando Estados Unidos se lleva a Maduro, los nicaragüenses pensaron que lo mismo iba a pasar con Ortega-Murillo en forma inmediata. Posiblemente si esto hubiera ocurrido se hubiera fortalecido el caso de EUA como defensor de la democracia en el hemisferio. No obstante, la flota instalada en el Caribe se marchó para Irán sin ulteriores presiones ni en Cuba ni en Nicaragua.

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Pero, así como en los 80s había una fuerza democratizadora expansiva, en la actualidad la democracia sufre por las dictaduras no resueltas y por la erosión que padece en los paises que aún no son dictaduras. En un clima como el actual de declive cívico, así como de erosión de la ética y de los valores observado en diversas democracias, surge un marcado deterioro que está llevando a paises y gobiernos en la dirección contraria; la situación es de opresión destructiva de la democracia y de futilidad sistémica deplorable. Todo ello simplemente refleja la desaprobación pública de políticas ineficaces, y/o refleja cómo las instituciones se transforman en opresoras y manipulan sus propias dinámicas de ineficiencia.

Pero ¿qué significa esto realmente para la democracia en Nicaragua? Simplemente quiere decir que el contexto general no es favorable, ni desde las dinámicas políticas internas ni internacionales ni las sociales. Así como en los 80s había enorme presión regional y subregional para forzar la democracia (Ortega tenia los puertos minados, los aviones pasándole arriba del país, un contexto subregional hostil, un movimiento guerrillero interno-es decir el libro completo de prácticas de la guerra fría-) al presente prácticamente no existe nada de esto.

Nunca podemos admitir que es imposible la democratización del país, aun cuando los análisis políticos a menudo tienen dificultades para ofrecer una perspectiva positiva, debemos siempre tener presente el “síndrome Maduro” y es que, de una u otra manera, toda situación puede cambiar en un momento debido a errores inducidos por el círculo cercano, así como errores propios no forzados, o necesidades de coyuntura nacional o internacional. No ocurre en automático y hay que trabajar mucho cada solución posible, pero a partir de allí se pueden lograr resultados positivos al respecto. Siempre sostuvimos que la justicia era la solución para la Venezuela de Maduro y la justicia tendrá que definitivamente jugar un papel en la solución para la Nicaragua de Ortega.

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Luis Almagro/Instituto CASLA

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Hallan una falla tectónica activa bajo el desierto de Kalahari que podría cambiar el mapa geológico de África

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En el extremo oriental de Botsuana, bajo las arenas planas del Kalahari, una cicatriz geológica que parecía pertenecer a un pasado remoto volvió a dar señales de actividad. Un equipo de investigadores concluyó que una antigua falla jurásica se reactivó dentro del cratón de Kalahari, una de las porciones más viejas y rígidas de la corteza africana.

La investigación se publicó en la revista científica Tectonics y pone el foco sobre la falla Khurutshe, una estructura de unos 80 kilómetros que atraviesa el paisaje del sudeste botsuano. El estudio indica que esa fractura funcionó hace cerca de 180 millones de años, durante el Jurásico, quedó inactiva durante un largo período y volvió a registrar movimientos en tiempos geológicamente recientes.

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El hallazgo modifica una idea extendida entre los geólogos: que los cratones, los núcleos más antiguos de los continentes, son demasiado fríos, gruesos y resistentes como para deformarse con facilidad. En Kalahari, esa aparente estabilidad muestra una fisura.

Un terremoto de 2017 llevó la atención al interior de Botsuana

Mapa de relieve sombreado de África Oriental que muestra los límites de placas activos y la ubicación de las zonas de rift analizadas en el estudio. Los puntos indican la localización de terremotos. (Kgosidintsi et al.)

La investigación toma como punto de partida el terremoto de magnitud 6,5 que sacudió el sur de África en abril de 2017. El sismo se produjo en el este de Botsuana, lejos de los bordes activos de placas tectónicas donde suelen concentrarse los grandes terremotos.

Esa ubicación llamó la atención de los especialistas. El área se encuentra dentro del cratón de Kalahari, formado por bloques de corteza que alcanzan hasta 3.700 millones de años de antigüedad. En términos geológicos, es una parte profunda del continente que se consideraba poco propensa a abrirse o quebrarse.

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Los análisis posteriores al sismo mostraron que las estructuras asociadas a la ruptura se extendían hacia el interior del cratón. La señal no apuntaba a un episodio aislado: sugería que las fuerzas que estiran el continente en el este africano podían estar alcanzando una zona que, hasta hace poco, parecía ajena a ese proceso.

La nueva investigación, encabezada por Boniface Kgosidintsi, de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología de Botsuana, examinó en detalle la falla Khurutshe, ubicada a unos 80 kilómetros al sur del epicentro del terremoto de 2017.

Las capas del terreno conservan la historia de una fractura

Vista aérea de la falla de Khurutshe, en Botsuana, donde el movimiento a lo largo de una fractura en la corteza terrestre ha creado un ligero escalón en el paisaje. El trazado de la falla se percibe gracias al cambio en la elevación y en la vegetación a ambos lados. (Kgosidintsi et al.)

El equipo combinó imágenes de resistividad eléctrica del subsuelo, registros de perforaciones y observaciones de zanjas excavadas a través de la falla. Esas herramientas permitieron reconstruir el orden de las capas enterradas y observar cómo cambian a ambos lados de la estructura.

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Los investigadores identificaron una capa superficial de alrededor de 10 metros de espesor, vinculada a la Formación Kalahari y depositada durante el Holoceno. Debajo aparece una secuencia de materiales del Jurásico, con basaltos y rocas sedimentarias, que alcanza unos 80 metros. Más abajo se encuentra el basamento precámbrico, la roca antigua que forma el corazón del cratón.

Las capas más jóvenes y las formadas durante el Jurásico se engrosan hacia la misma falla. Esa disposición es una huella de movimiento: cuando un bloque de terreno desciende respecto de otro a lo largo de una falla normal, se genera espacio para que se acumulen sedimentos y otros materiales.

En las zanjas, el grupo encontró superficies de deslizamiento en areniscas jurásicas endurecidas. Los mapas elaborados con datos de perforaciones también muestran que los estratos se hicieron más espesos hacia el lado hundido de la falla. Para los autores, ese patrón confirma que Khurutshe estuvo activa durante el episodio de extensión continental que afectó al sur de África en el Jurásico.

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Después de aquella etapa, el sistema quedó inactivo. Sin embargo, la deformación de las arenas recientes indica que el movimiento se reanudó. El momento exacto de esa reactivación no está definido, aunque los depósitos afectados se formaron principalmente dentro de los últimos 2,6 millones de años.

El rift africano aprovecha una debilidad mucho más antigua

Las capas geológicas del terreno revelan estratos del Jurásico cubiertos por sedimentos depositados durante el Holoceno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palabra rift se utiliza para describir una región en la que la corteza terrestre se estira y se adelgaza. Si el proceso continúa durante millones de años, puede separar un continente y dar lugar a una cuenca oceánica. En África oriental, ese mecanismo se asocia con un extenso sistema de fracturas, volcanes y terremotos que atraviesa varios países.

La falla Khurutshe se sitúa en el extremo meridional del sistema de rifts africanos. Según el estudio, su reactivación responde a las tensiones que llegan desde el Rift del Sudoeste Africano, una prolongación de ese escenario tectónico.

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El trabajo plantea que la ruptura actual sigue una antigua zona de unión entre piezas de la corteza. Esas uniones, o suturas, se formaron hace miles de millones de años, cuando distintos bloques geológicos chocaron y quedaron soldados. Aunque luego pueden permanecer estables durante períodos inmensos, conservan diferencias internas que las vuelven más vulnerables ante nuevas fuerzas.

La conclusión ofrece una explicación para un proceso que, de otro modo, resultaría inesperado. La corteza de un cratón puede ser rígida en su conjunto, pero no es completamente uniforme. Las fracturas heredadas, los contactos entre bloques y las estructuras enterradas pueden actuar como líneas de debilidad cuando vuelven a aplicarse tensiones de extensión.

En el caso de Botsuana, los autores sostienen que el antiguo rift mesozoico aprovechó esa debilidad estructural y que el sistema actual la utiliza otra vez. La actividad no implica una fractura inmediata del continente ni anticipa la creación de un océano en un plazo humano. Se trata de un fenómeno medido en millones de años, aunque sus manifestaciones sí pueden incluir terremotos.

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Una región considerada estable entra en el mapa de las preguntas tectónicas

El equipo del investigador Boniface Kgosidintsi utilizó resistividad eléctrica y zanjas de perforación para analizar el subsuelo de la falla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio sitúa a la falla Khurutshe como un ejemplo de rifting incipiente dentro de un interior continental antiguo. La expresión “incipiente” señala que el proceso se encuentra en una fase temprana: existe extensión, hay estructuras activas y se observan fallas, pero la corteza no se ha dividido.

Para la geología africana, el caso permite seguir de cerca cómo reaparecen movimientos tectónicos sobre estructuras heredadas. También refuerza la necesidad de estudiar con mayor precisión los riesgos sísmicos en zonas continentales que durante décadas fueron clasificadas como especialmente estables.

El terremoto de 2017 mostró que el interior de Botsuana no está completamente inmóvil. El análisis del subsuelo aporta ahora una secuencia más larga: una falla que nació hace unos 180 millones de años, quedó dormida y volvió a moverse bajo tensiones que recorren el continente.

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Los próximos estudios deberán precisar cuándo se reanudó la actividad, a qué velocidad se deforman los bloques de la región y qué relación mantiene la falla con otros segmentos del Rift del Sudoeste Africano. Por ahora, las capas enterradas bajo el Kalahari indican que la historia tectónica del cratón todavía no está cerrada.

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$275M Obama-era solar fraud case could net taxpayers $1B, but Trump’s DOJ backs Biden dismissal

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This article is Part 2 of a Digital exclusive series investigating the Crescent Dunes solar power plant in Nevada. You can read Part 1 here.

The Trump administration has made fighting fraud and rooting out government waste a top priority, even offering cash rewards to Americans who expose wrongdoing.

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Yet investors in a failed Obama-era solar plant are questioning why President Donald Trump’s own Justice Department is fighting to squash their fraud lawsuit over a $275 million federal grant — a case they say could recover up to $1 billion for taxpayers.

The investors allege that Spanish construction giant ACS and companies to tied its former subsidiary Cobra, misled federal officials into approving the grant by claiming the troubled solar plant was ready for use, even though it had suffered major construction problems and was shut down for months following a molten-salt-tank failure.

The lawsuit centers on the beleaguered Crescent Dunes solar plant, a billion-dollar, government-backed project that began operating in Nevada in 2015 but was later plagued by engineering failures, repeated shutdowns and two bankruptcies before being sold for just $7 million in July.

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HOW A $1B OBAMA-ERA SOLAR PLANT WENT BANKRUPT TWICE, LEAVING TAXPAYERS WITH THE TAB

The plant was built around an emerging solar technology that used thousands of mirrors to concentrate sunlight onto a towering receiver, heating molten salt that could be stored and used to generate electricity even after sunset.

In 2020, a group of private investors who had put $90 million into the project and suffered substantial losses filed a whistleblower lawsuit, alleging the companies had misled the federal government to secure the enormous grant.

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But in November 2024, just two days after Trump’s re-election, Biden’s Justice Department moved to shut down the lawsuit, arguing that pursuing the case would burden federal agencies.

WHITE HOUSE LAUNCHES INTERACTIVE MAP TRACKING BILLIONS IN SUSPECTED FRAUD

DOJ UNVEILS NATIONWIDE TAX FRAUD CRACKDOWN INVOLVING 76 DEFENDANTS, NEARLY $500M IN ALLEGED LOSSES

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The incoming Trump administration could have reconsidered that position in early 2025. Instead, its Justice Department defended the Biden-era dismissal in an April filing with a federal appeals court.

CMB, an investment group headed by Pat Hogan, is appealing the dismissal. Hogan is also urging Trump’s Justice Department to ask the court to reopen the case.

«It makes no sense,» Hogan told Digital in a video interview.

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Hogan said he had contacted Trump’s Justice Department seeking help reviving the case but had received no commitment.

«The real problem here is, why isn’t the government asking for this?» he said. «All in all, I would say this has just been a fleecing of the federal government by a foreign entity. And we have the opportunity to fix it, and they’re doing nothing.»

Hogan argues that allowing the lawsuit to proceed could potentially net hundreds of millions of dollars for taxpayers.

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Under the False Claims Act, which CMB used to bring its lawsuit, companies found liable can face damages of up to three times the government’s proven losses, plus additional penalties.

«This could be a billion dollars,» Hogan said.

Tonopah Solar Energy, the plant’s former owner and one of the defendants, has rejected CMB’s allegations as baseless in court filings. Other companies named in the lawsuit have also backed the Justice Department’s effort to dismiss the case.

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In an April 2026 court filing, Trump’s Justice Department defended the Biden administration’s decision, making the same argument that continuing the lawsuit would drain government resources and that federal law gave it broad authority to shut down the case. In court filings reviewed by Digital, neither administration put a dollar figure on the cost of continuing the lawsuit.

The decision has left Hogan and his investors questioning why the government shut down the case — and what Treasury officials knew about the plant’s serious problems when they approved the $275 million grant.

At the heart of the lawsuit is a dispute over whether Crescent Dunes was properly completed — and whether its owner, Tonopah Solar Energy, was entitled to collect the $275 million Treasury grant.

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The grant was part of a $26 billion program within the Obama administration’s broader $90 billion green-energy push, launched under the 2009 economic stimulus package to create jobs and turbocharge its green energy agenda.

Known as Section 1603, the program paid developers about 30% of their qualifying construction costs once their facilities were «placed in service» — meaning ready and available for their intended use. Treasury considered several factors in determining whether a plant met that standard, including whether it had passed critical tests, begun generating electricity and come under its owner’s control.

Crescent Dunes began generating electricity in 2015, but CMB alleges it had produced no more than 32% of its expected output through June 2016.

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Then, in October 2016, a failure involving the plant’s hot molten-salt storage tank shut it down for months.

In December, while Crescent Dunes was still shut down, its builder, Cobra Thermosolar Plants, formally handed the plant over to its owner, Tonopah Solar Energy, under an arrangement known as «provisional acceptance.»

But first, they changed the construction contract to allow the handover despite major defects and unfinished repairs.

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That agreement came just days before the year-end deadline for solar plants to be ready for use to qualify for the Treasury grants.

In a later court filing, CMB alleged that more than 9,000 defects had been identified and grouped into roughly 500 outstanding construction items, including seven major deficiencies. The investors argue the problems showed the plant was not ready to be handed over.

The December agreement itself acknowledged that repairs to the failed hot molten-salt storage tank were still needed. The tank was central to the plant’s operation, storing heat from the sun so electricity could be generated even after sunset.

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CMB alleges the companies used the revised agreement to make Crescent Dunes appear ready for use and secure the Treasury grant, even though major problems remained unresolved.

Records reviewed by Digital show Treasury had questioned whether Crescent Dunes was ready for use months before approving the grant payment.

In September 2016, Treasury questioned a claim by Tonopah Solar Energy that Crescent Dunes had been ready for use since February of that year. The agency pointed to a July commissioning report suggesting the builder, Cobra Thermosolar Plants, had not yet formally handed control of the facility over to Tonopah.

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In a Sept. 21 response to Treasury’s questions, Tonopah Solar Energy defended its claim, arguing that the plant had passed key tests and was capable of generating electricity. It also acknowledged an earlier extended shutdown caused by problems with the plant’s salt-piping system.

The following month, the plant’s hot molten-salt storage tank failed, forcing the plant offline for months.

Despite that breakdown, Tonopah and Cobra went ahead with the revised handover agreement in December.

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On March 7, 2017, just weeks into the first Trump administration, Treasury approved a $243.7 million grant payment — even though Crescent Dunes remained shut down nearly five months after the tank failure.

The plant would not resume generating electricity until July 2017.

The approval letter said Treasury was still reviewing some of the project’s claimed costs before deciding whether to release additional money.

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In February 2018, Treasury approved an additional $31.9 million, bringing the total grant awards to approximately $275.6 million, according to newly obtained federal records. The additional payment was scheduled for disbursement within seven business days.

But Treasury was not the only federal agency involved.

The Department of Energy, which had backed Crescent Dunes with a $737 million federal loan guarantee, also had a say in major construction decisions. DOE approved the revised December handover despite unfinished repairs. It also waived certain missed deadlines, allowing the plant to be formally recognized as operational under its loan agreement.

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That approval did not automatically qualify Crescent Dunes for the separate Treasury grant.

A separate December 2016 financing agreement involving Tonopah Solar Energy and DOE required the Treasury grant money to go first toward repaying the project’s short-term federal borrowing, including principal and accrued interest.

Documents obtained by Digital show that Tonopah Solar Energy made a $218.9 million payment toward a federal loan in March 2017, shortly after Treasury approved its initial grant award.

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«So in a sense, the federal government just paid themselves, right? So they’re still out the money, right,» Hogan told Digital.

On April 12, 2017, while Crescent Dunes was still offline, DOE published an article celebrating the plant as a breakthrough in solar technology without mentioning that it had been shut down for months.

What remains unclear is whether Treasury officials knew about the October breakdown, unfinished repairs and December contract changes when they authorized the initial grant payment — information that could have affected whether the plant qualified for the grant.

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Digital has asked DOE and Treasury about the grant’s approval process, the plant’s condition and taxpayer losses, but neither agency has provided a full accounting.

In a statement, the Trump administration’s Department of Energy criticized previous administrations’ handling of the project, saying it had resolved its financial interests in Crescent Dunes in 2020.

«It is unfortunate that previous administrations irresponsibly managed taxpayer dollars in their support of the Green New Scam,» a DOE spokesperson said. «Since 2020, DOE has had no ownership, operational, or financial interest in the Obama-era project.»

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Digital has also filed Freedom of Information Act requests seeking grant payment records, loan accounting and communications between the agencies.

In January 2020, Hogan’s investment group, CMB, which had lent $90 million to a company tied to Crescent Dunes developer SolarReserve, sued Tonopah Solar Energy and companies tied to Spanish construction giant ACS, accusing them of defrauding the federal government.

The lawsuit was filed under the False Claims Act, which allows private whistleblowers to sue on the government’s behalf and receive a share of any money recovered. Known as «qui tam» cases, the lawsuits can be taken over or dismissed by the Justice Department.

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After investigating CMB’s allegations for more than three years, Biden’s Justice Department declined to take over the lawsuit in June 2023, leaving CMB to pursue it alone.

On Nov. 7, 2024, just two days after Trump’s election victory, Biden’s Justice Department moved to dismiss the lawsuit, arguing that continuing the case would burden the Treasury, Energy and Justice departments.

CMB challenged the move, arguing that Biden’s DOJ had failed to explain what had changed since it allowed the investors to proceed.

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Then, in July 2025, six months into Trump’s second term, a federal judge granted DOJ’s request and dismissed the lawsuit without deciding whether the fraud allegations were true.

CMB appealed to the Ninth Circuit, where Trump’s Justice Department defended the dismissal in an April 2026 court filing.

Matt Dunn, an attorney at Covington & Burling who specializes in False Claims Act litigation, described DOJ’s decision to intervene after initially allowing the case to proceed as «unusual, but not extraordinary.»

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Dunn said the government may have its own assessment of a lawsuit’s potential value that differs from the whistleblower’s.

«The government might privately have a different view of the merits of the case or the potential value of the case that it doesn’t necessarily share publicly,» Dunn said.

Dunn said the Supreme Court has given the government substantial discretion to dismiss such cases, describing the legal hurdle for whistleblowers seeking to overturn a dismissal as «an extraordinarily high bar for a relator to overcome.»

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Hogan, meanwhile, has a financial stake in the outcome. He says his investors lost the $90 million they lent to the SolarReserve-linked company.

If the lawsuit is revived and CMB ultimately succeeds, the government theoretically could recover up to three times its proven damages under the False Claims Act, and CMB could receive a share, potentially offsetting its investors’ losses.

«That’s my job for my investors to leave no stone unturned to try to make sure that, in fact, I get their money back,» Hogan said.

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The Ninth Circuit must now decide whether the lawsuit can move forward — potentially opening the door for the government to recover hundreds of millions of dollars in disputed funds — or whether DOJ’s decision to shut it down will stand.

The Justice Department’s handling of the case has also drawn scrutiny on Capitol Hill.

In February 2025, Reps. Lance Gooden, R-Texas, and Carol Miller, R-W.Va., urged Attorney General Pam Bondi to investigate why the Biden administration moved to shut down the lawsuit.

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Gooden later urged Secretary of War Pete Hegseth to consider suspending federal contracts with companies tied to Spanish construction giant ACS, whose subsidiary Cobra built the plant and held a stake in Tonopah Solar Energy. He also called for an investigation into ACS and Banco Santander’s roles in the project’s financing and bankruptcy amid the allegations of fraud involving federal funds.

«When taxpayers are defrauded to a scale this massive, our government has a responsibility to get the facts and hold those responsible to account,» Gooden told Digital. «That is why I have asked Secretary Hegseth to pause contracts with ACS-affiliated entities until these allegations are fully reviewed and every avenue to recover taxpayer money has been pursued.»

One such contract involves a $2.84 billion Navy dry dock project at Pearl Harbor awarded to a joint venture involving ACS subsidiary Dragados. The project completion date has been delayed from September 2027 to March 2029, according to the Government Accountability Office. Dragados is not accused of fraud in the Crescent Dunes lawsuit.

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Miller, meanwhile, also questioned how a project backed by nearly $1 billion in federal financing could end up selling for $7 million.

«That’s not good math,» Miller told Digital. She suggested another congressional letter could be warranted, saying that «if we can recover any of that taxpayer money, that would be wonderful.»

In April 2026, Senate Judiciary Committee Chairman Chuck Grassley, R-Iowa, a longtime defender of whistleblowers who helped strengthen the False Claims Act in 1986, demanded answers from DOJ over its handling of fraud lawsuits, particularly cases it shut down despite whistleblowers wanting to press ahead.

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In a July 10 response obtained by Digital, DOJ revealed that Crescent Dunes was one of just 12 cases in which it moved to shut down a lawsuit after initially allowing it to proceed — fewer than 0.3% of nearly 5,000 whistleblower cases received between 2020 and 2025.

DOJ also confirmed that other federal agencies can push to have such lawsuits dismissed, including to avoid the burden of producing evidence. But it did not say whether Treasury or DOE pushed to kill the Crescent Dunes case — or what investigators found when they examined the fraud allegations.

The companies accused of fraud have backed DOJ’s effort to dismiss the lawsuit, arguing that federal law gives the government broad authority to shut down whistleblower cases.

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Tonopah Solar Energy, which filed for bankruptcy in January 2026, has also fiercely rejected CMB’s allegations, accusing the investors of pursuing a «scorched earth mission» through repeated legal challenges against the company.

«The reality is there is no merit to CMB’s claims whatsoever,» the company argued in an April 2026 bankruptcy filing.

Tonopah Solar Energy made those arguments while winding down its affairs in bankruptcy, before selling the plant’s assets in July. The new owners had no involvement in the alleged 2016 fraud, and the bankruptcy sale generally shielded them from the former owner’s legal liabilities.

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In a separate 2020 lawsuit, Hogan’s investors sought to recover an allegedly unpaid $90 million loan, suing companies tied to Crescent Dunes after SolarReserve failed to repay much of the money. They suffered a setback in 2024 when an arbitration panel rejected five of their claims and ordered them to pay $2.44 million in legal fees and costs.

The companies did not respond to Digital’s repeated requests for comment.

The dispute was separate from the whistleblower lawsuit alleging fraud involving the $275 million Treasury grant.

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Despite years of investigation, the Justice Department has never publicly disclosed what it uncovered.

Nearly seven years after Hogan’s investors filed their lawsuit, the fraud allegations have never been tested at trial. And despite President Trump’s pledge to crack down on fraud and wasteful green-energy spending, his Justice Department is still defending the Biden administration’s decision to shut down the case.

«If we’re wrong, the evidence will show it,» Hogan said. «But don’t let a Biden-era dismissal prevent the merits from ever being heard.»

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El Ironman 2027 agota sus 1.600 cupos y proyecta una derrama económica de más de USD 5 millones para Panamá

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Panamá se consolida como centro de las actividades deportivas en América Latina, y como prueba de ello la competencia Ironman 70.3 agotó sus 1.600 cupos, proyectando una derrama económica superior a USD 5 millones.

El evento, a realizarse en febrero de 2027, atrae a atletas y acompañantes de Brasil, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia, con impacto en la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio local.

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La organización prevé un operativo con más de 350 unidades de instituciones estatales y más de 100 agentes de seguridad privada especializada.

Participarán la Policía Nacional, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Servicio de Protección Institucional, el Servicio Nacional Aeronaval y la Seguridad Municipal.

El despliegue se coordinará con la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos y las juntas comunales de San Francisco, Bella Vista y Parque Lefevre.

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El brasileño Felipe Santos se adjudicó el Ironman 70.3 de Panamá 2024, realizado en la zona marítima en Ciudad de Panamá. EFE/ Carlos Lemos

Según los organizadores, la articulación busca proteger a los competidores y espectadores durante el recorrido.

La prueba reúne 113 kilómetros de triatlón en 1,9 kilómetros de natación en el Canal de Panamá, 90 kilómetros de ciclismo por las principales vías del país y 21,1 kilómetros de carrera a pie, con llegada en la Calzada de Amador.

Razzpao Latam dirige el evento desde 2022 y atribuye su crecimiento a una planificación basada en la experiencia del atleta, la precisión técnica y la logística.

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La empresa afirmó que busca “seguir elevando la vara en cada edición” con una competencia “segura, memorable y alineada con los más altos estándares de la industria del deporte internacional”.

Los organizadores agradecieron a los atletas inscritos y señalaron que cada cupo representa “un sueño, una meta y una historia personal” en Panamá.

Una atleta recorre las riberas del Canal de Panamá durante el Ironman 2026. (Ironman)

El esquema de seguridad interinstitucional representa uno de los pilares que distingue a la competencia, de acuerdo con los organizadores.

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La articulación busca garantizar una logística fluida y segura tanto para los competidores como para los espectadores que acompañen el recorrido.

Los organizadores extendieron su agradecimiento a cada atleta que se inscribió y eligió a Panamá como destino para la competencia.

Reiteraron que la consolidación del evento, impulsada por el flujo de visitantes internacionales, refuerza la posición de Panamá como destino para competencias deportivas de alcance mundial.

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La edición Ironman 70.3 Panamá Latin American TriClub Championship 2026 dejó un impacto económico estimado en USD 5 millones, según información difundida por los organizadores del evento.

Participantes recorren el corredor sur, teniendo como fondo parte de los edificios de la ciudad de Panamá. (Ironman)

La cifra se tradujo en más de 4.000 noches de hotel reservadas durante el fin de semana de la competencia. El flujo de visitantes benefició directamente distintas actividades comerciales.

De los 1.500 deportistas inscritos en la edición 2026, 1.164 llegaron desde el extranjero. Brasil, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia encabezaron la lista de países con mayor cantidad de competidores.

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Los organizadores sostuvieron que esa proporción de participación extranjera refleja el posicionamiento creciente de Panamá dentro del circuito global de competencias de resistencia y turismo deportivo.

El Ironman 70.3 Panamá 2026 convocó a 1.500 triatletas, de los cuales 1.164 viajaron desde otros países.

El perfil de consumo turístico del evento se sostiene en la permanencia prolongada de los atletas. En promedio, cada participante pasó entre cuatro y cinco noches en Panamá, un período que supera la estadía habitual de otros eventos deportivos de un solo día.

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Atletas de diversas partes del mundo durante la pasada edición del evento deportivo. (Ironman)

La edición 2026 también mostró un cambio en la composición de los participantes por género. La categoría femenina es la que más creció dentro de la prueba en los últimos años, de acuerdo con la organización.

Ese avance, indicaron, se suma a los datos de participación internacional y de impacto económico que la organización destacó tras el cierre de la edición 2026 del evento.

En ese momento, los hombres representaron entre el 65% y el 70% de los atletas inscritos en la actividad deportiva, mientras que las mujeres superon el 30% de participación.

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