POLITICA
Un fiscal general desistió de un recurso y la causa donde se pidió la detención de Tapia y Toviggino también terminaría en el juzgado de Campana

Todos los caminos conducen a Campana. El fiscal ante la Cámara Federal de Tucumán, Rafael Vehils Ruiz, desistió del recurso que había planteado su colega Pedro Simón y de esa manera permitiría que la causa por lavado de dinero donde se pidió la detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino termine en el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que ya tiene varias de las causas contra los jerarcas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Llamativamente, el fiscal general citó como argumento el fallo reciente de la Cámara de Casación, que anuló la decisión de entregarle la causa de la mansión de Pilar a ese magistrado.
Simón, fiscal de Santiago del Estero, había apelado la decisión del juez federal Sebastián Argibay de mandar el expediente a Campana. Apenas dos horas después, Argibay fue apartado del expediente porque su hija, Pilar Argibay, le había vendido un terreno a Darío Toviggino, hermano de Pablo. La decisión, sin embargo, no invalidó las decisiones que ya había tomado.
En ese expediente, el fiscal de Santiago del Estero había acusado a los jerarcas de la AFA de liderar una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que comenzó en 2018. Según el dictamen, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.
Simón pidió la indagatoria y la detención de Tapia y Toviggino, pero además había imputado a un total hay 26 personas. En el listado aparecen dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su ex mujer, María Julia Del Castillo Orellana; su actual pareja, María Florencia Sartirana; el abogadoJuan Pablo Beacon (su exmano derecha); Carlos Bruno Seguel (un ladero de Beacon), y quienes aparecen en los papeles como los dueños de la mansión de Pilar: Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte.
El mismo día que regresó de de sus vacaciones, Argibay firmó una resolución de 39 carillas para desestimar la denuncia. La jugada se consumó en tiempo récord. “A las 11:23:55 comunicó que retomó sus funciones y formó incidente de recusación ante lo peticionado por esta Fiscalía. A las 12:58:02, ordena la desestimación del requerimiento de instrucción y la incompetencia a Campana”, describió Simón en su apelación.
Cuando todo indicaba que la Cámara de Tucumán podía revocar ese fallo, el fiscal general no sostuvo el recurso y dejó la situación en un limbo jurídico. Vehils Ruiz argumentó que el juzgado de Campana “ya se encuentra interviniendo de manera activa y ejerciendo el control jurisdiccional en investigaciones previas que guardan una íntima conexidad objetiva y subjetiva con el entramado analizado”.
Lo más llamativo fue que citó el reciente fallo de la Cámara de Casación que invalidó la decisión de la Cámara de San Martín de poner al juez de Campana a cargo de la causa de la mansión de Pilar, que luego terminó anexando otros expedientes. Ahora la decisión final quedó en manos de la Cámara en lo Penal Económico.
La causa de Santiago del Estero está plagada de pruebas contra Tapia y Toviggino y es la que más avanzó sobre la red de empresas alrededor del tesorero de la AFA. ¿Cuál era el rol del presidente de la AFA? El fiscal “Habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la AFA al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero”, justificó el fiscal Simón.
Los informes bancarios revelaron el nivel de facturación cruzada con la AFA. Uno de los bancos reveló que desde la entidad de Tapia y Toviggino se transfirieron $3.633.013.825,80 a las cuentas de Soma, Malte, Segón, Servicios Lindor, y Servicios Neurus en el Banco Coinag.
Otro informe destacó que la AFA le transfirió a la cuenta de Segon SRL del Banco de Santiago del Estero $1.328.266.369,20. En total, todas las transferencias suman $4.961.280.195 entre 2022 y 2025. Y la cuenta es provisoria porque todavía faltan algunos informes. Además del monto de los movimientos, lo que llamó la atención de los investigadores es que los fondos saltaban a otras cuentas en menos de 48 horas.
Para justificar semejantes transferencias, se emitieron decenas de facturas. Según el fiscal Simón, el jefe de esa organización y el que tomaba las decisiones era Toviggino.
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POLITICA
El PRO desplegó agenda propia en Washington con reuniones en la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del PRO porteño, Jorge Macri, y el diputado nacional Cristian Ritondo se reunieron hoy en Washington D.C. con funcionarios de la Casa Blanca, legisladores de Estados Unidos y referentes políticos para fortalecer los vínculos del partido y ampliar su agenda internacional.
El encuentro en la sede del gobierno de Donald Trump fue con Richard Walters, vicejefe de Gabinete para Asuntos Legislativos y Políticos. Macri y Ritondo analizaron el escenario estadounidense, los cambios en América Latina y el nuevo mapa político surgido de las últimas elecciones regionales.
“Junto a Cristian Ritondo conversamos con Richard Walters, Deputy Chief of Staff de la Casa Blanca para Asuntos Legislativos y Políticos, sobre el escenario político de Estados Unidos, los cambios que atraviesa nuestra región y las transformaciones que está llevando adelante el presidente Javier Milei”, sostuvo Macri.

“La Argentina tiene hoy una oportunidad histórica de consolidar un camino de estabilidad, reformas, seguridad, menos impuestos y más libertad para quienes trabajan, producen e invierten. El desafío es sostenerlo, dar certidumbre y previsibilidad, y dejar en claro que no vamos a volver al pasado. Desde el PRO apoyamos con convicción este nuevo rumbo, y fortalecer nuestra relación con los Estados Unidos es una parte fundamental de ese camino”, agregó.

La comitiva incluyó al jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny, y al secretario General y de Relaciones Internacionales porteño y del PRO, Fulvio Pompeo. También mantuvo reuniones con el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, el representante republicano por Ohio, Michael Rulli, copresidente del Congressional Argentina Caucus, y la representante republicana por Florida, María Elvira Salazar.
Las conversaciones con los legisladores abordaron la relación entre Estados Unidos y Argentina, la situación política regional y la ampliación de los canales de diálogo entre dirigentes de ambos países.

La delegación participó también de una conferencia en el Atlantic Council, donde presentó la experiencia de Buenos Aires y el papel de la ciudad en la transformación de Argentina. Ante dirigentes políticos, empresarios y académicos, Macri afirmó que la Ciudad de Buenos Aires puede ser una “puerta de entrada” para compañías estadounidenses interesadas en el país por su concentración de talento, universidades, servicios, tecnología, finanzas, cultura y entretenimiento.
“El interés que genera hoy la Argentina en ámbitos como el Atlantic Council confirma algo que para nosotros es central: el cambio de rumbo del país ya no se percibe como algo coyuntural, sino como un proceso sostenido en el tiempo. Vinimos a contar en primera persona lo que estamos viviendo: el orden de las cuentas públicas, la apertura al mundo y la previsibilidad que le estamos dando a quien quiera venir a invertir en la Argentina”, planteó el diputado Cristian Ritondo.
Jorge Macri,Cristian Ritondo,Estados Unidos,reunión oficial
POLITICA
“Manual de logros”, “Memoria de la década perdida” y “Periodismo en la era Milei”: así son los tres manuales que el Gobierno entregó a los legisladores libertarios

El Gobierno repartió tres cuadernillos para que la militancia libertaria defienda la gestión de Javier Milei y responda a sus críticos. Los materiales llegaron a diputados y senadores y, según contó el periodista Ramón Indart en Infobae A las Nueve, también serían utilizados en escuelas de formación política vinculadas al oficialismo. Incluyen argumentos sobre la administración nacional, cuestionamientos al kirchnerismo y referencias al periodismo.
Los ejemplares se titulan Manual de logros, Memoria de la década perdida y Periodismo y república en la era Milei. Santiago Oría es el responsable de su elaboración.
El Manual de Logros está dirigido de manera directa a quienes respaldan al Presidente. Allí se plantea una guía para sostener discusiones políticas, con argumentos sobre cuestiones macroeconómicas y distintas políticas públicas.
El texto propone que, frente a cada medida que considera positiva, sus lectores tengan “un argumento central, sólido y directo”, junto con datos para respaldarlo.
Además, el cuadernillo reúne preguntas, objeciones y posibles respuestas para debatir con quienes cuestionen las decisiones oficiales. En varios tramos utiliza el apartado “el relato falso y la realidad” y sostiene que “la Argentina cambió”, con explicaciones sobre las razones de esa transformación.
El documento define sus contenidos como “logros estructurales, consolidados y verificables”. Por eso, deja afuera indicadores financieros de alta frecuencia, que pueden variar en poco tiempo.
Entre los casos que menciona aparece el protocolo antipiquetes. Indart explicó que el manual le adjudica al Gobierno nacional el fin de los cortes de calles y contrapone esa posición con quienes atribuyen ese resultado a la Ciudad de Buenos Aires.

Según planteó el conductor, el material no apunta solamente contra el peronismo. También busca responder a sectores de Juntos por el Cambio que podrían acercarse al oficialismo o disputar el crédito por algunas de las políticas que hoy reivindica el mileísmo.
El segundo volumen: contra el kirchnerismo
Memoria de la década perdida reúne una revisión crítica de los gobiernos kirchneristas desde 2003 hasta la actualidad. Incluye imágenes de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, además de ilustraciones y textos.
El periodista sostuvo que el cuadernillo cuestiona las políticas de educación, salud y seguridad de esas administraciones, aunque no incorpora datos favorables sobre los gobiernos peronistas. También leyó un fragmento dedicado a la libertad de expresión.
“El kirchnerismo hizo todo lo posible” para convertir las restricciones a esa libertad en uno de sus ejes de comunicación, afirma el texto. Entre los ejemplos figura la creación, en 2009, de 6,7,8, el ciclo de la TV Pública al que el manual le atribuye la intención de desacreditar a periodistas, intelectuales y dirigentes opositores.

El cuestionamiento a las prácticas del periodismo y los vínculos con el poder
El último material, Periodismo y república en la era Milei, reúne críticas a prácticas periodísticas, operaciones de inteligencia, pauta oficial y relaciones entre medios y poder político. También incluye referencias a la ley de medios, el caso Papel Prensa, el espionaje estatal durante los gobiernos kirchneristas y la cobertura de 6,7,8.
Entre sus apartados aparece “cuando la inteligencia se disfraza de periodismo”, junto con menciones a medios subsidiados, pauta oficial y el uso de datos públicos.
El cuadernillo también fija límites para el ejercicio de la libertad de prensa. “Un periodista no tiene derecho a operar fuera del derecho” ni a “reclamar privilegios que no te corresponden”, leyó Indart.
Además, el material menciona el espionaje ilegal, la fabricación de hechos, la difamación sin pruebas y la invasión de la intimidad.
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Caso Andis. Una auditoria detectó un desfasaje de $158.000 millones por deuda no registrada en el área de Discapacidad

El Gobierno detectó un desfasaje de 158 mil millones de pesos en los números internos de la exAgencia Nacional de Discapacidad (Andis). La cifra surgió en la auditoría que se realizó con la intervención del organismo, apenas estalló el caso. Ese monto corresponde a deudas que no pasaron por las áreas de control establecidas y por eso hoy están bajo la mira de la Justicia.
La auditoría a la que accedió analiza qué ocurrió en la exAndis durante la gestión libertaria hasta el 21 de agosto de 2025, cuando el Gobierno desplazó al director de la agencia Diego Spagnuolo, entre otros funcionarios. Ese trabajo relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas. Sobre el desfasaje, señaló: “Se constató una diferencia de $158.717.131.557,63, entre los listados de la Deuda Exigible”.
Esa observación fue el resultado de dos consultas realizadas dentro de la exAndis que tuvieron resultado dispar. Los auditores solicitaron pagos y deudas a dos direcciones claves: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). Dentro del desfasaje de los $158.000 millones, la DNASS es la que informó una deuda mayor.
Esta dirección, a su vez, concentra sospechas del fiscal Franco Picardi en la causa que investiga un presunto fraude millonario con coimas de hasta el 20%. Para el fiscal, los procesos de compra de la DNASS tuvieron supuestos “sobreprecios sistemáticos, ausencia de procedimientos administrativos adecuados y prácticas que comprometen la transparencia, eficiencia y legalidad de la gestión pública”.
La auditoría, además, marcó la existencia de posibles imprecisiones en los números que le entregó la DNASS. Desde ese área advirtieron que tanto “los importes como la clasificación de los mismos puede haber sufrido variaciones por errores involuntarios de carga de los prestadores”.
Una fuente al tanto del funcionamiento de la exAndis, consultada por sobre el desfasaje detectado, comentó que no es algo inusual, aunque le pareció “significativo” el monto. Explicó que “la DNASS asume y se compromete a pagar, pero después no tiene ese presupuesto y todavía esa deuda, para que sea reconocida por la DPYC tiene que pasar por todo un sistema administrativo que a veces no se completa”. La compra de medicamentos de alto costo, contempladas dentro de PACBI, “muchas veces genera estas cuestiones que autorizas el pago y después presentan todos los papeles”, según su experiencia.
La auditoría no incluye el discriminado de cómo se compone esa “deuda no registrada”. Consultadas por este medio, fuentes oficiales afirmaron que “el Ministerio de Salud puso a disposición de la Justicia toda la información requerida y continuará colaborando con la investigación”.
Precisamente, la causa judicial identificó compras PACBI para justificar la acusación sobre los imputados. Por ejemplo el caso del medicamento Macitentan, que en compulsas abiertas costó $411.764, pero llegó a adjudicarse en casi $8,3 millones en compulsas reducidas (tenían menos oferentes) en el mismo mes de noviembre de 2024.
Fuentes cercanas a Spagnuolo (exdirector de Andis) dijeron que él “no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no cargaba datos, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra ni tenía acceso operativo a SiiPFIS”. también intentó contactarse con quien era el director de la DNASS, Daniel Garbellini, pero no obtuvo respuesta. Ante la Justicia había presentado por escrito: “No hubo desvío de fondos” y negó haber participado en un “esquema de sobreprecios”.
La auditoría también alertó sobre la metodología de pago. “Se constató que hasta la fecha de corte, el Organismo sigue utilizando la figura de Legítimo Abono para efectuar un pago por un bien o servicio que ya ha sido entregado o cumplido, incumpliendo la regla general dispuesta por el artículo 24 del Decreto N° 1023/2001″, observó.
Esa regla general a la que alude sobre contrataciones del Estado recomienda realizar licitaciones públicas o concursos públicos. La auditoría analizó los servicios cancelados mediante Legítimo Abono y relevó que “solo se han iniciado seis procedimientos de compras”.
La figura de Legítimo Abono refiere a “la aprobación de gastos que no fueron gestionados a través de los procedimientos” formales, de acuerdo con un dictamen de la Oficina Nacional de Contrataciones. Ese documento agrega que “frente a la efectiva prestación del servicio y/o entrega de los bienes por parte de la persona interesada, se ha dicho que resulta equitativo que se propenda a su retribución”, pero reconoce que no es la mejor práctica. Advierte que no respetar los procedimientos “no sólo afectará la transparencia en el manejo de fondos públicos, sino que además, al no propiciar la concurrencia y competencia de todos los posibles interesados en presentar ofertas, en pie de igualdad, la Administración se verá imposibilitada de verificar si la opción que elija es la más conveniente, en términos de precio, calidad, idoneidad del proveedor”.
Si bien la auditoría no identificó qué pagos se realizaron bajo Legítimo Abono, sí detalló cuánto dinero recibió cada prestador por la compra de medicamentos e insumos. La cifra ascendió a $479.504 millones entre 2024 y 2025 hasta el 21 de agosto. El proveedor que más fondos recibió fue Suizo Argentina, con $108.258 millones concentrados por medicamentos PACBI. Fuentes cercanas a la empresa señalaron: “Suizo es una empresa centenaria que realiza sus múltiples actividades comerciales de forma lícita y de acuerdo a altos estándares. No tiene nada que ver con los hechos investigados en la causa”.
Por ahora la investigación se orientó hacía otras droguerías y proveedoras de insumos ortopédicos, y en presuntos agentes paraestatales que estaban al tanto de las contrataciones de la exAndis y supuestamente canalizaban coimas de hasta el 20%.
En paralelo, en la causa comenzaron las pericias sobre los audios atribuidos a Spagnuolo que hicieron nacer el caso, en los que se habla de irregularidades en la agencia y se menciona a Karina Milei. Esas grabaciones son cuestionadas por algunas defensas que buscan la nulidad de la causa.
Ignacio Grimaldi,Federico González del Solar,Conforme a
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