POLITICA
Diputados: el Gobierno pone a prueba a sus aliados con el recorte de los subsidios al gas
El Gobierno llegará este miércoles al recinto de Diputados sin garantías de aprobar la reforma del régimen de subsidios al gas. El proyecto titulado “medidas energéticas” que el Poder Ejecutivo envió al Congreso propone recortar el esquema de “zonas frías”, pero todavía no reúne una mayoría clara en la Cámara y su aprobación podría depender de que el oficialismo logre sostener el quorum hasta el final de la sesión.
La iniciativa se debatirá en la sesión convocada para este miércoles, a las 10. Será el último punto de un extenso temario que también incluye el proyecto “Hojarasca” -orientado a derogar leyes que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de la libertad-, además de tratados de extradición y convenios internacionales de cooperación penal.
El texto, que obtuvo dictamen la semana pasada en un plenario de las comisiones de Energía y Presupuesto, propone reemplazar el criterio actual de subsidios, basado principalmente en la ubicación geográfica, por un esquema focalizado según el nivel de ingresos de los hogares. En los hechos, busca desarmar la ampliación impulsada en 2021 por el diputado Máximo Kirchner, que extendió el beneficio a nuevas regiones del centro y norte del país.
Con ese cambio, cerca de 3,5 millones de hogares dejarían de acceder automáticamente al subsidio y tendrían que acreditar vulnerabilidad económica para conservarlo. El distrito más afectado sería la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kiciloff. “1,3 millones de bonaerenses perderán el subsidio”, advirtió la diputada de Unión por la Patria Jimena López.
La diputada libertaria Silvana Giudici defendió el nuevo esquema y sostuvo que el 60% de esos hogares podría ingresar al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El beneficio alcanzaría a familias con ingresos inferiores a tres canastas básicas -unos $4,3 millones, según los últimos datos del Indec-, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), personas con Certificado Único de Discapacidad y veteranos de Malvinas.
Sin embargo, la reforma ya genera resistencia entre gobernadores que hasta ahora habían acompañado al oficialismo en el Congreso. Uno de los primeros en cuestionarla fue el salteño Gustavo Sáenz. “No podemos aceptar que hoy el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento”, sostuvo en X.
En Córdoba también rechazan la propuesta. Martín Llaryora pidió a sus legisladores votar en contra y argumentó que el cambio “pone en riesgo a unos 688 mil hogares y a más de 2,2 millones de vecinos”, es decir, a más de la mitad de la población provincial. Según planteó, el nuevo esquema podría implicar aumentos de entre 42% y 100% en las tarifas de gas durante el invierno.
Los diputados vinculados al gobernador santafecino Maximiliano Pullaro todavía no definieron una postura, aunque en Santa Fe el impacto sería menor que en otras provincias.
La iniciativa elimina el subsidio automático del 30% en la denominada “zona ampliada”. En esas regiones -que abarcan amplias zonas del interior bonaerense, como La Plata, Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca; el sur de Santa Fe; el centro y sur de Córdoba; casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan- los usuarios de ingresos medios y altos dejarían de recibir el beneficio.
En cambio, el proyecto mantiene el subsidio pleno, sin filtro de ingresos, para las zonas consideradas de “efectiva severidad climática”: la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna.
Aun así, incluso en esas regiones el beneficio se reduciría. El subsidio cubriría únicamente el precio del gas en origen y dejaría afuera los costos de transporte y distribución. En la práctica, eso disminuiría el monto subsidiado y explica parte del malestar entre los legisladores patagónicos.
Según un relevamiento informal realizado por , el oficialismo cuenta con el respaldo de Pro, la UCR, los diputados alineados con los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, los sanjuaninos cercanos a Marcelo Orrego, los misioneros de Hugo Passalacqua y los dos legisladores del MID. Un sondeo informal elaborado por este medio ronda los 126 votos positivos para el oficialismo.
Entre los datos que llaman la atención aparece el cambio de postura de algunos gobernadores y dirigentes hoy aliados de Milei. Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego habían votado a favor de la ampliación de zonas frías en 2021 cuando eran diputados. Ahora, como gobernadores cercanos al oficialismo, enviarán a sus legisladores a respaldar el recorte. Algo similar ocurre con Luis Petri, que acompañó aquella ampliación cuando integraba Juntos por el Cambio como diputado y hoy apoya la marcha atrás.
El principal desafío del oficialismo será sostener el quorum hasta el final de la sesión. Con 126 votos afirmativos, los libertarios podrían alcanzar la media sanción si la oposición se divide entre ausencias, abstenciones y rechazos. Pero incluso si logran avanzar en Diputados, el escenario en el Senado aparece más complejo, sobre todo por el peso político de las provincias afectadas.
La continuidad de la sesión también tiene otra implicancia política para el Gobierno: evitar que prospere la ofensiva opositora para interpelar a Manuel Adorni por su crecimiento patrimonial y citar a Luis Caputo y Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La oposición convocó a una segunda sesión para este miércoles a las 11 con esos temas y otros vinculados a la agenda social, como el sobreendeudamiento familiar, las licencias de cuidado y la situación del PAMI y del programa Remediar.
El proyecto también modifica el circuito de pagos del sistema de gas. El Estado pasará a compensar directamente a productores y proveedores de gas, en lugar de hacerlo a través de las distribuidoras. El objetivo, según el oficialismo, es evitar atrasos y deudas en la cadena de pagos, un problema recurrente del esquema actual.
El régimen de zona fría seguirá financiándose mediante el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, sostenido con un recargo del 7,5% en las facturas de todos los usuarios del país. Sin embargo, el proyecto habilita al Poder Ejecutivo a modificar ese porcentaje, hacia arriba o hacia abajo, en hasta un 50%.
La iniciativa incluye además un capítulo de regularización para el mercado eléctrico mayorista. Propone un mecanismo excepcional para que las distribuidoras con deudas con Cammesa -provinciales, municipales y, también, para Edenor y Edesur- puedan cancelarlas mediante compensaciones asociadas a créditos acumulados durante los períodos de congelamiento tarifario.
En paralelo, incorpora nuevas pautas de transparencia en las facturas. Los costos de la energía deberán trasladarse de manera directa a las tarifas y se busca limitar la incorporación de tributos locales ajenos al servicio.
Como contrapartida a los recortes, el proyecto extiende hasta 2045 los beneficios fiscales para energías renovables y propone eliminar regímenes de promoción y acceso a divisas para el sector hidrocarburífero, con el argumento de reducir gastos tributarios.
En concreto, la iniciativa prorroga la ley 27.191 de energías renovables y elimina el decreto 929/2013, que creó un régimen especial para Vaca Muerta y permitió a las petroleras exportar libremente el 20% de su producción una vez superado un umbral de inversión de US$250 millones.
De aprobarse, el nuevo esquema de zonas frías tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.
“medidas energéticas”,pic.twitter.com/atZcBAqUwL,May 11, 2026,#Córdoba,pic.twitter.com/THsz220Ihu,May 19, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,,Paoltroni vs. Villarruel. Escándalo en el Senado por el pedido de intervención federal a Formosa,,Rectificación. El hermano de Adorni corrigió su declaración jurada: agregó una herencia y aumentó su nivel de deuda,,En el Malba. El anfitrión de Milei es investigado en la causa del dólar blue,Cámara de Diputados,,“Restablecer el imperio de la ley”. Presentaron un proyecto de ley para castigar con hasta ocho años de prisión el vandalismo rural,,Un viaje insólito. El Tesla del diputado llegó de Miami en barco, visitó el Congreso sin patente y va a Jujuy en grúa,,Patentes, innovación y una señal necesaria
POLITICA
Bullrich y Villarruel buscaron bajar la tensión tras el cruce por la Ley de Tierras y organizar las próximas sesiones del Senado
La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvieron este martes una reunión privada en la Cámara Alta para reducir la tensión luego del fuerte cruce que se hizo público por la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno.
Según pudo saber TN, el encuentro se pactó en medio del receso invernal en el Congreso para acordar una suerte de tregua y ordenar las próximas sesiones que quiere impulsar el oficialismo para avanzar con sus reformas.
El puente de diálogo, que no estuvo exento de reproches, se produjo luego de la filtración de una dura discusión privada entre ambas a la prensa. El intercambio incluía marcadas diferencias alrededor del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y uno de sus ejes centrales: los cambios a la Ley de Tierras que habilitarían la compra de terrenos por parte de extranjeros.
En ese contexto, según pudo reconstruir este medio, Villarruel le recriminó a Bullrich haber hecho públicos sus chats de WhatsApp. “Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas. Esos son métodos usuales de la casta”, había cuestionado la vice en sus redes la semana pasada.
Por su parte, Bullrich aclaró en el encuentro que ella no filtró su conversación a la prensa, sino que lo había compartido en el grupo de senadores de La Libertad Avanza para ponerlos al tanto de cuál era la postura de la titular del Senado en caso de que tuviera que desempatar la votación.
A su vez, para dejar atrás el episodio y comenzar a trabajar hacia delante, la exministra de Seguridad le transmitió a Villarruel cuáles son los nuevos proyectos que busca llevar el Gobierno al Senado. En ese sentido, fuentes al tanto del encuentro señalaron que la reunión buscó desescalar tensiones y evitar un conflicto abierto.
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Aún así, en la Cámara Alta coinciden en que la relación entre Villarruel y Bullrich nunca será amistosa. Para validar esa premisa, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado había lanzado la semana pasada un duro mensaje dirigido a la vice: “Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y no está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado”.
Patricia Bullrich, Victoria Villarruel, ley de tierras
POLITICA
El Gobierno de Santa Cruz afirma que el reclamo salarial de la policía perdió adhesión, pero siguen las protestas
El conflicto salarial de la Policía de Santa Cruz continúa pese al decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal, que fijó un piso de $1.700.000 para los agentes ingresantes. Los efectivos mantienen el reclamo y exigen que el salario inicial alcance los $2.200.000.
En el Ejecutivo provincial sostienen que la mayor parte de los policías ya volvieron a sus tareas y que las protestas perdieron el nivel de adhesión que tuvieron durante los primeros días del reclamo. Además, consideran que las manifestaciones que aún continúan responden más a intereses políticos que al conjunto de la fuerza.
Con el correr de los días, el conflicto comenzó a mostrar realidades diferentes según la región. En el norte de Santa Cruz, efectivos de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras levantaron las medidas de fuerza tras recibir el compromiso oficial de revisar la cuestión salarial en los próximos meses y de no sancionar a quienes participaron de las protestas.
La situación es distinta en el sur provincial. En Río Gallegos, El Calafate y otras localidades continúan los acampes y las manifestaciones, donde los policías insisten en que el Gobierno reabra la negociación paritaria y revise la recomposición salarial.
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En paralelo, el bloque oficialista Por Santa Cruz vinculó la posibilidad de seguir mejorando los salarios estatales con la situación financiera de la provincia. En un comunicado, los legisladores señalaron que las deudas que varios municipios mantienen con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales reducen el margen de recursos disponible y advirtieron que regularizar esos compromisos es fundamental para garantizar la sustentabilidad de ambos organismos.
Pese a la baja en la intensidad de las protestas, el conflicto sigue sin resolverse. Los sectores que mantienen las medidas de fuerza reclaman una nueva instancia de diálogo y cuestionan que el aumento salarial haya sido definido de manera unilateral por el Ejecutivo. El Gobierno, en cambio, considera cerrada la discusión luego de ratificar la recomposición mediante el Decreto n.º 660.
“Se dio un aumento por decreto. Eso está desarmando la resistencia de la medida y las protestas. Siguen, pero de a poco se va retomando el trabajo en las comisarías. Sigue habiendo autoconvocados y medidas, pero en muchas localidades se normalizó”, indicaron fuentes provinciales a TN. “El foco de máxima tensión es Río Gallegos”, remarcaron.
“Digamos que estamos mejor, pero falta todavía para que termine el conflicto”, enfatizó otro dirigente santacruceño. “La verdad es que la provincia sigue complicada”, afirmaron.
Santa Cruz, Policía, Gobierno
POLITICA
Con eje en Seguridad, el PRO relanza su proyecto de reforma del Código Penal: cuáles son los principales cambios que impulsan
Un vez terminado el Mundial, la política vuelve a su programación habitual y en el caso del PRO, la misión es reactivar la agenda legislativa para la segunda mitad del año. Uno de los principales proyectos pendientes es la reforma del Código Penal, inciativa que el partido fundado por Mauricio Macri impulsa desde hace tiempo.
Este martes, el jefe de bloque de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, puso el foco en la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, donde pidió penas más graves para los asesinatos de polícias. “El que mata a un policía tiene que tener cadena perpetua”, aseguró en su cuenta de X.
“Entendemos que este es uno de los temas pendientes que quedaron del Consejo de Mayo. Si bien la seguridad no formó parte del Pacto de Mayo, la reforma del Código Penal era una discusión que debía retomarse una vez aprobado el grueso de los acuerdos”, indicaron desde el bloque del PRO a TN.
“Desde el PRO estamos recogiendo esa agenda e impulsándola con fuerza. La Justicia necesita más y mejores herramientas para combatir el delito, condenar a quienes corresponda y garantizar que los delincuentes cumplan penas efectivas”, remarcaron.
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Entre los principales cambios que introduce el proyecto, se incorporan figuras específicas contra los motochorros, “que es el delito que más impacta en los barrios”. Además se elevan las penas de cumplimiento efectivo: “Hoy, si la pena es baja, el delincuente entra y sale; con este Código, el 82% de los delitos tendrán prisión efectiva”.
También se avanza contra los bloqueos sindicales a empresas. “En un país normal bloquear una fábrica no es un derecho gremial, es un delito penal”, sostienen en el bloque que lidera Ritondo. “El que quiere trabajar tiene que poder entrar a trabajar”, destacan.
El proyecto venía de la mano del proyecto de Martín Yeza de inviolabilidad de la propiedad privada que es basicamente el que tomó el Gobierno. Allí se introduce el concepoto de los “desalojos express”.
“Agilizamos los tiempos de la justicia para que, ante una usurpación o intrusión, la restitución del inmueble sea inmediata”, explicaron. “El que toma una propiedad tiene que saber que va a ser desalojado ya”, subrayaron.
“Son puntos clave que van a fortalecer el orden y nos van a permitir cuidar mucho mejor a los argentinos y a sus bienes, que es para lo que nos votaron”, finalizaron en el PRO.
La agenda que impulsa el PRO en el Congreso
En paralelo a las negociaciones por otros proyectos, el PRO busca instalar una agenda propia en el Congreso con iniciativas vinculadas a seguridad, justicia, producción y modernización del Estado. En la Cámara de Diputados, el bloque impulsa una reforma del financiamiento de los partidos políticos, proyectos para promover el uso productivo de las tierras ociosas ubicadas sobre las rutas nacionales y un endurecimiento de las penas por vandalismo rural.
Los diputados macristas también promueven iniciativas para fortalecer las herramientas de prevención y persecución del grooming, instalar inhibidores de señal de telefonía celular e internet en las cárceles y avanzar con un programa de prevención del suicidio adolescente.
En el Senado, en tanto, el PRO pretende que se avance con una agenda que incluye la actualización de la Ley de Salud Mental, proyectos para reforzar la protección de la propiedad privada, el agravamiento de las penas por falsas denuncias y el tratamiento del régimen de Zona Fría, que establece beneficios tarifarios para usuarios de gas en regiones de bajas temperaturas.
A esa agenda legislativa, el partido que conduce Mauricio Macri suma otros ejes que considera prioritarios para el segundo semestre: una nueva reforma electoral, medidas para profundizar la desregulación del Estado, el tratamiento de acuerdos judiciales pendientes y el fortalecimiento de la legislación destinada a combatir la criminalidad ambiental.
PRO, Reforma del Código Penal, Congreso
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