El Gobierno llegará este miércoles al recinto de Diputados sin garantías de aprobar la reforma del régimen de subsidios al gas. El proyecto titulado “medidas energéticas” que el Poder Ejecutivo envió al Congreso propone recortar el esquema de “zonas frías”, pero todavía no reúne una mayoría clara en la Cámara y su aprobación podría depender de que el oficialismo logre sostener el quorum hasta el final de la sesión.

La iniciativa se debatirá en la sesión convocada para este miércoles, a las 10. Será el último punto de un extenso temario que también incluye el proyecto “Hojarasca” -orientado a derogar leyes que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de la libertad-, además de tratados de extradición y convenios internacionales de cooperación penal.

El texto, que obtuvo dictamen la semana pasada en un plenario de las comisiones de Energía y Presupuesto, propone reemplazar el criterio actual de subsidios, basado principalmente en la ubicación geográfica, por un esquema focalizado según el nivel de ingresos de los hogares. En los hechos, busca desarmar la ampliación impulsada en 2021 por el diputado Máximo Kirchner, que extendió el beneficio a nuevas regiones del centro y norte del país.

Con ese cambio, cerca de 3,5 millones de hogares dejarían de acceder automáticamente al subsidio y tendrían que acreditar vulnerabilidad económica para conservarlo. El distrito más afectado sería la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kiciloff. “1,3 millones de bonaerenses perderán el subsidio”, advirtió la diputada de Unión por la Patria Jimena López.

La diputada libertaria Silvana Giudici defendió el nuevo esquema y sostuvo que el 60% de esos hogares podría ingresar al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El beneficio alcanzaría a familias con ingresos inferiores a tres canastas básicas -unos $4,3 millones, según los últimos datos del Indec-, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), personas con Certificado Único de Discapacidad y veteranos de Malvinas.

Sin embargo, la reforma ya genera resistencia entre gobernadores que hasta ahora habían acompañado al oficialismo en el Congreso. Uno de los primeros en cuestionarla fue el salteño Gustavo Sáenz. “No podemos aceptar que hoy el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento”, sostuvo en X.

En Córdoba también rechazan la propuesta. Martín Llaryora pidió a sus legisladores votar en contra y argumentó que el cambio “pone en riesgo a unos 688 mil hogares y a más de 2,2 millones de vecinos”, es decir, a más de la mitad de la población provincial. Según planteó, el nuevo esquema podría implicar aumentos de entre 42% y 100% en las tarifas de gas durante el invierno.

Los diputados vinculados al gobernador santafecino Maximiliano Pullaro todavía no definieron una postura, aunque en Santa Fe el impacto sería menor que en otras provincias.

La iniciativa elimina el subsidio automático del 30% en la denominada “zona ampliada”. En esas regiones -que abarcan amplias zonas del interior bonaerense, como La Plata, Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca; el sur de Santa Fe; el centro y sur de Córdoba; casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan- los usuarios de ingresos medios y altos dejarían de recibir el beneficio.

En cambio, el proyecto mantiene el subsidio pleno, sin filtro de ingresos, para las zonas consideradas de “efectiva severidad climática”: la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna.

Aun así, incluso en esas regiones el beneficio se reduciría. El subsidio cubriría únicamente el precio del gas en origen y dejaría afuera los costos de transporte y distribución. En la práctica, eso disminuiría el monto subsidiado y explica parte del malestar entre los legisladores patagónicos.

Según un relevamiento informal realizado por , el oficialismo cuenta con el respaldo de Pro, la UCR, los diputados alineados con los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, los sanjuaninos cercanos a Marcelo Orrego, los misioneros de Hugo Passalacqua y los dos legisladores del MID. Un sondeo informal elaborado por este medio ronda los 126 votos positivos para el oficialismo.

Entre los datos que llaman la atención aparece el cambio de postura de algunos gobernadores y dirigentes hoy aliados de Milei. Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego habían votado a favor de la ampliación de zonas frías en 2021 cuando eran diputados. Ahora, como gobernadores cercanos al oficialismo, enviarán a sus legisladores a respaldar el recorte. Algo similar ocurre con Luis Petri, que acompañó aquella ampliación cuando integraba Juntos por el Cambio como diputado y hoy apoya la marcha atrás.

El principal desafío del oficialismo será sostener el quorum hasta el final de la sesión. Con 126 votos afirmativos, los libertarios podrían alcanzar la media sanción si la oposición se divide entre ausencias, abstenciones y rechazos. Pero incluso si logran avanzar en Diputados, el escenario en el Senado aparece más complejo, sobre todo por el peso político de las provincias afectadas.

La continuidad de la sesión también tiene otra implicancia política para el Gobierno: evitar que prospere la ofensiva opositora para interpelar a Manuel Adorni por su crecimiento patrimonial y citar a Luis Caputo y Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. La oposición convocó a una segunda sesión para este miércoles a las 11 con esos temas y otros vinculados a la agenda social, como el sobreendeudamiento familiar, las licencias de cuidado y la situación del PAMI y del programa Remediar.

El proyecto también modifica el circuito de pagos del sistema de gas. El Estado pasará a compensar directamente a productores y proveedores de gas, en lugar de hacerlo a través de las distribuidoras. El objetivo, según el oficialismo, es evitar atrasos y deudas en la cadena de pagos, un problema recurrente del esquema actual.

El régimen de zona fría seguirá financiándose mediante el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, sostenido con un recargo del 7,5% en las facturas de todos los usuarios del país. Sin embargo, el proyecto habilita al Poder Ejecutivo a modificar ese porcentaje, hacia arriba o hacia abajo, en hasta un 50%.

La iniciativa incluye además un capítulo de regularización para el mercado eléctrico mayorista. Propone un mecanismo excepcional para que las distribuidoras con deudas con Cammesa -provinciales, municipales y, también, para Edenor y Edesur- puedan cancelarlas mediante compensaciones asociadas a créditos acumulados durante los períodos de congelamiento tarifario.

En paralelo, incorpora nuevas pautas de transparencia en las facturas. Los costos de la energía deberán trasladarse de manera directa a las tarifas y se busca limitar la incorporación de tributos locales ajenos al servicio.

Como contrapartida a los recortes, el proyecto extiende hasta 2045 los beneficios fiscales para energías renovables y propone eliminar regímenes de promoción y acceso a divisas para el sector hidrocarburífero, con el argumento de reducir gastos tributarios.

En concreto, la iniciativa prorroga la ley 27.191 de energías renovables y elimina el decreto 929/2013, que creó un régimen especial para Vaca Muerta y permitió a las petroleras exportar libremente el 20% de su producción una vez superado un umbral de inversión de US$250 millones.

De aprobarse, el nuevo esquema de zonas frías tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.