Con proyectos presentados por el senador Fernando Salino y el diputado Eduardo Valdés, el peronismo en el Congreso busca introducir cambios a la Ley de Inocencia Fiscal. La discusión promete abrir un fuerte debate en las comisiones de ambas cámaras en agosto.

Desde el Senado, Fernando Salino, del bloque Justicia Social Federal e integrante del interbloque Justicialista que conduce José Mayans, adelantó que presentó dos iniciativas para limitar el alcance del régimen.

“Presenté dos proyectos de ley para impedir que las personas políticamente expuestas podamos entrar en la Inocencia Fiscal, o en cualquier tipo de blanqueo”, sostuvo Salino.

El senador por San Luis vinculó el impulso de estas propuestas con la situación del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien junto a su esposa, Bettina Angeletti, se adhirió al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, mientras enfrenta denuncias judiciales por presuntos hechos de corrupción.

El primero de los proyectos de Salino excluye a funcionarios y personas vinculadas a la actividad política del Régimen Simplificado de Ganancias y mantiene para ellos la obligación de presentar declaraciones juradas bajo el régimen general. La restricción también alcanza a cónyuges, convivientes y familiares directos, y se extendería hasta dos años después de haber dejado el cargo.

La segunda iniciativa propone impedir que funcionarios y exfuncionarios de los últimos diez años ingresen a cualquier régimen de blanqueo o exteriorización de activos. La medida abarca a los principales cargos de los tres poderes del Estado y de los organismos de control.

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Además, incluye a familiares directos de las personas alcanzadas y excluye a condenados por determinados delitos, contratistas del Estado y otros sujetos contemplados en la legislación vigente.

En paralelo, desde la Cámara de Diputados, el legislador de Unión por la Patria Eduardo Valdés también presentó una propuesta para reforzar los estándares de integridad pública y evitar que mecanismos excepcionales de regularización patrimonial beneficien a quienes ejercen funciones de alta responsabilidad institucional.

“Permitirlo contradice principios básicos de transparencia y abre la puerta a posibles maniobras de ocultamiento patrimonial. Quienes administran recursos del Estado deben estar sometidos a controles más estrictos y no beneficiarse con mecanismos de regularización que reducen las exigencias de rendición de cuentas”, argumentó Valdés.

Su iniciativa plantea excluir de estos beneficios a funcionarios de los tres poderes del Estado, personas políticamente expuestas y sus familiares directos. Según el diputado, la propuesta busca mantener la coherencia con las obligaciones establecidas por la Ley de Ética Pública y con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de prevención de la corrupción y lavado de activos.

La postura del Gobierno

Este martes, durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió los cambios impulsados por el Gobierno en la Ley de Inocencia Fiscal.

“Esto marca un antes y un después en la relación entre el Estado y el pagador de impuestos. Se trata de un hecho de justicia para todos los argentinos que fueron víctimas del sistema persecutorio que los trataba como delincuentes de manera preventiva y exigía que demuestren su inocencia”, afirmó.

El funcionario agregó: “Las personas no tienen por qué ser tratados como criminales por querer ahorrar el fruto de su trabajo. Frente a preocupaciones del área se van a incluir algunas modificaciones que van más allá en el sendero de la ley”.

Los cambios que impulsa el oficialismo

La iniciativa, elaborada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca fortalecer el régimen fiscal, ampliar su alcance y brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que quieran incorporar fondos al circuito formal de la economía.

Durante una conferencia de prensa, Caputo sostuvo que los argentinos mantienen alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del sistema formal.

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Entre las modificaciones previstas figura la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio para ampliar el universo de adherentes; cambios en el criterio de “discrepancia significativa”; nuevas instancias de rectificación antes de perder beneficios; límites al uso de presunciones por parte de ARCA; y reglas de bancarización para determinadas operaciones.

El objetivo técnico de la propuesta es reducir el temor de los contribuyentes a quedar expuestos a fiscalizaciones amplias sobre períodos anteriores por errores formales, diferencias de criterio o inconsistencias menores una vez que ingresen al régimen.

La reforma también contempla beneficios vinculados a sanciones y multas. Quienes adhieran y cumplan determinadas condiciones podrán acceder a condonaciones o mecanismos especiales de regularización.

A diferencia del esquema vigente, la nueva propuesta fija como plazo el 31 de diciembre de 2027 para exteriorizar fondos. Hasta esa fecha, se podrá declarar dinero no registrado sin costo por el pasado y sin que esa exteriorización pueda utilizarse como prueba en contra del contribuyente. De esta manera, el régimen dejaría de funcionar como un blanqueo permanente.

Proyecto de ley, Luis Caputo, PJ

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Chubut y Río Negro sellaron este miércoles un acuerdo que transforma una deuda de más de $27.000 millones en infraestructura eléctrica para la Comarca Andina. Los gobernadores Ignacio Torres y Alberto Weretilneck, firmaron en El Bolsón el convenio que financia la construcción de una línea subterránea de interconexión eléctrica de 26 kilómetros y promete dejar atrás décadas de cortes de luz en localidades como Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Las Golondrinas y El Bolsón. La obra arrancará en los próximos 15 días.

El litigio que ahora se cierra tuvo su origen en un pacto firmado en 1991 entre Chubut, Río Negro y Gas del Estado para la construcción del Gasoducto Cordillerano. Bajo ese acuerdo, Chubut se encargó de licitar la compra de las cañerías y Río Negro se comprometió a cubrir el 50% del costo. La provincia vecina no honró esa obligación, lo que forzó a Chubut a asumir el gasto total y a presentar una demanda judicial —“Provincia del Chubut c/Provincia de Río Negro s/proceso de conocimiento”, Expte. CAF N.º 40.792/18— que tramitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). El propio Weretilneck lo reconoció sin rodeos durante el acto: “El gobierno de nuestra provincia había incumplido aquel acuerdo con Chubut; luego el conflicto se judicializó y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta que finalmente decidimos resolverlo entre nosotros”.

El Convenio de Reconocimiento de Deuda, Compensación con Obra Estratégica y Plan de Pago establece que Río Negro abonará a Chubut un total de $27.463.744.434,59. De ese monto, $17.361.583.342,49 se destinarán directamente a la ejecución de la obra de interconexión eléctrica entre las estaciones transformadoras El Coihue y Golondrinas, mientras que los $10.102.161.092,10 restantes se cancelarán mediante un plan de pagos acordado entre ambas jurisdicciones.

La obra en sí consiste en una línea subterránea de doble terna de 33 kV que unirá las estaciones transformadoras El Coihue, en Chubut, y Golondrinas, en Río Negro, con un tendido de 26 kilómetros. El proyecto contempla también la ampliación de la Estación Transformadora Golondrinas mediante la incorporación de dos ingresos independientes desde El Coihue y la habilitación de una nueva salida exclusiva de 33 kV para abastecer a El Bolsón. A eso se agrega la construcción de la nueva Estación Transformadora Cerro Perito Moreno (33/13,2 kV – 10 MVA), que actuará como punto de abastecimiento adicional, facilitará la futura interconexión del Complejo Hidroeléctrico Loma Atravesada y dará respaldo a la demanda del norte rionegrino.

Uno de los cambios más concretos para los vecinos de la comarca será el reemplazo de la antigua línea aérea montada sobre postes de madera —vulnerable a temporales de viento, nevadas, caída de árboles e incendios forestales, como los de 2021— por ese tendido subterráneo. Las obras garantizarán el abastecimiento del ciento por ciento de la demanda sin necesidad de generación térmica, lo que elimina la dependencia de la Central Térmica de El Bolsón. Además, la incorporación de fibra óptica permitirá supervisar y operar el sistema de forma remota, con detección y reposición de fallas en menor tiempo.

Torres fue directo al describir el alcance del acuerdo: “Hasta hace algunos años se mencionaba a Lago Puelo como la ‘capital nacional del corte de luz’, pero nosotros empezamos con una obra muy importante como la Estación Transformadora El Coihue, la línea de 33 kV y la Estación Transformadora Golondrinas. Esta obra completa un esquema de infraestructura energética que le va a permitir a toda la Comarca dejar atrás un padecimiento de tantos años”.

El mandatario también resaltó que la ampliación de la Estación Transformadora Golondrinas independizará las salidas del sistema: Lago Puelo dejará de depender del vínculo con El Bolsón, que contará con una alimentación exclusiva desde El Coihue. De ese modo, una falla o una tarea de mantenimiento en un sector no afectará al resto de la red.

El acto en El Bolsón reunió a los intendentes de la comarca —Silvio Boudargham (Cholila), Oscar Currilén (El Maitén), César Salamín (El Hoyo), José Contreras (Epuyén), Matías Taccetta (Esquel), Iván Fernández (Lago Puelo), Bruno Pogliano (El Bolsón) y Miguel Cuminao (Ñorquincó)—, además de Walter Cortés (San Carlos de Bariloche), Carlos Almansán de la Comisión de Fomento El Manso, funcionarios provinciales, legisladores, concejales y representantes de organismos e instituciones de la región. Torres subrayó que esa presencia no es menor: “Los intendentes también fueron parte de esta iniciativa y lo cierto es que no es habitual que dos provincias lleven adelante obras de esta magnitud; por lo general, son proyectos que impulsa el Gobierno Nacional”.

Weretilneck, por su parte, encuadró el acuerdo en una perspectiva más amplia: “Más allá de los límites geográficos de ambas provincias, somos todos patagónicos y sabemos cuál es nuestra responsabilidad”. El gobernador rionegrino destacó que la interconexión eléctrica no es el único resultado del trabajo conjunto entre ambas provincias. La conexión entre el Gasoducto Cordillerano y el Gasoducto San Martín, impulsada de manera conjunta por Chubut, Río Negro y Neuquén, permitió el acceso al gas por primera vez a más de 12.000 familias de la región, con impacto directo en la hotelería, la gastronomía y la economía local.

La obra de interconexión será ejecutada por Río Negro una vez que Chubut complete las obras a su cargo, entre ellas la repotenciación de la Estación Transformadora El Coihue —que duplicó la capacidad eléctrica de la región— y la línea aérea compacta de media tensión de 33 kV entre El Coihue y Las Golondrinas, diseñada con estructuras reforzadas para resistir contingencias climáticas. El conjunto de obras estratégicas asociadas al convenio representa una inversión superior a los $30.000 millones, destinada a consolidar el abastecimiento eléctrico y gasífero del corredor cordillerano.

El plan integral también contempla la reactivación del Gasoducto Cordillerano y la puesta en funcionamiento de las plantas compresoras en Gobernador Costa, Alto Río Senguer y Holdich, fundamentales para garantizar presión y caudal suficientes en la red de gas, especialmente durante los meses de invierno.