La Justicia rechazó hoy que un exfuncionario del kirchnerismo que es arrepentido en el juicio de los Cuadernos de las coimas, Claudio Uberti, condenado a su vez en otra causa, cumpla la pena en su casa, tal como había solicitado su defensa. Seguirá alojado en el penal de Ezeiza.

“No hacer lugar a la solicitud de arresto domiciliario”, resolvió hoy la jueza Sabrina Namer, a cargo de la ejecución de la pena.

Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por su intervención en el caso de Antonini Wilson, el empresario venezolano que intentó ingresar al país casi 800.000 dólares en una valija. La Corte dejó firme esa condena en febrero y el exfuncionario quedó detenido y alojado en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, separado del resto de la población carcelaria.

Su defensa, en manos de Guillermo Armani, había pedido que se le concediera el arresto domiciliario. Argumentó que Uberti -que denunció haber recibido amenazas de muerte- corría riesgo dentro del Servicio Penitenciario Federal por su condición de imputado colaborador en la causa Cuadernos. Sostuvo que estaba sometido a un cuadro de “terror” e hipervigilancia por su situación procesal.

La jueza Namer rechazó el planteo. Dijo que la condición de “arrepentido” no implica, por sí sola, un riesgo físico que no pueda ser controlado por el SPF. Además, remarcó que Uberti ya declaró de manera presencial en la causa Cuadernos, sin problemas en el traslado ni durante su permanencia en Comodoro Py.

En su indagatoria de Cuadernos, Uberti leyó un breve descargo en el que ratificó su condición de imputado colaborador y manifestó su voluntad de declarar y responder preguntas. Sin embargo, dijo que, por el momento, no estaba en condiciones de hacerlo por el cuadro de temor y estrés que atravesaba. “Ser arrepentido no es ser traidor”, dijo sobre el final.

En su rechazo, la jueza Namer sostuvo también que Uberti está incorporado al Protocolo de Resguardo de Personas en Situación de Especial Vulnerabilidad y que el propio SPF informó que el lugar donde se encuentra alojado reúne condiciones adecuadas para preservar su integridad física.

Destacó, incluso, que la defensa había pedido antes que Uberti siguiera alojado en el Hospital Penitenciario Central por sus condiciones de resguardo.

En el despacho de Kirchner

En su declaración como arrepentido, Uberti brindó detalles sobre la mecánica de recaudación de fondos ilegales en el sector vial. Relató, por caso, que le entregaba personalmente el dinero recaudado a Néstor Kirchner en su despacho presidencial en la Casa Rosada.

“La primera vez que me acerqué al despacho presidencial, en diciembre de 2003, al rato salió De Vido puteando y me dijo: ‘el presidente no va a firmar los contratos ni en pedo, porque vos hiciste las cosas demasiado bien y no arreglaste la guita con la gente, no los va a firmar ni en pedo y te va a hacer cagar. Tenés que llamar a los empresarios y decirles que pongan, te van a llorar, pero vos deciles que pongan porque, si no, el presidente no va a firmar; si no, renunciá…viste cómo es ‘el Malo’”, dijo en su declaración.

“El día que murió Néstor Kirchner en el departamento de Juncal había 60 millones de dólares”, mencionó también Uberti. “No lo vi -agregó respecto al dinero- pero lo sé por comentarios”.

Hacía referencia a comentarios que había recibido por parte de un secretario privado del exministro Julio de Vido, una pieza central en el rompecabezas ensamblado por la acusación fiscal.

El juez federal de Rosario Gastón Salmain se defendió ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, donde lo investigan por haber mentido en su currículum y haber ocultado que había sido echado en 2002 del Poder Judicial. Además, está acusado por la causa penal en la que quedó procesado porque habría pedido coimas a cambio de un fallo para acceder al dólar oficial en la gestión de Alberto Fernández.

Con una valija con documentación, Salmain se presentó en la sede del Consejo, junto a sus abogados, José Manuel Ubeira, que también representa a Cristina Kirchner en la causa por su atentado; y Yamil Castro Bianchi, quien es defensor de Miguel Migueles, el exnovio de Wanda Nara.

La declaración fue escuchada por el presidente de la Comisión de Acusación, Alberto Maques, el senador Luis Juez, el diputado Gonzalo Roca y el abogado César Grau.

Sobre haber mentido en su currículum para convertirse en juez, Salmain afirmó que “jamás” ocultó que había trabajado en el Poder Judicial, pero dijo que nadie le preguntó si lo habían echado.

El senador Juez le preguntó cómo creía que la comisión de Acuerdos de la Cámara Alta hubiera valorado que lo hubieran echado por ofrecer coimas, pero el juez investigado dijo que era “contrafáctico” y que, por reglamento, solo tenía que reportar sanciones en los últimos diez años y su cesantía había ocurrido antes de ese período.

Gran parte de su declaración estuvo centrada en apuntar contra el arrepentido Fernando Whpei, quien lo comprometió en su acuerdo de colaboración y reveló que había gestionado con el magistrado, junto al escribano y operador judicial Santiago Busaniche, el dictado de un fallo a cambio de una coima de unos 200.000 dólares.

Pese a que su procesamiento fue confirmado la semana pasada por la Cámara Federal de Casación Penal, Salmain afirmó ante los consejeros que nada de lo que dijo Whpei está acreditado e hizo un repaso de su declaración en busca de demostrar que su acusador había mentido.

“La versión que tiene este Consejo es la de un expediente penal plagado de irregularidades, sumado a una campaña mediática de desprestigio”, dijo.

El juez cuestionó al fiscal general Federico Reynares Solari, a cargo de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.

Citó el procesamiento de la fiscal Viviana Fein en la causa por el encubrimiento de la muerte de Alberto Nisman para cuestionar el accionar del Ministerio Público en su causa, y repasó todas las recusaciones que planteó ante los magistrados que actuaron en el expediente, las cuales fueron rechazadas.

Justificó como “errores” ciertos movimientos de la causa en torno a la medida cautelar que permitió que Attila Fideicomisos SRL, vinculado a Whpei, sorteara los controles del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que impedían acceder al Mercado Único Libre de Cambio (MULC). También afirmó que un juez como él “no está para ver el dólar blue”.

Sobre el final, Salmain mostró su esperanza en la causa que radicó en febrero contra el arrepentido Whpei en los tribunales de Comodoro Py 2002, que inicialmente la jueza María Servini y el fiscal Carlos Rívolo habían ordenado que se enviara a Rosario.

Busca allí replicar su defensa. En una decisión unipersonal, el juez Eduardo Farah, de la Cámara Federal, resolvió que esa denuncia se tramite en la Capital Federal y se le permitió ser querellante.

“Es un gran paso”, dijo. “Por ahí también se arrepiente ahí cuando lo llamen a indagatoria”, especuló. No obstante, Salmain reconoció que el fiscal Rívolo insistió con que esa causa debe ir a Rosario y la decisión no está firme.

Salmain asumió como juez federal de Rosario en abril de 2023 mediante el Decreto 221/2023 firmado por Alberto Fernández.

Está procesado como presunto autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, en el marco de una causa donde fue imputado por manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y abril de 2024.

En esa medida se dispuso su prisión preventiva domiciliaria con vigilancia electrónica, pese a que no se hizo efectiva debido a la inmunidad de arresto de la que goza el imputado por su función de juez federal.

De acuerdo a la investigación, existió una asociación ilícita integrada por Salmain, el financista rosarino del Grupo Unión Whpei, y el escribano santafesino Busaniche, que se manifestó en el dictado de una cautelar para habilitar la salida 10 millones de dólares a cuentas del exterior, adquiridos al valor oficial, cuando aún persistía el cepo y vendidos en los mercados paralelos.

Whpei declaró como arrepentido que Salmain y Busaniche solicitaron el 10% del spread entre el precio oficial y el paralelo, pero la devaluación del comienzo del gobierno de Javier Milei redujo la brecha y el presunto negocio se achicó significativamente, tanto como para que el juez terminara denunciando a su supuesto cómplice.