Por unanimidad, el plenario del Consejo de la Magistratura aprobó la realización del juicio político para su remoción del juez federal de Rosario Gastón Salmain, que está procesado y con prisión preventiva, por firmar fallos a cambio de coimas y se ordenó la inmediata suspensión en su cargo.

Desde diciembre pasado, el titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario se encuentra procesado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.

En esta causa, junto al financista Fernando Whpei y el lobista judicial Santiago Busaniche, está acusado de manipular un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares a cuentas del exterior, entre septiembre de 2023 y hasta abril 2024, durante la vigencia del cepo cambiario, a cambio de una coima de 200.000 dólares.

Al magistrado se le dictó la prisión preventiva, pero la detención no se concretó por su inmunidad de arresto. El fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal.

Además, fue acusado de haber mentido en su currículum cuando omitió informar en el concurso que lo consagró juez que había sido echado del Poder Judicial en 2002, donde trabajaba como empleado del fuero de la seguridad social, por haber ofrecido una coima para manipular un sorteo.

En su exposición, Salmain se excusó diciendo que no lo dijo porque no le preguntaron y que se trataba de un hecho viejo.

Hace dos semanas, la Comisión de Acusación había aprobado por unanimidad el dictamen proponiendo la remoción de Salmain por mal desempeño. “Este hombre no puede ser juez federal”, había dicho en esa reunión el senador de Pro Luis Juez.

Hoy, nuevamente por unanimidad, el plenario del Consejo votó la apertura del procedimiento de remoción.

Salmain quedó inmediatamente suspendido y un jurado de Enjuiciamiento –con consejeros actuando de fiscales– resolverá antes de fin de año si lo condena por mal desempeño.

Otros jueces denunciados

Además, el plenario del Consejo de la Magistratura frenó el cierre de una denuncia contra el juez federal de Mendoza Pablo Salinas, denunciado por violencia machista por parte de cuatro colegas, Paula Marisi, Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereira, luego de un pedido expreso de las juezas para ser oídas por la Comisión de Disciplina, antes de resolver.

El plenario también resolvió archivar la denuncia contra el juez Hernán Diego Papa, que había sido presentada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) de Julio Piumato. Se lo acusaba de supuestos episodios de destrato, gritos e insultos hacia los empleados de su juzgado.

No alcanzaron los dos tercios de los votos (y por lo tanto, no prosperaron) los dictámenes que proponían multarlo con el 30% de su salario o el 10% de su salario. Tampoco juntó voluntades el dictamen para desestimar la denuncia. Pero el caso terminó archivado dado que es inminente que se cumpla el plazo de tres años sin tomar una decisión al respecto.

Asimismo, el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, comunicó que sus colegas quieren participar en la redacción del Código de Ética de Magistrados, por lo que se pospuso su discusión para que puedan intervenir los altos magistrados.

La Cámara Federal porteña

También se decidió elevar al Poder Ejecutivo la terna de los candidatos propuestos para ocupar dos cargos en la Sala I de la Cámara Federal porteña, para reemplazar allí a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Es el primer paso la refundación de este estratégico tribunal, cuya integración pretende cambiar el Gobierno.

La terna que fue aprobada por mayoría incluye en la primera lista a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola; y en la segunda, a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y el propio Bertuzzi, que volvió a concursar para su cargo.

Los favoritos para que el Poder Ejecutivo proponga al Senado son Pablo Yadarola y el propio Bertuzzi, pero esta decisión es del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y del presidente Javier Milei.

La Justicia rechazó la pretensión del exsecretario kirchnerista de Obras Públicas José López de reducir la condena a 13 años de prisión que pesa en su contra por enriquecimiento ilícito, el arma que tenía consigo cuando trató de esconder ocho millones de dólares en un convento de Moreno y la causa Vialidad.

López presentó ante los jueces constancias de que realizó cursos de marketing intramuros, dentro de la cárcel, lo que le permite beneficios en el régimen penal progresivo, como una rebaja de cuatro meses en su condena.

Pero los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal rechazaron su pretensión. José López quería reducir su condena unificada de 13 años de prisión por la causa Vialidad y por enriquecimiento ilícito y tenencia ilegal de arma de uso civil.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, declaró inadmisible, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la defensa pública oficial de José Francisco López.

El acusado había cuestionado el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que rechazó su pedido de reducción de plazos por estímulo educativo.

López, exsecretario de Obras Públicas de la Nación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, está cumpliendo en prisión una condena en la causa Vialidad, en la que fue sentenciado junto a la expresidenta por el direccionamiento irregular de obra pública en Santa Cruz.

La condena a López en esa causa, de seis años de prisión por administración fraudulenta, quedó firme en junio de 2025 tras el rechazo de los recursos extraordinarios por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Posteriormente, esa condena fue unificada con otras en la pena de 13 años de prisión, vinculadas con causas de enriquecimiento ilícito y portación ilegal de arma de fuego.

Durante la ejecución de esa pena, la defensa de López había solicitado al Tribunal Oral Federal 2 una reducción de cuatro meses en el avance del régimen de progresividad penitenciaria. Argumentó el mecanismo de estímulo educativo que prevé una reducción de pena si el preso realiza determinados estudios en prisión.

López fundó su pedido en que presenció y aprobó dos cursos de formación profesional, uno de “Auxiliar en marketing de Productos” y otro de “Auxiliar en marketing de Servicio”. Sostuvo que correspondía computar dos meses de reducción por cada uno de esos cursos.

El juez de ejecución del tribunal oral rechazó el planteo, criterio que compartió el fiscal Diego Luciani. Consideraron que los conocimientos adquiridos mediante esa actividad no resultaban suficientes para tener por demostrado que el condenado se hubiera capacitado como técnico en un área ocupacional determinada.

A la hora de determinar si los cursos podían equipararse a una formación profesional anual, el magistrado concluyó que las 80 horas de cada curso resultaban manifiestamente insuficientes.

Al resolver el recurso de casación, el juez Borinsky consideró que la defensa no logró demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, ya que se limitó a reiterar su propia perspectiva sobre la cuestión sin desarrollar una crítica concreta de los argumentos del tribunal de instancia. Barroetaveña adhirió a la postura de Borinsky.

En disidencia, el juez Hornos votó por declarar admisible el recurso. Pero el tribunal, por mayoría, confirmó el rechazo de la petición de López.