La posibilidad de que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) realicen sus elecciones locales el mismo día que las presidenciales de 2027 encendió las alarmas en la Justicia Electoral Nacional. La preocupación se concentra en las dificultades de podría representar organizar comicios concurrentes en los dos distritos que, en conjunto, reúnen casi la mitad del padrón argentino y obligarían a millones de ciudadanos a usar dos sistemas distintos para elegir autoridades nacionales, provinciales y municipales.

Según pudo saber Infobae, en la Justicia Electoral Nacional consideran que una eventual concurrencia supondría un desafío operativo de una magnitud muy superior a las experiencias conocidas hasta ahora. Las dificultades abarcarían los mecanismos de votación, la distribución y custodia del material electoral, la cantidad de urnas, la seguridad de los establecimientos, la capacitación de las autoridades y los procedimientos de escrutinio.

El peso electoral de ambas jurisdicciones explica la inquietud. En las elecciones nacionales de octubre de 2025, la provincia de Buenos Aires tenía 13.353.974 ciudadanos habilitados para votar, el 37,1% del padrón argentino. La Capital registraba otros 2.520.249 electores, cerca del 7%. En conjunto, reunían 15.874.223 votantes, el 44,1% de los 35.987.634 ciudadanos habilitados en todo el país.

Pero el universo que deberían administrar las autoridades electorales sería aún mayor, ya que los padrones locales incluyen a extranjeros residentes. Ellos pueden elegir autoridades provinciales, municipales o porteñas, aunque no participan de las elecciones presidenciales ni legislativas nacionales.

En las elecciones bonaerenses de septiembre de 2025, el padrón provincial llegó a 14.376.592 electores, entre ellos 1.015.233 extranjeros. En la Ciudad, los comicios locales de mayo tuvieron 3.040.316 personas habilitadas, de las cuales 524.040 eran extranjeras. Las diferencias menores entre los registros de argentinos de cada jurisdicción y los padrones nacionales se explican porque fueron confeccionados para elecciones celebradas en fechas distintas.

La concurrencia en PBA y CABA obligaría a administrar dos sistemas de votación

La principal inquietud de los jueces electorales nacionales es que semejante cantidad de votantes deba atravesar dos procedimientos electorales diferentes en una misma jornada. Para elegir presidente, vicepresidente, diputados y, en los distritos que corresponda, senadores nacionales, se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), estrenada en las legislativas de 2025.

En Buenos Aires, si no cambia la legislación vigente, gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares serán elegidos mediante el sistema tradicional de boletas partidarias. En la Ciudad, para jefe y vicejefe de Gobierno, legisladores y miembros de las juntas comunales, se utilizaría la Boleta Única Electrónica si se mantiene el mecanismo de los últimos comicios locales.

Dos sistemas de emisión del sufragio, procedimientos distintos y urnas separadas. La eventual concurrencia también exigiría espacios diferenciados de votación, una resolución sobre la circulación de los electores y la coordinación de las tareas de autoridades nacionales y locales.

El operativo podría requerir cerca de 96.000 urnas entre Buenos Aires y la Ciudad

La preocupación tiene una dimensión material que los responsables de la organización electoral consideran especialmente sensible. En los comicios nacionales de octubre de 2025, Buenos Aires tuvo 38.760 mesas distribuidas en 6.487 establecimientos. En las elecciones provinciales de septiembre se habilitaron 41.189 mesas, incluidas 2.401 para extranjeros, en 6.934 establecimientos.

Si ambas estructuras se tomaran como referencia y se mantuviera una urna por mesa para cada jurisdicción, el operativo bonaerense podría involucrar un despliegue cercano a las 80.000 urnas. No es una previsión oficial para 2027: la cifra definitiva dependerá de la distribución de las mesas y de la organización de los circuitos de votación.

En la Capital, las elecciones nacionales de octubre de 2025 requirieron 7.284 mesas, mientras que las locales de mayo habían utilizado 8.825, incluidas las destinadas a extranjeros. La suma de ambas estructuras permite proyectar una referencia de aproximadamente 16.000 urnas.

Hay una particularidad relevante: en la Ciudad, las máquinas electrónicas no reemplazan a las urnas. Los ciudadanos usan los dispositivos para emitir e imprimir sus boletas y luego las depositan físicamente en una urna. En mayo de 2025 se dispusieron alrededor de 14.000 dispositivos electrónicos, además de las mesas receptoras.

La combinación de las estructuras utilizadas en Buenos Aires y CABA durante 2025 permite dimensionar un operativo potencial de cerca de 96.000 urnas, aunque ese número es solo una referencia logística y no una estimación definitiva de los materiales necesarios.

Para la Justicia Electoral Nacional, el problema también alcanza a la seguridad. Habría que coordinar el traslado, la custodia y la distribución de materiales de distintas jurisdicciones, con documentación electoral diferenciada y procedimientos propios para el cierre de mesas y el escrutinio.

En la provincia, el despliegue abarcaría los 135 municipios y miles de establecimientos. En la Ciudad se sumaría la instalación y el funcionamiento de las máquinas electrónicas, con soporte técnico y procedimientos específicos de control.

La organización requeriría coordinación entre la Justicia Electoral Nacional, las autoridades locales, la Dirección Nacional Electoral, el Correo Argentino y las fuerzas que integran el Comando General Electoral. El eventual aumento de urnas y materiales también tendría consecuencias sobre los espacios disponibles, los traslados y las tareas posteriores al cierre de la votación.

En la Justicia Electoral consideran que la duplicación de procedimientos podría extender los tiempos de votación y multiplicar las exigencias operativas, en especial si las mismas autoridades deben administrar dos sistemas diferentes.

Kicillof y Jorge Macri deben definir sus calendarios y la definición de las PASO

La advertencia judicial se produce mientras los gobiernos bonaerense y porteño todavía evalúan sus respectivos calendarios.

Infobae reveló el jueves que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, analiza realizar las elecciones provinciales en la misma fecha que las nacionales si el gobierno de Javier Milei no consigue suspender las PASO. La alternativa está ligada a las negociaciones internas del peronismo y a la posibilidad de utilizar las primarias para resolver las candidaturas presidenciales y la sucesión del gobernador.

Kicillof decidió desdoblar las elecciones legislativas de 2025, una medida que provocó tensiones con el kirchnerismo. Para 2027, sin embargo, enfrenta una condición legal relevante: el artículo 2 de la Ley bonaerense 14.086 establece que, cuando el Gobierno nacional convoque a elecciones primarias, las PASO provinciales deberán realizarse el mismo día.

Esa obligación alcanza a las primarias, no a las elecciones generales. La fecha de los comicios provinciales definitivos es una facultad del gobernador, dentro del marco legal vigente. Si se mantienen las PASO nacionales, las bonaerenses deberán coincidir, salvo una modificación legislativa. Si las nacionales se suspenden, las primarias provinciales no desaparecen de manera automática y Buenos Aires deberá resolver su situación a través de su propia legislación.

En la Ciudad, fuentes del gobierno del jefe de Gobierno, Jorge Macri, tampoco descartaron en diálogo con Infobae la posibilidad de realizar las elecciones porteñas el mismo día que las presidenciales. Según explicaron fuentes cercanas al oficialismo, la definición política sobre el calendario se adoptaría entre febrero y marzo de 2027.

Para entonces también debería estar más claro si el PRO y La Libertad Avanza alcanzan un acuerdo electoral o compiten por la conducción de la Capital. El partido fundado por Mauricio Macri gobierna la Ciudad desde diciembre de 2007 y el año próximo cumplirá dos décadas consecutivas al frente del distrito.

La decisión sobre la fecha corresponde al jefe de Gobierno, aunque la legislación porteña exige convocar formalmente a las elecciones generales con una anticipación mínima de 185 días.

La posibilidad de realizar elecciones concurrentes en la Capital tiene un antecedente que todavía está presente en la Justicia Electoral.

En las PASO del 13 de agosto de 2023, los porteños votaron en los mismos establecimientos y el mismo domingo para cargos nacionales, con boletas partidarias tradicionales, y locales, con máquinas de votación electrónica. Las fallas de los dispositivos, las demoras y las extensas filas generaron fuertes cuestionamientos de la jueza federal María Romilda Servini y motivaron la intervención de la Cámara Nacional Electoral.

En las generales del 22 de octubre de ese año también coincidieron las elecciones nacionales y porteñas, pero se modificó el procedimiento: se abandonó el sistema electrónico y se usaron boletas partidarias de papel para ambas jurisdicciones, depositadas en una misma urna.

Si Jorge Macri decide convocar a elecciones concurrentes en 2027 y mantiene el voto electrónico local, volverían a coexistir dos mecanismos diferentes, aunque esta vez la elección nacional se realizaría con Boleta Única de Papel.

Otro antecedente se registró en Santiago del Estero, donde en octubre de 2025 se eligieron cargos nacionales con BUP y autoridades provinciales mediante boletas partidarias. Para administrar la concurrencia se amplió de manera considerable la infraestructura electoral, con más establecimientos, mesas y urnas, además de un refuerzo de las tareas de organización.

La experiencia permitió completar los comicios, pero en la Justicia Electoral Nacional entienden que su aplicación a Buenos Aires y CABA implicaría un desafío muy diferente, por la cantidad de electores y la magnitud del operativo requerido.

Mientras Buenos Aires y la Capital mantienen abiertas sus definiciones, la mayoría de las provincias se orienta hacia un calendario separado de las elecciones presidenciales.

Tucumán y Santa Fe son los dos distritos que ya tienen fechas anunciadas para sus comicios locales. El gobernador Osvaldo Jaldo fijó el 9 de mayo de 2027 para las elecciones tucumanas. Maximiliano Pullaro anticipó que las PASO santafesinas se realizarán el 18 de abril y las generales el 13 de junio, aunque aún resta formalizar la convocatoria.

Otros gobernadores también comunicaron decisiones o intenciones de separar las elecciones. Gustavo Sáenz, en Salta, trabaja sobre una votación en mayo; Hugo Passalacqua, en Misiones, prevé convocar durante el primer semestre; e Ignacio Torres, en Chubut, anticipó que los comicios provinciales se realizarán en una fecha distinta de la nacional, aunque todavía no precisó el día.

En Corrientes, Juan Pablo Valdés se inclina por separar las elecciones legislativas provinciales. Alberto Weretilneck, en Río Negro, también anticipó ese camino, mientras que Rolando Figueroa, en Neuquén, contempla mantener un calendario propio. Alfredo Cornejo, en Mendoza, trabaja con las fechas establecidas por el régimen provincial.

Chaco y Tierra del Fuego presentan condicionamientos legales que llevan sus elecciones locales a fechas diferentes de la presidencial. Jujuy también se encamina hacia un desdoblamiento, mientras que Entre Ríos, Córdoba y San Juan continúan evaluando sus alternativas.

Las situaciones no son idénticas: algunas provincias anunciaron decisiones políticas, otras tienen fechas previstas y unas pocas formalizaron sus convocatorias. Pero la tendencia predominante es separar las disputas provinciales de las nacionales.

Catamarca constituye, hasta ahora, la excepción más clara. El gobernador Raúl Jalil confirmó que las elecciones provinciales de 2027 coincidirán con las nacionales del 24 de octubre y comunicó su decisión al Gobierno nacional.

La preocupación por las elecciones concurrentes coincide con otra definición pendiente que también condiciona la organización de los comicios presidenciales: la eliminación o suspensión de las PASO nacionales.

El gobierno de Javier Milei mantiene ese objetivo entre sus prioridades legislativas, pero todavía no consiguió garantizar los votos necesarios en el Congreso. Las negociaciones con gobernadores y bloques aliados continúan abiertas, mientras distintos sectores de la oposición defienden la continuidad de las primarias.

La Cámara Nacional Electoral ya advirtió sobre la necesidad de aprobar las modificaciones al régimen electoral con suficiente anticipación. En la Justicia Electoral Nacional consideran que la definición debería producirse antes del 31 de diciembre de este año, para poder organizar el cronograma de 2027 con reglas claras.

La posición responde a las exigencias de planificación de una elección presidencial: padrones, contratación de servicios, adquisición de materiales, capacitación, distribución de establecimientos, autoridades de mesa y procedimientos de escrutinio.

En el Gobierno, sin embargo, existe una interpretación distinta. La Casa Rosada considera que, si finalmente se suspenden las PASO, una aprobación durante las sesiones extraordinarias de febrero no debería afectar de manera sustancial los tiempos disponibles para organizar la elección general.

El argumento oficial es que, al eliminarse un turno electoral, podrían desplazarse aproximadamente tres meses los principales plazos del calendario. Desde esa perspectiva, aprobar la suspensión en diciembre o febrero permitiría conservar un margen operativo similar para preparar los comicios de octubre.

La Justicia Electoral observa el asunto desde otra perspectiva. Para los responsables de administrar las elecciones, la previsibilidad del marco legal es indispensable, sobre todo si se incorporan de manera simultánea nuevos desafíos de organización en los distritos de mayor peso electoral.

El escenario reúne, por lo tanto, decisiones aún abiertas: el Congreso deberá resolver qué ocurrirá con las PASO; Kicillof tendrá que definir el calendario bonaerense, condicionado por la legislación provincial; y Jorge Macri deberá decidir si convoca a las elecciones porteñas junto con las presidenciales.

La preocupación central de la Justicia Electoral Nacional es que esa combinación de definiciones políticas traslade una complejidad extraordinaria a la organización de los comicios. Dos distritos que concentran el 44% del electorado, sistemas diferentes, decenas de miles de urnas, dispositivos electrónicos y un operativo de seguridad y logística de enorme magnitud: ese es el escenario que comenzó a encender las alarmas cuando todavía falta un año para elegir al próximo presidente.

El Gobierno cambió de estrategia y buscará revertir en Diputados las modificaciones que introdujo el Senado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). La Casa Rosada dejó de lado la decisión inicial de aceptar los cambios para garantizar la sanción de la ley y ahora apuesta a reunir los dos tercios necesarios para recuperar el mecanismo original de remoción del presidente y del directorio de la entidad.

“Vamos a intentar imponernos con dos tercios para que la remoción del presidente y del directorio tenga que pasar también por Diputados”, aseguran en la primera línea del Ejecutivo. En Balcarce 50 sostienen que la evaluación cambió por las nuevas proyecciones de votos que maneja el oficialismo. “Antes nos inclinábamos por ratificar los cambios, pero creemos que tenemos los votos para rechazarlos e imponer la versión original”, agregaron.

La principal diferencia está en el artículo tercero de la reforma. El texto que Diputados aprobó el 26 de agosto establecía que la remoción del presidente, vicepresidente y directores del Banco Central debía contar con el respaldo de dos tercios de los presentes en ambas cámaras del Congreso. El Senado modificó ese procedimiento y dispuso que la decisión quedara exclusivamente en manos de la Cámara alta, por mayoría absoluta de sus miembros.

La modificación fue aprobada en el Senado por 66 votos a favor y dos en contra, con el acompañamiento del peronismo, pese a que ese bloque rechazó el proyecto en general. Esa mayoría agravada obliga ahora a Diputados a alcanzar también los dos tercios de los presentes para insistir con su propia redacción, según establece el artículo 81 de la Constitución Nacional.

La diferencia de mayorías resulta determinante para el resultado de la negociación. Diputados puede aceptar los cambios del Senado con una votación de mayoría simple, pero necesita los dos tercios para recuperar el mecanismo original en los artículos modificados con esa proporción de votos. Además, no puede incorporar una tercera redacción durante esta instancia del trámite legislativo. Por eso, el oficialismo concentra las conversaciones en reunir los respaldos suficientes para insistir con el texto aprobado en agosto.

La decisión responde a una prioridad expresa de Javier Milei: establecer un procedimiento más exigente para desplazar a las autoridades monetarias. En el entorno presidencial sostienen que el objetivo es reducir la posibilidad de que un futuro gobierno remueva rápidamente al directorio ante un cambio de orientación económica. La Casa Rosada considera que la estabilidad institucional del organismo es uno de los aspectos centrales de la reforma.

El cambio representa un giro respecto de la posición que predominaba en el Ejecutivo a fines de septiembre. En ese momento, el Gobierno evaluaba aceptar las modificaciones del Senado porque consideraba difícil alcanzar la mayoría necesaria para revertirlas. La prioridad era evitar nuevas demoras en la sanción de la ley. Ahora, funcionarios involucrados en la negociación aseguran que existen condiciones para intentar recuperar el texto original.

Julián Curi, el funcionario que tenía bajo su responsabilidad la conducción política del Servicio Penitenciario Federal (SPF), presentó su renuncia indeclinable al Ministerio de Seguridad Nacional por diferencias con la ministra Alejandra Monteoliva sobre la estrategia para administrar la crisis de sobrepoblación carcelaria y el alojamiento de detenidos en establecimientos federales.

La renuncia quedó formalizada mediante una nota dirigida a Monteoliva, a la que accedió Infobae. En el documento, Curi reivindicó su gestión, agradeció el respaldo político recibido y solicitó que su dimisión fuera aceptada de inmediato. El pedido estuvo acompañado por una advertencia sobre las consecuencias judiciales que enfrentaba personalmente por las disputas entre la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y distintos tribunales federales.

Al menos tres fuentes consultadas por Infobae, interiorizadas sobre las circunstancias que rodearon la salida del funcionario, desligaron la decisión de dar un paso al costado de las tensiones que Patricia Bullrich mantiene con distintos sectores del Gobierno y de las últimas diferencias públicas que la senadora expresó con el presidente Javier Milei. Los testimonios coincidieron en que la renuncia respondió a desacuerdos sobre la gestión penitenciaria y no a un movimiento político vinculado con la presidenta del bloque del Senado de La Libertad Avanza.

La distinción resulta relevante porque Curi es uno de los funcionarios que llegaron al Ministerio de Seguridad de la mano de Bullrich y mantuvieron su vínculo político con la actual senadora. Sin embargo, las diferencias que precipitaron su alejamiento estuvieron concentradas en la estrategia para enfrentar la sobrepoblación carcelaria, el traslado de detenidos desde dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires y las obligaciones que recaen sobre el Servicio Penitenciario Federal.

El desacuerdo con Monteoliva se profundizó cuando desde la conducción del Ministerio se plantearon cambios en la estrategia que venía desarrollando la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Ante la falta de consenso sobre cómo continuar, Curi optó por presentar su renuncia indeclinable. Según pudo saber Infobae, las diferencias fueron de carácter profesional y estuvieron vinculadas con la definición de prioridades para administrar un sistema penitenciario con limitaciones de infraestructura, recursos y capacidad de alojamiento.

Curi había sido designado el 2 de enero de 2024, durante la gestión de Bullrich, y permaneció en el cargo cuando Monteoliva asumió la conducción del Ministerio. La Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios depende directamente de la ministra, sin una secretaría intermedia, y ejerce la conducción política del SPF. Bajo esa estructura funcionan 34 unidades y establecimientos penitenciarios federales. La conducción operativa del organismo está a cargo de Fernando Martínez, quien continúa al frente de la institución.

Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad Nacional no definió quién reemplazará a Curi al frente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, un área estratégica para la administración de las cárceles federales, la coordinación con las autoridades judiciales y la definición de las políticas de alojamiento y tratamiento de las personas privadas de libertad.

En su carta, el funcionario sostuvo que dejaba el puesto “con la tranquilidad de haber dedicado mi esfuerzo y compromiso al servicio y a la defensa de los intereses del Estado Federal y del Servicio Penitenciario Federal”.

También dedicó un párrafo a sus principales respaldos políticos. Expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y, en especial, a Patricia Bullrich, por “la confianza, acompañamiento, respaldo y respeto demostrados durante mi gestión”.

La mención a las máximas autoridades del Gobierno y a la exministra de Seguridad también buscó dejar constancia del reconocimiento político al concluir su paso por la función pública. El alejamiento quedó planteado como una consecuencia de diferencias sobre la administración de un área específica, en la que las decisiones involucran recursos presupuestarios, capacidad operativa y obligaciones judiciales que pueden resultar contradictorias.

Las diferencias por la sobrepoblación y el traslado de detenidos

Uno de los principales problemas que enfrenta el Servicio Penitenciario Federal es la cantidad de personas detenidas en dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires. La falta de plazas disponibles en las cárceles federales provocó que comisarías y alcaidías porteñas funcionaran durante períodos prolongados como espacios de detención, una situación que generó sucesivas controversias judiciales.

El conflicto adquirió una dimensión particularmente compleja por las órdenes de distintos tribunales. Mientras la Justicia porteña exigía avanzar con el traslado de detenidos hacia establecimientos penitenciarios, diversas resoluciones de jueces federales establecieron restricciones a la cantidad de internos que podían alojarse en determinadas unidades.

Ese escenario colocó a los responsables del SPF ante obligaciones difíciles de compatibilizar: recibir personas provenientes de comisarías y alcaidías y, al mismo tiempo, respetar los límites de alojamiento establecidos por otros magistrados. La controversia sobre cómo cumplir esas decisiones judiciales se convirtió en uno de los elementos centrales de las diferencias sobre la estrategia penitenciaria.

La discusión no se limitaba a determinar cuántos detenidos podían incorporarse al sistema. También involucraba la distribución de los recursos disponibles, las prioridades de alojamiento, las responsabilidades de cada jurisdicción y las condiciones en las que debía garantizarse el cumplimiento de las decisiones judiciales.

En ese contexto, el cambio de estrategia impulsado desde la conducción del Ministerio encontró diferencias con los criterios que venía aplicando la Subsecretaría. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre cómo administrar esa situación terminó por precipitar la renuncia.

Curi advirtió sobre multas que podían afectar su patrimonio personal

Uno de los pasajes más significativos de la carta aparece en el último párrafo, donde Curi explicó las razones por las que solicitó la aceptación inmediata de su dimisión. Allí describió el conflicto entre las decisiones de la Justicia federal y las órdenes impartidas desde la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

El funcionario argumentó que, por su tarea en defensa del “status federal del Servicio Penitenciario Federal” y ante “la progresiva intromisión e interferencia de un tribunal jurisdiccional local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre lo concordantemente decidido por diversos jueces federales”, había quedado expuesto a posibles sanciones judiciales.

La advertencia fue aún más precisa. Curi señaló que había sido apercibido por la posible comisión de los delitos de “desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público” y por la eventual aplicación de “astreintes diarios sobre mi patrimonio personal”.

Las astreintes son multas coercitivas que pueden imponerse para forzar el cumplimiento de una decisión judicial. En este caso, la sanción prevista era de $ 200.000 diarios y recaía sobre el patrimonio personal del funcionario, aunque no había llegado a ejecutarse.

El conflicto tenía antecedentes en las decisiones judiciales que ordenaban trasladar detenidos alojados en dependencias policiales porteñas hacia establecimientos del sistema penitenciario. Las autoridades federales enfrentaban, a su vez, restricciones impuestas por otros magistrados que impedían superar determinados cupos de alojamiento.

La situación involucraba el traslado de alrededor de 2.000 detenidos, en un escenario en el que las plazas disponibles resultaban insuficientes para absorber esa cantidad de personas sin afectar los límites establecidos judicialmente.

El pedido de aceptación inmediata de la renuncia estuvo relacionado con esa responsabilidad personal. Mientras continuara formalmente en el cargo, Curi permanecía alcanzado por los apercibimientos judiciales vinculados con el cumplimiento de las medidas.

La salida de Curi se suma a la renuncia de Federico Angelini

La salida de Curi se sumó a la renuncia de Federico Angelini, otro dirigente estrechamente identificado con Patricia Bullrich, que dejó el Ministerio de Seguridad el 21 de mayo. Angelini se desempeñaba como subsecretario de Intervención Federal y había tenido un papel central en la implementación del Plan Bandera en Rosario y en la política de seguridad fronteriza.

Su alejamiento ocurrió en medio de tensiones políticas dentro del oficialismo, aunque el funcionario sostuvo que su decisión respondía a su intención de regresar a la actividad política en Santa Fe, donde posteriormente se incorporó a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Son dos salidas de funcionarios que llegaron al Gobierno de la mano de Bullrich, pero en circunstancias diferentes.

La renuncia de Curi abre ahora una nueva etapa para la conducción política del Servicio Penitenciario Federal, con una agenda condicionada por la sobrepoblación, las exigencias judiciales y la necesidad de resolver el alojamiento de detenidos que permanecen en dependencias policiales.

Sin un reemplazante definido, la ministra Monteoliva deberá resolver quién asumirá la responsabilidad política de un sistema cuya administración quedó en el centro de las diferencias que provocaron la salida del subsecretario. El problema de fondo seguirá siendo el mismo: cómo cumplir las órdenes judiciales y las obligaciones del Estado sin profundizar una crisis de alojamiento que excede la capacidad disponible en las cárceles federales.