Luego de tres postergaciones consecutivas y a raíz de las diferencias en la redacción del proyecto, que lleva al menos 15 versiones, la senadora Patricia Bullrich convocó a una reunión para cerrar la letra final de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluirá la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de la secretaria de Legal y Técnica, Maria Ibarzabal Murphy.

El intercambio, que tendrá lugar esta tarde a las 16 en la Cámara de Senadores, llega luego de que la senadora propusiera postergar el debate por la ley, a raíz de los cuestionamientos de varios gobernadores, que se mostraban críticos al articulado que facilita la venta de tierras a extranjeros. Ante el escenario y la falta de apoyos, Bullrich definió posponer el tratamiento y propuso un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para evitar que todo el texto fuera rechazado.

Esta tarde, además de la representación del Poder Ejecutivo también darán el presente los titulares de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto (Tierra del Fuego) y de Legislación General, que la tiene a Nadia Márquez (Neuquén) al frente. Además, podría presenciar el debate final un legislador de los bloques federales en representación de la postura que encarnan los mandatarios provinciales.

Como contó este medio, la legisladora explicó su punto durante la reunión de mesa política del pasado martes, y resolvió concretar la cita con el ministro, que se mostraba reticente a los cambios que la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta quería aplicar para sancionar el proyecto. “Es un encuentro interno. El temario básicamente es la Propiedad Privada, pero es posible que vayan a ver también los otros temas que él tiene en carpeta”, planteó ante Infobae una persona del entorno de Bullrich.

Al planteo de los gobernadores, que apuestan a sostener el federalismo en sus territorios, se plegó además la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se tensó con la senadora en un intenso cruce por WhatsApp a raíz de su intento por suspender la sesión convocada para el jueves posterior al triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra por el Mundial 2026.

En función de la reconstrucción del intercambio, la titular del Senado acusó al Ejecutivo de intentar “vender el país”, si efectivabamente sancionaban la Ley y calificó de “indignante” el apartado sobre las tierras en defensa de la “integridad territorial”.

La filtración de los mensajes recrudeció la disputa entre las referentes de La Libertad Avanza. “No se puede filtrar chats. Ahora perdió la confianza de todos, incluido de los senadores”, arremetieron ante este medio desde el entorno de Villarruel.

La escalada entre ambas tribus continuó, pero en el plano de los colaboradores de ambas e involucró denuncias por presuntas amenazas. Pasada la intensidad y luego de la mesa política, Bullrich se trasladó al Senado para reunirse con Villarruel con el objetivo de intentar limar asperezas y ordenar la hoja de ruta de la Cámara Alta en pleno receso invernal.

Según supo este medio, el intercambio parece haberse dado en términos normales, y si bien permitió reducir la escalada, el vínculo entre ambas -que supo iniciar bien- parece transitar su momento más complejo.

Por otro lado, el proyecto en cuestión, postergado en tres oportunidades por diversos motivos, fue modificado en tantas oportunidades que generó confusión entre los senadores que, en varias ocasiones, debieron sesionar sin conocer al detalle la versión final. “No se trabaja así”, se expidieron desde las bancadas aliadas ante las idas y vueltas.

Inicialmente, la Vicepresidenta, en conjunto con los bloques dialoguistas y el peronismo, lograron eliminar el capítulo relacionado con los barrios populares, que encontraba fuerte resistencia en la Iglesia.

A una semana de la fecha prevista para sesionar, en el oficialismo se muestran optimistas por la sanción del proyecto. “Los votos van a estar”, prometieron ante este medio.

la investigación,Hugo Alconada Mon,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a

El Gobierno evalúa cambios para ampliar el crédito hipotecario y posterga la reforma de los seguros. En el Ejecutivo aseguran que el paquete de desregulación que prepara el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, todavía no llegó a la mesa política y que ya circularon distintos borradores con versiones diferentes del proyecto.

En Balcarce 50 sostienen que la iniciativa original será dividida y enviada en partes al Congreso. La idea es evitar que un paquete demasiado amplio vuelva a trabarse por resistencias sectoriales o por diferencias entre aliados. “Primero va a ir una versión reducida. Lo de los seguros queda para más adelante”, expresan en Nación.

El cambio de estrategia responde al orden de prioridades que fijó la Casa Rosada para el segundo semestre. En el Gobierno ubican por encima de este paquete a la reforma electoral, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, que esperan tratar antes del Presupuesto 2027.

El texto de Sturzenegger apunta a modificar reglas de distintos sectores de la economía. En los borradores que circularon aparecen cambios sobre medicamentos, navegación fluvial, cabotaje, mercado inmobiliario, arrendamientos rurales, industria vitivinícola, mercado del libro, garrafas, sistema financiero, traductores públicos y cooperativas.

La intención oficial es reducir costos, aumentar la competencia y eliminar barreras de entrada. Pero en el propio Gobierno reconocen que el alcance del texto puede complicar su tratamiento parlamentario, en especial después de las dificultades que tuvo el oficialismo para avanzar con otros proyectos de desregulación, como propiedad privada, Hojarasca y la nueva Ley General de Sociedades.

Por eso, la primera versión que analiza la Casa Rosada estaría concentrada en capítulos con mayor consenso económico o con más conexión con la agenda financiera del Gobierno. En Nación mencionan especialmente mercado de capitales, sector inmobiliario y garantías para créditos, mientras que seguros quedaría para una etapa posterior.

Uno de los puntos que evalúa el Gobierno es incorporar cambios para ampliar el crédito hipotecario a través de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). En Balcarce 50 no hablan de crear hipotecas desde cero, sino de sumar herramientas para que los bancos puedan prestar con menor riesgo y para que esas carteras puedan tener, en una etapa posterior, mejor llegada al mercado de capitales.

La idea que circula en despachos oficiales apunta a que las SGR puedan actuar como garantes parciales en créditos vinculados a vivienda. El objetivo sería cubrir una parte del riesgo del deudor, mejorar la calidad de la cartera y hacer más atractivo para los bancos originar nuevos préstamos hipotecarios.

El esquema no implica que una SGR reemplace a la hipoteca sobre el inmueble. La garantía real seguiría siendo el respaldo central para el banco, pero la SGR podría funcionar como una cobertura adicional. En términos prácticos, serviría para absorber parte de una eventual pérdida, facilitar el acceso de determinados tomadores o mejorar las condiciones del financiamiento.

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Ese punto tiene un antecedente normativo reciente. En junio, Economía modificó el marco de las SGR para armonizarlo con las normas del Banco Central sobre política de crédito y acceso al crédito en moneda extranjera. La resolución también habilitó que los certificados de garantía que emitan las SGR puedan suscribirse con firma electrónica o digital.

La norma, sin embargo, no creó por sí sola un sistema hipotecario con SGR. Lo que hizo fue ordenar el marco para que las garantías recíprocas puedan operar con mayor agilidad y en línea con las reglas del BCRA para créditos en dólares. Para llevar ese mecanismo al crédito hipotecario harían falta definiciones adicionales sobre alcance de la garantía, tipo de deudores, moneda, límites de cobertura, ejecución y tratamiento prudencial para los bancos.

En Balcarce 50 imaginan un circuito de más largo plazo: el banco otorga el crédito, la SGR garantiza una parte del riesgo y la cartera mejora su perfil crediticio. En una instancia posterior, esos créditos podrían ser cedidos a un fideicomiso financiero o a un vehículo del mercado de capitales para emitir títulos respaldados por el flujo de pagos de las hipotecas.

La lógica sería que el banco no quede atado durante décadas al préstamo que originó. Si puede ceder una cartera de hipotecas con garantías adicionales, recupera liquidez y vuelve a prestar. Del otro lado, los inversores compran títulos respaldados por esos créditos y cobran con las cuotas de los deudores.

Ese mercado secundario de hipotecas ya tuvo intentos normativos en la Argentina. La CNV creó un régimen especial para la oferta pública de fideicomisos financieros hipotecarios, que comprende vehículos con hipotecas, letras hipotecarias, créditos hipotecarios o instrumentos asimilables como activo subyacente.

También hubo cambios para proyectos inmobiliarios. El Decreto 1017/2024 habilitó, en determinados supuestos, la cesión, securitización e integración a fideicomisos financieros de hipotecas sobre derechos reales de superficie, además de la emisión de letras hipotecarias conforme a la legislación y a la normativa de la CNV.

La diferencia es que ahora el Gobierno evalúa sumar el componente de garantías de SGR como herramienta para reducir riesgo y ampliar el crédito. La apuesta es que esas garantías ayuden a que más bancos presten, que más deudores califiquen y que las carteras resultantes sean más atractivas para inversores si luego se estructuran en el mercado de capitales.

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El proyecto todavía no está definido y no tendría impacto inmediato. Para que funcione, el Ejecutivo debería ordenar varios frentes: qué SGR podrán participar, cuánto riesgo podrán garantizar, si el esquema alcanzará a personas humanas o solo a determinados perfiles, cómo se ejecutará la garantía, qué exigirá el Banco Central a los bancos y qué requisitos fijará la CNV si esas carteras se titularizan.

El principal riesgo es el descalce de moneda. Si se impulsan créditos en dólares para personas con ingresos en pesos, una devaluación puede disparar la mora y trasladar el problema al banco, a la SGR o al inversor que compró el título respaldado por esas hipotecas. También hay riesgos por mala originación de créditos, litigios en la ejecución de garantías y baja demanda de instrumentos largos en el mercado local.

La Casa Rosada busca presentar esa agenda como parte de una reforma de largo plazo. Inocencia Fiscal apuntaría a movilizar dólares del colchón; el mercado de capitales ofrecería vehículos para canalizar esos fondos; y las SGR podrían funcionar como una pieza de garantía para ampliar el crédito hipotecario o mejorar su posterior titulización.

El capítulo inmobiliario también incluiría cambios sobre corretaje. En los borradores de desregulación aparece la eliminación de barreras profesionales para corredores y martilleros, con el argumento de que los requisitos de título, matrícula o actuación por jurisdicción restringen la competencia y encarecen las operaciones. El paquete financiero incluye además cambios en prendas y warrants.

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