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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, conocido como Itamaraty, convocó a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasilia para que explicara una eventual participación del gobierno de Javier Milei en la fuga a Estados Unidos del senador Flávio Bolsonaro, del partido PL. El llamado se produjo un día después de que el legislador abandonara Brasil por una ruta que atravesó territorio argentino y ecuatoriano.

Bolsonaro huyó de Brasil el miércoles 28 de octubre y llegó a Miami, donde se espera que se aloje con su familia tras recibir las visas correspondientes del gobierno estadounidense. La información sobre el itinerario y la posterior convocatoria diplomática fue revelada inicialmente por UOL y confirmada por Metrópoles y CNN Brasil.

El encuentro tuvo lugar el jueves 29 de octubre en la sede de la misión diplomática brasileña y duró apenas unos minutos. Participaron João Marcelo Galvão de Queiroz, embajador a cargo del Departamento de Mercosur de Itamaraty, y la ministra consejera Emilia Cortés, actual máxima autoridad diplomática de Argentina en Brasilia.

Según fuentes diplomáticas, el objetivo del encuentro no fue transmitir una reprimenda ni expresar la desaprobación del gobierno brasileño por la fuga del senador. La presencia de Cortés se interpretó como una instancia para recabar información sobre el episodio y sobre la eventual participación de figuras de la Casa Rosada en la operación.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva optó deliberadamente por mantener el bajo perfil del contacto. Cortés no fue recibida por la cúpula del ministerio: la decisión del Ejecutivo brasileño fue, en palabras de una fuente diplomática, no convertir el episodio en un “Fla-Flu”, en referencia a la clásica rivalidad futbolística entre Flamengo y Fluminense que en Brasil se usa para describir un enfrentamiento directo.

El llamado a Itamaraty se interpreta como un procedimiento de rutina para pedir aclaraciones a un gobierno extranjero sobre un hecho con implicancias diplomáticas, sin que esto implique una sanción ni una ruptura formal: constituye un paso protocolar estándar que busca obtener información oficial sin elevar el tono de la controversia bilateral.

En ese sentido, el gobierno brasileño eligió una iniciativa considerada de práctica habitual: un procedimiento estándar, sin alarde y sin intención de escalar la tensión bilateral. Esta decisión se ajusta a la directiva del Palacio de Planalto de evitar tensar aún más las relaciones tanto con Argentina, bajo el mandato de Milei, como con Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump.

El trasfondo de la crisis entre Brasilia y Buenos Aires

Cortés asumió la conducción de la embajada argentina tras una crisis diplomática previa entre ambos países, que culminó con la destitución de los embajadores de Brasil y Argentina de sus respectivas sedes. La diplomática quedó al frente de la misión después de que el embajador Daniel Raimondi dejara Brasil en agosto.

Esa salida se produjo luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño rebajara el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países a la categoría de encargados de negocios. La medida fue una respuesta directa a los ataques de Milei contra Lula, en el marco de su respaldo público a Flávio Bolsonaro.

El episodio de la fuga se produce, entonces, sobre un vínculo bilateral ya debilitado por meses de tensión política entre ambos gobiernos. La convocatoria a Cortés constituye el primer contacto formal conocido entre ambas cancillerías tras la salida del senador hacia Estados Unidos.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, anunció que ordenó que los presos de su provincia fabriquen camas para quienes debieron ser evacuados a causa de las inundaciones provocadas por El Niño.

“He dispuesto que los presos de las cárceles del Chaco fabriquen parte de las camas para los evacuados por el fenómeno de El Niño. Y ya lo están haciendo”, manifestó el mandatario.

De acuerdo a la información oficial, ya se habrían producido 100 unidades en las distintas penitenciarías de la provincia. Según datos del Comité para la prevención de la tortura, son más de 1.200 las personas que están alojadas en cárceles chaqueñas.

La provincia del norte es, junto a Corrientes, la más golpeada hasta ahora por la crecida de las aguas del río Paraná. Según los últimos datos oficiales, hay más de 2.200 afectados entre evacuados (trasladados a centros de asistencia) y autoevacuados (se retiraron por sus medios a casas de familiares o amigos).

Zdero aseguró que la orden para que los detenidos construyan camas forma parte de un “cambio de paradigma” en el que “ahora cada preso colabora trabajando”. Se entronca, aseveró, con la decisión de “poner fin a los celulares en las cárceles”.

“Se terminó el Estado ausente y el confort para los que delinquen. Dejamos atrás el Chaco del caos, de la complicidad, del desorden y de la injusticia. Paso a paso avanzamos y cumplimos con hechos”, definió.

Luego, reconoció: “Falta mucho. Pero vamos por el camino correcto”.

En los últimos días, el gobernador recorrió varios de los puntos afectados por las inundaciones. Acompañado de equipos de asistencia, escuchó a los vecinos cuyas casas quedaron bajo agua o que perdieron bienes materiales por la crecida.

Los operativos que la provincia puso en marcha incluyen entrega de alimentos y agua potabilizada, asistencia alimentaria, salud, educación y atención animal.

El detalle

El ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, indicó que los internos alojados en la Unidad Penal de Resistencia comenzaron la fabricación de camas y cuchetas. Lo producido se destinará a los centros de evacuados que funcionan en el área metropolitana del Gran Resistencia. Esta zona abarca la capital, Barranqueras y Puerto Vilelas.

El programa se extenderá luego al resto de las cárceles chaqueñas.

El funcionario aclaró que la participación de los internos es voluntaria. Las tareas forman parte de un proceso de formación en oficios. “No se les obliga a trabajar. Los presos están en un esquema de capacitación, de aprendizaje y también de colaboración con el Estado provincial y con la sociedad toda”, sostuvo.

Incluso mencionó que podría constituirse en una salida laboral para los internos una vez que cumplan su condena.

“Es un aporte que hace el gobierno a través de las personas que están privadas de libertad y que trabajan para darle una respuesta, a una parte de la gente que sufre este fenómeno climático y que está necesitando”, dijo el funcionario en declaraciones a Diario Norte.

El avance del agua

La crecida del río Paraná impactó en un total de 630 hogares chaqueños, según datos oficiales. Hasta el viernes, son 2.239 las personas afectadas y registradas. En esta instancia, el gobierno provincial mantiene cuatro centros de contención en funcionamiento. Gran parte de los afectados se refugia en casas de familiares o amigos y no asiste a estos albergues.

El lugar más damnificado sigue siendo Puerto Vilelas. La localidad conforma el extremo sur del Gran Resistencia. Allí hay 1.350 personas que debieron dejar sus hogares. De ese total, 661 fueron evacuadas y 689 se autoevacuaron.

En Corrientes, en tanto, la baja circunstancial de las aguas del Paraná permitió que muchas familias regresen a sus hogares en la zona norte de la provincia. Según datos de Defensa Civil provincial, la cifra de 700 afectados que había días atrás se redujo a poco más de 400. La preocupación está enfocada ahora en lo que ocurrirá aguas abajo.

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