POLITICA
Argentina rechazó los bloqueos de Evo Morales en Bolivia: «Para algunos actores, la democracia sólo vale si ganan las elecciones»


La Argentina rechazó hoy ante la Organización de los Estados Americano (OEA) los bloqueos de Evo Morales en Bolivia y advirtió que “pareciera que hay actores para los que solamente la democracia vale cuando ganan las elecciones, pero no si las pierden”.
El embajador y representante permanente, Carlos Bernardo Cherniak, fue enfático en la sesión ordinaria del Consejo Permanente del organismo y aseguró que “no son momentos para ambigüedades”. “La Argentina reafirma su rechazo a toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático o alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia”, planteó.
La intervención del diplomático argentino se produjo en el marco de una reunión convocada por la OEA para evaluar la situación política interna de Bolivia, donde a dos semanas del inicio de los bloqueos el país amaneció con 47 puntos de corte activos en seis de sus nueve departamentos. La protesta, que comenzó con reclamos sectoriales de aumento salarial y derivó en exigencias de renuncia al presidente Rodrigo Paz Pereira, se extiende ahora a los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca.
Ante el Consejo Permanente, Cherniak instó a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias “por vías institucionales, privilegiando el diálogo, el respeto a las autoridades democráticas y la preservación de la paz social”. El representante argentino también defendió el despliegue del Hércules C-130, una aeronave que el expresidente Evo Morales había señalado como parte de una supuesta cooperación militar, y precisó que se trató de una misión humanitaria para el traslado de suministros al departamento de La Paz.
Horas antes, el canciller Pablo Quirno había rechazado categóricamente esa acusación en diálogo con radio Mitre: “La Argentina ha contribuido con un avión Hércules para transportar alimentos, que son alimentos bolivianos, para saltar los bloqueos que están haciendo quienes simpatizan con Evo Morales“. Y fue más allá: “Esto comprueba lo que es el eje del mal”.
Cherniak inscribió la crisis boliviana en una dimensión regional: “La estabilidad democrática de nuestros países no es solamente un asunto interno. Constituye también un valor compartido del sistema interamericano”. Advirtió, además, que un vecindario democrático es “funcional también a la seguridad regional y a la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales” y recordó que la diplomacia preventiva es un instrumento con el que la OEA puede cumplir su misión, tal como ocurrió en el caso de las elecciones en Honduras.
“Desestabilización institucional”
En la misma sesión, el canciller boliviano, Fernando Aramayo Carrasco, alertó sobre “una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático” de su país. Describió acciones que, a su juicio, “exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política” y se orientan a “generar condiciones de desestabilización institucional”: ataques a instituciones públicas, amenazas contra servidores del Estado, interrupción de rutas estratégicas y “severos impactos económicos y sociales”.
“Cuando se impide el libre tránsito de alimentos, se restringe el acceso a bienes esenciales, se paralizan servicios y se somete a la ciudadanía a condiciones de incertidumbre y coerción, nos encontramos ante conductas que sobrepasan claramente el legítimo ejercicio de las libertades democráticas”, sostuvo.
Aramayo también advirtió sobre “preocupantes indicios” de articulación entre ciertos actores y “estructuras que operan al margen de la legalidad”. Fue categórico al señalar que el gobierno del presidente Paz Pereira reconoce el derecho a la protesta pacífica, pero que “ninguna reivindicación política o sectorial puede justificar el uso de la violencia, la intimidación, la coerción colectiva ni la vulneración deliberada de los derechos fundamentales de la población”.
Ante el Consejo, Bolivia solicitó que el organismo reafirme el compromiso hemisférico con el orden democrático, condene la violencia política organizada, respalde los esfuerzos de diálogo del gobierno boliviano y exprese solidaridad con el pueblo boliviano. Además, pidió el acompañamiento político del secretario general de la OEA para contribuir al fortalecimiento del diálogo y la preservación de la institucionalidad.
Antes de la sesión, Aramayo ya había agradecido públicamente el respaldo argentino en radio Mitre: “Le pido al canciller Quirno que a través suyo le haga llegar un agradecimiento del pueblo boliviano al presidente Milei, porque en momentos de tensión como los que estamos viviendo, el que Argentina haya puesto a disposición aviones Hércules para el transporte de alimentos y ayuda humanitaria, da cuenta de este nivel de alineamiento y de solidaridad».
El canciller boliviano también anunció que su gobierno denunciará a Morales ante la OEA por actos de sedición y terrorismo: “Lo que está sucediendo en el país ya tiene un rostro inexcusable, que es el del expresidente Evo Morales, y el financiamiento de una marcha y un proceso de desestabilización de la democracia”.
La posición de Argentina se inscribe en un bloque de países que rechazó los intentos de desestabilización. Un comunicado conjunto de ocho naciones —Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú— repudió “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” del gobierno de Paz Pereira. También se pronunciaron la Casa Blanca, la Unión Europea y más de 30 expresidentes agrupados en el Grupo Idea.
La crisis tiene otro frente diplomático abierto: Bolivia declaró persona non grata a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, y ordenó su expulsión este mismo miércoles. La decisión responde a lo que la cancillería boliviana describió como la “injerencia constante” del presidente Gustavo Petro, quien calificó las protestas como una “insurrección popular” y afirmó en sus redes sociales que la crisis es consecuencia de “la soberbia geopolítica”. Morales expresó públicamente su respaldo a Petro y le agradeció por “defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo”. La cancillería boliviana aclaró que la expulsión de la diplomática no implica una ruptura de relaciones con Bogotá.
La Paz y El Alto permanecen prácticamente cercadas, con escasez de alimentos de la canasta básica, interrupciones en el transporte público y colegios en modalidad virtual. La Policía boliviana anunció la habilitación de un “corredor humanitario” para garantizar el paso de alimentos, combustible y medicamentos. El gobierno de Paz Pereira informó que mantiene negociaciones reservadas con distintos sectores para desactivar el conflicto.
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POLITICA
Desde San Vicente, Kicillof llamó a construir una alternativa a Milei, rodeado de dirigentes afines pero sin Máximo Kirchner

LA PLATA.- Axel Kicillof, presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, rindió homenaje a Juan Domingo Perón en la Quinta 17 de octubre, en San Vicente, donde se encuentran los restos del expresidente, en un acto cerrado del que no participó Máximo Kirchner.
“Vamos a seguir honrando el legado de Perón de la única forma que podemos hacerlo: trabajando para darle dignidad a nuestro pueblo y para construir una alternativa que vuelva a levantar en la Argentina las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía”, dijo.
Kicillof asumió la presidencia del partido en abril último, en reemplazo de Máximo Kirchner. El diputado nacional no asistió entonces y tampoco fue este miércoles parte del homenaje a Perón. El hijo de Cristina Kirchner dejó trascender que no estuvo invitado a San Vicente.
La última vez que hablaron el gobernador y el diputado que lidera La Cámpora fue el fin de semana en que falleció Carlos “Indio” Solari, cuando coordinaron la despedida en Avellaneda, pero tras ese acto no hubo más contactos entre ellos.
El acto de homenaje fue pequeño y tuvo a Kicillof como epicentro de una foto con pocos intendentes y dos dirigentes federales (de los PJ de Misiones y de Chaco) luego de que fuera descartada la idea de reunir a los titulares del PJ de los 135 municipios.
Nadie lo dirá en voz alta, pero en plena interna existió temor por el alcance que pudiera tener una convocatoria multitudinaria. De modo que sólo se invitó a los alcaldes de la región, en particular de la tercera sección del conurbano, que tienen buen diálogo con el Gobierno provincial.
El partido se encuentra sumergido en un debate respecto de la conducción política y las candidaturas que conformarán la oferta electoral en 2027. Kicillof insiste en que este un año de organización porque “se viene de un gobierno que no funcionó, el nuestro, y eso nos llevó también a que ahora gobierne Milei”.
Referentes del interior
En San Vicente, donde la quinta de Perón permanece al cuidado de dirigentes que se reportaban con Martín Insaurralde, Kicillof se mostró con dos referentes del Partido Justicialista del interior del país, invitados en el plan de dar un giro federal a la conducción de Kicillof.
Entre los alcaldes con diálogo directo con Máximo Kirchner sólo asistió a San Vicente Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora. También estuvo Gastón Granados, de Ezeiza, que forma un grupo de alcaldes que busca operar con un candidato propio para suceder a Kicillof en la provincia.
También estuvieron presentes durante las actividades la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Seguridad, Javier Alonso; y la secretaria general Agustina Vila.
Además, acompañaron al gobernador el diputado provincial Mariano Cascallares; las intendentas de Cañuelas, Marisa Fassi; y de Presidente Perón, Blanca Cantero; sus pares de Florencio Varela, Andrés Watson; de La Matanza, Fernando Espinoza y de Punta Indio, David Angueira.
Otros dirigentes como el senador kirchnerista Eduardo Wado de Pedro realizaron un homenaje por redes sociales. “En nuestras ambiciones y en nuestras aspiraciones, solamente una bandera debe ir delante de nosotros, la de nuestra patria”, recalcó De Pedro.
De Pedro es uno de los posibles candidatos del kirchnerismo para 2027. En tanto algunos intendentes de La Cámpora como Iván Villagrán (Carmen de Areco) ya hablan de Máximo Kirchner como aspirante a Presidente. Y el diputado nacional sostiene que Cristina Kirchner debe ser candidata pese a estar presa.
El Movimiento Derecho al Futuro que responde a Kicillof no se plegó a este operativo clamor. Por el contrario, el candidato a Presidente que corea en cada mitin es el del propio Kicillof, pese a que el gobernador evita explicitar aún su postulación por el peronismo para suceder a Milei el año próximo.
Kicillof busca armar y sumar voluntades antes que lanzar una candidatura que es resistida por un sector del peronismo bonaerense: recorre las provincias para fortalecer un armado plural y federal y se reúne con referentes del partido, con gobernadores y con intendentes.
Este año estuvo en Corrientes y en Tierra del Fuego con los mandatarios locales y visitó también Córdoba donde fue recibido por dirigentes aliados. Está invitado a visitar Catamarca, Mendoza, Jujuy, Salta y Santiago del Estero, por agrupaciones que buscan sumarse al armado.
@PJAlteBrown_,pic.twitter.com/EFGZwJa6Rk,July 1, 2026,María José Lucesole,Conforme a
POLITICA
Los detalles de la reforma del BCRA que prepara Milei: busca impedir que financie al Tesoro y acotar la emisión

Javier Milei prepara una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con un objetivo central: eliminar los mecanismos que le permiten al BCRA financiar al Tesoro. En el Gobierno aseguran que la iniciativa será presentada como una “señal fuerte para consolidar la baja de la inflación” y restringir por ley los canales de emisión monetaria ligados al gasto público.
“Es la fase final de la pulverización de la inflación porque no va a dar margen alguno para que el Central financie al Tesoro. Nunca más”, expresan en la primera línea del equipo económico del Ejecutivo. El proyecto todavía no está cerca de ser terminado. En la Casa Rosada reconocen que por ahora no hay un borrador cerrado, ni una fecha formal de presentación en el Congreso.
En despachos oficiales incluso hay quienes creen que, por el momento, “fue solo un título”. Sin embargo, el anuncio ya activó conversaciones entre los equipos de Economía, Desregulación y el Banco Central. La reforma apunta a uno de los puntos más sensibles de la política económica argentina: la relación entre el Banco Central y el Tesoro.
En términos técnicos, el Gobierno busca limitar o directamente prohibir los adelantos transitorios, las transferencias de utilidades contables y las compras de deuda pública que puedan funcionar como financiamiento monetario del déficit. Los adelantos transitorios son préstamos de corto plazo que el Banco Central puede darle al Tesoro dentro de ciertos límites legales. Las utilidades, en cambio, son ganancias contables del BCRA que en distintos momentos fueron giradas al Tesoro y utilizadas como fuente de financiamiento.
El Ejecutivo también analiza restringir la compra de títulos públicos por parte del Banco Central. Ese punto es técnicamente más delicado, porque una autoridad monetaria puede operar con bonos del Tesoro por motivos de política monetaria, liquidez o estabilidad financiera. La diferencia que busca marcar el Gobierno es entre operaciones de mercado para administrar la liquidez y compras destinadas a financiar al fisco.
Es por eso que en la Casa Rosada miran el modelo de Estados Unidos como una de las referencias. El esquema de la Reserva Federal permite operaciones con bonos del Tesoro en el mercado secundario para ejecutar la política monetaria, pero no equivale a una asistencia automática al Tesoro para cubrir sus necesidades fiscales. En el Gobierno creen que esa distinción puede servir para diseñar un régimen que mantenga instrumentos monetarios sin permitir financiamiento directo del gasto.
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“Va más o menos por ahí”, explican fuentes oficiales sobre el diseño técnico que imaginan. La idea que circula es fijar como objetivo prioritario la estabilidad monetaria y financiera, quitar referencias más amplias como equidad social o desarrollo con inclusión, y establecer reglas más duras para impedir que el BCRA sea usado como herramienta de financiamiento político.
Ese cambio implicaría revisar el artículo que define los objetivos del Banco Central. Milei viene cuestionando la reforma impulsada en 2012, durante la presidencia del BCRA de Mercedes Marcó del Pont, porque entiende que amplió demasiado las finalidades de la institución. En su última exposición en la Fundación Faro, el Presidente sostuvo que la Carta Orgánica actual permite emitir “por cualquier motivo” y planteó la necesidad de recuperar la misión de defender el valor de la moneda.
La discusión también aparece en el programa con el Fondo Monetario Internacional. En la segunda revisión, el organismo planteó que, una vez consolidada la estabilización macroeconómica, sería necesario avanzar en una reforma legal más amplia del Banco Central para fortalecer su independencia, mejorar su gobernanza y reforzar los resguardos contra el financiamiento monetario del déficit.
La modificación también podría incluir reglas sobre la independencia del directorio. En el Gobierno evalúan reforzar mandatos técnicos, con validación del Congreso y menor dependencia del ciclo político. El objetivo sería blindar a las autoridades del BCRA frente a cambios de gobierno y limitar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo use al banco como una caja para financiar programas o vencimientos.
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Otro punto bajo análisis es la emisión derivada de la compra de reservas. Si el Banco Central compra dólares, entrega pesos y expande la base monetaria. El Gobierno estudia cómo compatibilizar una regla monetaria estricta con la necesidad de acumular reservas, intervenir en el mercado cambiario o administrar la liquidez. Ese es uno de los temas más complejos para los equipos técnicos, porque una prohibición absoluta podría quitarle margen operativo al BCRA.
En la práctica, la reforma buscaría separar tres funciones: preservar el valor de la moneda, sostener la estabilidad financiera y actuar como regulador del sistema bancario. El Gobierno quiere evitar que esas funciones se mezclen con el financiamiento fiscal. La premisa política de Milei es que la inflación no se termina sólo con disciplina de corto plazo, sino con una regla institucional que impida volver a emitir para cubrir déficit.
Javier Milei, Banco Central
POLITICA
Villarruel le abrió las puertas del Senado al Pollo Sobrero para denunciar el “mal estado de los trenes” a cargo del Gobierno

La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió en el Senado al sindicalista ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, referente de la seccional Gran Buenos Aires Oeste del tren Sarmiento. El encuentro estuvo centrado en los cuestionamientos sobre el estado de la red y las condiciones de seguridad del servicio, en medio de las crecientes advertencias de los trabajadores y organismos de control al Gobierno sobre el deterioro del sistema.
“La recepción fue muy buena. Me pareció que quedó muy preocupada con el estado de los trenes”, manifestó Sobrero a la salida del Congreso, donde valoró que la presidenta del Senado le concediera el encuentro al margen del antagonismo ideológico: “Esto no es una cuestión de diferencias políticas ni nada de eso, es querer evitar volver a tener una masacre como la de Once”, advirtió.
El sindicalista de la rama combativa añadió: “La reunión se extendió mucho más de lo que pensábamos, casi dos horas, porque también estuvimos planteando el tema del interior. El año pasado tuvimos 435 descarrilamientos”.
La audiencia buscó dejar un mensaje político, en el cual la vicepresidenta y el referente del ala dura de los ferroviarios —y antagónico tanto de las conducciones gremiales tradicionales como del gobierno de Javier Milei— coincidieron en la necesidad de dejar de lado las diferencias frente a la situación del sector. “Es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los trenes, sobre todo cuando se discuten inversiones en sectores productivos que requieren un estado eficiente de la red ferroviaria”, apuntaron desde el entorno de Villarruel.
En la presidencia del Senado argumentaron que “la vicepresidente recibió a un representante del sector ferroviario porque entiende que se trata de un área clave para la productividad y la logística del país”, y argumentaron que “en los últimos años hubo cientos de descarrilamientos y la conexión entre poblaciones hace a la construcción de la soberanía nacional”, por lo cual “las diferencias ideológicas no están por encima de los intereses del país”.
También con el PJ
Sobrero, por otro lado, se reunió con un grupo de senadores justicialistas encabezados por José Mayans, quienes le prometieron apalancar en la próxima sesión un pedido de informes sobre los fondos correspondientes a los trenes.
El sindicalista ratificó su intención de concretar una reunión con Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario en la Cámara alta. “Ya se la pedí, pero todavía no me la dio. Y espero que me la de porque quiero hablar con ella también”, marcó e indicó que continuará con las reuniones en el Senado junto a otros espacios en medio de lo que denuncia como una “situación límite”.
Según un reciente documento elaborado por la seccional Gran Buenos Aires Oeste de la Unión Ferroviaria, la línea Sarmiento atraviesa un proceso de deterioro marcado por la falta de mantenimiento, infraestructura obsoleta y la pérdida de personal especializado, una combinación que, advierte, incrementa el riesgo de un accidente grave. El informe sostiene que la declaración de la emergencia ferroviaria no se tradujo en obras ni en mejoras sustanciales, al asegurar que “la realidad en la vía es contundente: no ha ingresado un solo peso para obras o mantenimiento”.
El documento señala que aún permanecen en servicio cambios de vías de entre 60 y 70 años de antigüedad, rieles electrificados instalados en 1921, cableados y armarios eléctricos obsoletos, fusileras de 600 voltios sin protección y otros componentes cuya renovación se considera “de extrema urgencia”.
El diagnóstico se suma a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación (AGN) en un duro informe sobre la línea San Martín, que alertó sobre un aumento del 72% de los accidentes ferroviarios en 2024 respecto del año anterior y un incremento del 400% de los choques, semichoques y descarrilamientos por causas técnicas.
La AGN también advirtió que el presupuesto destinado al mantenimiento cubrió apenas el 43% de las necesidades en 2023 y el 29% en 2024. Ese escenario tuvo como antecedente el choque de dos formaciones ocurrido en mayo de 2024, a pocos metros de la estación Palermo, que dejó 60 pasajeros heridos y llevó al Gobierno nacional a declarar la señala emergencia ferroviaria.
“Lo primero que hay que hacer es cumplir con el decreto de 1200 millones de pesos que tendrían que venir al ferrocarril para pagar la deuda que tenemos, de 400 millones de dólares, y, aparte de eso, empezar a hacer todas las obras de seguridad que no se están haciendo, producto de que a los ferrocarriles no les está pagando a nadie”, dijo Sobrero, que acusó al Gobierno por “la desidia en la red ferroviaria” y de “no poner la plata que plantearon”.
Este miércoles, la reunión del dirigente ferroviario con el bloque de senadores justicialistas tuvo lugar cerca del mediodía, poco más de una hora antes que la de Villarruel, aunque cobró impulso una vez que ya había trascendido el encuentro con la vicepresidenta que —según Sobrero— fue la primera en atender su solicitud. Allí, además de Mayans, estuvieron el chaqueño Jorge “Coqui” Capitanich y el bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro.
“Nos expresó su preocupación por la situación de los trenes, en el que miles de personas viajan muy mal todos los días, sobre la falta de inversión directa, el peligro de no tener prácticamente en condiciones las vías. Tienen que reducir prácticamente la velocidad del viaje. Nos comentó que hay trenes que ahora hacen en una hora y media, lo que hacían en 30 minutos, y que hay gente que se disgusta generalmente con el personal, lo que llega a agresiones inclusive”, comentó Mayans.
Manuel Casado,Conforme a
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