POLITICA
A días de cumplirse un año de la detención de Germán Giuliani, Argentina volvió a reclamar ante la OEA por los presos políticos en Venezuela
A casi un año del arresto de Germán Darío Giuliani, el último ciudadano argentino detenido por el régimen chavista, Argentina volvió a reclamar ante el Consejo Permanente de la OEA la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y el acceso de una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ese país.
Durante la reunión ordinaria que se realizó este miércoles en Washington, EEUU, se trató a cuestión humanitaria en Venezuela a instancias de Argentina y otras delegaciones. El representante argentino, Carlos Cherniak, exigió que el tema se mantenga en la agenda del organismo. “Esta organización debe ser la voz de los sin voz en todo contexto donde se produzcan violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, afirmó ante el Consejo.
El diplomático subrayó que los instrumentos del Sistema Interamericano —la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana— “no fueron concebidos para ser invocados únicamente en tiempos de normalidad”, sino precisamente para situaciones en que “el poder se ejerce sin controles” y “el Estado se convierte en un instrumento de represión”.
El caso de Giuliani adquirió nueva dimensión diplomática días antes de la reunión: el 27 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo autónomo de la OEA, adoptó la Resolución 32/2026, mediante la cual le otorgó medidas cautelares al argentino y exigió a Caracas que informara de inmediato su paradero exacto, su estado de salud y las condiciones de su detención. La resolución incorporó denuncias de tormentos físicos, golpizas y presuntas torturas. Según el expediente, Giuliani habría declarado que “le hicieron firmar una declaración a fuerza de golpes”. Un periodista excarcelado que compartió celda con él en el Comando Militar de Las Acacias lo vio llegar “con la mirada perdida, asustado y golpeado”.
El detenido fue arrestado entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mientras navegaba en una embarcación alquilada en aguas del estado Anzoátegui. Según la denuncia, al advertir su acento argentino fue aprehendido de inmediato y luego vinculado a acusaciones de terrorismo y narcotráfico, sin que existan precisiones judiciales públicas conocidas. Desde entonces fue trasladado por al menos tres centros de reclusión —el Comando Militar de Las Acacias, Yare II y Yare III— y sus familiares desconocen hasta hoy su ubicación exacta dentro del Complejo Penitenciario de Yare.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo autónomo de la OEA, también documentó un régimen de comunicación: las llamadas con su familia eran esporádicas, de no más de dos minutos, grabadas y supervisadas, y en ocasiones transcurrieron meses sin contacto. El organismo alertó sobre el deterioro de su salud mental y exigió acceso inmediato a agua potable, alimentación adecuada y atención médica. El régimen venezolano no respondió el requerimiento de información que la Comisión formuló el 16 de abril; el plazo venció sin contestación oficial.
Ante el Consejo Permanente de la OEA, Cherniak reconoció que existe “una pequeña luz en Venezuela”, pero advirtió que eso no equivale a una señal de tranquilidad mientras haya detenidos y desaparecidos. Reclamó fortalecer la diplomacia preventiva regional “no como un mecanismo de señalamiento, sino como una herramienta de acompañamiento oportuno”. En ese marco, reafirmó el compromiso de Buenos Aires con “la libertad de todos los presos políticos en Venezuela” y con “la restauración de la democracia plena” en ese país.
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Causa por enriquecimiento ilícito: el contratista aseguró que Adorni gastó $14 millones en muebles para el departamento de Caballito
El contratista Matías Tabar declaró que Manuel Adorni pagó $14 millones en efectivo y sin factura por trabajos de carpintería para renovar muebles en su departamento de Caballito.
La declaración fue incorporada al expediente por presunto enriquecimiento ilícito que instruyen el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, donde se investigan los movimientos patrimoniales del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti.
Durante su testimonio, Tabar precisó que su intervención no estuvo relacionada con la refacción integral realizada en el inmueble a mediados de 2025, sino con trabajos específicos vinculados a la fabricación e instalación de mobiliario. Según explicó, fue convocado para contactar y coordinar al mismo carpintero que había trabajado previamente en otra propiedad del matrimonio.
Los encargos, según detalló, estuvieron destinados principalmente al living y a los dormitorios del departamento. Entre los elementos solicitados mencionó una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa para comedor diario, un vajillero, un rack para televisión, una consola y un espejo, además de otros muebles.
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De acuerdo con su versión, esos trabajos fueron encargados en diciembre y se completaron o abonaron entre enero y febrero de este año. También sostuvo que la totalidad del pago se realizó en efectivo y sin emisión de factura.
A partir de esta declaración, Lijo dispuso el peritaje del teléfono celular del contratista. El objetivo de esa medida es revisar las conversaciones mantenidas con Adorni, Angeletti y los distintos proveedores para corroborar las cifras, fechas y modalidades de pago informadas ante la Justicia.
La causa sumó además un nuevo testimonio clave. Se trata de Leandro Miano, quien llegó a los tribunales federales de Comodoro Py antes de las 9 y se retiró cerca de dos horas después sin formular declaraciones ante la prensa.
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Miano mantiene vínculos comerciales con Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas acreedoras en otra de las operaciones bajo análisis. Ambos están vinculados a la firma de desarrollos urbanos TSJ Group, desde donde se gestionó la compraventa del semipiso ubicado en la calle Miró al 500.
Según trascendió, durante su exposición ratificó la existencia de una deuda de 65.000 dólares que Adorni mantiene por una inversión previa realizada para modernizar ese inmueble antes de concretarse la operación de compra.
Siempre según lo declarado ante la Justicia, ese monto fue aportado junto a Feijoo para poner en valor el departamento antes de que fuera adquirido por 230.000 dólares. Miano también señaló que quien llevó adelante las gestiones vinculadas a esa operatoria fue su socio.
Los testimonios incorporados al expediente indican que el funcionario habría acordado devolver esos 65.000 dólares sin plazo definido, sin intereses y sin documentación respaldatoria.
Ese pasivo se suma a otros compromisos económicos bajo análisis. Según los números incorporados al expediente, el matrimonio habría realizado gastos por unos 365.000 dólares en propiedades durante los últimos dos años y medio.
En paralelo, también se investigan deudas que superarían los 335.000 dólares, la mayoría con vencimiento previsto para noviembre.
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El eje central de la investigación apunta a determinar si Adorni y Angeletti cuentan con ingresos suficientes para justificar esas erogaciones y obligaciones patrimoniales.
En ese marco, sus declaraciones juradas correspondientes al año 2025 todavía no fueron presentadas ante la Oficina Anticorrupción, ya que el plazo legal para hacerlo vence el próximo 31 de julio.
Como una de las medidas más recientes, Lijo ordenó además levantar el secreto fiscal de ambos ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), con el objetivo de profundizar el análisis sobre su situación tributaria y patrimonial.
Manuel Adorni
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LLA aceptó cambios en el proyecto de Ley de Propiedad Privada y busca obtener dictamen en el Senado
El oficialismo buscará este miércoles y jueves avanzar en el Senado con las audiencias públicas en la Comisión de Acuerdos para nombrar jueces y fiscales federales. Sin embargo, la oposición se plantó y pidió modificaciones al proyecto sobre propiedad privada que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El debate de este proyecto lo llevan adelante los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, respectivamente.
Ante ellos pasaron, entre otros, el ministro Sturzenegger y el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, quien cuestionó aspectos vinculados a los barrios populares, en particular, advirtió que las modificaciones sobre la Ley 27.453 podrían resultar “regresivas”.
El oficialismo aceptó eliminar ese capítulo que buscó la regularización de las viviendas incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Socio Urbana (RENABAP). La norma establece regularizar el dominio de propiedad, suspender desalojos y fijar condiciones para acceder y usar los inmuebles en los barrios populares.
La bancada de Convicción Federal que lidera la jujeña Carolina Moisés, vicepresidenta del Senado, manifestó que, “el avance sobre el Registro Nacional de Barrios Populares representa una de las mayores amenazas de la iniciativa oficial y es un punto inaceptable”.
“El RENABAP no se toca. Este proyecto no solo frena la integración socio-urbana, sino que habilita desalojos masivos de manera encubierta”, denunciaron los senadores.
Carolina Moisés agregó, “la normativa impulsada por el Ejecutivo ignora la realidad de más de cinco millones de argentinos que viven en barrios populares».
“El oficialismo busca imponer ‘desalojos exprés’ sin contemplar situaciones de extrema vulnerabilidad. Nuestra propuesta es clara: límites estrictos y protección especial para los niños y adultos mayores. No es lo mismo un intruso que un inquilino, no pueden manejarse los mismos plazos en uno y otro caso”, agregó.
La propuesta del Poder Ejecutivo
El Gobierno quería que la tarea del Registro de Barrios Populares, que hoy está concentrada en el Estado Nacional, se traslade a los municipios y provincias.
Además, derogaba un punto central que era la suspensión de desalojos por 10 años que podría traer un grave conflicto social si las familias perdían esas viviendas.
También se suprimía en la reforma del Gobierno del 25% de obras destinadas a organizaciones de los propios barrios y los artículos sobre expropiaciones.
Los funcionarios señalaron que esa ley no logró cumplir su objetivo, ya que luego de siete años desde su entrada en vigencia, tan solo un 0,08 % del suelo de los barrios populares a los que apunta la norma tiene título de propiedad privada.
Es decir, un número extremadamente bajo de sus habitantes posee título de propiedad sobre la tierra que habita.
Postura del Pro
La bancada amarilla del partido de Mauricio Macri, encabezada en el Senado por Martín Goerling Lara, rechazó desde el primer día la modificación del RENABAP.
Es que la Ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominical para la Integración Socio Urbana fue sancionada el 29 de octubre de 2018, durante el Gobierno de Macri.
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El proyecto en aquel entonces fue impulsado por la exministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en acuerdo con los movimientos sociales.
A la postura del PRO se acoplaron varios legisladores de la UCR, ya que cuando se sancionó la norma, formaban parte de Cambiemos, el frente político que gobernó la Argentina en aquel entonces.
Puntos centrales del proyecto
La iniciativa incluye modificaciones al Código Civil y Comercial, al Código Procesal y a otras normas vinculadas a la propiedad.
Entre sus principales puntos, propone cambios en el régimen de expropiaciones y desalojos, elimina restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y modifica la Ley de Manejo del Fuego —especialmente en relación con el cambio de uso del suelo en tierras incendiadas.
Si bien se encontraba en la iniciativa, se dejará de lado la delegación en provincias y municipios la regularización de barrios populares incluidos en el RENABA.
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Además, redefine el cálculo de las indemnizaciones por expropiación, que se limitarán al valor de mercado y a daños directos, excluyendo ganancias hipotéticas o valores afectivos.
También prohíbe la transferencia de dominio sin pago íntegro y establece que las ocupaciones temporarias no podrán extenderse más de 60 días.
El proyecto además introduce cambios en los mecanismos judiciales para desalojos y en los esquemas de regularización dominial, con criterios más estrictos sobre la ocupación de tierras. Desde el oficialismo aseguran que el objetivo es reforzar la seguridad jurídica sobre la propiedad privada.
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Quién es Ariel Vallejo, el financista con pedido de detención que está vinculado a Chiqui Tapia
Este miércoles, la Justicia y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pidieron la detención de Ariel Vallejo, el financista de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cercano a Claudio Chiqui Tapia e involucrado en la causa por presunta asociación ilícita por lavado de dinero. El banquero había sido llamado a declarar esta mañana pero, ante su ausencia, la fiscal pidió su arresto.
Vallejo es dueño de Sur Finanzas: tal como consignó , inyectó en el mercado un capital inicial ilícito de 108.138.762 dólares, provenientes de infracciones al régimen cambiario y de intermediación financiera no autorizada mediante las sociedades que constituyeron su financiera.
Entre sus bienes se incluyen una flota de autos de alta gama a su nombre, de su familia y sus empresas que acumuló junto con su madre —Graciela Vallejo, también llamada a declarar— y su exsuegra, y que incluyen un Audi, Mercedes Benz, Alfa Romeo, Land Rover BMW y una Ferrari California destinada a su uso personal, que estacionaba frente a la financiera.
Diez de esos autos fueron secuestrados por el juez Luis Armella, a pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, de la Procuraduría Especializada en Lavado de Dinero (Procelac). Incardona fue quien finalmente pidió este miércoles su detención.
El juez federal Armella citó a indagatoria a Vallejo y a otras 15 personas acusadas de integrar una presunta asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la AFA y a diversos clubes que integran esa entidad. El juez consideró que Vallejo era la cabeza de la organización, integrada por otras catorce personas.
Además, Sur Finanzas es el sponsor oficial de las selecciones nacionales, el contrato de mayor envergadura económica que tiene la firma. Las medidas se ordenaron en una causa que comenzó con una denuncia contra exdirigentes del club Atlético Banfield. Luego, ARCA denunció a Sur Finanzas por manejarse con empresas apócrifas y monotributistas que no tenían capacidad financiera para mover miles de millones de pesos.
Según esa denuncia, a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP” se hicieron transferencias por $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, se apuntaba a lavado de dinero.
Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. Como garantía de esos préstamos, el club de Boedo le cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación. “Esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora”, sostuvo Incardona al pedir las indagatorias.
La fiscalía también cree que hubo acuerdos entre Sur Finanzas y las dirigencias de los clubes con los que se firmaron los contratos. Las operaciones y contratos fueron con Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield.
Ya se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, en varios clubes a los que la financiera les giraba fondos y en propiedades ligadas a esas maniobras, que la Justicia considera sospechosas.
Además de Vallejo, su madre, que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, fue citada junto con dos personas de su extrema confianza como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.
El listado de indagados incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la exsuegra de Vallejo), y Maite Sofía Lorenzo, entre otros. La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.
Armella también ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de todos los citados a declarar y de una docena de sociedades vinculadas a Vallejo.
detención de Ariel Vallejo,consignó LA NACION,Claudio Chiqui Tapia,AFA,AFAGate,Conforme a,,Tras pedir su detención. Marcela Pagano volvió a apuntar contra Adorni: “Es el cajero de Karina Milei”,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: el desencanto del Gabinete por el apoyo a Adorni y un nuevo viaje a Estados Unidos,,Respaldó a Caputo. Daza apuntó contra Cavallo: “Le faltó flexibilidad, humildad y sabiduría para sostener la convertibilidad”,Claudio Chiqui Tapia,,El financista de la AFA. El juez volvió a citar a Ariel Vallejo y amenaza con detenerlo,,Inexplicable ausencia. La defensa de Tapia no se presentó a una audiencia para apelar su procesamiento y podría quedar firme,,De sábado a lunes. Por qué el cronograma de la última fecha del Apertura incumple el reglamento (y tres razones que hay detrás)
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