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LLA aceptó cambios en el proyecto de Ley de Propiedad Privada y busca obtener dictamen en el Senado

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El oficialismo buscará este miércoles y jueves avanzar en el Senado con las audiencias públicas en la Comisión de Acuerdos para nombrar jueces y fiscales federales. Sin embargo, la oposición se plantó y pidió modificaciones al proyecto sobre propiedad privada que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El debate de este proyecto lo llevan adelante los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, respectivamente.

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Ante ellos pasaron, entre otros, el ministro Sturzenegger y el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, quien cuestionó aspectos vinculados a los barrios populares, en particular, advirtió que las modificaciones sobre la Ley 27.453 podrían resultar “regresivas”.

El oficialismo aceptó eliminar ese capítulo que buscó la regularización de las viviendas incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Socio Urbana (RENABAP). La norma establece regularizar el dominio de propiedad, suspender desalojos y fijar condiciones para acceder y usar los inmuebles en los barrios populares.

Carolina Moisés, senadora nacional Convicción Federal. Foto: Luciano Ingaramo /Comunicación Institucional Senado).-

La bancada de Convicción Federal que lidera la jujeña Carolina Moisés, vicepresidenta del Senado, manifestó que, “el avance sobre el Registro Nacional de Barrios Populares representa una de las mayores amenazas de la iniciativa oficial y es un punto inaceptable”.

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“El RENABAP no se toca. Este proyecto no solo frena la integración socio-urbana, sino que habilita desalojos masivos de manera encubierta”, denunciaron los senadores.

Carolina Moisés agregó, “la normativa impulsada por el Ejecutivo ignora la realidad de más de cinco millones de argentinos que viven en barrios populares».

“El oficialismo busca imponer ‘desalojos exprés’ sin contemplar situaciones de extrema vulnerabilidad. Nuestra propuesta es clara: límites estrictos y protección especial para los niños y adultos mayores. No es lo mismo un intruso que un inquilino, no pueden manejarse los mismos plazos en uno y otro caso”, agregó.

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La propuesta del Poder Ejecutivo

El Gobierno quería que la tarea del Registro de Barrios Populares, que hoy está concentrada en el Estado Nacional, se traslade a los municipios y provincias.

Además, derogaba un punto central que era la suspensión de desalojos por 10 años que podría traer un grave conflicto social si las familias perdían esas viviendas.

También se suprimía en la reforma del Gobierno del 25% de obras destinadas a organizaciones de los propios barrios y los artículos sobre expropiaciones.

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Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger y el senador libertario Agustín Coto, presidente de Asuntos Constitucionales, durante la presentación del proyecto de Propiedad Privada. Foto Senado
Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger y el senador libertario Agustín Coto, presidente de Asuntos Constitucionales, durante la presentación del proyecto de Propiedad Privada. Foto Senado

Los funcionarios señalaron que esa ley no logró cumplir su objetivo, ya que luego de siete años desde su entrada en vigencia, tan solo un 0,08 % del suelo de los barrios populares a los que apunta la norma tiene título de propiedad privada.

Es decir, un número extremadamente bajo de sus habitantes posee título de propiedad sobre la tierra que habita.

Postura del Pro

La bancada amarilla del partido de Mauricio Macri, encabezada en el Senado por Martín Goerling Lara, rechazó desde el primer día la modificación del RENABAP.

Es que la Ley 27.453 de Régimen de Regularización Dominical para la Integración Socio Urbana fue sancionada el 29 de octubre de 2018, durante el Gobierno de Macri.

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El proyecto en aquel entonces fue impulsado por la exministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en acuerdo con los movimientos sociales.

A la postura del PRO se acoplaron varios legisladores de la UCR, ya que cuando se sancionó la norma, formaban parte de Cambiemos, el frente político que gobernó la Argentina en aquel entonces.

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Puntos centrales del proyecto

La iniciativa incluye modificaciones al Código Civil y Comercial, al Código Procesal y a otras normas vinculadas a la propiedad.

Entre sus principales puntos, propone cambios en el régimen de expropiaciones y desalojos, elimina restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y modifica la Ley de Manejo del Fuego —especialmente en relación con el cambio de uso del suelo en tierras incendiadas.

Si bien se encontraba en la iniciativa, se dejará de lado la delegación en provincias y municipios la regularización de barrios populares incluidos en el RENABA.

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Además, redefine el cálculo de las indemnizaciones por expropiación, que se limitarán al valor de mercado y a daños directos, excluyendo ganancias hipotéticas o valores afectivos.

También prohíbe la transferencia de dominio sin pago íntegro y establece que las ocupaciones temporarias no podrán extenderse más de 60 días.

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El proyecto además introduce cambios en los mecanismos judiciales para desalojos y en los esquemas de regularización dominial, con criterios más estrictos sobre la ocupación de tierras. Desde el oficialismo aseguran que el objetivo es reforzar la seguridad jurídica sobre la propiedad privada.

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La Corte dejó firme el sobreseimiento de Federico Sturzenegger en la causa por dólar futuro

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este jueves el recurso de queja presentado por Cristina Kirchner contra el sobreseimiento de Federico Sturzenegger en la causa conocida como “dólar futuro”.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que habilita al tribunal a rechazar un recurso extraordinario sin ingresar al fondo de la cuestión.

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La decisión dejó firme el sobreseimiento que ya había sido dictado en primera instancia y confirmado por la Cámara Federal porteña y por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Sturzenegger, expresidente del Banco Central entre 2015 y 2018, se desempeña hoy como ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

La denuncia contra el funcionario fue impulsada en 2016 por un grupo de legisladores kirchneristas, en el mismo tramo en que el entonces juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a la expresidenta en el expediente principal por la venta de dólares a futuro al cierre de su segundo mandato.

Axel Kicillof y Cristina Kirchner (Foto: NA)

En esa causa, tanto la expresidenta como el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof y el extitular del BCRA, Alejandro Vanoli fueron sobreseídos. Ese sobreseimiento quedó firme en diciembre de 2024, también por aplicación del artículo 280.

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La denuncia contra Sturzenegger

En la presentación contra Sturzenegger se le atribuyó el delito de defraudación a la administración pública. Según la querella, el Banco Central habría pagado los contratos a futuro con los precios resultantes de la devaluación de diciembre de 2015 y habría modificado las condiciones en que aquellos se habían celebrado, “en perjuicio de los intereses estatales y en favor de particulares”.

La misma denuncia apuntó a Bonadio, a quien se acusó de haber favorecido esa operatoria y de haber citado a indagatoria a la expresidenta.

El juez federal Sergio Torres sobreseyó a Sturzenegger al considerar que su actuación “se vio acotada al cumplimiento de cuanto habían formalizado las autoridades que lo precedieron”, tanto en la presidencia del BCRA como en el directorio.

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Para el magistrado, seguir adelante con la investigación equivalía a un control judicial sobre decisiones de política económica, “sin que se haya advertido un exceso en el ejercicio de la competencia que le es propia y que sí tornaría judiciable la cuestión”.

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Cristina Kirchner, admitida como querellante por la Cámara Federal, apeló con el argumento de que la investigación había sido insuficiente, pero la Sala I de la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento en junio de 2019.

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Luego, en noviembre de ese año, Casación, con votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y la disidencia de Ana María Figueroa, declaró inadmisible el recurso del abogado Carlos Beraldi. En ese escenario, solo les quedaba la opción de ir en queja ante la Corte, que ahora fue rechazada.

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La reunión del Papa y la CGT en la Argentina ya está definida: los detalles del encuentro y la previa en el Vaticano

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La tan esperada reunión entre el Papa León XIV y la CGT en la Argentina ya tendría fecha y lugar definidos: se realizará el lunes 9 de noviembre en el Campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA) y contará también con la participación de representantes del empresariado y de los movimientos sociales.

La posibilidad del encuentro, en realidad, iba a ser planteada por los líderes cegetistas Gerardo Martínez (UOCRA) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), quienes, como parte de una delegación de sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales que deliberaron jueves y viernes en el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, en Roma, serán recibidos por el Papa en una audiencia privada que tendrá lugar este sábado, a las 17 hora argentina, en el Vaticano.

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Sin embargo, aunque el preciado lugar en la agenda de la visita papal a nuestro país ya se confirmó, Martínez y Jerónimo aprovecharán el contacto con el Sumo Pontífice para hablar sobre el deterioro de la situación social y laboral en la Argentina, con especial hincapié en la pérdida de empleos, la caída de los ingresos y el creciente endeudamiento de las familias y de las pymes.

Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo, en la conferencia anual de la OIT

La iniciativa de Martínez, uno de los referentes del sector dialoguista, causó malestar en algunos de sus rivales internos que se sienten marginados en la relación con el Vaticano, pero cerca del líder de la UOCRA destacaron que nunca se ocultó que era un encuentro pactado por la delegación de Fratelli Tutti y que por eso también se incluyó en la comitiva que verá hoy al Papa a Jerónimo, uno de los 3 cotitulares cegetistas, para anticiparle la problemática de los trabajadores argentinos.

Aun así, la interna perpetua de la CGT hace que se amplifiquen situaciones que a la distancia no parecen conflictivas. Ahora que está confirmado el encuentro en Buenos Aires con León XIV incluso hay quienes prevén fricciones sindicales porque los encargados de organizar la visita del Papa pidieron que la comitiva cegetista no sea muy numerosa y, como es obvio, hay demasiados dirigentes que pugnan por sumarse a esa reunión que garantiza una foto de fuerte impacto político.

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¿Cómo se resolverá la selecta nómina de sindicalistas que irán a la UCA para reunirse con el Papa? Algunos que cuestionan el sistema de decisiones en la CGT porque “todo pasa solamente por 8 o 10 dirigentes” temen que en este punto suceda lo mismo y por eso pedirán que un tema tan sensible sea debatido por el Consejo Directivo a pleno, que en total tiene 50 integrantes.

El Encuentro Fratelli Tutti deliberó este jueves y viernes en Roma (Foto: @Conferencia Episcopal Latinoamericana y Caribeña (CELAM))

Más allá de ese probable conflicto, el encuentro con el Papa en la UCA será el eje de la charla que la semana que viene tendrá Jorge Sola (Seguros), otro de los cotitulares de la CGT, con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, quienes están encargados de coordinar desde nuestro país los detalles de la agenda local de la visita de León XIV.

Los desafíos de la IA en el sector laboral

En su intervención en el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti, Gerardo Martínez planteó la necesidad de construir un nuevo contrato social con la participación de todos los sectores y sostuvo que la visión impulsada por León XIV interpela a empresarios, sindicatos y Estados a debatir respuestas conjuntas frente a las desigualdades y las transformaciones en el mundo del trabajo.

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Además, el líder de la UOCRA, que es miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el sector trabajador, se refirió a los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial en el mercado laboral y destacó que su postura consiste en “no resistir la innovación, no aceptar la exclusión y negociar la transición”. “No queremos discutir si la inteligencia artificial va a llegar. Ya llegó -dijo-. Queremos discutir cómo la incorporamos, quién participa de las decisiones y cómo distribuimos los beneficios que genera”.

El Papa Francisco y Gerardo Martínez, en el encuentro que tuvo la CGT en 2024

Martínez se pronunció en favor de que “la inteligencia artificial esté al servicio de la producción y que la producción esté al servicio del desarrollo humano porque el futuro del trabajo no puede decidirlo solamente un algoritmo”. Por eso, advirtió, “desde el movimiento sindical no debemos pararnos frente a la inteligencia artificial para detenerla” sino que “tenemos que sentarnos en la mesa donde se decide cómo se incorpora”.

Luego de remarcar la “responsabilidad compartida” entre los trabajadores, los empresarios y el Estado, pidió “construir un nuevo acuerdo entre capital, trabajo y Estado”, que incluso “incorpore la inteligencia artificial a la negociación colectiva, que garantice capacitación permanente y reconversión laboral, que preserve la intervención humana en las decisiones que afecten al trabajador y que asegure que una parte del aumento de productividad generado por la tecnología se traduzca también en mejores empleos, mejores ingresos y mejores condiciones de vida”.

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Una por una, las 15 medidas que pidió el fiscal para investigar el presunto enriquecimiento ilícito de Chiqui Tapia en la CEAMSE

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El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió una batería de 15 medidas de prueba para investigar el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en la causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su función en la CEAMSE.

Entre las principales solicitudes aparecen el levantamiento del secreto fiscal y bancario, la entrega de sus declaraciones juradas, un relevamiento de sus cuentas, inmuebles y participaciones societarias y un informe sobre posibles operaciones realizadas en el exterior.

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El pedido quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá determinar qué medidas autoriza. El objetivo es reconstruir la evolución económica y financiera de Tapia durante el período investigado y establecer si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y el crecimiento de su patrimonio.

Las 15 medidas que pidió el fiscal para investigar el patrimonio de Chiqui Tapia

1) Levantamiento del secreto fiscal y bancario: Pollicita pidió que se levante el secreto fiscal y bancario sobre Tapia. La medida permitiría acceder a información tributaria y financiera que actualmente se encuentra protegida.

2) Declaraciones juradas presentadas por su función en la CEAMSE: La Fiscalía solicitó las declaraciones juradas que Tapia presentó durante su paso por la CEAMSE. Para eso, pidió que tanto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el de la provincia de Buenos Aires entreguen sus legajos reservados.

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3) Sueldos percibidos en la CEAMSE: También requirió que la CEAMSE informe cuánto cobró Tapia mientras ocupó un cargo en la empresa estatal. La documentación deberá incluir el detalle de sus salarios y otros conceptos percibidos durante ese período.

4) Movimientos migratorios: Pollicita pidió a la Dirección Nacional de Migraciones que informe todas las entradas y salidas del país registradas a nombre del presidente de la AFA.

5) Historial laboral y remuneraciones: La Fiscalía solicitó a la ANSES el historial laboral completo de Tapia, junto con la información disponible sobre los salarios y aportes registrados a lo largo de los años.

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6) Situación fiscal actual e histórica: A la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) le pidió un reporte sobre la situación fiscal actual e histórica del dirigente y una copia íntegra de sus declaraciones juradas impositivas.

7) Inmuebles, cuentas, sociedades, deudas y préstamos: El organismo recaudador también deberá informar, si la medida es autorizada, los inmuebles registrados a nombre de Tapia tanto en la Argentina como en el exterior. El pedido abarca además cuentas, participaciones societarias, deudas, préstamos y otros activos o compromisos financieros que puedan resultar relevantes para la investigación.

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8) Cuentas bancarias, plazos fijos, tarjetas y cajas de seguridad: Al Banco Central, el fiscal le solicitó información sobre cuentas bancarias, plazos fijos, tarjetas de crédito o débito y cajas de seguridad vinculadas con Tapia.

9) Cuentas en billeteras virtuales: Las empresas proveedoras de billeteras virtuales deberán informar si el presidente de la AFA es o fue cliente y, en caso afirmativo, aportar los datos requeridos por la Justicia.

10) Giros de dinero al exterior: Otra de las medidas busca determinar si Tapia realizó transferencias o giros de dinero fuera del país durante el período bajo análisis.

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11) Cuentas comitentes: La Fiscalía pidió a la Caja de Valores que informe si el dirigente posee o poseyó cuentas comitentes utilizadas para operar con acciones, bonos u otros instrumentos financieros.

12) Vehículos registrados a su nombre: El Registro Nacional de la Propiedad Automotor deberá entregar un listado de todos los vehículos que estuvieron o están registrados a nombre de Tapia.

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13) Embarcaciones y aeronaves: Pollicita también solicitó informes a los registros nacionales de Buques y Aeronaves para determinar si el dirigente tuvo o tiene embarcaciones o aviones.

14) Reportes de operaciones sospechosas: A la Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió que indique si existen reportes de operaciones sospechosas relacionados con el presidente de la AFA. La existencia de un reporte de esas características no implica por sí sola la comisión de un delito, pero puede aportar elementos para orientar una investigación patrimonial.

15) Cargos y salarios en la Conmebol: Por último, la Fiscalía solicitó a la Confederación Sudamericana de Fútbol que detalle los cargos ocupados por Tapia y los salarios, honorarios o pagos que recibió por esas funciones.

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El pedido de informe patrimonial

El patrimonio del presidente de AFA, bajo la lupa de la Justicia. (Foto: AP)

Pollicita sostuvo que, una vez incorporada toda la documentación, “correspondería confeccionar un amplio informe patrimonial, económico y financiero a través de una institución especializada”.

Según planteó, ese análisis “debería permitir graficar el patrimonio y formular eventualmente imputaciones según los elementos recabados”.

La intención de la Fiscalía es encomendar el trabajo a la DAFI, el mismo organismo especializado al que se recurrió en la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni.

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La causa se inició a partir de una denuncia por el supuesto incremento patrimonial de Tapia durante el período en el que ejerció funciones en la CEAMSE. De acuerdo con la presentación que dio origen al expediente, su patrimonio habría aumentado cerca de un 1000% entre 2017 y 2024.

El avance de la causa dependerá ahora de la decisión de Lijo sobre los pedidos de la Fiscalía. Recién después de reunir y analizar los informes, el fiscal estará en condiciones de determinar si existen elementos para avanzar con nuevas imputaciones o solicitar otras medidas.

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Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente del organismo. En 2024 pasó a presidirlo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Claudio Tapia, Chiqui Tapia, Gerardo Pollicita, ceamse

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