POLITICA
Quién es Ariel Vallejo, el financista con pedido de detención que está vinculado a Chiqui Tapia
Este miércoles, la Justicia y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pidieron la detención de Ariel Vallejo, el financista de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) cercano a Claudio Chiqui Tapia e involucrado en la causa por presunta asociación ilícita por lavado de dinero. El banquero había sido llamado a declarar esta mañana pero, ante su ausencia, la fiscal pidió su arresto.
Vallejo es dueño de Sur Finanzas: tal como consignó , inyectó en el mercado un capital inicial ilícito de 108.138.762 dólares, provenientes de infracciones al régimen cambiario y de intermediación financiera no autorizada mediante las sociedades que constituyeron su financiera.
Entre sus bienes se incluyen una flota de autos de alta gama a su nombre, de su familia y sus empresas que acumuló junto con su madre —Graciela Vallejo, también llamada a declarar— y su exsuegra, y que incluyen un Audi, Mercedes Benz, Alfa Romeo, Land Rover BMW y una Ferrari California destinada a su uso personal, que estacionaba frente a la financiera.
Diez de esos autos fueron secuestrados por el juez Luis Armella, a pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco, de la Procuraduría Especializada en Lavado de Dinero (Procelac). Incardona fue quien finalmente pidió este miércoles su detención.
El juez federal Armella citó a indagatoria a Vallejo y a otras 15 personas acusadas de integrar una presunta asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la AFA y a diversos clubes que integran esa entidad. El juez consideró que Vallejo era la cabeza de la organización, integrada por otras catorce personas.
Además, Sur Finanzas es el sponsor oficial de las selecciones nacionales, el contrato de mayor envergadura económica que tiene la firma. Las medidas se ordenaron en una causa que comenzó con una denuncia contra exdirigentes del club Atlético Banfield. Luego, ARCA denunció a Sur Finanzas por manejarse con empresas apócrifas y monotributistas que no tenían capacidad financiera para mover miles de millones de pesos.
Según esa denuncia, a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP” se hicieron transferencias por $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, se apuntaba a lavado de dinero.
Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. Como garantía de esos préstamos, el club de Boedo le cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación. “Esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora”, sostuvo Incardona al pedir las indagatorias.
La fiscalía también cree que hubo acuerdos entre Sur Finanzas y las dirigencias de los clubes con los que se firmaron los contratos. Las operaciones y contratos fueron con Barracas Central, Acassuso, Argentinos Juniors, Deportivo Armenio, Defensores de Glew, Dock Sud, Independiente, Los Andes, Temperley, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué, Racing Club, Morón, San Lorenzo, Platense y Banfield.
Ya se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, en varios clubes a los que la financiera les giraba fondos y en propiedades ligadas a esas maniobras, que la Justicia considera sospechosas.
Además de Vallejo, su madre, que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, fue citada junto con dos personas de su extrema confianza como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.
El listado de indagados incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la exsuegra de Vallejo), y Maite Sofía Lorenzo, entre otros. La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.
Armella también ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de todos los citados a declarar y de una docena de sociedades vinculadas a Vallejo.
detención de Ariel Vallejo,consignó LA NACION,Claudio Chiqui Tapia,AFA,AFAGate,Conforme a,,Tras pedir su detención. Marcela Pagano volvió a apuntar contra Adorni: “Es el cajero de Karina Milei”,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: el desencanto del Gabinete por el apoyo a Adorni y un nuevo viaje a Estados Unidos,,Respaldó a Caputo. Daza apuntó contra Cavallo: “Le faltó flexibilidad, humildad y sabiduría para sostener la convertibilidad”,Claudio Chiqui Tapia,,El financista de la AFA. El juez volvió a citar a Ariel Vallejo y amenaza con detenerlo,,Inexplicable ausencia. La defensa de Tapia no se presentó a una audiencia para apelar su procesamiento y podría quedar firme,,De sábado a lunes. Por qué el cronograma de la última fecha del Apertura incumple el reglamento (y tres razones que hay detrás)
POLITICA
Javier Milei recibe a un alto funcionario de Estados Unidos en medio de las diferencias por la ley sobre Malvinas – Nexofin
El presidente Javier Milei recibirá este viernes a las 11 en la Casa Rosada a una delegación estadounidense encabezada por subsecretario de Estado, Christopher Landau, en un encuentro atravesado por las diferencias en torno a la iniciativa argentina sobre la explotación de recursos naturales en Malvinas.
El proyecto establece sanciones para las compañías que operen en las islas sin autorización del país. Tras reunirse ayer con el canciller Pablo Quirno, Landau reconoció la inquietud de empresas estadounidenses, pero afirmó que Washington respetará el tratamiento de la propuesta en el Congreso argentino.
Dura advertencia de Javier Milei al Reino Unido: “Los vamos a seguir incomodando hasta que nos devuelvan las Malvinas”
La iniciativa, presentada en septiembre, todavía está sujeta a negociaciones con bloques aliados por artículos vinculados con seguridad, defensa e inteligencia. Pese a las diferencias, el Gobierno sostiene que seguirá adelante con su tratamiento.
Otro tema de la agenda será la propuesta estadounidense de disolver el Comité Especial de Descolonización de la ONU, que aborda anualmente la cuestión Malvinas. Quirno aseguró que una eventual eliminación del organismo no debilitará el reclamo argentino por la soberanía de las islas.
La reunión también abordará la cooperación en seguridad, el comercio y las inversiones. Entre los proyectos en discusión figura el corredor Andes-Atlántico, que busca conectar zonas mineras y Vaca Muerta con los puertos mediante obras de infraestructura y transporte.
Además, ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre minerales críticos, financiamiento para iniciativas energéticas y el posible ingreso de Argentina al programa de exención de visas de Estados Unidos.
Renunció un funcionario clave de Energía y Minería que había llegado al Gobierno de la mano de Luis Caputo
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Christopher Landau,Islas Malvinas,Javier Milei,recursos naturales
Con Cristina y Máximo Kirchner conectados de manera virtual, empezó hoy el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, en el que la Justicia buscará determinar si los fondos públicos que recibieron empresarios beneficiados por el kirchnerismo retornaron al patrimonio de la familia Kirchner a través de sus negocios hoteleros e inmobiliarios.
El juicio empezó a las 10.10, pero todavía no estaban conectados todos los acusados. “Falta Lázaro Báez”, anunció el secretario del tribunal. El presidente destacó lo “excepcional” de este sistema, con algunos acusados siguiendo al juicio a distancia.
En la sala no está la expresidenta pero sí su abogado, Carlos Alberto Beraldi. También está el excontador de los Kirchner Víctor Manzanares, que eligió asistir y está acompañado por su defensor, Roberto Herrera.
En el ala del edificio donde está la sala de audiencias, la Sala AMIA, se extremaron desde temprano las medidas de seguridad.
La jornada de hoy estará dedicada a la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, documento que detalla las acusaciones. Si hoy no hay un acuerdo para leer solo un resumen de ese dictamen, este trámite puede llevar varios días. Cristina y Máximo Kirchner deberán estar conectados durante todo el tiempo que demore esa lectura.
El juicio que comienza hoy es clave porque podría cerrar un gran círculo de corrupción. El proceso -que tiene a Cristina Kirchner sentada nuevamente en el banquillo de los acusados y a su hijo por primera vez frente a un tribunal- guarda relación con otros expedientes y ocupa un lugar central en el mapa judicial del kirchnerismo.
Mientras que en la causa por Vialidad la expresidenta fue condenada a seis años de prisión luego de que se acreditara el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, en Hotesur-Los Sauces la Justicia buscará determinar si parte de los fondos obtenidos por Báez reingresaron al patrimonio de la familia Kirchner mediante el alquiler de hoteles y propiedades.
La conexión entre ambas causas quedó reflejada en la sentencia dictada en 2022. Los jueces que condenaron a la expresidenta hicieron expresa referencia a sus vínculos comerciales con Báez y marcaron que la suerte del empresario con la obra pública no podía serle indiferente.
Según consta en la documentación del juicio que se inicia hoy, de las empresas de Lázaro Báez, en concepto de alquileres de hoteles, los Kirchner recibieron, directamente en sus cuentas personales o en las de la sociedad que controlaban, más de 40 millones de pesos entre 2008 y 2013.
Pero Hotesur-Los Sauces va más allá de Báez y los desmanejos de la obra pública de Santa Cruz. Bajo la lupa judicial también figuran los negocios inmobiliarios que los Kirchner mantuvieron con Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo.
Por parte de López y De Sousa, la familia Kirchner recibió más de 19 millones de pesos, mayormente por el alquiler de departamentos en Puerto Madero.
En este caso, el beneficio recibido por los empresarios no provino de la obra pública, sino de una supuesta retención indebida de impuestos. Oil Combustibles, la empresa petrolera del grupo Indalo, se habría hecho con más de 8 mil millones de pesos al cobrar el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y no ingresarlo a la AFIP.
Esta parte de la maniobra también tuvo un capítulo judicial previo: la causa por Oil Combustibles, que lleva más de diez años de recorrido. El exdirector de la AFIP Ricardo Echegaray fue condenado, pero los empresarios López y De Sousa fueron absueltos, y está pendiene una resolución definitiva de la Corte Suprema.
Ninguno de estos vínculos comerciales está controvertido: llegan al juicio oral acreditados desde la instrucción, con documentación y peritajes contables.
De hecho, uno de los argumentos utilizados por las defensas es que los pagos están bancarizados, motivo por el cual, aseguran, no hubo ningún intento de ocultamiento.
La discusión central del juicio no será, entonces, si existieron esos vínculos comerciales, sino si las operaciones fueron utilizadas para lavar dinero, como sostiene la acusación, o si se trató de negocios legítimos, como argumentan las defensas.
Lavado
En Hotesur-Los Sauces, serán juzgados por lavado y otros delitos Cristina y Máximo Kirchner, los empresarios y el resto de los imputados, que son profesionales, mediadores o personas que ocuparon alguna dirección en las sociedades implicadas, como Romina Mercado.
Los fiscales que instruyeron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, consideran a Vialidad como el delito precedente en el caso de Báez y a Oil Combustibles como el delito precedente para López y De Sousa. En el juicio, esto será sostenido por el fiscal Diego Velasco.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 5, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. Se desarrollará a un ritmo de tres audiencias semanales y se transmitirá por YouTube, indicaron fuentes judiciales.
La audiencia de este viernes se realiza en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py y está destinada a una lectura resumida de las acusaciones. Los imputados podrán participar de manera virtual durante esta etapa inicial, aunque deberán asistir luego a las indagatorias. Los abogados defensores sí deberán estar presentes en la sala.
El origen
Según la acusación, la génesis de la maniobra comenzó en 2008, con la compra de Hotesur. Néstor Kirchner pagó casi 5 millones de dólares por la totalidad de las acciones de la sociedad, propietaria del hotel Alto Calafate, y utilizó a un hombre de su confianza, Osvaldo Sanfelice, para concretar la operación.
Ese día, Sanfelice llevó más de 3 millones de dólares en efectivo a una sucursal del Banco Santander Río, ubicada en la calle 25 de Mayo 140, en la ciudad de Buenos Aires. Los 1.632.000 dólares restantes fueron transferidos desde el Banco de Santa Cruz.
Kirchner ya había adquirido por 700.000 dólares la hostería Las Dunas, también en El Calafate. En aquella operación intervino su hijo Máximo, quien lo representó ante el escribano.
Luego vendría la compra de La Aldea, en abril de 2009, a través de la sociedad Los Sauces.
¿De dónde provino el dinero inicial para comprar los hoteles? Los fiscales identificaron tres grandes fuentes de financiamiento: los negocios inmobiliarios y préstamos con empresas del propio Lázaro Báez; la compraventa de tierras fiscales en Santa Cruz, adquiridas a precios reducidos y revendidas con ganancias extraordinarias; y los créditos concedidos por el Banco de Santa Cruz, de los Eskenazi.
Días antes de la compra de Hotesur, en 2008, el banco le concedió préstamos que sumaron más de 10 millones de pesos, que, según los fiscales, fueron otorgados a la misma tasa que la entidad pagaba a la familia por sus depósitos a plazo fijo.
Adquiridos los hoteles, los Kirchner entregaron su administración y explotación a Valle Mitre, del empresario Báez.
las causas Hotesur y Los Sauces,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
EEUU reconoció que le preocupa la ley que podría sancionar a sus empresas por el conflicto con Malvinas
El vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, admitió que Estados Unidos sigue “con interés” los alcances de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que podría sancionar a las empresas -incluidas las norteamericanas- vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas, y encuadró la propuesta de disolver el Comité de Descolonización de la ONU como parte de una reforma general del organismo.
“No hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados”, afirmó Landau en una conferencia de prensa desde el Palacio San Martín, junto al canciller Pablo Quirno que, a su turno, calificó el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas como “innegociable” y sostuvo que la eventual desaparición del C-24 “no tiene ningún tipo de mella” en la posición argentina, aunque reconoció que el foro es de su interés porque allí presenta el reclamo cada año.
Consultado sobre si Estados Unidos propone efectivamente disolver el foro donde la Argentina sostiene desde 1965 su reclamo contra el Reino Unido, y si existe incomodidad en Washington por el alcance de las sanciones previstas en el proyecto de ley oficialista, Landau respondió que la administración Trump impulsa una reforma de las Naciones Unidas y que el C-24 es uno de los comités que, a su juicio, “a través de los años no han hecho casi nada”. “Espero que aquí en Argentina no se confunda un proyecto de reforma, de agilizar la operación de Naciones Unidas, con un tema en particular sustantivo”, planteó.
El vicesecretario de Estado fue más allá y señaló que el comité “ha tomado posiciones bastante radicales en ciertos temas contra Estados Unidos en cuestión de Puerto Rico y otros temas”.
Sobre la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, sostuvo que “las leyes de la nación argentina es cuestión para las autoridades de la nación argentina”, pero agregó: “Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupa por eso”.
Como contexto de esta postura son los trascendidos de que funcionarios de la Casa Blanca transmitieron al Gobierno argentino su preocupación por el alcance de las penalidades previstas en el proyecto 0010-PE-2026, que podrían alcanzar no solo a las compañías que operan directamente en el archipiélago sino también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
Quirno fue más explícito en la defensa de la iniciativa. Argumentó que la ley vigente “no le da a la Argentina las herramientas necesarias” para defender sus intereses en Malvinas y que la nueva iniciativa busca ampliar esas capacidades. “No va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular”, insistió, y planteó que la norma ofrece a las compañías una elección de negocios: operar en el continente argentino, donde el potencial es “muchísimo mayor”, o mantener operaciones “ilegítimas” en las islas.
“Nosotros creemos y esperamos que elijan siempre al continente argentino por sobre las licencias ilegítimas de las Islas Malvinas”, cerró el canciller.
El canciller dedicó la parte más extensa de su respuesta a desvincular el reclamo argentino de la suerte del C-24. Aseguró que las resoluciones que sustentan la posición del país son “resoluciones generales de las Naciones Unidas, no de un comité en especial” y que la causa se presenta “en todo foro internacional”.
Sin embargo, reconoció que el comité “es un foro que a nosotros nos interesa, porque es un foro donde anualmente realizamos este reclamo”. En esta línea, el vocero presidencial Adrián Ravier había reconocido esta semana que la postura argentina frente al pedido estadounidense “está bajo análisis” y no descartó cambios en la ley de soberanía durante el debate parlamentario. Además, la Argentina se abstuvo el 15 de octubre en dos de los 23 proyectos de la Cuarta Comisión de la ONU sobre descolonización, una decisión que Quirno atribuyó a “razones técnicas” pero que la oposición interpretó como un gesto a Washington.
Consultado por Infobae sobre si las inversiones anunciadas por el embajador Peter Lamelas —quien en Neuquén cifró en USD 20.000 millones el financiamiento previsto y lo condicionó a que el país siga “hacia la derecha”—, Landau evitó referirse a esas declaraciones. Trazó un paralelo entre el momento actual y la prosperidad argentina de fines del siglo XIX, elogió al Gobierno por “crear las condiciones para otra época dorada” y se limitó a expresar entusiasmo por las “enormes posibilidades” del país.
Quirno, en tanto, señaló: “Esto es algo que es importante aclarar, porque esto es una pregunta que termina siendo recurrente. La relación entre Argentina y Estados Unidos es una relación estratégica, es una relación profunda, y todo el tiempo se especula sobre la condicionalidad. Está claro que nosotros queremos, y el embajador Lamelas lo dice constantemente, que el gobierno argentino reelija el año que viene. Eso es un interés común que nosotros tenemos. Pero creo que es importante entender lo siguiente: Argentina ha hecho en estos treinta y pico de meses de gobierno los deberes necesarios para contar con el apoyo de Estados Unidos y varios otros países, y eso es producto de la alianza que tenemos, de la confianza que se ha generado, de la credibilidad que ha ganado Argentina. Y el condicionamiento, el único condicionamiento que hay, o sea, que existe, es que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. O sea, que sigamos por el camino del crecimiento, del orden macroeconómico, del equilibrio fiscal, porque eso es lo que va a dar previsibilidad a estas inversiones a futuro, es generar las condiciones para que sean inversiones de, de largo plazo”.
Antes de las preguntas, Quirno detalló que la administración de Trump aprobó USD 13 millones para programas contra el narcotráfico —USD 7,5 millones para proyectos en el país y el resto para iniciativas regionales— y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau el Pacto para la Protección de la Infancia, con un apoyo de hasta USD 10 millones para combatir la trata de menores. También se anunció un aporte no reembolsable de USD 15 millones para un centro de operaciones de ciberseguridad que incluirá una evaluación de la red troncal de Arsat.
El “quitavisas”
Ante la consulta sobre si Estados Unidos busca un compromiso argentino para bloquear el uso de tecnología china en proyectos de infraestructura, en referencia a un episodio reciente en Neuquén donde directivos de una empresa habrían recibido advertencias sobre sus visas por un vínculo con Huawei, Quirno negó que exista discriminación y describió las decisiones como resultado de un análisis de seguridad informática.
Landau fue más directo: “Por algo me llaman el quitavisas”, dijo, y explicó que las visas son “una herramienta de la política exterior”. “No queremos invitar como huéspedes a nuestro país a personas que amenazan la seguridad de nuestro país”, completó.
Landau y Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, llegaron a Buenos Aires en la noche del miércoles desde Asunción, Paraguay.
International,Relations,Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America
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