POLITICA
Una ofensiva alineada con la “doctrina Donroe”
Las elecciones presidenciales brasileñas, que se celebrarán el próximo 4 de octubre, han adquirido un significado global. Fuera de ese marco es imposible comprender la agresiva incursión de Javier Milei en la competencia entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro. Milei sigue una línea trazada por Donald Trump en los Estados Unidos. Ese alineamiento se verifica en los insultos a Lula da Silva. Pero mucho más en la agresión contra el juez Alexandre de Moraes. El ministro del Superior Tribunal Federal no es un magistrado intrascendente: entre el 18 de julio y el 12 de diciembre de 2025, Moraes tuvo suspendida su visa para ingresar a los Estados Unidos. Fue una decisión del Departamento de Estado, adoptada para sancionar varios pronunciamientos del juez por la actividad política que tenían en Brasil redes sociales radicadas en los Estados Unidos. Entre ellas, X, de Elon Musk y Truth Social, del propio Trump.
Las sanciones contra el juez Moraes se dictaron al mismo tiempo que Trump elevaba los aranceles a las importaciones brasileñas del 10 al 50%. Fue una represalia explícita por las sanciones que la Corte de Brasil impuso al expresidente Jair Bolsonaro por haber participado en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Negociaciones diplomáticas consiguieron flexibilizar ese “castigo” comercial de Trump, que en el terreno electoral hizo subir la popularidad de Lula. La clásica torpeza del magnate inmobiliario. A pesar de ese efecto contraproducente, anteayer la Casa Blanca renovó las sanciones, cuya vigencia vencía hoy. Los argumentos para esa prórroga son llamativos: la persecución judicial a Bolsonaro y su familia, la violación de derechos humanos y las restricciones a la libertad de expresión de ciudadanos norteamericanos, que ponen en emergencia los intereses de los Estados Unidos en Brasil.
Al mantener las sanciones comerciales a Brasil, como si Lula liderara una dictadura de tipo cubano, nicaragüense o aun venezolano, Trump consolida una política: la de intervenir en los procesos electorales de países de la región con auxilios o sanciones destinados a producir un resultado favorable a la estrategia exterior de su gobierno. En esta línea estuvo la ayuda de 20.000 millones de dólares que recibió Milei el año pasado, cuando peligraba el resultado de los comicios legislativos, sobre todo después de la derrota bonaerense. En aquella oportunidad, cuando el presidente de los Estados Unidos anunció el salvataje, aclaró que sólo se haría efectivo si las elecciones las ganaba su amigo Milei. Como en el caso de las restricciones comerciales a Brasil, Trump desea que quede claro que son operaciones económicas con un propósito de intervención electoral.
Estos antecedentes permiten imaginar escenarios similares para las elecciones presidenciales argentinas del año próximo, cuando Milei ponga en juego su continuidad en la Casa Rosada. Esa vocación intervencionista otorga una relevancia singular para la región a los comicios que se celebrarán en noviembre en los Estados Unidos. Es posible que un Trump debilitado en el Congreso de su país pierda capacidad para inmiscuirse en la rutina electoral de las democracias latinoamericanas.
La raíz del problema que está en juego aparece con claridad en un par de mapas. Uno fue publicado por el sitio El Orden Mundial. Es un planisferio pintado de azul y colorado. Azules son los países que comercian más con los Estados Unidos. Colorados los que comercian más con China. El mapa es casi todo colorado. Si se revisa la misma cartografía, pero del año 2000, tal como aparece en la web de Vonoroi, se verá que era casi toda azul. El impresionante avance chino es el motivo principal de la reacción norteamericana, sobre todo bajo el poder de Trump: un conflicto abierto con Pekin y un regreso a la doctrina de las “zonas de influencia” en la que cada potencia se enseñorea de una parte del mundo. Washington se ha fijado el objetivo de volver a ejercer un predominio sobre América. Desde el punto de vista de los intercambios de bienes y servicios, América del Norte reconoce la hegemonía estadounidense, gracias al T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá). Aun cuando México y Canadá son gobernados por Claudia Sheinbaum y Mark Carney, dirigentes con un signo político contrario al de Trump. En cambio, América del Sur fue “conquistada” por China. Allí es clave Brasil, que concentra alrededor del 50% del PBI de la región.
Además de ser un aliado comercial de China, Brasil es el principal destino de las inversiones que ese país distribuye por el mundo: en 2025 representaron 6.100 millones de dólares. Los sectores en los que se vuelcan esos fondos son estratégicos, lo que explica mejor la inquietud de los Estados Unidos. Se trata de energías renovables, minería, automóviles eléctricos, puertos y logística, telecomunicaciones y centros de datos. Quiere decir que Brasil es mucho más que un socio comercial de China, como lo podrían ser Chile o la Argentina.
La evidencia más elocuente de que la batalla electoral brasileña tiene una magnitud mundial es que Xi Jinping intervino en la polémica con Milei con una declaración a favor de Lula. Xi aprovechó el ataque de Milei para decir que Brasil tiene derecho a resistir intervenciones externas en su política doméstica. No hablaba de Milei. Hablaba de Trump. Hubo un episodio que encendió todas las alarmas de Pekín en relación con América latina. Fue la presión de los Estados Unidos para que la empresa CK Hutchinson, radicada en Hong Kong, vendiera su operación en los puertos Balboa y Cristóbal del canal de Panamá al grupo Blackrock. China presiona con éxito para que la operación no se realice. La disputa sigue abierta. Trump declaró hace 20 días que “los Estados Unidos recuperarán el control del Canal”. Esta disputa podría ser vista como la primera aplicación fáctica de la “Doctrina Donroe”, “América para los americanos”, la consigna de James Monroe reinterpretada por Donald Trump.
La intervención de Milei en la campaña brasileña es parte de la estrategia general de Trump. No sólo en los ataques a Lula al que, sin nombrarlo, denominó “ladrón”, “presidiario”, “basura socialista” y “zurdo de mierda”. Llamó más la atención el insulto al juez Moraes. Este magistrado ha sido un protagonista central del conflicto con Trump. Por la situación penal de Bolsonaro, que está a cargo de él dentro del Superior Tribunal Federal. Pero también porque Moraes tomó decisiones severísimas sobre redes sociales a las que había acusado de difundir información falsa o inducir a conductas que terminaron en el intento de golpe de Estado de enero de 2023. El juez ordenó el cierre de cuentas de X, la red social de Elon Musk, a la que impuso sanciones pecuniarias. Para que esas sanciones se cumplieran, embargó activos de Starlink, otra empresa de Musk. Algo similar ocurrió con Rumble, red de origen estadounidense que decidió acusar a Moraes en los tribunales norteamericanos. A esa querella contra el juez se sumó Trump Media & Technology Group, la compañía de Trump que controla la red Truth Social.
Los conflictos con estas compañías se trasladaron al terreno diplomático. En julio de 2025 el secretario de Estado Marco Rubio anunció que a Moraes y a sus familiares más cercanos se les había suspendido la visa de ingreso a los Estados Unidos. A los pocos días la Secretaría del Tesoro comunicó que el juez brasileño había sido sancionado bajo la Ley Global Magnitsky por violaciones a los derechos humanos y por haber cancelado cuentas de redes sociales pertenecientes a ciudadanos estadounidenses. Estas condenas a Moraes fueron levantadas en el marco de las negociaciones que permitieron aquel retroceso de Trump en la aplicación de aranceles especiales a los productos brasileños. A la luz de estos antecedentes se puede calibrar mejor la agresión de Milei conta Moraes, que fue un ataque quirúrgico, alineado con una estrategia general de Trump frente a Brasil en plena campaña electoral.
La incursión de Milei en la competencia brasileña es parte de un movimiento más amplio, estimulado por Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”. Consiste en asignar al Presidente un rol central en el armado de una liga latinoamericana de asociación con Trump. Una tarea con la que están colaborando los electorados de la región consagrando a candidatos de derecha y extrema derecha. La expresión más reciente de ese propósito acaba de ocurrir: es la participación con altísimo perfil del Presidente en la asunción de Keiko Fujimori.
Las relaciones de La Libertad Avanza con la nueva presidenta de Perú tienen varios pliegues. Un estratega crucial de la campaña de Fujimori fue el argentino Federico Falco. A Falco se sumó después el talentoso Esteban “Cuco” Apellaniz. Ambos prestaron servicios profesionales ajenos al gobierno argentino. Sin embargo, después del triunfo de Fujimori se produjo una conexión. Falco es un duranbarbista que integró en su momento, igual que el “Mago”, la consultora Move. Ahora esa trama permite que la Casa Rosada aproxime a peruanos, como sucedió hace pocos días con el vicepresidente Luis Galarreta.
🚨🇦🇷🇵🇪 | TMAP: El asesor presidencial Santiago Caputo recibió en Casa Rosada al vicepresidente electo de Keiko Fujimori, Luis Galarreta, con el objetivo de profundizar la alianza derechista impulsada por Milei en la región. pic.twitter.com/mE9P1X7H5J
— La Derecha Diario (@laderechadiario) July 6, 2026
Los libertarios argentinos celebran el ascenso de Fujimori con la consigna TMAP. Es una apropiación indebida. ¿Ignoran cómo fue la competencia en Perú? Allí ganó la versión más moderada de la derecha, superando al radicalizado Rafael López Aliaga, a quien llaman “el Bolsonaro de Perú”. Por eso se vio tan contento a Alberto Núñez Feijóo en la fiesta de Fujimori. Es la primera vez en años que en América latina se impone un aliado del PP, que él lidera en España. Para traducirlo al argentino: en Perú triunfó Mauricio Macri, no Milei.
Vale la pena aclarar dos detalles: no es que, con Falco y Apellaniz, Milei haya enviado asesores suyos a Fujimori. Así como tampoco la presencia de Fátima Florez en Lima tuvo que ver con la de su exnovio Milei. La nueva presidenta de Perú es una vieja admiradora de la actriz, a la que invitó con independencia de cualquier vínculo político. Minucias.
El ímpetu con que Milei lleva adelante estas operaciones externas hizo que el gobierno brasileño reaccionara ante los insultos llamando en consulta a su embajador, Julio Bitelli. Sin embargo, en Brasilia están lejos de considerar una ruptura de relaciones, lo que obligaría a dar otro paso: que Bitelli no regrese. En auxilio de esa estrategia pacifista salió ayer el canciller argentino Pablo Quirno, fijando dos posiciones. La primera: el conflicto de Milei con Lula pertenece al campo ideológico y político. “Nosotros no lo llevamos al terreno institucional”, dijo. Y agregó: “Esperamos que el embajador Bitelli regrese”.
Sin embargo, Quirno admitió con total sinceridad lo que resulta evidente aunque, para la ortodoxia diplomática, incorrecto: “Nosotros queremos que las elecciones de Brasil tengan un resultado y ellos quieren otro”. Quirno está obligado a hacer malabares para mantener las relaciones exteriores dentro de los límites de la diplomacia sin por eso contrariar los impulsos de su jefe. Aunque es probable que sus amigables afirmaciones obedezcan a otro factor: el impacto negativo que tuvieron los exabruptos de Milei en la opinión pública argentina.
Pocas veces un funcionario admitió con tanta franqueza como Quirno lo que sucede cada vez más a menudo: que la política exterior está dominada por un espíritu faccioso que no se priva de intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Cuando Lula recorría el conurbano acompañando a Daniel Scioli, cuando recibió en su despacho a Sergio Massa pocos días antes del ballotage, o cuando le dijo a Joe Biden que si ganaba Milei peligraba la democracia en la Argentina, hacía lo que Quirno le atribuye, sin complejo alguno, al oficialismo argentino: intentar intervenir en el resultado de las elecciones de otro país. De nuevo, son antecedentes que tal vez estén sembrando el camino que conduce a los comicios presidenciales en los que Milei buscará la reelección. ¿Volverá a irrumpir Trump en el escenario?
Otras aclaraciones en un terreno minado por las ambigüedades. Que Cristina Kirchner haya contratado para denunciar una persecución judicial ante la ONU a Rafael Valim, expatrocinante y amigo de Lula, no obliga a pensar que el presidente brasileño haya estado involucrado en la gestión. Que Quirno haya levantado una bandera blanca, diciendo que el Gobierno espera el regreso del embajador Bitelli, tampoco significa que haya habido en Lima un contacto con autoridades de Brasil. A pesar de que el canciller Mauro Vieira viajó a la toma de posesión del mando de Fujimori en representación de Lula. No hay indicio alguno de que Quirno y Vieira se hayan reunido en las últimas horas. Aunque resulte raro que no lo hayan hecho. Vieira sí se había encontrado, en Brasilia, con el embajador argentino Guillermo Raimondi.
Quirno tal vez esté dentro de poco en otra encrucijada en relación con los Estados Unidos. Hoy declarará el primer testigo ante el Gran Jurado que se constituyó en La Florida para investigar movimientos sospechosos con cientos de millones de dólares derivados de contratos de la AFA con la empresa TourProdEnter LLC, de Javier Faroni y Érica Gillette. Ese testigo sería Leandro Petersen, responsable del marketing de la AFA durante años, a las órdenes de Pablo Toviggino.
Si a partir de muchos testimonios como el de Petersen, además de las pruebas documentales, se determina que hay motivo para imputar a Claudio “Chiqui” Tapia, Toviggino y sus secuaces, la Cancillería puede recibir un pedido de extradición que deberá responder Quirno.
El tratado de extradición con los Estados Unidos establece que si alguien está imputado en los dos países por el mismo delito, puede elegir en cuál jurisdicción quiere ser juzgado. Por eso para los sospechosos de AFA se volvería imprescindible que un juez amigable abra una causa local con el mismo objeto procesal que se definió en la corte de La Florida.
Ante esta encrucijada es crucial el auxilio que puedan prestar los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, flamante expresidente del Tribunal de Ética (sic) de la AFA. Ambos tienen que decidir, el próximo 12 de agosto, si la causa principal que se sigue contra Tapia y Toviggino se mantiene en el fuero Penal-Económico o se remite al juzgado federal de Campana, de Adrián González Charvay, que es donde quieren ser investigados los sospechosos.
También se vuelve vital la ayuda del ministro de Justicia y ex funcionario de AFA Juan Bautista Mahiques. Él está en condiciones de cubrir con magistrados complacientes algunas vacantes en tribunales por los que pasarían los expedientes. Una de esas sedes es la Sala C de la Cámara Comercial del fuero nacional, que debe resolver la apelación de Guillermo Tofoni por un embargo multimillonario contra Tapia. Allí se desempeña como subrogante Matilde Ballerini, que necesita que Mahiques logre que el Senado le otorgue un nuevo acuerdo antes del 6 de septiembre, cuando cumple 75 años. Si no se alcanza ese objetivo, el ministro debería tener lista la designación de Valeria Pérez Casado: con un curriculum que no deslumbra, logró quedar quinta en la terna del concurso 478. En Tribunales aseguran que fue gracias a que el Consejo castigó a una competidora con muchos más antecedentes, a través de la clásica discrecionalidad de las entrevistas. Fue una de esas entrevistas, de 13 minutos, la que permitió que Jorge Djivaris ingresara a la terna respectiva después de ocupar el puesto 12 del concurso. Djivaris, cercanísimo a Pro, fue, como Mahiques, funcionario del área de Justicia del gobierno porteño. Sería el subrogante en la vacante que pudiera presentarse en la Sala C, donde se decide parte del futuro patrimonial de Tapia.
La asombrosa capacidad de Mahiques como manipulador judicial terminará, es lo más probable, rindiendo homenaje al Moreno del Martín Fierro en nombre de Tapia y Toviggino: “La ley es como el cuchillo, no ofende al que lo maneja”.
pic.twitter.com/mE9P1X7H5J,July 6, 2026,Carlos Pagni,Conforme a
El diputado nacional Lisandro Almirón cuestionó los fuertes cruces que se produjeron durante una reunión conjunta de comisiones de la Cámara de Diputados y consideró que Juan Grabois aprovechó el episodio para reforzar su perfil opositor al Gobierno. “Logra instalarse como un antagónico de La Libertad Avanza”, sostuvo en Infobae al Regreso.
La reunión había sido convocada por las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación Penal y Defensa para abordar distintas iniciativas vinculadas con la soberanía nacional. Sin embargo, el encuentro quedó atravesado por una serie de discusiones y agravios que terminaron desplazando el tratamiento de los proyectos previstos.
“Primero creo que esto no nos hace bien en ningún tipo de discusión y menos una discusión de este tipo parlamentaria”, planteó Almirón. Según relató, el episodio se produjo hacia el final del encuentro, luego de que se resolviera levantar la reunión, y derivó en un intercambio verbal que involucró a distintos legisladores y dirigentes.
Para el diputado correntino, la tensión terminó opacando una jornada que debía estar centrada en cuestiones institucionales y de defensa. “Nos terminamos perdiendo la oportunidad de debatir cosas importantes como es este proyecto de soberanía nacional”, señaló.
Almirón también expresó su solidaridad con quienes fueron objeto de agravios durante la reunión y consideró que ese tipo de situaciones no contribuyen al funcionamiento parlamentario. En su análisis, el conflicto excedió la discusión puntual y terminó adquiriendo una dimensión política.
En particular, interpretó que Grabois consiguió convertir el episodio en una instancia de exposición pública. “Él sabe lo costoso que es tener una repercusión en todos los medios simultáneamente. Lo consiguió”, afirmó.
El legislador vinculó esa estrategia con las aspiraciones políticas del dirigente social. “Tiene aspiraciones y lo demuestra permanentemente”, sostuvo, aunque aclaró que serán los ciudadanos quienes evalúen ese posicionamiento.
La defensa del cambio en la Ley de Tierras
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la Ley de Tierras y el futuro de los cambios introducidos por el DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 y eliminó las restricciones que esa normativa establecía para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Almirón defendió la decisión del Gobierno y planteó que el debate debe contemplar las particularidades de las provincias fronterizas. “Me toca vivir en una de las provincias que linda con tres países”, explicó al referirse a Corrientes.
Desde esa perspectiva, sostuvo que el régimen anterior podía condicionar inversiones y proyectos de infraestructura. “Para nosotros la Ley de Tierras es significativamente importante por el desarrollo de los puertos, por la capacidad operativa que puede tener una inversión”, afirmó.
El diputado cuestionó además el alcance de las restricciones que establecía la legislación anterior. “Hay una ley que no solamente limita, sino también de alguna manera restringe”, sostuvo, al defender un esquema que, según su postura, otorgue mayores posibilidades de inversión y desarrollo.
Consultado sobre la estrategia que podría adoptar el oficialismo frente a los bloques que buscan revertir los cambios del DNU, Almirón puso el foco en el proceso legislativo y en la necesidad de construir acuerdos.
“Estamos sujetos en el tratamiento de la ley en cuatro estadios y te diría hasta el cinco”, explicó. En ese recorrido incluyó el debate en las comisiones, el tratamiento en el recinto, la revisión del Senado y las facultades posteriores del Poder Ejecutivo.
En ese punto, destacó la importancia de la negociación parlamentaria y aseguró que el oficialismo mantiene conversaciones con distintos sectores. “Permanente”, respondió al ser consultado sobre el diálogo político dentro del Congreso.
También marcó diferencias con la posibilidad de esperar una definición de la Corte Suprema antes de avanzar con determinadas iniciativas. “Yo no lo veo de la misma manera. Podría compartirla, ella tiene por ahí más información, pero veo primero que yo soy abogado, creo en la división de poderes”, explicó.
Según Almirón, los tiempos judiciales no necesariamente deben coincidir con los del Poder Legislativo y el Ejecutivo. “Los tiempos de la Corte no son los tiempos de la política, ni del Congreso, ninguna de las cámaras y mucho menos de los tiempos políticos del Ejecutivo”, afirmó.
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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sumó a tres camaristas federales a la comitiva oficial con la que el presidente Javier Milei llegó a París para la realización de la Argentina Week, una serie de conferencias y charlas para promover inversiones extranjeras en el país.
Uno de los invitados es el camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Sergio Fernández, que además es vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El viaje ocurre mientras las causas penales contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, respectivamente, pasan de un tribunal a otro sin quedar en manos de un juez definitivo.
Otro camarista que acompaña la comitiva oficial es Eduardo Farah, de la Cámara Federal, que revisa las causas de corrupción de Comodoro Py. También integra la comitiva oficial Richar Fernando Gallego, de la Cámara Federal de General Roca y el magistrado con autoridad competente en los conflictos legales que pueden haber en Vaca Muerta.
Mahiques integra la delegación oficial con Karina Milei, Federico Sturzenegger, Mario Lugones y el canciller Pablo Quirno, en un evento organizado por la embajada en Francia.
El programa incluye la reunión reservada con Emmanuel Macron en el Elíseo y la entrega del Premio del Foro Económico de París a Milei.
Fernández y Farah están unidos por la misma persona. Sergio Fernández es hermano de Javier Fernández, auditor general de la Nación y durante años uno de los principales operadores judiciales cercanos al peronismo en los tribunales. Farah es además amigo de la infancia de Javier Fernández.
Sergio Fernández tiene peso en el fuero contencioso y comparte el tribunal de la AFA. Otros jueces renunciaron a ser integrantes de ese tribunal, pues probablemente tuvieran que intervenir en casos que involucren a la organización.
Pero Sergio Fernández no renunció a ese lugar. El camarista, que es una especie de líder entre sus colegas del fuero, comparte el Tribunal de Disciplina con el escribano Fernando Mitjans, y su hijo Manuel es vicepresidente del Tribunal de Ética de la entidad.
En ese mismo Tribunal de Disciplina figuró Esteban Mahiques, funcionario de la cancillería, hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques y hermano del ministro. informó que el camarista Carlos Mahiques festejó su cumpleaños en la quinta de Pilar que la Justicia atribuye al tesorero de la AFA Pablo Toviggino, pero el juez lo niega.
Las causas de la AFA llevaron a varios jueces a dejar sus cargos en los tribunales de la entidad, como Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
Fernández, en cambio, se quedó. Ese tribunal deportivo fue el que sancionó a Estudiantes y a Juan Sebastián Verón por no hacer el pasillo a Rosario Central con motivo del campeonato logrado.
Farah es un veterano integrante de la Cámara Federal. Tras dejar ese tribunal por una sentencia que generó controversia durante el macrismo, regresó en 2021 por un decreto de Alberto Fernández.
Farah había dejado la Cámara Federal durante el macrismo por el fallo que liberó al empresario Cristóbal López. Desde allí mantiene un perfil bajo y mira cada caso con cautela. Hoy ocupa la vicepresidencia de la Cámara Federal, donde llegó el recién designado camarista Pablo Yadarola, amigo del ministro Mahiques, y renovó su acuerdo el camarista Pablo Bertuzzi.
Richar Fernando Gallego fue designado en la Cámara Federal de General en 2012. Antes estuvo 20 años en la justicia rionegrina. La Cámara de Roca es la que revisa las decisiones de los juzgados de General Roca, Viedma, Bariloche, Neuquén y Zapala.
Con el nuevo sistema acusatorio, Gallego y el juez Mariano Lozano pasaron a ser los jueces de revisión del distrito. Intervino en el pasado en la causa que condenó a penas de prisión efectiva a los prefectos del grupo Albatros que mataron al militante Rafael Nahuel. Fue apartado luego por la Cámara Federal de Casación de ese caso.
Intervino además rechazando la apelación del Estado contra la entrega de 180 hectáreas del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche.
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POLITICA
Cruces, insultos y un final abrupto: la trastienda del plenario en Diputados sobre la Ley de Defensa de la Soberanía
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados inició el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en un clima de tensión y fuertes cruces entre legisladores. El debate estuvo atravesado además por el impacto del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras.
El diputado Carlos Zapata logró encauzar la discusión durante las primeras horas, luego de las exposiciones de legisladores de distintas bancadas, entre ellos Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, y Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
La tensión aumentó después de un fuerte cruce entre Juan Grabois y los oficialistas Jairo Guzmán y Gerardo Huesen, quienes se insultaron cara a cara. Zapata advirtió entonces que levantaría la sesión si continuaban los agravios e incluso le pidió a Germán Martínez: “Germán, controlá a los tuyos”.
Luego llegó la segunda tanda de exposiciones y fue el turno del tucumano Federico Pelli, de La Libertad Avanza. El diputado, exintegrante de las Fuerzas Armadas, cuestionó a las administraciones del Ministerio de Defensa durante el kirchnerismo. Frente a él se encontraban los exfuncionarios Jorge Taiana y Agustín Rossi.
El intercambio entre Pelli y Rossi también generó tensión y Zapata volvió a intervenir para intentar calmar los ánimos.
El momento que precipitó el final de la reunión llegó cuando tomó la palabra Grabois. El dirigente del Frente Patria Grande cuestionó al oficialismo y, tras una interrupción de Juliana Santillán, le dijo “cállate tontita”.
Poco después, Grabois le gritó “facho de mierda” a Zapata, quien había ordenado cortar su micrófono. En ese momento, el presidente del plenario dio por terminada la reunión.
Mientras se retiraban los legisladores, se escuchó a Grabois decir: “No te vayas Doctor Chapatín, que ahora viene una presidenta en serio”, en referencia a la diputada Agustina Propato, quien intentó asumir la conducción del plenario. Para entonces, los micrófonos del salón se habían apagado y la mayoría de los diputados se había retirado.
El puntano Carlos Almena (LLA) fue uno de los que permaneció en el lugar para responderle a Grabois.
Más tarde, el dirigente opositor publicó en sus redes sociales: “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo”.
Cómo continuará el debate
La Libertad Avanza definirá la continuidad del plenario para la próxima semana. La intención es realizar nuevas reuniones el martes y miércoles y mantener abierto el tratamiento de la iniciativa, que podría llegar al recinto el próximo 21 de octubre.
“Vamos a seguir tratando este tema que tenemos que priorizar todos los argentinos. Sin politizarlo, Malvinas nos tiene que unir en la defensa de su soberanía”, le dijo a TN Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
El inicio del plenario
El debate fue organizado por las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, conducidas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.
El jefe de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, fue el encargado de abrir la discusión. “Venimos en un contexto de muchísima preocupación por el escandaloso fallo de la Corte Suprema de quitarle legitimidad al CECIM La Plata”, señaló.
Antes del plenario, el bloque opositor se había reunido con representantes del CECIM La Plata en sus oficinas. Allí, según explicó Martínez, se comprometió a pedir junto con otras fuerzas una sesión especial para intentar derogar el DNU 70/2023.
Por parte del oficialismo fueron convocados funcionarios del Gobierno nacional: Paula Tadei, de la Secretaría de Legal y Técnica, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. Desde UxP reclamaron además la presencia de los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente.
Los cuestionamientos de la oposición
Durante el tratamiento, la diputada Agustina Propato (UxP) cuestionó distintos aspectos de la iniciativa. Señaló que el proyecto aumenta las multas para las empresas petroleras que exploten en la cuenca Malvinas, pero que al mismo tiempo incorpora un capítulo de regularización con quita de multas, sanciones administrativas y sanciones penales.
“Dan una vuelta con el pago insignificante para una petrolera y vienen a explotar en la Argentina continental. Esto es lo contrario a lo que anunció por cadena nacional”, afirmó Propato.
La diputada también cuestionó el alcance de la iniciativa sobre otras normas y advirtió sobre sus efectos en materia de libertad de expresión.
“Es una ley ómnibus que modifica la Ley de Defensa, la Ley de Seguridad Interior, varios artículos del Código Penal, trae un aspecto muy preocupante para la libertad de prensa en la República Argentina que es lo que llama en este texto “campañas de desinformación masivas”, y por tal motivo hemos recibido desde ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, una preocupación en relación a la modificación del artículo 225 del Código Penal, que pueden significar un atraso realmente inconcebible para la República Argentina en materia de libertad de expresión y de democracia”, sostuvo.
Qué propone el proyecto
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca endurecer el régimen vigente frente a actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El proyecto ratifica que esos territorios integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
La propuesta se estructura sobre tres ejes: sancionar la explotación ilegítima de recursos, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas del Estado ante amenazas externas.
Entre los principales cambios figura la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio más amplio, que alcanza no solo a los hidrocarburos sino también a otros recursos naturales renovables y no renovables.
La iniciativa contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas vinculadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas. Entre otras medidas, podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en la Argentina, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
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