POLITICA
La Justicia anuló las elecciones de la UOM y dispuso la intervención del gremio
La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso hoy la intervención por 180 días de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y ordenó el desplazamiento de toda su conducción. Consideró que hubo irregularidades en el proceso eleccionario que consagró a Abel Furlán como secretario general.
En un fallo de fuerte impacto, dado a conocer por el sitio Mundo Gremial, los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, los mismos que hace tres semanas convalidaron la reforma laboral votada por el Congreso el 28 de febrero, concluyeron que el proceso electoral “no garantizó una elección confiable, segura ni transparente” y sostuvieron que se vulneraron principios de democracia y libertad sindical protegidos por la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Furlán, un dirigente muy ligado al kirchnerismo, se abrió de la conducción de la CGT y construyó el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), que mantiene una postura más combativa que la central obrera en su relacionamiento con el Gobierno.
De acuerdo a la resolución judicial, a la que accedió , el gremio metalúrgico quedará bajo el control del interventor judicial Alberto Bilgieri hasta que se regularice la situación. Biglieri, que es abogado, deberá convocar nuevamente a elecciones.
El tribunal afirmó que la organización sindical quedó “acéfala”, ya que los mandatos anteriores habían vencido el 22 de marzo y las nuevas autoridades resultaron invalidadas por la sentencia.
La denuncia de irregularidades fue impulsada por la Lista Naranja de Campana, la seccional de origen de Furlán. Los opositores habían objetado el control de las urnas y cuestionaron el proceso eleccionario que consagró al oficialismo. Según el fallo, las urnas permanecían bajo control exclusivo de la Junta Electoral seccional en la sede sindical, sin escrutinios provisorios diarios y sin garantías suficientes sobre la inviolabilidad de los votos.
La Cámara remarcó que la elección debía realizarse en una sola jornada, salvo excepciones justificadas, y consideró que la extensión del proceso durante tres días exigía controles reforzados que no existieron. También cuestionó que se hubiera invitado a los fiscales opositores a “pernoctar” en la sede sindical para custodiar las urnas, algo que calificó de “inaceptable e irrazonable”.
Noticia en desarrollo
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Mientras en Estados Unidos un grupo de fiscales recaba información, las investigaciones sobre los máximos responsables de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) están prácticamente paralizadas en la Justicia argentina.
En los tribunales atribuyen a los operadores que responden a Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino, las idas y vueltas procesales para demorar las investigaciones.
Los acusados quieren que las causas vuelvan al juez Alejandro González Charvay, de Campana, donde consideran que tendrán mayor suerte.
La última maniobra insólita fue protagonizada por la Cámara Federal de Casación, que argumentó que revisará todo lo realizado en estos siete meses, donde las causas avanzaron poco y nada, y definirá cuál es el tribunal que debe investigar las denuncias de fraude y lavado de dinero contra Tapia y Toviggino.
La decisión de abrir el recurso de queja y analizar el caso fue de los jueces de la Cámara Federal de Casación Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky.
Hace un mes, el mismo tribunal dejó la decisión en manos de la Cámara en lo Penal Económico, que finalmente le cedió la causa jueza María Verónica Straccia, con buenos antecedentes técnicos.
El traspaso se demoró durante el Mundial de fútbol y ahora quedó en suspenso con la nueva decisión de Casación, justo antes del comienzo de la feria. En pocos días, los mismos jueces avanzaron sugestivamente en sentido contrario.
En paralelo, el empresario Javier Faroni, que recaudó casi US$300 millones en Miami por orden de la AFA, puso en marcha una nueva jugada para intentar invalidar el contenido de los discovery otorgados por dos jueces de Estados Unidos. Son más de 3000 páginas con decenas de transferencias reveladas por el 28 de diciembre pasado.
Los movimientos en Estados Unidos son los más temidos por los acusados.
González Charvay sumó el capítulo de “TourProdEnter” que estaba en manos del juez Luis Armella, el mismo que allanó a Faroni. Pero no pudo anexar la causa que llevan adelante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero penal ordinario. En ese expediente están todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos. Esas pruebas quemaban.
Las causas contra los jerarcas de la AFA hace tiempo quedaron empatadas entre maniobras judiciales y presiones externas.
También se trabó el expediente que tiene un pedido de detención impulsado por un fiscal federal de Santiago del Estero. En esa causa se analizó en profundidad el entramado de sociedades de Toviggino y hasta los vuelos privados del tesorero. Si la investigación avanza, aparecerán datos incómodos como el vuelo que compartió en julio de 2021, desde Miami a Buenos Aires, junto al empresario de los seguros Jorge Giani y su mujer, funcionaria de la Corte Suprema.
El único expediente que avanza a un ritmo sostenido es el que lleva adelante el juez Diego Amarante, donde Tapia y Toviggino están procesados por evasión. Los defensores apuestan a revertir el resultado en la Cámara de Casación. Hasta ahora perdieron en todas las apelaciones.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: tras la ola de críticas a la Argentina, el Gobierno ratificó que las universidades le pueden cobrar a los extranjeros
Todo sobre las medidas del gobierno de Javier Milei minuto a minuto:
Jue. 23.07.2026-09:26
Javier Milei pide por la economía antes de las PASO y el regreso de Mauricio Macri
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Nueva encuesta electoral: midieron a Javier Milei en tres escenarios para 2027 y ganó sólo en uno
Gerardo PuigBio completa
POLITICA
Proyecto para cobrar salud y educación a extranjeros: un diputado de LLA defendió la iniciativa y explicó a quiénes alcanzaría
El debate sobre el uso de los servicios públicos por parte de extranjeros sin residencia legal tomó impulso tras la presentación de un proyecto de ley por parte del bloque de La Libertad Avanza. La propuesta tiene como fin cobrar por la atención médica y la educación a quienes no acrediten residencia en el país y utilicen hospitales o escuelas públicas bonaerenses.
Ramón Vera, diputado provincial y firmante del proyecto, detalló los objetivos de la iniciativa y respondió a las críticas sobre su espíritu. Según explicó en Infobae Al Mediodía, el proyecto no busca discriminar a extranjeros, sino establecer un orden en el acceso a los recursos provinciales.
La medida se dirige a los no residentes que, según el legislador, viajan a la provincia para recibir atención médica gratuita o servicios educativos, sin tributar ni vivir de manera regular en la Argentina.
El legislador diferenció entre extranjeros residentes y no residentes, y aseguró que aquellos que cumplen con los requisitos migratorios no se verán afectados por la iniciativa.
Alcance y argumentación del proyecto de ley
Al mismo tiempo explicó que dentro del país existen distintos estatus migratorios para los extranjeros. Quienes obtienen la residencia reciben un documento nacional de identidad precario, válido por dos años y con ciertas restricciones, como no poder votar. El proyecto, según el diputado, apunta a quienes ingresan al territorio bonaerense sin residencia y utilizan el sistema de salud o educación sin aportar al sostenimiento del mismo.
“En la provincia de Buenos Aires no sobra absolutamente nada”, sostuvo Vera, y argumentó que el uso de hospitales y escuelas por parte de no residentes genera presión sobre recursos limitados. El diputado agregó que recibió comunicaciones de ciudadanos preocupados por la situación y aseguró que existen “pruebas fehacientes” de este fenómeno, aunque no precisó cifras exactas.
El legislador enfatizó que la propuesta no busca afectar a los extranjeros que viven y tributan legalmente en la provincia. “El padrón electoral bonaerense se compone de un 14% de extranjeros con residencia, que trabajan y tributan”, explicó Vera, y aclaró que el proyecto no incluye a ese universo.
El fenómeno del turismo sanitario y educativo
Durante la entrevista, Vera describió casos en los que personas de países limítrofes viajan a la provincia para acceder a intervenciones médicas o a la educación pública. “Se toman un colectivo de larga distancia en Asunción o en Santa Cruz de la Sierra, vienen como un tour sanitario”, afirmó el legislador. Mencionó hospitales como el de La Matanza y el Lucio Molas Vega, donde, según sus dichos, se presenta este tipo de situaciones.
Vera destacó que el acceso de no residentes a los servicios públicos complica la atención para los bonaerenses y los extranjeros residentes legales. “Si no se puede al menos darle una cobertura digna a los argentinos o a los extranjeros residentes legales, ¿por qué deberíamos solucionar ese problema para otros?”, preguntó.
El diputado reconoció que no existen estimaciones oficiales sobre el número de no residentes que utilizan estos servicios, pero señaló que “son decenas de miles” en la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Permanentemente recibimos comunicación de extranjeros queriendo atenderse en cualquier hospital público bonaerense”, añadió.
Debate sobre prioridades y recursos provinciales
Al responder sobre el costo económico de la atención a no residentes, Vera admitió que no hay un cálculo monetario preciso. Sin embargo, mencionó que el sistema de salud provincial enfrenta otras dificultades, como la deuda con IOMA y la falta de acceso de dos millones cien mil afiliados a esa obra social. “Tenemos otras prioridades para solucionar a la ciudadanía”, dijo el legislador.
Durante el intercambio, periodistas plantearon dudas sobre si el cobro a no residentes podría resolver las falencias estructurales del sistema sanitario y educativo. Vera sostuvo que la propuesta busca poner “blanco sobre negro” y ordenar el acceso a los servicios públicos.
El diputado también hizo referencia a la situación en el conurbano bonaerense y las demandas sociales que enfrenta la región, insistiendo en que la provincia debe priorizar a sus habitantes y a quienes tributan y residen legalmente.
Respecto a la posibilidad de que el proyecto avance en la legislatura, Vera consideró que debería recibir apoyo. “Lo primero, yo siempre pongo la familia adelante. Si tengo para alimentar a cuatro hijos, no puedo adoptar seis más”, ejemplificó el legislador para explicar la lógica detrás de la iniciativa.
El diputado aclaró que existen diferencias y discusiones dentro de La Libertad Avanza, pero descartó la existencia de “internas” que afecten la unidad del bloque. También apuntó a la oposición y a los problemas de funcionamiento en la legislatura provincial.
Al referirse al contexto social y económico del conurbano bonaerense, Vera describió la región como un “país dentro de otro país”. Sostuvo que, pese a la crisis, existen oportunidades para quienes buscan adaptarse y capacitarse, y negó la existencia de una crisis social generalizada. Según el diputado, el crecimiento de algunos sectores económicos puede generar nuevas fuentes de empleo.
Vera reconoció que la provincia atraviesa dificultades, como el cierre de empresas y la caída del consumo, pero insistió en que los habitantes deben buscar alternativas y aprovechar las oportunidades que surgen de los cambios económicos. “La Argentina es ese país de oportunidades”, afirmó.
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