Dos comunidades mapuches de Neuquén endurecieron su reclamo luego de que el Gobierno provincial rechazara otorgarles la personería jurídica, una decisión que les impide acceder al reconocimiento legal necesario para gestionar la propiedad comunitaria de los territorios que habitan y participar en instancias de consulta previa sobre proyectos que puedan afectar sus derechos.

Se trata de las comunidades Raliñanco Cárdenas y Kelv Kura, las mismas que durante 2025 mantuvieron un acampe frente a la Casa de Gobierno neuquina para exigir su reconocimiento formal.

La decisión del Ejecutivo, que conduce Rolando Figueroa, trascendió a partir de una protesta realizada por integrantes de ambas comunidades en la Exposición Rural de Palermo, donde se manifestaron frente al stand institucional de la provincia con banderas y pancartas para expresar su rechazo. Posteriormente realizaron una protesta similar frente a la sede del Gobierno provincial en la ciudad de Neuquén.

La resolución fue firmada por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y rechaza el pedido de reconocimiento legal presentado por ambas comunidades, trámite indispensable para obtener la personería jurídica y avanzar en gestiones administrativas vinculadas a su organización y representación.

Desde las comunidades cuestionaron con dureza la medida y afirmaron que nunca padecieron “una política tan violenta y negadora como la actual”. Además, anticiparon que continuarán con las acciones de protesta.

“No vamos a renunciar jamás a nuestros derechos. No es un funcionario quien va a decidir si somos mapuches o no”, expresaron.

El lonko Nelson Cárdenas, autoridad de la comunidad Rañileo-Cárdenas, sostuvo durante la protesta en La Rural que la personería jurídica representa “el documento de identidad” de las comunidades indígenas.

“Somos la clara muestra de la resiliencia del pueblo mapuche. No lograron hacernos desaparecer hace 150 años ni lo van a lograr ahora, a pesar de todas las maniobras que están inventando para no otorgarnos nuestra personería”, afirmó.

Las comunidades también denunciaron que “el Gobierno neuquino se niega a aplicar la legislación nacional y la Constitución de Neuquén en lo que respecta al reconocimiento de las comunidades indígenas”.

Las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica y sin incidentes. Sin embargo, generaron malestar dentro del Ejecutivo provincial, que hasta el momento no emitió declaraciones públicas sobre la decisión.

La personería jurídica es el mecanismo mediante el cual el Estado reconoce formalmente la existencia y organización de una comunidad indígena. Ese reconocimiento constituye un requisito para ejercer distintos derechos colectivos y territoriales contemplados por la Constitución Nacional, la Constitución de Neuquén y la normativa vigente.

Según denunciaron las comunidades y la Confederación Mapuche de Neuquén, la negativa forma parte de una serie de decisiones adoptadas por el Ejecutivo provincial que restringen el reconocimiento legal de otras comunidades indígenas.

El conflicto tiene un antecedente reciente. En 2025, integrantes de ambas comunidades acamparon durante varios días frente a la Casa de Gobierno para reclamar el otorgamiento de la personería jurídica. La protesta concluyó con un operativo de desalojo llevado adelante por la Policía de Neuquén, que profundizó la tensión entre el Gobierno provincial y las organizaciones mapuches.

Terminó el mundial y la política vuelve a salir a la superficie. Atentos a este nuevo escenario, detenido por los 39 días que duró la competencia, en el Gobierno circula la idea de acelerar con reformas que puedan ser la imagen de una campaña permanente hasta las elecciones del 2027. La discusión central se basa en quienes ponen reparos y piden cambios en la gestión y quienes consideran que plantear eso es ir contra la idea que tienen los hermanos Milei.

Más allá de la amistad y los abrazos públicos, en el primer grupo están el asesor Santiago Caputo y su entorno. Por eso es que, más allá de las fotos que se sacaron en Casa Rosada los nueve integrantes de la “mesa política”, las disputas por el poder de determinadas áreas de gestión y cajas clave se reproducen. Por estas horas, la tensión se trasladó hacia la estratégica Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Allí espera que lo echen, de un momento a otro, Darío Genua, quien reporta directamente a Santiago Caputo. Su salida sería para que ingrese un hombre que responda a Karina Milei.

El otro ruido que suena cada vez más fuerte está en toda la estructura de salud. El vocero presidencial, Adrián Ravier, tuvo que desmentir que el ministro de Salud, Mario Lugones, vaya a dejar su cargo. Hace meses que el ministro, padre de Rodrigo Lugones (este, exsocio de Caputo), está en la cuerda floja. Según pudo saber Infobae, en los últimos días esa tensión creció, sobre todo tras la abrupta salida de Guido Giana. “Algo va a pasar, porque están sacando a segundas líneas sin explicación. Es lo que suele suceder cuando toda una estructura está a punto de desaparecer. Algo similar ocurre en PAMI”, relató un funcionario nacional al tanto de los movimientos ante este medio. Si se va Lugones, todo indicaría que su reemplazo podría aterrizar desde alguna provincia del norte argentino.

Consultado por este medio, un hombre cercano al Presidente describió un escenario natural: “Ustedes exageran las internas. Siempre sucedieron. Es el poder. Algunos reciben premios y otros castigos. No se entiende que se escandalicen. Acá lo importante es que tenemos un solo jefe y se llama Javier Milei, a diferencia de cuando gobernaban los peronistas, que tenías una jefa, como Cristina, un súbdito como Massa y un títere peligroso como Alberto”, sentenció.

En ese pragmatismo, el Gobierno supo aprovechar al máximo la negociación de vacantes en el Poder Judicial. Algunos ejemplos. Se designó a Ana María Cristina Juan como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham. ¿Quién es? Es la esposa del juez federal de Comodoro Py, Marcelo Martínez de Giorgi. Es quien lleva adelante la causa $LIBRA, mediante la cual se investiga al presidente y a su hermana, la secretaria general de la presidencia.

Ayer nomás, el martes, le extendieron por 5 años su cargo a Víctor Pesino, el juez que ayudó a avalar la reforma laboral. De yapa, intervino la Unión Obrera Metalúrgica. Ahora continuará cinco años más en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT). Antes, el premio le había llegado al hijo del juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Se llama Emilio Rosatti. En junio, el Gobierno oficializó su designación como juez del Tribunal Federal de Juicio de la ciudad de Santa Fe.

Menos desapercibido pasó el premio obtenido por Javier Lanari, ex mano derecha de Manuel Adorni. Es que al periodista le entregaron un cargo como director del Banco Nación. Corrió una suerte distinta a la de su jefe.

La agenda legislativa volverá a ponerse en marcha con la llegada de agosto. Para ese entonces, además de la rosca por pliegos judiciales, Patricia Bullrich deberá conseguir los votos para aprobar la Ley de Tierras. El equipo de Federico Sturzenegger, a cargo de la redacción central del proyecto, insiste en que no se realicen más modificaciones. Bullrich no la tendrá fácil. Tras su enfrentamiento, amplificado por su equipo junto a denuncias penales, con la vicepresidenta Victoria Villarruel, la senadora necesita un nuevo triunfo que calme los nervios de Casa Rosada, desde donde la miran con desconfianza por sus abiertas críticas y aspiraciones electorales del 2027.

“Para criticarnos ya tenemos a los peronistas y a ustedes (por los periodistas)”, reiteran en Balcarce 50. Con o sin buen resultado, el “coloso desregulador” ultima detalles para un nuevo paquete que busca modificar cuestiones centrales de temas como el sistema de venta de medicamentos, el mercado inmobiliario y hasta la navegación fluvial. También prevé cambios en los arrendamientos rurales, la industria vitivinícola, el mercado del libro, el régimen de garrafas, el sistema financiero, los traductores públicos y las cooperativas.

Las intenciones avanzan a una velocidad y las negociaciones a otra. Los senadores no sobran, sino que faltan. Cayó como un baldazo de agua fría lo que sucede en Misiones. Allí el gobernador Hugo Passalacqua rompió su alianza con el jefe político, Carlos Rovira. Al punto tal que le quitó áreas sensibles que manejaba, así como las cajas de recaudación más importantes. Ese quiebre va a generar movimientos que aún no se vislumbran en el Senado. “Es algo que tenemos que analizar ahora con esto”, reconoció un senador que trabaja con Bullrich para lograr aprobar las leyes del oficialismo.

“La campaña son las reformas, las reformas son la campaña”, insistía Santiago Caputo el sábado en el cual la suerte de Adorni llegó a su fin. Se observa una necesidad de acelerar con proyectos de cada ministerio. Hoy habrá una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía. Allí Luis Caputo presentará los cambios de Inocencia Fiscal. Un día más tarde será la presentación en el Parlamento.

El Presidente tampoco descuidará la agenda internacional. Fiel a su estilo, no esperará resultados para apoyar a un candidato afín. El viernes despegará rumbo a San Pablo y el sábado estará para la oficialización de Flavio Bolsonaro como candidato a presidente para enfrentar a Lula Da Silva, que va por su cuarto mandato. El 4 de octubre será la elección más importante para la región. Las encuestas marcan, por ahora, un triunfo del oficialismo. La intromisión del mandatario argentino cayó pésimo en el país vecino.

Milei luego estará con su par de Ecuador y viajará, en las próximas semanas, a las asunciones de Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia. Los ojos de la cancillería argentina, no obstante, están puestos en los Estados Unidos. Las elecciones de medio término serán el martes 5 de noviembre. Donald Trump, principal sostén para que Milei haya llegado sin crisis financiera en la elección del 2025, enfrenta una batalla durísima. Más allá de que se espere una derrota republicana, la tensión está puesta en qué tipo de derrota obtendrá. El mayor temor allí está en perder el control del Senado, lo que frenaría la gestión y lo dejaría a Trump a tiro de un impeachment (juicio político).

Además, una amplia diferencia demócrata aceleraría la interna republicana, ahondando en la ya célebre frase de “pato rengo”, ya que sería un presidente de salida. La elección argentina será con un Trump en retirada. Falta saber a qué velocidad.

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A través de negociaciones reservadas con el Gobierno, la CGT logró que se corrigieran las restricciones a la caja sindical incluidas en la Ley de Modernización Laboral, pero el gesto libertario no dará lugar a una tregua: este miércoles, a las 15, comenzará el nuevo plan de lucha cegetista con una movilización al Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados.

Los sindicatos agrupados en la CGT organizaron la serie de protestas contra Javier Milei junto con las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y diversas organizaciones sociales, pero, a pesar de que habían amagado con replicar el esquema que se utilizó contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron, en 2023, basado en movilizaciones y paros sectoriales y rotativos que se prolongaron durante semanas, finalmente se aplicará una versión light de ese modelo.

La explicación del giro fue expuesta sin rodeos ante Infobae por un jefe gremial: “No hay clima. En las empresas la gente estaba con la cabeza en el Mundial y después tampoco tendremos muchas garantías de que acaten los paros que van a afectar su bolsillo o que puedan poner en riesgo su fuente de trabajo”.

Ese diagnóstico empujó una salida pragmática. La prioridad pasó a ser la calle, con acciones de menor riesgo para los trabajadores y con la mira puesta en sumar adhesión de otros sectores sociales, especialmente de la clase media, para crear las condiciones de un futuro paro general contra la administración de Javier Milei.

Según lo acordado por las 3 centrales obreras y las confederaciones sindicales, luego de la marcha de este miércoles se realizará el 7 de agosto una movilización por el Día de San Cayetano y se seguirá, en fechas por definir, con una concentración ante el Ministerio de Economía en rechazo del endeudamiento familiar, la participación en la Semana Social de la Iglesia, una movilización por el Día de la Industria (el 2 de septiembre), una acción para acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina, en noviembre próximo y otra marcha cuando se realice la próxima convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Esta agenda de medidas, según lo resuelto, será el “camino” que llevará a una gran protesta nacional, como un paro general de 24 o 36 horas, con la incorporación de otros sectores de la sociedad para darle más fuerza.

La jugada más audaz será la apuesta de “capitalizar” la visita del Papa al país en busca de alguna señal que se interprete como un respaldo a los reclamos del sindicalismo. Una de las ideas es tratar de que la recorrida de León XIV por la ciudad de Buenos Aires se acerque lo máximo posible al edificio de la CGT, donde lo esperarían las columnas de dirigentes y trabajadores.

Además de priorizarse la presencia en la calle, el plan de lucha incluye la realización de asambleas en los lugares de trabajo y “acciones disruptivas” como la entrega de folletos explicativos de los reclamos en estaciones de trenes y aeropuertos en todo el país.

A este esquema de protestas se sumará el paro nacional docente que se impulsa desde la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, conducida por Sergio Romero (UDA), que se concretaría en agosto y al que se sumarán CTERA y otros sindicatos del sector.

La CGT también resolvió abrir contactos con entidades empresariales del interior para consensuar acciones comunes, bajo la idea de que tanto empresarios como trabajadores son “víctimas del modelo Milei”. A la vez, se decidió que entre 15 y 20 dirigentes por gremio acompañen conflictos puntuales en empresas del AMBA y del interior, además de reforzar el trabajo con las delegaciones regionales cegetistas.

La CGT iniciará su nuevo plan de lucha, curiosamente, la misma semana en que salieron a la luz las negociaciones reservadas con el Gobierno que mantuvieron sus líderes dialoguistas, como anticipó Infobae, y que terminaron con el decreto para corregir la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral, que había perjudicado a los sindicatos en dos puntos clave para su financiamiento.

Por un lado, se utilizaba el salario básico convencional como base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo, una fórmula que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.

Por otro lado, el tope del 2% de los salarios fijado en la reforma laboral para las cuotas solidarias había sido interpretado de manera tan amplia que también alcanzaba a los aportes empresariales que, vía convenio colectivo, son destinados a mutuales, seguros de vida, seguros de sepelio o mejoras en la obra social.

En ambos casos, la rectificación del Gobierno que, gracias a la negociación la CGT, puso a salvo esos dos ítems cruciales de la caja sindical llegó con el decreto 612 que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. Aun así, la CGT ratificó su plan de lucha que comienza este miércoles, por más que se haya abierto un interrogante: ¿habrá una convocatoria libertaria al diálogo para evitar que se profundicen las protestas?

Hoy nadie lo cree posible, sobre todo porque también arrancó informalmente la campaña electoral, pero también parecía imposible que la Casa Rosada corrigiera la reglamentación de la reforma laboral en favor del poder sindical. Las próximas semanas serán decisivas para medir la temperatura del conflicto Gobierno-CGT.

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