Hace una semana llegó a un importante despacho de la Casa Rosada un informe el cual marcaba que en los últimos días de abril y los primeros días de mayo se había tocado un piso en la imagen del Gobierno. Esto quiere decir que después de sucesivos meses de caída, los números reflejaban un leve rebote. Frágil y sin promesas de ser duradero; pero una bocanada de aire para quienes miraban con preocupación la degradación en la sostenibilidad política del oficialismo.

“Veníamos cayendo y diría que esto se detuvo”, marca una de las personas encargadas de mirar los sondeos al interior del Gobierno. Uno de los consultores que oficia de proveedor exclusivo a la Casa Rosada fue quien dio la primera pista a Infobae: “Mido fines de abril y ya no tengo un número peor que el mes pasado. Es como que si se hubiera tocado un piso”. Aún nadie tiene certezas de si es un piso de cemento o una arena movediza.

Lo que parecen coincidir la gran mayoría de tribus del Gobierno es que todo está supeditado a la economía.

Milei tuvo dos buenas noticias de abril: cortó con la aceleración de la inercia inflacionaria al pasar a una suba mensual de 2,6% (-0,8 puntos en la variación respecto a marzo); y en cuanto a los fundamentals, el Ejecutivo pudo mostrar en abril que el Sector Público Nacional (SPN) logró un superávit financiero de $268.103 millones en abril. El primer índice es clave de cara a la evaluación que la sociedad hace a la gestión nacional. Incluso es Milei quien afirma -en público y en privado- que ese es el principal job description que le confirió el electorado en las elecciones del 2023. La segunda se trata la columna vertebral del programa económico que implementa el Palacio de Hacienda.

Todo esto se dio en paralelo con los meses en donde más se sintió la crisis política en los medios de comunicación. La principal novedad durante ese período fue la inmovilidad mediática que se le presentó a gran parte del Gobierno a partir de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. Fueron pocos los funcionarios que podían salir a hablar y, sobre todo, se agudizó el malestar interno por su sostenimiento en el cargo. A este cóctel se le sumó el crecimiento en la interna entre el sector de los primos Menem y el de Santiago Caputo, así como una merma en la actividad propositiva del oficialismo en el Congreso.

“En mi opinión las internas afecta muy poco en la percepción de lo que podríamos llamar ‘la gente’. Lo consumen poco, al revés de lo que hace el círculo rojo. En cambio, sí te condiciona cuando paraliza la gestión”, marca uno de los principales colaboradores políticos que tiene la administración libertaria.

En amplios sectores ven que este rebote se produce porque la conversación al respecto de Adorni mermó significativamente, pero que el dato de inflación y ciertos datos de consumo subieron. Pese a todo, el panorama general dista de ser sencillo. “Vemos que se apuesta todo a que el crédito repunte. A mí me da miedo que la reactivación esté subiendo por escalera mientras que la variación en otros sectores baja por ascensor”, opinaba un funcionario con despacho directo en Casa Rosada.

Una de estas cifras que plasma esta dinámica fue publicada por el Instituto Argentina Grande (IAG), que en su último informe marca que desde diciembre del 2023 cerraron 24.437 PyMEs en la Argentina. Los sectores más afectados por el cierre de empresas son transporte y almacenamiento (-6.193 firmas); comercio y reparación de vehículos (-5.794); servicios inmobiliarios (-3.555) e industria manufacturera (-3.073). La consultora LCG destacó los datos positivos que arrojaron la industria y la construcción en marzo, que crecieron 5% y 4,7% interanual, respectivamente, recortando caídas anteriores. Pero advirtió que “el panorama para lo que resta del año no parece ser brillante, especialmente para el sector industrial”.

Por eso es que muchos al interior de la Casa Rosada creen que es posible aspirar a un sendero de crecimiento, aunque más leve en su pronunciamiento. En lo que dure ese tramo hasta las elecciones, los operadores políticos del Gobierno consideran vital la relación con las provincias aliadas, quienes son las que tienen la llave para que el oficialismo consiga aprobar proyectos en el Congreso y, sobre todo, a que no se aprueben nuevos que pongan en peligro el objetivo fiscal.

Los gobernadores y legisladores de provincias afectadas por la modificación de la ley de zonas frías -con media sanción ayer en la Cámara de Diputados- expresaron su rechazo al recorte de subsidios al gas, señalando que la eliminación de la zona ampliada perjudica a cientos de miles de hogares en regiones con bajas temperaturas y alta vulnerabilidad social. Son costos políticos que toma el Gobierno en pos del superávit fiscal.

A priori, la Decisión Administrativa conocida la semana pasada, la cual recortó en 2,5 billones de pesos el Presupuesto, no ayuda a facilitar los vínculos debido a que ajustó partidas sensibles que impactan en las provincias.

Y es que el recorte presupuestario alcanza los $971.450 millones sobre las administraciones provinciales y municipales. Se eliminan partidas por $420.000 millones destinadas a obras de infraestructura vial y mejoramiento de hábitat, se recortan $385.000 millones en proyectos de saneamiento e infraestructura hídrica —lo que afecta plantas potabilizadoras, redes de cloacas y defensas contra inundaciones— y se suspenden transferencias corrientes y fondos especiales por $166.450 millones, que incluían asistencia técnica y subsidios directos no protegidos por la coparticipación.

“La caja de herramientas para persuadir a los gobernadores es cada vez más chica”, asegura un operador político del oficialismo. En esa línea, en la medida que pasen los meses comenzará a tomar cada vez más fuerza el debate sobre qué estrategia política adoptar de cara al próximo año. Quien está comenzando a diagramar aquello es el armador nacional Eduardo “Lule” Menem, quien prevé relegar la competencia en algunos distritos provinciales con la finalidad de tener más ascendencia en las listas a diputados y senadores nacionales.

pic.twitter.com/it3uIhrTbS,May 23, 2026,Aníbal Fernández,Javier Milei,Conforme a,,»Tornquist, a las 9, 4 grados». Kicillof hizo un video en una zona fría para criticar el recorte de subsidios que impulsó Milei,,Antes del Mundial. Tapia refuerza su vínculo con intendentes peronistas: pantallas gigantes en los municipios,,Análisis. Adiós al chamanismo económico: punto para Milei,Aníbal Fernández,,Posible impacto en el Senado. Los interventores enviados por Cristina suspendieron a Carolina Moisés y a 300 afiliados de Jujuy,,Los Fernández,,»Nunca tomé una sustancia». Reapareció Aníbal Fernández y cargó contra Espert en medio de la polémica por sus vínculos con Machado

El Partido Justicialista rechazó la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dictada este viernes por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y denunció que la medida constituye una “arbitraria y antidemocrática decisión”.

En un comunicado difundido a través de su cuenta de X, el PJ —cuya presidenta es Cristina Fernández de Kirchner— sostuvo que “sin autonomía sindical, con persecución y proscripciones, no hay democracia”. La fuerza política remarcó que esta resolución “constituye una nueva y grave violación a la autonomía y la democracia sindical en nuestro país, y se inscribe en un contexto de avance regresivo sobre los derechos de los trabajadores”.

El PJ enfatizó que esta intervención “no ocurre por casualidad”, sino que se produce en el marco de “un proceso de desindustrialización que tiene como consecuencia el cierre de 25.000 empresas y la caída del salario, agravado además por la sanción de una reforma laboral flexibilizadora que restringe el derecho de huelga y persigue a las organizaciones sindicales”.

El comunicado también subrayó que la decisión judicial se dictó “el día siguiente a que la Corte Internacional de Justicia ratificara que el derecho de huelga se encuentra protegido por el Convenio N.º 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación”. Según el PJ, mientras a nivel internacional se reafirman garantías para los trabajadores, “Argentina avanza en sentido contrario, desmantelando las conquistas constitucionales que costaron décadas de lucha”.

Por último, el PJ advirtió que “la persecución y proscripción de dirigentes políticos y sindicales no son hechos aislados: son síntomas inequívocos de un país cuya democracia se encuentra seriamente amenazada por un gobierno de carácter autoritario y un poder judicial que actúa como su cómplice”. Frente a este escenario, el partido ratificó su “compromiso irrenunciable con la libertad sindical, la democracia y los derechos de las trabajadoras y trabajadores”.

Fallo judicial y fundamentos de la intervención de la UOM

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo —integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González— anuló las elecciones sindicales de la UOM en la seccional Campana, celebradas del 2 al 4 de marzo, así como la elección nacional del 18 de marzo, y dispuso la intervención judicial del gremio.

El fallo señaló que hubieron graves irregularidades: extensión innecesaria y sin controles de los comicios durante tres días, urnas bajo custodia exclusiva de la Junta Electoral sin la intervención de fiscales de todas las listas y ausencia de escrutinios públicos diarios, en contra de lo que establecen el estatuto y los decretos que rigen al sindicato.

La sentencia indicó además que la Lista Naranja, liderada por Ángel Derosso, presentó una impugnación reclamando garantías de transparencia y una sola jornada electoral. Sin embargo, la Junta Electoral —alineada con Abel Furlán— rechazó estos pedidos sin notificar formalmente a los opositores, según determinaron los jueces.

Ante la denuncia de la oposición, las autoridades propusieron como alternativa que los apoderados de otras listas pernoctaran en la sede para custodiar las urnas. El tribunal calificó esta opción como “inaceptable e irrazonable”.

Como consecuencia del fallo, todos los funcionarios electos en los procesos anulados —incluido Furlán como secretario general nacional— cesan en sus cargos. La nulidad de la elección local impactó también la validez de la nacional, dejando a la UOM acéfala y bajo la administración del interventor Dr. Alberto Biglieri, quien deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo de 180 días.

No obstante la medida judicial, los dirigentes suspendidos avanzaron igual con el congreso y proclamación de Furlán, con respaldo mayoritario de las seccionales. Un allegado al dirigente manifestó a Infobae: “No fuimos notificados de nada” como justificación para concretar el proceso.

Repercusiones y contexto político-sindical

Tras conocerse el fallo, la CGT emitió una declaración, citada por Infobae, en la que expresó: “Intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores”. La central obrera manifestó su rechazo a cualquier avance de la justicia sobre los derechos y la organización del movimiento obrero y resaltó que “la defensa de la democracia sindical no se negocia”.

Acuarela,Argentina,Trabajo,Justicia,Derechos,Sindicatos,Obreros,Balanza,Legislación,Conflicto