El jefe de gabinete Manuel Adorni sería citado a prestar declaración indagatoria antes de las vacaciones de invierno de los tribunales, previstas para las últimas dos semanas de julio próximo, según anticiparon fuentes judiciales a .

La medida está a estudio del juez federal Ariel Lijo, quien junto al fiscal Gerardo Pollicita, investigan los gastos de Adorni.

La declaración indagatoria es un acto de defensa del imputado que el juez decide cuándo tiene elementos de prueba suficientes como para considerar que el sospechoso está incurso en el delito y debe ser interrogado.

No implica que sea culpable.

“El juez está a la espera de las últimas medidas de prueba para firmar la citación”, dijo una fuente judicial que indicó que ello ocurrirá antes de las vacaciones de invierno, previstas entre el 20 y el 31 de julio.

En Comodoro Py 2002 evalúan que el juez Lijo, si decide llamarlo a indagatoria, es porque casi seguro decidirá su procesamiento. En la justicia federal es raro pensar en otro desenlace.

Por lo tanto, el horizonte judicial de Adorni se encamina a ensombrecerse todavía más.

Adorni es investigado en este tramo de la causa, que lo pone al borde de la indagatoria, por supuesto enriquecimiento ilícito. Se analizan el viaje a Punta del Este, Uruguay, junto al productor televisivo Marcelo Grandío y las reformas que realizó en su casa de fin de semana, por más dinero que el valor de la vivienda.

La indagatoria sería para responder por su relación con el productor Grandio, dueño de la productora Imhouse.

La firma tiene seis contratos de coproducción con la TV Pública y habría realizado transferencias de dinero a Manuel Adorni antes de que este asumiera como funcionario.

Además, Adorni viajó a Punta del Este con su familia en el fin de semana largo de Carnaval en un avión privado. Dijo que el pasaje lo pagó con su dinero; sin embargo, la Justicia sospecha que ese vuelo lo pagó Grandio.

Estos vínculos entre Adorni y su amigo podrían complicarlo con imputaciones de negociaciones incompatibles con la función pública o la recepción de dádivas.

La última medida de prueba que ya dispuso el juez Lijo y que espera tener completa para definir su indagatoria es una serie de cruces de llamadas entre el teléfono de Grandio, los de Adorni y el de Horacio Silva, socio fundador de Imhouse

Grandio es amigo de Adorni y lo considera “casi como un hermano menor”, como le dijo a LN+. El productor creó Imhouse en abril de 2016 junto al empresario Silva y se desempeñó como presidente de la entidad hasta 2020, cuando -según consigna en el Boletín Oficial- dejó la conducción de la entidad en manos de su socio fundador y su hijo Juan Grandio.

Más allá de abandonar la conducción de la empresa, Marcelo Grandio no rompió lazos con la firma que —según consta en redes sociales— produce algunos de los programas que, tras el desembarco de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, se emiten en el canal estatal.

En la investigación de los contratos firmados entre la TV Pública e Imhouse SA, Lijo dispuso el cruce de llamadas.

No se obtendrán los contenidos de las comunicaciones, sino si hubo contactos y en qué fecha para determinar si se corresponde con la firma de los acuerdos y determinar si existieron intercambios con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

También se analiza la geolocalización de los teléfonos en ese momento.

“En Ciccone, los cruces de llamadas fueron clave para la condena de Amado Boudou”, recordó un veterano empleado judicial.

Lijo dispuso que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) realice esta tarea en busca de datos y cotejarlos con los seis contratos de coproducción.

Los convenios incluyen programas de entrevistas, ciclos de streaming y un envío radial bajo distintos esquemas de financiamiento y reparto de ingresos publicitarios.

Imhouse asume los costos de producción (incluidos personal, equipamiento y derechos de autor) y también eventuales reclamos judiciales, mientras que accede a los ingresos publicitarios hasta recuperar la inversión y luego comparte utilidades con el Estado.

Los contratos incluyen el programa radial “La caja de Pandora”, firmado en abril de 2024, y otros envíos como “Giros en Línea Recta”, “Enredados” y “La Sala”.

En el streaming de la señal estatal también se emite Gritalo Mundial, conducido por Grandio y Renzo Pantich.

Es el nexo más reciente del periodista cercano al jefe de Gabinete con los medios públicos: se estrenó a mediados de febrero. Aunque en el sitio oficial de la productora Imhouse no figura como un proyecto propio, en su cuenta de Instagram se suelen compartir recortes de la transmisión en formato de reels.

Previo a su desembarco en la TV Pública, la empresa de Grandio ya contaba con estrechos vínculos con el jefe de gabinete: eran la productora detrás de su programa de entrevistas Dos en Pausa, que se transmitía en 2022 por canal Metro y también el canal 7 de Punta del Este.

El vínculo entre la firma de Grandio y ese proyecto no figura en el portfolio de la productora publicado en su página web, pero sí en su cuenta de Instagram y las redes sociales del programa.

Así presentaban el proyecto en redes sociales: “En un momento delicado del país, Manuel Adorni recibe en el living a diferentes políticos y personalidades destacadas con el fin de conversar y entender un poco más la situación actual de Argentina. El economista y conductor de radio te invita a intercambiar ideas y escucharte sin prejuicios”.

En este programa de 2022 a cargo de la productora Imhouse, Adorni llegó a entrevistar a Milei, que por entonces ejercía como diputado nacional por La Libertad Avanza junto a Victoria Villarruel.

Grandio, además, en 2024 fue parte de un programa de radio que se emitió de lunes a viernes por Radio Nacional entre marzo y septiembre de ese año. “Había que tener el visto bueno de Adorni, que por entonces era vocero”, dijo a una fuente al tanto de la producción de ese ciclo.

La Justicia está convencida que el vuelo de Adorni con su familia a Punta del este lo pagó Grandio. El piloto al que le facturaron el vuelo privado en el que Adorni volvió a Buenos Aires declaró como testigo y dijo que a la reserva y al vuelo los pagó Grandio

Agustín Issin Hansen, quien, en calidad de broker, le compró a la empresa Alpha Centauri un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares. Uno de esos vuelos, el que usó Adorni, fue vendido a Grandio.

Precisó que el vuelo de ida lo pagó el periodista y fue facturado a su productora, Imhouse, directamente desde la operadora del vuelo (Alpha Centauri). Respecto al de vuelta, afirmó que fue pagado por su empresa (Jag Executive Aviation) y que luego fue vendido a Grandío por 3.000 dólares.

La factura del vuelo, dada a conocer por TN la semana pasada, está fechada el 9 de marzo, el mismo día que el periodista Carlos Pagni habló por primera vez en LN+ del vuelo, que había ocurrido tres semanas atrás.

Cuando se supo que el vuelo de Adorni y su familia desde Punta del Este al aeropuerto de San Fernando formaba parte de un paquete de viajes facturados a su nombre, Issin le dijo a : “La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”. Adorni había afirmado que al viaje lo pagó él.

La Justicia tiene una factura emitida por Alpha Centauri a Issin de un paquete de 10 viajes por 42.250 dólares (que fueron abonados, según la factura, en efectivo). Y TN dio a conocer, la semana pasada, una factura por 3000 dólares hecha por Issin a Grandio. Está fechada el 9 de marzo, tres semanas después del viaje.

Adorni declaró: “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”. Sin embargo, ni la factura del viaje de ida ni la de la vuelta están a nombre de él y no explicó por qué.

La empresa Alpha Centauri, a requerimiento de la Justicia, informó además que el vuelo de ida costó 4830 dólares, que se transfirieron en pesos. La factura se la hizo Alpha Centauri S.A. a Imhouse, la productora de Grandio.

El caso de Grandio es lo que coloca a Adorni a las puertas de la indagatoria.

En paralelo, Lijo con Pollcita llevan la causa de supuesto enriquecimiento ilícito. Allí el foco está puesto no tanto en si el funcionario puede justificar sus gastos en función de sus ingresos, sino en que en dos años adquirió dos propiedades que no están declaradas.

Además, el otro foco es que las hipotecas tomadas como saldo de deuda fueron comprometidas cuando, a simple vista, los ingresos declarados no permitirían abonarlas.

El verdadero problema, según el análisis que realizan funcionarios judiciales que deben decidir sobre Adorni, es la compra de la casa de fin de semana del country de Exaltación de la Cruz, Indio Cua.

Allí, Adorni escrituró la casa en noviembre pasado en unos 120.000 dólares. Además, la investigación señala que Adorni habría pagado unos 5000 dólares de ingreso al country y luego unos 245.000 en refacciones integrales y todo en negro, es decir sin facturarlo.

Esas refacciones incluyeron, por ejemplo, bienes muebles, como los 51 muebles a medida que no están incluidos en la declaración jurada.

Es decir, entre compra y remodelación, el gasto total mencionado en la causa rondaría los 370.000 dólares aproximadamente; una suma que está muy por encima del valor de esa propiedad en ese lugar.

Uno de los investigadores judiciales acostumbrado a tratar con asuntos económicos especuló con que, más allá del supuesto enriquecimiento ilícito, la conducta podría encuadrarse en el delito de lavado de dinero.

Y un último hecho está bajo la mirada judicial. Un informe televisivo mostró imágenes de efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina apostados en el ingreso de Indio Cuá.

Según la nota, el operativo se habría desplegado después de una movilización realizada el 31 de marzo en las inmediaciones del barrio privado. El periodista Nicolás Wiñazki exhibió además capturas del chat interno del country y sostuvo que vecinos cuestionaron el uso de recursos federales para custodiar la vivienda particular del funcionario.

Para la justicia, si se confirma que estos efectivos estaban para custodiar el lugar, podría además configurarse el delito de peculado, que castiga con hasta 10 años de prisión al funcionario que use en beneficio personal recursos públicos que debe administrar.