Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) fue condenado este miércoles a un año y tres meses de prisión en suspenso por rociar con gas pimienta a una nena de 10 años y a su mamá durante una marcha de jubilados frente al Congreso. Además, recibió una inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la pena.

Se trata del oficial principal Cristian Miguel Rivaldi, quien fue hallado culpable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves. La sentencia fue informada por el abogado de la nena, Gregorio Dalbón, a través de sus redes sociales.

El episodio ocurrió el 11 de septiembre de 2024, en las inmediaciones del Congreso, cuando Carla Mariana Pegoraro y su hija Fabrizia estaban sentadas en la vía pública. Según se probó durante el juicio, ambas estaban de espaldas a los efectivos policiales y no se enfrentaban a las fuerzas de seguridad ni resistían ninguna orden.

Tras el ataque, la nena tuvo que ser trasladada al Hospital Santa Lucía, especializado en oftalmología, donde le diagnosticaron conjuntivitis química.

El juicio correccional comenzó y terminó este miércoles, bajo la conducción del juez federal Daniel Rafecas.

Durante su acusación, el fiscal Eduardo Taiano sostuvo que las imágenes del episodio permitían identificar a la nena y que Rivaldi tenía parcialmente levantado el visor del casco, una condición que ampliaba su campo de visión.

Además, señaló que el protocolo de actuación policial establece que los agentes deben utilizar la mínima fuerza necesaria y prestar especial atención cuando hay chicos, embarazadas y adultos mayores involucrados.

El hecho ocurrió durante una de las movilizaciones de jubilados frente al Congreso que estuvieron marcadas por los operativos de seguridad y los enfrentamientos con las fuerzas federales durante el gobierno de Javier Milei.

En ese momento, Patricia Bullrich estaba al frente del Ministerio de Seguridad y Alejandra Monteoliva, actual titular de esa cartera, se desempeñaba como secretaria de Seguridad.

El presidente Javier Milei publicó una frase en sus redes sociales en referencia a la conducción política. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”, señalaba la imagen compartida.

En los pasillos de Casa Rosada la publicación se interpretó como un reproche dirigido a la senadora Patricia Bullrich.

En el marco del operativo de seguridad por la partida del papa León XIV, el malestar presidencial derivó en tensiones legislativas. Fuentes oficiales señalaron a Clarín que el jefe de Estado analizaría tomar medidas tras el fin de la gira papal.

Por su parte, allegados a la legisladora negaron que la dirigente se diera por aludida tras la difusión del mensaje en la plataforma Instagram.

La controversia se profundizó por las demoras en el tratamiento de la reforma electoral impulsada por la administración libertaria. El proyecto prioritario busca eliminar las primarias, abiertas y obligatorias (PASO).

Ante las disputas en la Cámara alta, el oficialismo evalúa a la senadora Nadia Márquez como eventual reemplazante en la conducción de la bancada. La referente neuquina contaría con el aval directo de la secretaria Karina Milei.

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A excepción de la corriente semana, planchada por la reciente visita papal al país y el día del empleado legislativo -ayer-, la ansiedad relacionada con el fin de las sesiones ordinarias acumula temas sin resolver en el Congreso. En el Senado, y a pesar de un presunto interés que mostró el Gobierno en octubre, el Súper RIGI sigue frenado y no hay indicios de avance hasta el momento, tras el pedido de bloques dialoguistas para modificar la iniciativa, que ya cuenta con la aprobación de Diputados y que plantea beneficios impositivos para inversiones, por más de USD 1.000 millones, en industrias “del futuro”.

En septiembre pasado, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), el peronista no K Carlos Espínola (Corrientes) y el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), exigieron ampliar el término “precio/calidad” para no favorecer importaciones que hoy se expanden en el vigente RIGI, algo que preocupa en varias provincias. Además, solicitaron que el valor de los potenciales insumos en cuestión “no supere en más de un 15% el precio comparable de la oferta de origen extranjero” en igualdad de condiciones.

Previo a esta traba y, ante desgastantes idas y vueltas desde Balcarce 50 a la hora de definir qué acordar con aliados, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital Federal), validó cambios relacionados con el 20% a favor de bienes locales. Además, sumó que las inversiones por más de USD 1.000 millones que establece el articulado reaseguren la “capacidad de conexión al sistema eléctrico” y un esquema de abastecimiento para cubrir la demanda máxima, sin afectar la seguridad del sistema. Lo que sí queda claro es que a partir de todo esto -más eventuales modificaciones extra- el texto, de llegar en alguna ocasión al recinto, volverá en segunda revisión a Diputados.

Los tres senadores sugieren, para verificar la oferta, que quien oficie de autoridad de aplicación active “un mecanismo de consulta con entidades empresarias representativas de los sectores productivos involucrados, a fin de verificar la existencia de proveedores locales con capacidad efectiva para atender los requerimientos del proyecto en condiciones competitivas de precio, calidad, cantidad, especificaciones técnicas y plazos de entrega, con carácter previo a determinar la inexistencia o insuficiencia de oferta nacional”.

“A los efectos del cumplimiento de las obligaciones de adquisición local previstas en el presente Régimen, se considerará competitiva la oferta de un proveedor local cuando, cumpliendo condiciones equivalentes de calidad, especificaciones técnicas, cantidad y plazos de entrega, su precio no supere en más de un quince por ciento (15%) el precio comparable de la oferta de origen extranjero”, impone la propuesta. Además, la comparación deberá “efectuarse sobre precios equivalentes puestos en destino, considerando todos los costos asociados a la importación y provisión del bien o servicio, conforme establezca la reglamentación”.

Tras semanas de dudas desde el Ejecutivo, la muestra de un acuerdo viable llegó a fines del mes pasado y por otro lado, cuando el pleno de la Cámara alta aprobó la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) que avala guiños fiscales -amortización en Ganancias, por caso- para planes desde los USD 12 millones que empujaron radicales como Eduardo Vischi (Corrientes) y Mariana Juri (Mendoza), entre otros.

Como Abad, Goerling y Espínola realizaron la misma observación allí, en dicho proyecto se incorporó que las inversión “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores nacionales respecto de bienes transables” equivalente, “como mínimo, al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores de bienes transables”, siempre “y cuando la oferta de proveedores nacionales se encuentre disponible y en condiciones de mercado”.

En el articulado también se incorporó: “Cuando haya circunstancias objetivas que lo justifiquen, la autoridad de aplicación podrá darle intervención a la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) a fin de que se expida acerca de si el precio de los bienes importados, excluidos del cómputo del Plan de Desarrollo de Proveedores Nacionales bajo el argumento de que la oferta local de los mismos no era competitiva, refleja condiciones de mercado”. Algo similar a lo del Súper RIGI, que aguarda resolución.