POLITICA
“La encíclica de León XIV pone en alerta frente al cambio tecnológico”, consideró el historiador Loris Zanatta
En una entrevista para Infobae en Vivo, el historiador Loris Zanatta remarcó este martes que la reciente encíclica de León XIV advierte sobre los desafíos éticos y políticos de la inteligencia artificial, en un contexto donde la acumulación de poder de las grandes empresas tecnológicas amenaza el equilibrio democrático.
Durante la charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Zanatta sostuvo: “La Iglesia siempre ante los cambios tecnológicos advirtió sobre las potencialidades positivas, que por supuesto que las hay, pero también los riesgos de su humanización”.
A su vez, el ensayista italiano de 63 años aseguró que el documento papal debe ser leído como “un mensaje pastoral que va a los fieles y, si queremos, a la humanidad toda”. Sin embargo, planteó que resulta inevitable “hacer una lectura del tipo política actualizada, que vale para Argentina como también especialmente para Estados Unidos, que es el país del Papa”.
Según el historiador italiano de 63 años, el texto papal no se limita a enumerar riesgos, sino que invita a una reflexión profunda sobre el impacto social y político de las nuevas tecnologías. “Todos tenemos la sensación de que en el mundo se ha creado y se está acentuando una especie de tecnocratización del poder”, advirtió.
Durante su análisis, la figura de los grandes empresarios tecnológicos concentra no solo poder económico, sino también conocimiento e información sobre la sociedad. “Esto amenaza con desequilibrar el delicado equilibrio de la democracia, entre soberanía popular y poder tecnocrático”, remarcó.
Para Zanatta, el riesgo de la tecnocracia es tan preocupante como el del populismo. “Si lo empujamos demasiado por el lado de lo popular, tenemos populismo, y del otro lado tenemos tecnocracia”, resumió.
El especialista vinculó la advertencia papal con antecedentes históricos: “Creo que León XIV quiso advertir sobre los peligros de la tecnocracia”.
Asimismo, el ensayista subrayó que el proceso de concentración de poder tiene particular fuerza en Estados Unidos: “La concentración de poderes que se está produciendo en Estados Unidos, pero que lo vimos en muchos otros países del mundo, se basa en una hiperdemocracia. La idea es que el presidente es el único elegido por el pueblo, y por tanto todos los otros poderes deben ser sometidos al arbitrio del presidente”.
Zanatta explicó que en ese país existe una verdadera doctrina sobre la supremacía del presidente, lo que lleva, según su visión, a una “democracia iliberal”. “Lo que viene a faltar es el equilibrio liberal a la democracia. Y el liberalismo está formado por instituciones que tienen el objetivo de limitar el poder absoluto del presidente”, puntualizó.
El historiador advirtió que las tecnologías emergentes, al estar controladas por pocas manos, pueden facilitar esa concentración y erosionar los controles institucionales: “Estas tecnologías, que por el momento son controladas por pocos, pueden ser funcionales a esta concentración de poderes que crean democracias iliberales”.
La Iglesia, el Estado y la actualidad argentina
Zanatta también analizó el vínculo entre Iglesia y poder político, con especial referencia a la Argentina y el papa Bergoglio. En ese sentido, consideró que el gobierno nacional fue “inteligente en no confrontar” tras el discurso del arzobispo Jorge García Cuerva en el Tedeum de este lunes.
Para Zanatta, el mensaje eclesial mantiene relevancia para los fieles, pero debe evitar confusiones con el ritual político nacional: “El mensaje de la Iglesia es muy relevante e importante para los fieles y quienes lo quieran escuchar, pero que se confunda con el ritual civil de la nación es totalmente insano. En ninguna república laica y moderna se hace”.
Finalmente, sugirió que “le haría muy bien a la Iglesia ser más independiente del poder político”, en un contexto global de decadencia del esfuerzo multilateral y de concentración de poderes.
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POLITICA
Toma en los colegios Nacional de Buenos Aires y Carlos Pellegrini: estudiantes reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
Los estudiantes de los colegios preuniversitarios Colegio Nacional de Buenos Aires y Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini votaron este martes la toma de ambos establecimientos por tiempo indeterminado como parte de un plan de lucha en defensa de la educación pública.
La medida fue resuelta en asambleas estudiantiles y tiene como principal reclamo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, impulsada para garantizar mayores recursos para las universidades nacionales en medio del conflicto presupuestario con el Gobierno nacional.
El presidente del centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires afirmó en declaraciones radiales que los docentes de los establecimientos preuniversitarios “están cobrando un 30% menos que los docentes de las escuelas de la ciudad”. “Eso denota un claro ataque directo a las universidades”, expresó Francisco Pitrola, el referente de los alumnos, en diálogo con Radio con vos.
“Yo creo que el gobierno de Javier Milei busca un eventual arancelamiento para ir deteriorando esa educación pública, que tanto nos costó conseguir”, sumó el joven.
La decisión por esta medida de fuerza se da en un contexto de disputa por fondos entre el Gobierno y las universidades.
En esa línea, la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó este martes una nueva jornada de clases públicas en distintos puntos de la Ciudad, con un acto central frente al Palacio de Tribunales. La convocatoria fue impulsada por gremios docentes y no docentes para reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La iniciativa incluye clases abiertas y exposiciones académicas convocadas por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba).
El reclamo de los docentes se centra en que los jueces de la Corte Suprema definan su intervención en el expediente, que se encuentra bajo análisis, tras la resolución de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal al aceptar un recurso extraordinario presentado por el Gobierno.
El conflicto entre el Gobierno y las universidades
El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario se mantiene desde 2024 y derivó en tres movilizaciones federales. La primera marcha se realizó en abril de ese año.
El 21 de octubre de 2025, el Gobierno promulgó la ley de financiamiento universitario, luego que el Congreso rechazara los vetos del presidente Javier Milei. Pero su ejecución quedó suspendida hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto.
Esta situación profundizó el conflicto con las universidades, que reclaman su implementación efectiva.
En paralelo, la discusión avanzó en la Justicia. Un fallo de primera instancia y su posterior confirmación en Cámara ordenaron la aplicación de artículos centrales de la ley, vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento. El Estado apeló esas decisiones y el expediente continúa en discusión.
Leé también: Universidades nacionales le reclaman al Gobierno una instancia de diálogo en medio de la pelea por los fondos
Por otra parte, el oficialismo envió un nuevo proyecto al Congreso que modifica la ley vigente. La iniciativa no contempla una recomposición por lo ocurrido en 2024 y 2025.
Además, para 2026 establece que solo habrá una actualización del presupuesto si la inflación anual supera el 14,3%. Es decir, si el IPC es mayor que la variación estimada, las universidades recibirán una actualización real para sus gastos de funcionamiento.
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POLITICA
El líder de la UOM recibió apoyo sindical, del cristinismo y del kicillofismo contra la intervención del gremio
El desplazado secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, encabezó este martes una protesta en la sede central del gremio contra la decisión judicial de intervenir el sindicato y separar a su cúpula tras un proceso electoral impugnado. El gremialista, alineado con el kirchnerismo, recibió apoyo de sindicatos y de referentes políticos del peronismo en sus distintas variantes.
En declaraciones radiales, Furlán recordó que la UOM ya había sido intervenida en dos momentos históricos: “Fuimos intervenidos por las dictaduras de 1955 y 1976. Cada vez que hubo un intento por destruir a la industria, intervinieron a la UOM. Ahora pasa de nuevo. Es la primera vez en democracia”, afirmó a AM530.
Furlán estuvo en la sede central del sindicato, ubicada en Alsina 485, en el centro porteño y desde una ventana le habló a su militancia y a los dirigentes que se hicieron presentes. Se acercaron, entre otros, referentes cercanos a Cristina Kirchner como los diputados Eduardo Valdés y Sergio Palazzo, y otros alineados con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, como su ministro de Trabajo, Walter Correa, y su jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. Se acercaron, también, los diputados kirchneristas Germán Martínez (jefe del bloque peronista en la Cámara baja) y Leopoldo Moreau, entre otros.
El jefe de la UOM, que se abrió de la CGT y armó el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), cosechó respaldo de parte de la central obrera, con la presencia de Octavio Argüello, uno de los integrantes del triunvirato de mando que se acercó hasta la sede del gremio metalúrgico. Las dos vertientes de la CTA, con dirigentes como Hugo “Cachorro” Godoy y Roberto Baradel, estuvieron representadas en la UOM.
Acompañaron con su respaldo en la sede sindical dirigentes gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios, la Federación de Aceiteros y Desmotadores, y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba); de partidos políticos como Libres del Sur, y de movimientos sociales como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
El viernes pasado, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo intervino el gremio por 180 días, desplazó a su secretariado nacional y nombró como interventor judicial a Alberto Biglieri. Los jueces consideraron que hubo irregularidades en el proceso electoral realizado durante el mes de marzo, que derivó en la reelección de Furlán.
Los magistrados que dictaron la intervención judicial de la UOM fueron Víctor Arturo Pesino y María Dora González. El 23 de abril, ambos dejaron vigente la reforma laboral aprobada en el Congreso, al otorgar con efecto suspensivo una apelación presentada por el Estado nacional contra la suspensión de más de 80 artículos de la norma, que había decidido el juez laboral Horacio Ojeda. Al día siguiente del fallo por la reforma laboral, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso en marcha el trámite para prorrogar la magistratura del Pesino, quien en junio debería dejar su puesto por haber cumplido 75 años.
La conducción desplazada del sindicato declaró el estado de “alerta, movilización y sesión permanente en todo el territorio nacional” y designó al secretario general adjunto, Daniel Daporta, como delegado administrador del gremio, informó el sitio web Infogremiales.
“Hoy es un día que nos tiene que tocar las fibras más íntimas de nuestra identidad peronista. La intervención a la UOM es como cuando quisieron intervenir, hace muy poco, el Partido Justicialista nacional. Ser metalúrgico y peronista es una marca de identidad. Al lado de Furlán y de todos los compañeros metalúrgicos que pelean por condiciones más dignas de trabajo. No es casual que sea la UOM el gremio que más ha salido a la calle a pelear contra la reforma laboral. Incondicionalmente, al lado de la UOM”, dijo a el diputado Valdés.
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POLITICA
Sur Finanzas: el financista vinculado a Claudio Tapia se declaró inocente y dijo que es “una causa mediática”
Maximiliano Ariel Vallejo, el financista ligado a la AFA y amigo de Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó a su declaración indagatoria ante el juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, y la fiscal Cecilia Incardona. Lo acusan de los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario en perjuicio del Club Atlético Banfield.
Vallejo, por consejo de su abogado Mauricio D’Alessandro, presentó un escrito y respondió las preguntas que solo le formuló su defensa para desmentir la formulación de cargos y pruebas que se le leyeron.
También requirió medidas de prueba; objetó algunos trámites judiciales; insistió en que hay recursos pendientes en las instancias superiores; refirió que, de manera inédita, es investigado por los mismos hechos —o varios de ellos— en otras jurisdicciones y, en el escrito que le entregó al magistrado, escribió: “Me declaro inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen en la presente causa, rechazando enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra”.
Qué declaró Vallejo ante la justicia
Según pudo reconstruir Infobae a través de funcionarios judiciales y abogados vinculados a la investigación, Maximiliano Ariel Vallejo declaró: “Voy a hacer una manifestación, claramente que amerita una respuesta más razonable para este juzgado, ya que la lectura (de cargos en su contra) fue amplia”, ya que consideró que “todos los puntos que me están imputando tienen respuesta y, como considero que cada uno de los puntos tienen respuestas, porque soy inocente”.
En este tramo de la indagatoria, Vallejo aseguró que la sociedad tiene una percepción de culpabilidad en su contra “por dichos populares de los medios, ya que la causa es mediática”. “Yo estoy a derecho y a disposición del juzgado desde el 1 de diciembre de 2025. Hago esta aclaración ya que al ser mediática la causa, los medios masivos televisivos, audiovisuales y de radio distorsionan la realidad, de tal manera, que por ende lo que voy a hacer es una manifestación ahora, eventualmente el abogado presentara un escrito o pediremos otra indagatoria”, remarcó.
El allegado al presidente de la AFA también declaró: “Mantener mi patrimonio en las declaraciones de ARCA teniendo en cuenta que presto servicios por recibo en varias empresas ya mencionadas por un valor equivalente a la suma de setenta millones de pesos argentinos, mensuales multiplicada por tres años da la suma declarada en el Fisco Nacional”.
Vallejo hizo esa aclaración porque, según su interpretación: “De lo que se dio lectura anteriormente, parecen sumas exageradamente millonarias. Cabe recalcar que quien les habla al primero de diciembre de 2025 tenía un patrimonio declarado de mil ochocientos millones de pesos proveniente de mi trabajo de mi sudor y de mi empresa, y también tenía una tenencia de moneda extranjera adquirida a partir del 14 de abril de 2025 gracias a este gobierno que levantó cepo cambiario, y pude adquirir moneda extranjera a través de banco hipotecario y esa divisa esta bancarizada, la cual resulta ser de ciento diez mil dólares estadounidenses”.
Sobre la grave imputación de asociación ilícita, Vallejo dijo ser “inocente” y prometió “presentar un escrito a través de mi abogado Marcelo D’Alessandro”.
Sobre el presunto delito de lavado de activos dijo: “Ya manifesté de donde fue provisto mi patrimonio, y me declaro inocente sobre ello en virtud de lo manifestado. Creo y pretendo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay, ya que reitero que mi origen de fondos es lícito, debido a mi esfuerzo, trabajo y el holding de empresas”.
En relación a la retención indebida de impuestos denunciada por ARCA, el acusado expresó: “No soy responsable, debido a que mi cargo en la empresa era de presidente y accionista, desconozco la parte administrativa, contable y tributaria de lo cual teníamos asesoría interna y externa. Puedo decir lo que recuerdo vagamente, los meses mencionados del año 2024 y 2025 de lo cual, quien le habla y María Fernanda Sena Argis eran presidentes de la entidad mencionada, creo que se presentó un plan de pago, y gracias a este Juzgado a partir del 1 de diciembre de 2025 que tomo los recaudos, precauciones y los allanamientos pertinentes para destruir la empresa que no tiene actividad hasta el día de la fecha y más de cien personas, familiares están sin cobrar sus haberes, desde ahí las cuentas bancarias, bloqueadas, inhibidas y embargadas, dejó de tener actividad comercial, entonces presumo o creo que el Fisco Nacional cuando uno presenta un plan de pago por cargas sociales o retenciones de obra social u otro impuesto que correspondiera, al no tener actividad comercial la empresa tres meses seguidos, el plan de pago al no pagarse caduca, y que ustedes en febrero de 2026 nos informan de este hecho. Así que saco mis conclusiones respecto a lo mencionado en esta imputación o como se llame, me declaro inocente también ya que la empresa no pudo pagar por no tener actividad comercial y si lo tuviera lo hubiera pagado”.
También se desligó de las acusaciones por préstamos usurarios a la Asociación Civil Club Atlético Banfield. “Desconozco los manejos internos ya que simplemente era un simple sponsor, al presidente de una entidad le hice un préstamo, y al día de hoy soy el damnificado que no ha cobrado lo que me deben más intereses. Que claramente también manifiesto, que aparte de ser sponsor, ser socio e hincha de la institución por haber nacido en Banfield, voy a presentar un escrito si lo considero necesario, luego de que se presenten a indagatoria los (otros) supuestos imputados porque creo que ellos van a saber aclarar lo que me quieren endilgar. Repito lo mismo, me declaro inocente y estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025, no tengo más nada para decir y no voy a contestar preguntas”.
Qué maniobras se investigan
El juzgado de Luis Armella investiga la existencia de una organización criminal enquistada en la cúpula directiva del Club Atlético Banfield, que habría operado de manera conectada con el holding Sur Finanzas.
El expediente identifica tres ejes delictivos principales:
Hecho I – Asociación ilícita (art. 210 del Código Penal)
Los directivos del club habrían conformado una banda estable y permanente para cometer una pluralidad indeterminada de delitos contra la propiedad del club y contra el orden económico. Se valieron de los cargos orgánicos que detentaban —presidente, vicepresidente, secretario, tesorero— y de un andamiaje societario paralelo: el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y la empresa Banfileños S.A., diseñados para eludir los controles institucionales.
Hecho II – Defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7° del Código Penal)
La maniobra defraudatoria se sostiene sobre dos ejes:
- Mutuos usurarios en efectivo. El club suscribió dos contratos de mutuo con Sur Finanzas Group S.A.:
- 17 de julio de 2023: préstamo de USD 500.000 a una tasa del 3% mensual, a devolver USD 590.000 en enero de 2024.
- 9 de octubre de 2023: nuevo préstamo de USD 500.000, con tasa del 4% mensual, a devolver en dos cuotas de USD 280.000 (diciembre 2023 y enero 2024).
En total, el club quedó obligado a devolver USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 eran intereses. Lo determinante para la calificación de fraude fue que ambos contratos, certificados notarialmente, declararon que el millón de dólares fue entregado “en dinero efectivo”, lo que impidió toda trazabilidad bancaria.
- Triangulación de ingresos de sponsoreo. El club firmó contratos de sponsorización con Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A. El presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, instrumentó que los pagos fueran cedidos al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, que él mismo controlaba. Lo mismo ocurrió con las cuotas sociales de los socios, recaudadas vía la empresa PagoTic desde febrero de 2019 y acreditadas en cuentas del fideicomiso hasta agosto de 2023.
Hecho III – Lavado de activos agravado (art. 303 inc. 2°, apart. “a” del Código Penal)
Las ganancias ilícitas generadas por las maniobras anteriores se canalizaron hacia vehículos de opacidad societaria. La fiscal Incardona identificó tres indicadores de lavado:
- Entramado societario complejo para mezclar fondos de origen espurio con ingresos genuinos del club.
- Inyección masiva de efectivo para cortar el rastro del beneficiario final.
- Adquisición de bienes suntuarios: Eduardo Spinosa compró una Toyota SW4 (junio 2024, $53.745.000) y un Peugeot 208 (febrero 2026, $14.947.000); Federico Spinosa adquirió el 50% de un inmueble en Ugarteche 3354, CABA (mayo 2023, USD 170.000); Oscar Tucker compró vehículos Fiat 500L y Volkswagen Amarok.
Como fase final de integración, la fiscal señaló la concesión del Estadio José María Minella a través de Minella Stadium S.A., firma vinculada al entorno de Spinosa.
Los imputados, sus cargos y fechas de indagatoria
Eduardo Juan Spinosa, presidente del club y de Banfileños S.A. Se lo acusa de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, defraudación por administración fraudulenta (coautor) y lavado de activos agravado por habitualidad y por ser miembro de una asociación (coautor). Su indagatoria es el 18 de junio.
Federico José Spinosa, vicepresidente de Banfileños S.A. Los cargos que pesan sobre él son asociación ilícita en calidad de miembro, defraudación por administración fraudulenta (coautor) y lavado de activos agravado (coautor). Deberá presentarse a declarar el 18 de junio.
Ignacio Javier Uzquiza, tesorero del club Banfield y en la actualidad desempeña el mismo cargo en la Asociación Argentina de Tenis. La AAT no está involucrada en las maniobras que investiga la Justicia. Se lo acusa de los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y defraudación por administración fraudulenta (coautor). Deberá presentarse a declarar el 24 de junio.
Oscar Fabián Tucker, vicepresidente del club. Lo acusan de asociación ilícita en calidad de miembro y lavado de activos agravado (coautor). Debe presentarse a declarar el 24 de junio.
Un día después, el 25 de junio, deberán declarar los representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña.
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