POLITICA
Sur Finanzas: el financista vinculado a Claudio Tapia se declaró inocente y dijo que es “una causa mediática”
Maximiliano Ariel Vallejo, el financista ligado a la AFA y amigo de Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó a su declaración indagatoria ante el juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, y la fiscal Cecilia Incardona. Lo acusan de los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos y defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario en perjuicio del Club Atlético Banfield.
Vallejo, por consejo de su abogado Mauricio D’Alessandro, presentó un escrito y respondió las preguntas que solo le formuló su defensa para desmentir la formulación de cargos y pruebas que se le leyeron.
También requirió medidas de prueba; objetó algunos trámites judiciales; insistió en que hay recursos pendientes en las instancias superiores; refirió que, de manera inédita, es investigado por los mismos hechos —o varios de ellos— en otras jurisdicciones y, en el escrito que le entregó al magistrado, escribió: “Me declaro inocente de la totalidad de los hechos que se me atribuyen en la presente causa, rechazando enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra”.
Qué declaró Vallejo ante la justicia
Según pudo reconstruir Infobae a través de funcionarios judiciales y abogados vinculados a la investigación, Maximiliano Ariel Vallejo declaró: “Voy a hacer una manifestación, claramente que amerita una respuesta más razonable para este juzgado, ya que la lectura (de cargos en su contra) fue amplia”, ya que consideró que “todos los puntos que me están imputando tienen respuesta y, como considero que cada uno de los puntos tienen respuestas, porque soy inocente”.
En este tramo de la indagatoria, Vallejo aseguró que la sociedad tiene una percepción de culpabilidad en su contra “por dichos populares de los medios, ya que la causa es mediática”. “Yo estoy a derecho y a disposición del juzgado desde el 1 de diciembre de 2025. Hago esta aclaración ya que al ser mediática la causa, los medios masivos televisivos, audiovisuales y de radio distorsionan la realidad, de tal manera, que por ende lo que voy a hacer es una manifestación ahora, eventualmente el abogado presentara un escrito o pediremos otra indagatoria”, remarcó.
El allegado al presidente de la AFA también declaró: “Mantener mi patrimonio en las declaraciones de ARCA teniendo en cuenta que presto servicios por recibo en varias empresas ya mencionadas por un valor equivalente a la suma de setenta millones de pesos argentinos, mensuales multiplicada por tres años da la suma declarada en el Fisco Nacional”.
Vallejo hizo esa aclaración porque, según su interpretación: “De lo que se dio lectura anteriormente, parecen sumas exageradamente millonarias. Cabe recalcar que quien les habla al primero de diciembre de 2025 tenía un patrimonio declarado de mil ochocientos millones de pesos proveniente de mi trabajo de mi sudor y de mi empresa, y también tenía una tenencia de moneda extranjera adquirida a partir del 14 de abril de 2025 gracias a este gobierno que levantó cepo cambiario, y pude adquirir moneda extranjera a través de banco hipotecario y esa divisa esta bancarizada, la cual resulta ser de ciento diez mil dólares estadounidenses”.
Sobre la grave imputación de asociación ilícita, Vallejo dijo ser “inocente” y prometió “presentar un escrito a través de mi abogado Marcelo D’Alessandro”.
Sobre el presunto delito de lavado de activos dijo: “Ya manifesté de donde fue provisto mi patrimonio, y me declaro inocente sobre ello en virtud de lo manifestado. Creo y pretendo que debe haber un delito previo para que haya una maniobra de lavado y no lo hay, ya que reitero que mi origen de fondos es lícito, debido a mi esfuerzo, trabajo y el holding de empresas”.
En relación a la retención indebida de impuestos denunciada por ARCA, el acusado expresó: “No soy responsable, debido a que mi cargo en la empresa era de presidente y accionista, desconozco la parte administrativa, contable y tributaria de lo cual teníamos asesoría interna y externa. Puedo decir lo que recuerdo vagamente, los meses mencionados del año 2024 y 2025 de lo cual, quien le habla y María Fernanda Sena Argis eran presidentes de la entidad mencionada, creo que se presentó un plan de pago, y gracias a este Juzgado a partir del 1 de diciembre de 2025 que tomo los recaudos, precauciones y los allanamientos pertinentes para destruir la empresa que no tiene actividad hasta el día de la fecha y más de cien personas, familiares están sin cobrar sus haberes, desde ahí las cuentas bancarias, bloqueadas, inhibidas y embargadas, dejó de tener actividad comercial, entonces presumo o creo que el Fisco Nacional cuando uno presenta un plan de pago por cargas sociales o retenciones de obra social u otro impuesto que correspondiera, al no tener actividad comercial la empresa tres meses seguidos, el plan de pago al no pagarse caduca, y que ustedes en febrero de 2026 nos informan de este hecho. Así que saco mis conclusiones respecto a lo mencionado en esta imputación o como se llame, me declaro inocente también ya que la empresa no pudo pagar por no tener actividad comercial y si lo tuviera lo hubiera pagado”.
También se desligó de las acusaciones por préstamos usurarios a la Asociación Civil Club Atlético Banfield. “Desconozco los manejos internos ya que simplemente era un simple sponsor, al presidente de una entidad le hice un préstamo, y al día de hoy soy el damnificado que no ha cobrado lo que me deben más intereses. Que claramente también manifiesto, que aparte de ser sponsor, ser socio e hincha de la institución por haber nacido en Banfield, voy a presentar un escrito si lo considero necesario, luego de que se presenten a indagatoria los (otros) supuestos imputados porque creo que ellos van a saber aclarar lo que me quieren endilgar. Repito lo mismo, me declaro inocente y estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025, no tengo más nada para decir y no voy a contestar preguntas”.
Qué maniobras se investigan
El juzgado de Luis Armella investiga la existencia de una organización criminal enquistada en la cúpula directiva del Club Atlético Banfield, que habría operado de manera conectada con el holding Sur Finanzas.
El expediente identifica tres ejes delictivos principales:
Hecho I – Asociación ilícita (art. 210 del Código Penal)
Los directivos del club habrían conformado una banda estable y permanente para cometer una pluralidad indeterminada de delitos contra la propiedad del club y contra el orden económico. Se valieron de los cargos orgánicos que detentaban —presidente, vicepresidente, secretario, tesorero— y de un andamiaje societario paralelo: el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y la empresa Banfileños S.A., diseñados para eludir los controles institucionales.
Hecho II – Defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7° del Código Penal)
La maniobra defraudatoria se sostiene sobre dos ejes:
- Mutuos usurarios en efectivo. El club suscribió dos contratos de mutuo con Sur Finanzas Group S.A.:
- 17 de julio de 2023: préstamo de USD 500.000 a una tasa del 3% mensual, a devolver USD 590.000 en enero de 2024.
- 9 de octubre de 2023: nuevo préstamo de USD 500.000, con tasa del 4% mensual, a devolver en dos cuotas de USD 280.000 (diciembre 2023 y enero 2024).
En total, el club quedó obligado a devolver USD 1.150.000 en menos de seis meses, de los cuales USD 150.000 eran intereses. Lo determinante para la calificación de fraude fue que ambos contratos, certificados notarialmente, declararon que el millón de dólares fue entregado “en dinero efectivo”, lo que impidió toda trazabilidad bancaria.
- Triangulación de ingresos de sponsoreo. El club firmó contratos de sponsorización con Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A. El presidente de Banfield, Eduardo Spinosa, instrumentó que los pagos fueran cedidos al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, que él mismo controlaba. Lo mismo ocurrió con las cuotas sociales de los socios, recaudadas vía la empresa PagoTic desde febrero de 2019 y acreditadas en cuentas del fideicomiso hasta agosto de 2023.
Hecho III – Lavado de activos agravado (art. 303 inc. 2°, apart. “a” del Código Penal)
Las ganancias ilícitas generadas por las maniobras anteriores se canalizaron hacia vehículos de opacidad societaria. La fiscal Incardona identificó tres indicadores de lavado:
- Entramado societario complejo para mezclar fondos de origen espurio con ingresos genuinos del club.
- Inyección masiva de efectivo para cortar el rastro del beneficiario final.
- Adquisición de bienes suntuarios: Eduardo Spinosa compró una Toyota SW4 (junio 2024, $53.745.000) y un Peugeot 208 (febrero 2026, $14.947.000); Federico Spinosa adquirió el 50% de un inmueble en Ugarteche 3354, CABA (mayo 2023, USD 170.000); Oscar Tucker compró vehículos Fiat 500L y Volkswagen Amarok.
Como fase final de integración, la fiscal señaló la concesión del Estadio José María Minella a través de Minella Stadium S.A., firma vinculada al entorno de Spinosa.
Los imputados, sus cargos y fechas de indagatoria
Eduardo Juan Spinosa, presidente del club y de Banfileños S.A. Se lo acusa de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador, defraudación por administración fraudulenta (coautor) y lavado de activos agravado por habitualidad y por ser miembro de una asociación (coautor). Su indagatoria es el 18 de junio.
Federico José Spinosa, vicepresidente de Banfileños S.A. Los cargos que pesan sobre él son asociación ilícita en calidad de miembro, defraudación por administración fraudulenta (coautor) y lavado de activos agravado (coautor). Deberá presentarse a declarar el 18 de junio.
Ignacio Javier Uzquiza, tesorero del club Banfield y en la actualidad desempeña el mismo cargo en la Asociación Argentina de Tenis. La AAT no está involucrada en las maniobras que investiga la Justicia. Se lo acusa de los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y defraudación por administración fraudulenta (coautor). Deberá presentarse a declarar el 24 de junio.
Oscar Fabián Tucker, vicepresidente del club. Lo acusan de asociación ilícita en calidad de miembro y lavado de activos agravado (coautor). Debe presentarse a declarar el 24 de junio.
Un día después, el 25 de junio, deberán declarar los representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña.
POLITICA
Fuerte movilización sindical en apoyo al desplazado líder de la UOM, que resiste la intervención judicial y será recibido por la CGT
La CGT se involucró de manera directa en el conflicto desatado por el fallo judicial que apartó de su cargo al líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, y dispuso la intervención del sindicato para llamar a nuevas elecciones: uno de los cotitulares cegetistas estuvo en el “abrazo” a la sede gremial y el triunvirato recibirá este miércoles al desplazado dirigente.
Por otra parte, en desafío a la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el Consejo Directivo de la UOM rechazó la intervención judicial, impulsó el proceso interno de normalización estatutaria y declaró el estado de alerta y movilización en todo el país.
En ese sentido, se designó Delegado Administrador Daniel Daporta, titular de la UOM Avellaneda y actual Secretario General adjunto a nivel nacional, y como Delegado Administrador de la seccional Zárate-Campana a Emiliano Gallo, líder de la Seccional Vicente López.
Estas definiciones de la conducción metalúrgica se resolvieron este martes al mediodía mientras ante la sede central de la UOM, en Alsina al 400, se realizó un “abrazo” en defensa de Furlán y el resto del secretariado del sindicato que fueron desplazados de sus cargos luego de la anulación de los comicios en la Seccional Zárate-Campana por la falta de garantías de una “elección confiable, segura ni transparente”.
En la calle, manifestantes de distintos gremios se concentraron en apoyo a los dirigentes afectados por el fallo judicial: estuvieron, sobre todo, miembros del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que integra la UOM, como las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Aceiteros, Papeleros, la Federación de Camioneros, SOMU, SUTNA, CONADU, Federación de la Carne y Metrodelegados, entre otros,
Aunque no hubo una columna de la CGT con una pancarta propia, concurrió el cotitular cegetista Octavio Argüello (Camioneros), quien se mostró al lado de Furlán cuando éste salió a la calle a hablar con los periodistas. Allí también estuvieron sindicalistas como Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Sergio Palazzo (bancarios), Roberto Baradel (CTERA), Claudio Marín (FOETRA), Clara Chevallier (CONADU) y Pablo Biró (APLA), además de los propios dirigentes de la UOM, entre quienes estuvo Horacio Otero, quien fue clave en la normalización de las regionales de la CGT en todo el país.
Como una muestra de apoyo a la dirigencia de la UOM, Furlán y otros miembros del sindicato serán recibidos este miércoles por el triunvirato de la CGT en la sede de Azopardo 802. “Vamos a defender la institucionalidad”, dijo a Infobae uno de los líderes cegetistas.
El líder de la UOM, enrolado en el kirchnerismo, es uno de los más fuertes críticos de la cúpula de la CGT por su actitud más moderada ante el Gobierno y por eso, junto a otros gremios combativos, creó el FRESU para intensificar las protestas contra la reforma laboral.
Pese a su postura, Furlán no rompió con la CGT y en la última renovación de autoridades de la central obrera, en noviembre pasado, decidió apartarse del secretariado cegetista, pero designó en nombre de la UOM a Osvaldo Lobato como secretario Gremial de la entidad.
Según Furlán, el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo es “el desenlace de una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”.
Resaltó, además, que “los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Milei, Víctor Pesino y María Dora González, avanzaron sobre la UOM con un fallo arbitrario, antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización”.
En su fallo, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este viernes anular las elecciones de la UOM Zárate-Campana, realizadas entre el 2 y el 4 de marzo, así como la elección nacional de autoridades, llevada a cabo el 18 de marzo, y dispuso la intervención judicial del gremio por 180 días, que deberá llamar a una nueva votación de los afiliados.
Los camaristas fundamentaron su decisión en la falta de garantías de una “elección confiable, segura ni transparente” en el proceso electoral en aquella seccional de la UOM y explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
El fallo indicó que la Lista Naranja, encabezada por Angel Derosso y que representó a la oposición en la UOM Zárate-Campana, presentó una denuncia por irregularidades ante la Junta Electoral de esa seccional el 3 de marzo en la que reclamó pérdida de confianza en el proceso electoral y solicitó que la elección se realizara en una sola jornada, con recuentos provisorios al cierre de cada día.
Según el expediente, la Junta Electoral seccional, alineada con Furlán, rechazó estos pedidos y extendió las elecciones a 3 jornadas, disponiendo que las urnas fueran custodiadas en la sede sindical bajo vigilancia de la propia Junta, lo cual imposibilitó corroborar la autenticidad de los votos y la seguridad del sufragio.
El fallo consideró que la custodia unilateral de las urnas sin controles efectivos ni intervención de los fiscales de todas las listas “sepultó cualquier presunción de legitimidad y transparencia del comicio”.
El 17 de marzo, un día antes del Colegio Electoral de la UOM nacional, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había suspendido la proclamación y toma de posesión de autoridades electas en la Seccional Zárate-Campana de la UOM y pospuso la elección del Secretariado Nacional del sindicato prevista para el día siguiente, tras la denuncia por irregularidades en los comicios de principios de marzo en aquella filial gremial.
Sin embargo, en abierto desafío a la Justicia, Furlán hizo igual el congreso suspendido y fue reelegido como líder de la UOM a nivel nacional por un período de 4 años tras el apoyo de 48 de las 53 seccionales en la votación, de la que participaron 270 de los 276 delegados.
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POLITICA
Preocupa en la Iglesia el proyecto del Gobierno que no restringe la publicidad de las apuestas online
Con fuerte preocupación evalúan en la Iglesia el proyecto que presentó el Gobierno para combatir la ludopatía, pero que evita poner freno a la publicidad de las apuestas online, los patrocinios en las camisetas de fútbol y las promociones para captar nuevos usuarios. La iniciativa oficial se limita a prevenir el avance del juego ilegal, mientras la Comisión de Pastoral Social del Episcopado viene insistiendo en la necesidad de evitar la exposición de niños y adolescentes a la práctica del juego.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que deja de lado restricciones acordadas en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre y que se encuentra en el Senado, evita cambios en la regulación de la publicidad, considerada “el corazón del negocio del juego”.
Esa particularidad genera resistencias en la Iglesia, luego del fuerte mensaje del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva en el tedeum, al advertir que “la sombra del desmembramiento social asoma en el horizonte”.
Las únicas restricciones contempladas en la propuesta del Sedronar recaen sobre plataformas clandestinas o no autorizadas.
“Es una mala señal que solo se ataque el juego ilegal”, dijeron a fuentes eclesiásticas, al recordar que en la discusión legislativa se había avanzado en restringir la publicidad y la exposición de los menores y adolescentes a la adicción del juego.
Para fundamentar su rechazo, la Iglesia tiene en cuenta que seis de cada diez adolescentes están expuestos al juego online, según un relevamiento del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina, a partir de encuestas realizadas a 11.421 adolescentes de 13 a 18 años en todo el país.
A fines del año pasado, la comisión ejecutiva del Episcopado, que preside el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado, para pedir el tratamiento del proyecto que había aprobado Diputados, que contemplaba “avances” desestimados ahora en el proyecto del Poder Ejecutivo.
“La ludopatía es un atentado contra la vida”, argumentaron los obispos, al advertir que “la falta de regulaciones y de controles adecuados ha permitido que, en la práctica, cada teléfono celular inteligente pueda convertirse o ser usado como un casino, incluso por niños y adolescentes”.
En julio de 2024, las comisiones de Pastoral Social de las distintas diócesis del país, alertaron también sobre “una realidad que no discrimina clase social, ni región geográfica” y “el daño social que se está ocasionando”.
El sacerdote cordobés Munir Bracco, del área de Pastoral Social, expuso en un plenario de comisiones del Senado y denunció “las fuertes presiones que ejercen los intereses económicos detrás de este negocio”. Dijo que “el punto central es si existe voluntad política para poner límite a esta peste que causa estragos en todos los rincones de nuestra patria y amenaza con dejarnos una generación de ludópatas”.
“Asociar el deporte, símbolo de salud, esfuerzo y trabajo en equipo, con algo que enferma es un sinsentido. Los chicos ya no disfrutan del fútbol: lo viven pendientes de si habrá un gol, una tarjeta o un penal para ganar o perder una apuesta”, señaló el sacerdote en su exposición.
El informe del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina señala que la “alta exposición” refleja una participación directa de los menores, en un 16% de los encuestados, al tiempo que el 45% admite tener “vínculos cercanos que apuestan”. Además, el 57% de los que participan en el juego online ingresó al sistema por recomendación de sus pares, muchos de ellos animados en las redes sociales.
El estudio añade que el uso de billeteras digitales y la publicidad permanente son las principales puertas de ingreso a las apuestas online, sin distinguir plataformas legales o ilegales, señala el informe, que recomienda “controles más estrictos sobre las plataformas”.
Otros indicadores que preocupan a la Iglesia señalan que el 79% de los adolescentes reconoce riesgos de adicciones en el juego de apuestas y uno de cada ocho contrajo deudas, según testimonios recogidos en el estudio de la Cruz Roja. Se registran casos de ansiedad y malestar, además de alteraciones en los hábitos de sueño y rendimiento escolar. La edad de inicio en muchos casos es a los 13 años y se estima que los varones apuestan tres veces más que las mujeres.
A esos datos preocupantes se suma que más del 60% de los adolescentes no diferencia las plataformas de apuestas legales de los sitios clandestinos.
Fuentes eclesiásticas cuestionaron el proyecto del Poder Ejecutivo, que fue elaborado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Argentina (Sedronar), que conduce Roberto Moro. Y confirmaron que la publicidad es una herramienta clave en la oferta nociva que llega a los menores. Al respecto, el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados prohíbe la promoción de apuestas online en televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts, eventos culturales y camisetas de fútbol, como informó . Además, veta la publicidad indirecta, mediante influencers, figuras públicas y deportistas.
Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Apuestas,Conforme a,Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.IR A LAS GUÍAS,Iglesia,,La última visita de un papa. El viaje de Juan Pablo II en 1987: fue recibido por Alfonsín y recorrió diez ciudades en seis días,,Difunta Correa. Un estudio encabezado por la Iglesia y una universidad de San Juan intentará dilucidar si existió,,Agenda social. En un gesto de distensión, los ministros Quirno y Pettovello recibieron a la conducción de la Iglesia
POLITICA
Toma en los colegios Nacional de Buenos Aires y Carlos Pellegrini: estudiantes reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
Los estudiantes de los colegios preuniversitarios Colegio Nacional de Buenos Aires y Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini votaron este martes la toma de ambos establecimientos por tiempo indeterminado como parte de un plan de lucha en defensa de la educación pública.
La medida fue resuelta en asambleas estudiantiles y tiene como principal reclamo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, impulsada para garantizar mayores recursos para las universidades nacionales en medio del conflicto presupuestario con el Gobierno nacional.
El presidente del centro de estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires afirmó en declaraciones radiales que los docentes de los establecimientos preuniversitarios “están cobrando un 30% menos que los docentes de las escuelas de la ciudad”. “Eso denota un claro ataque directo a las universidades”, expresó Francisco Pitrola, el referente de los alumnos, en diálogo con Radio con vos.
“Yo creo que el gobierno de Javier Milei busca un eventual arancelamiento para ir deteriorando esa educación pública, que tanto nos costó conseguir”, sumó el joven.
La decisión por esta medida de fuerza se da en un contexto de disputa por fondos entre el Gobierno y las universidades.
En esa línea, la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó este martes una nueva jornada de clases públicas en distintos puntos de la Ciudad, con un acto central frente al Palacio de Tribunales. La convocatoria fue impulsada por gremios docentes y no docentes para reclamar la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La iniciativa incluye clases abiertas y exposiciones académicas convocadas por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba).
El reclamo de los docentes se centra en que los jueces de la Corte Suprema definan su intervención en el expediente, que se encuentra bajo análisis, tras la resolución de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal al aceptar un recurso extraordinario presentado por el Gobierno.
El conflicto entre el Gobierno y las universidades
El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario se mantiene desde 2024 y derivó en tres movilizaciones federales. La primera marcha se realizó en abril de ese año.
El 21 de octubre de 2025, el Gobierno promulgó la ley de financiamiento universitario, luego que el Congreso rechazara los vetos del presidente Javier Milei. Pero su ejecución quedó suspendida hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto.
Esta situación profundizó el conflicto con las universidades, que reclaman su implementación efectiva.
En paralelo, la discusión avanzó en la Justicia. Un fallo de primera instancia y su posterior confirmación en Cámara ordenaron la aplicación de artículos centrales de la ley, vinculados a la recomposición salarial y al financiamiento. El Estado apeló esas decisiones y el expediente continúa en discusión.
Leé también: Universidades nacionales le reclaman al Gobierno una instancia de diálogo en medio de la pelea por los fondos
Por otra parte, el oficialismo envió un nuevo proyecto al Congreso que modifica la ley vigente. La iniciativa no contempla una recomposición por lo ocurrido en 2024 y 2025.
Además, para 2026 establece que solo habrá una actualización del presupuesto si la inflación anual supera el 14,3%. Es decir, si el IPC es mayor que la variación estimada, las universidades recibirán una actualización real para sus gastos de funcionamiento.
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