POLITICA
Preocupa en la Iglesia el proyecto del Gobierno que no restringe la publicidad de las apuestas online
Con fuerte preocupación evalúan en la Iglesia el proyecto que presentó el Gobierno para combatir la ludopatía, pero que evita poner freno a la publicidad de las apuestas online, los patrocinios en las camisetas de fútbol y las promociones para captar nuevos usuarios. La iniciativa oficial se limita a prevenir el avance del juego ilegal, mientras la Comisión de Pastoral Social del Episcopado viene insistiendo en la necesidad de evitar la exposición de niños y adolescentes a la práctica del juego.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que deja de lado restricciones acordadas en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre y que se encuentra en el Senado, evita cambios en la regulación de la publicidad, considerada “el corazón del negocio del juego”.
Esa particularidad genera resistencias en la Iglesia, luego del fuerte mensaje del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva en el tedeum, al advertir que “la sombra del desmembramiento social asoma en el horizonte”.
Las únicas restricciones contempladas en la propuesta del Sedronar recaen sobre plataformas clandestinas o no autorizadas.
“Es una mala señal que solo se ataque el juego ilegal”, dijeron a fuentes eclesiásticas, al recordar que en la discusión legislativa se había avanzado en restringir la publicidad y la exposición de los menores y adolescentes a la adicción del juego.
Para fundamentar su rechazo, la Iglesia tiene en cuenta que seis de cada diez adolescentes están expuestos al juego online, según un relevamiento del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina, a partir de encuestas realizadas a 11.421 adolescentes de 13 a 18 años en todo el país.
A fines del año pasado, la comisión ejecutiva del Episcopado, que preside el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel, como titular del Senado, para pedir el tratamiento del proyecto que había aprobado Diputados, que contemplaba “avances” desestimados ahora en el proyecto del Poder Ejecutivo.
“La ludopatía es un atentado contra la vida”, argumentaron los obispos, al advertir que “la falta de regulaciones y de controles adecuados ha permitido que, en la práctica, cada teléfono celular inteligente pueda convertirse o ser usado como un casino, incluso por niños y adolescentes”.
En julio de 2024, las comisiones de Pastoral Social de las distintas diócesis del país, alertaron también sobre “una realidad que no discrimina clase social, ni región geográfica” y “el daño social que se está ocasionando”.
El sacerdote cordobés Munir Bracco, del área de Pastoral Social, expuso en un plenario de comisiones del Senado y denunció “las fuertes presiones que ejercen los intereses económicos detrás de este negocio”. Dijo que “el punto central es si existe voluntad política para poner límite a esta peste que causa estragos en todos los rincones de nuestra patria y amenaza con dejarnos una generación de ludópatas”.
“Asociar el deporte, símbolo de salud, esfuerzo y trabajo en equipo, con algo que enferma es un sinsentido. Los chicos ya no disfrutan del fútbol: lo viven pendientes de si habrá un gol, una tarjeta o un penal para ganar o perder una apuesta”, señaló el sacerdote en su exposición.
El informe del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina señala que la “alta exposición” refleja una participación directa de los menores, en un 16% de los encuestados, al tiempo que el 45% admite tener “vínculos cercanos que apuestan”. Además, el 57% de los que participan en el juego online ingresó al sistema por recomendación de sus pares, muchos de ellos animados en las redes sociales.
El estudio añade que el uso de billeteras digitales y la publicidad permanente son las principales puertas de ingreso a las apuestas online, sin distinguir plataformas legales o ilegales, señala el informe, que recomienda “controles más estrictos sobre las plataformas”.
Otros indicadores que preocupan a la Iglesia señalan que el 79% de los adolescentes reconoce riesgos de adicciones en el juego de apuestas y uno de cada ocho contrajo deudas, según testimonios recogidos en el estudio de la Cruz Roja. Se registran casos de ansiedad y malestar, además de alteraciones en los hábitos de sueño y rendimiento escolar. La edad de inicio en muchos casos es a los 13 años y se estima que los varones apuestan tres veces más que las mujeres.
A esos datos preocupantes se suma que más del 60% de los adolescentes no diferencia las plataformas de apuestas legales de los sitios clandestinos.
Fuentes eclesiásticas cuestionaron el proyecto del Poder Ejecutivo, que fue elaborado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Argentina (Sedronar), que conduce Roberto Moro. Y confirmaron que la publicidad es una herramienta clave en la oferta nociva que llega a los menores. Al respecto, el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados prohíbe la promoción de apuestas online en televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts, eventos culturales y camisetas de fútbol, como informó . Además, veta la publicidad indirecta, mediante influencers, figuras públicas y deportistas.
Mariano De Vedia,Iglesia,Javier Milei,Apuestas,Conforme a,Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.IR A LAS GUÍAS,Iglesia,,La última visita de un papa. El viaje de Juan Pablo II en 1987: fue recibido por Alfonsín y recorrió diez ciudades en seis días,,Difunta Correa. Un estudio encabezado por la Iglesia y una universidad de San Juan intentará dilucidar si existió,,Agenda social. En un gesto de distensión, los ministros Quirno y Pettovello recibieron a la conducción de la Iglesia
POLITICA
Ariel Vallejo rompió el silencio en LN+ después de declarar en Tribunales: “La causa está tirada de los pelos”
El financista Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, sostuvo este martes que la causa en la que se lo investiga por liderar una presunta asociación ilícita “está tirada de los pelos”.
“Está atada con un montón de artimañas, es un entramado y un enredo. Parece una locura que en la Argentina, con todos los problemas socioeconómicos que tenemos, una cantidad de juzgados se peleen por una causa, es increíble”, expresó el financista en una entrevista con LN+.
Vallejo declaró por la mañana ante el juez federal Luis Armella por la causa en la que está acusado de liderar una asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la AFA y a diversos clubes que integran esa entidad.
Noticia en desarrollo
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POLITICA
Liberaron al dirigente que le pegó un cabezazo y le fracturó la nariz a un diputado libertario en Tucumán
A poco más de dos meses del brutal cabezazo que le fracturó la nariz a un diputado libertario, el dirigente tucumano Marcelo “Pichón” Segura obtuvo la libertad este martes tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa. Todo se confirmó tras la disposición del juez Robín Márquez que homologó el juicio abreviado y lo condenó a tres años de prisión en modalidad condicional.
El hecho tuvo su origen el pasado 11 de marzo cuando Segura, acompañado por otras personas, interceptó a un grupo de funcionarios y legisladores en la localidad de La Madrid, después de unas lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en el pueblo. Entre los representantes que fueron increpados, estaba el diputado de La Libertad Avanza, Federico Agustín Pelli, quien recibió un cabezazo y tuvo que ser intervenido por una fractura en su nariz.
El fallo, al que accedió Infobae, estableció reglas de conducta estrictas que Segura deberá respetar durante los tres años que dure la pena: prohibición de acercarse a menos de 300 metros de Pelli, abstención del uso de armas, drogas o alcohol, y la obligación de someterse a un tratamiento médico-psicológico orientado al control de la ira.
El expediente será remitido al juzgado de ejecución penal para el seguimiento del cumplimiento de esas obligaciones. La querella conserva la posibilidad de apelar la resolución, aunque esa vía no alteraría la situación de libertad de Segura, salvo que existiera una orden de detención vigente en su contra.
La fiscal Gabriela Gilardi, de la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Homicidios, presentó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado con la defensa, representada por el abogado Ernesto Baclini. El pacto incluyó la admisión de responsabilidad penal por parte del imputado y la fijación de la pena en modalidad condicional.
El Ministerio Público Fiscal ponderó como agravantes la violencia desplegada, el aprovechamiento de la indefensión de la víctima y el contexto de alta exposición pública del episodio. Como atenuantes, consideró la ausencia de antecedentes condenatorios, el arraigo familiar y la colaboración del imputado con la justicia.
El abogado Juan Colombres Garmendia, en representación del diputado Pelli, expresó su rechazo al acuerdo. Argumentó que ni la víctima ni su representante participaron en ninguna instancia de la negociación, y que la investigación resultó incompleta al no haberse identificado a todos los involucrados en la agresión ni recuperado el teléfono celular del imputado.
La querella también sostuvo que la pena acordada era insuficiente frente a la gravedad del episodio y solicitó una condena de tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo. Además, pidió que las restricciones de acercamiento se extendieran al grupo familiar de la víctima.
El juez Márquez analizó cada uno de esos planteos y los desestimó. En la resolución, fundamentó que el Código Procesal Penal de Tucumán no exige la conformidad de la querella para la validez del procedimiento abreviado, y que el reconocimiento de responsabilidad por parte de Segura resultó suficiente y válido.
El magistrado también consideró que el conjunto probatorio reunido —registros audiovisuales, testimonios presenciales, informes médicos y criminalísticos— era coherente y contundente para acreditar tanto el hecho como la autoría, sin que las omisiones señaladas por la parte querellante alcanzaran a invalidar el acuerdo. Sobre la extensión de las restricciones al entorno familiar de Pelli, el fallo indicó que no existían elementos objetivos que justificaran esa medida, dado que no se acreditó riesgo concreto hacia terceras personas.
La situación procesal de Segura había experimentado una primera modificación semanas antes de la sentencia definitiva. El juez interviniente le había concedido el beneficio del arresto domiciliario, con supervisión mediante tobillera electrónica y custodia policial sorpresiva, tras la presentación de informes médicos que acreditaban que el imputado padece hipertensión y diabetes.
El plazo de cuatro meses originalmente dispuesto para la medida de coerción se mantuvo, pero bajo esa nueva modalidad domiciliaria. Con la homologación del juicio abreviado, el arresto quedó sin efecto y el magistrado dispuso el cese inmediato de la detención, al considerar que resultaba desproporcionada frente a la condena condicional impuesta.
Segura reside en San Miguel de Tucumán y figura como empleado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, con última liquidación de haberes registrada en febrero pasado. El diario La Gaceta señaló que tendría vínculos con el ministro del Interior tucumano, Darío Monteros, y que trabajaría como personal de seguridad en dependencias de esa cartera.
Su defensor, Baclini, aseguró que Segura está “arrepentido” por lo ocurrido y sostuvo que la agresión se produjo en el marco de una discusión previa, por lo que no habría sido planificada. La agresión quedó registrada en video y fue corroborada por testimonios presenciales y documentación médica. El legislador debió ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario y sometido a una intervención quirúrgica para reparar la fractura nasal.
POLITICA
Gremialistas y dirigentes opositores reclaman a la Cancillería que intervenga por la detención de dos argentinos en Libia
Dirigentes del peronismo y la izquierda y representantes sindicales denunciaron la detención en Libia de dos argentinos que participaban de una misión humanitaria que se dirigía a Gaza. Piden la intervención del gobierno de Javier Milei para garantizar garantizar su seguridad y liberación. Los activistas habían sido aprehendidos el domingo pasado.
Según informaron integrantes del equipo médico de la misión global Sumud Maghreb, autoridades de Libia detuvieron a diez miembros de la delegación terrestre que se dirigía a Gaza. Entre los activistas aprehendidos están los argentinos Paula Giménez y Lucas Aguilera, directores de investigación del portal Nodal.
El convoy humanitario había salido de Argelia el 8 de mayo y llegó a Libia el domingo pasado rumbo a Gaza, donde brindaría asistencia sanitaria. Según detallaron en la misión humanitaria, luego de que la delegación arribara a un puesto de control militar en la ciudad de Sirte, al este de Libia, se perdió toda comunicación con el grupo y se desconoce su paradero.
En este contexto, dirigentes del Partido Justicialista (PJ) y de la izquierda reclamaron por la intervención de las autoridades argentinas para garantizar la seguridad de los activistas detenidos. También se sumaron al reclamo sindicalistas como Roberto Baradel y Hugo “Cachorro” Godoy.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, fue uno de los dirigentes peronistas que reclamó, a través de su cuenta de X, acciones de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno. El ministro de Salud de Axel Kicillof, Nicolás Kreplak, también manifestó su inquietud y pidió por la repatriación de Giménez y Aguilera.
“Exigimos al gobierno nacional que lleve a cabo las gestiones necesarias para garantizar la protección consular de ambos ciudadanos, en cumplimiento del derecho que los ampara y de obligaciones del Estado nacional, de manera coordinada, activando todos los mecanismos multilaterales pertinentes ante la desaparición forzada y la privación ilegítima de la libertad de ambos ciudadanos”, sostuvo Bianco.
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez también pidió a la administración libertaria que tome las medidas necesarias para esclarecer el paradero de los detenidos y asegurar su integridad. “La protección de los argentinos en el exterior es una obligación indelegable del Estado nacional. Exigimos a la Cancillería argentina que active de manera urgente todos los canales diplomáticos y consulares para garantizar su integridad y esclarecer su paradero“, planteó.
En la izquierda, por su lado, Nicolás Cortés, dirigente del Partido Obrero de Mendoza y uno de los integrantes de la misión médica de la Flotilla Global Sumud que se trasladó por vía marítima, fue uno de los primeros en exigir la intervención de la administración de Javier Milei.
“Necesitamos que la Cancillería intervenga de verdad, no como lo hizo con los casos anteriores, que se lavó completamente las manos”, sentenció. El mensaje fue difundido en cuentas de X vinculadas al Partido Obrero y, luego, compartido en redes sociales por la diputada nacional Romina del Plá, del Frente de Izquierda.
Aunque no aludió a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, la legisladora porteña Vanina Biasi también pidió por la liberación de los activistas argentinos. Lo hizo en el mismo posteo en el que denunciaba la “persecución, secuestro y tortura” de integrantes de la otra delegación del Sumud que se trasladaba por vía marítima y ya fue liberada.
“Dos compañeros de Argentina, Pili y Lucas, están detenidos en Libia junto a otros integrantes del Convoy terrestre de la Global Sumud Maghreb, para quienes exigimos la inmediata libertad. Viva la Flotilla Global Sumud!! Los gobiernos son cómplices, los pueblo del mundo no”, sostuvo la diputada de la ciudad, crítica del alineamiento del gobierno de Milei con Israel.
Los reclamos por la liberación de Giménez y Aguilera también se extendieron a dirigentes sindicales como Roberto Baradel, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).
“Exigimos información y la liberación inmediata de los integrantes del convoy de Global Sumud Maghreb que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y fueron detenidos en Libia del Este, entre ellos los argentinos Paula Giménez y Lucas Aguilera, de NODAL”, escribió en X, donde compartió imágenes de los activistas detenidos.
En tanto, Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, pidió a la Casa Rosada que exija la inmediata liberación de los dos argentinos que participaban del convoy y, al igual que Biasi, apuntó contra la “complicidad” de algunos gobiernos con el accionar de Israel.
“El gobierno argentino tiene la responsabilidad de reclamar de manera inmediata por la libertad de Lucas y de Pula, y de todos los que están detenidos y de garantizar su libertad, su integridad física y su salud”, planteó a través de un video difundido por la CTA Internacional.
May 26, 2026,@Cancilleria_Ar,May 26, 2026,https://t.co/OQnhqySEs3,pic.twitter.com/N1MQtQ9Gsf,May 25, 2026,@gbsumudflotilla,pic.twitter.com/1KBiwye6o1,May 25, 2026,pic.twitter.com/ITPMw2Agen,May 24, 2026,@InfoNodal,pic.twitter.com/WH3Aal6d7t,May 26, 2026,Cancillería,Carlos Bianco,Frente de izquierda y de los Trabajadores,Conforme a,Cancillería,,Acusado de pesca ilegal. Estados Unidos le quitó la visa a un exfuncionario argentino,,Pesca ilegal. Quién es Pablo Ferrara Raisberg, el exfuncionario de Cancillería al que EE.UU. le quitó la visa,,“Volvió a pensar en grande”. Quirno encabezó el lanzamiento de una feria alimentaria que busca reposicionar a la Argentina para exportar más
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