POLITICA
El exrector del Nacional Buenos Aires reclamó una definición judicial por las tomas: “La Corte Suprema tiene que expresarse”
Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini tomaron ambos establecimientos por tiempo indeterminado. La decisión fue adoptada con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El exrector del Colegio Nacional Buenos Aires y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, dialogó con Infobae en Vivo Al Mediodía sobre el escenario estudiantil. En ese marco, reclamó una definición de la Corte Suprema.
“Siempre tuve una postura muy clara en contra de las tomas”, indicó Zorzoli. En detalle explicó los motivos: “La toma de un edificio público es una contravención” y “corren riesgos los propios pibes, que son menores de edad”. En esa misma línea, señaló que, si bien siempre le dijo a sus estudiantes que las tomas no deberían de ser la primera medida, hoy “me tengo que retractar”
“Siempre les decía (a los alumnos): ‘No puede ser que la toma sea la primera medida de reclamo, tiene que ser la última. Tiene que haber negociación, discusión’“, dijo y agregó que ”en este caso, la política por fuera del colegio ha hecho todo. El Congreso aprobó una vez, hubo veto, aprobaron otra vez, la justicia dijo que sí. Y la verdad es que yo ahora no les puedo decir a estos pibes: ‘No, es que tienen que negociar’”, apuntó.
Tajante, Zorzoli opinó: “la Corte Suprema tiene que expresarse y no es cierto que no tenga tiempos. Tiene tiempos políticos, una responsabilidad política y tiene que responder ante la falta de clases en el Colegio Nacional Buenos Aires. Es muy importante que la Corte se expida”, afirmó.
El reclamo por salarios docentes y la crisis de formación
Al abordar la crisis docente, Zorzoli aportó un dato sobre tiempos de formación: “Un docente hoy en la ciudad de Buenos Aires tarda en promedio siete años en recibirse y va a tener un sueldo bastante pobre”. En ese marco, describió un circuito de pérdida de recursos humanos: “Los pibes empiezan a dar clases y los mejores muchas veces se van a enseñar al sector privado”.
En este sentido ubicó el problema con mayor fuerza en áreas específicas: “No te voy a decir de Matemática, Física y Química porque estamos en una situación catastrófica en ciencias más duras”. Y apuntó a una diferencia salarial que, según dijo, golpea a los colegios preuniversitarios.
El exrector señaló que los docentes de esas instituciones “están cobrando menos que los profesores en las escuelas comunes de la ciudad” y cuantificó: “Un 30% menos”.
También comparó ese escenario con su etapa al frente del Nacional Buenos Aires. “Cuando yo era rector cobraban un 30% más. Hoy cobran un 30% menos”, afirmó.
El modelo del Colegio Nacional Buenos Aires y qué se puede replicar
Zorzoli describió elementos que, según su mirada, forman parte de la identidad institucional del colegio. Mencionó que existen “cosas que no se tocan”: el ingreso, las notas de calificación y materias como latín, que, dijo, se mantiene en pocos establecimientos.
Asimismo planteó una continuidad histórica del plan de estudios: “Tiene 160 años el colegio” y sostuvo que “en estos 40 años de democracia no cambió un ápice el plan de estudios”.
El exrector planteó que no existe un único modelo posible para todos. “La política educativa quiere instalar modelos únicos. Este es un problema”, dijo. Y agregó: “No debería haber esquemas únicos” porque “los pibes son diversos”.
El caso del Colegio Nacional de Escobar y la demanda de vacantes
Entre otras cosas, Zorzoli señaló que el modelo del Nacional Buenos Aires sí se aplicó fuera de la Ciudad de Buenos Aires. “Hace siete años lo replicamos en el Colegio Nacional de Escobar. Depende de la UBA”, afirmó, y lo describió como “el primer colegio que está por fuera de la ciudad de Buenos Aires”. Según Zorzoli, ese establecimiento tiene un cupo acotado: “Tiene 100 vacantes” y recibe una demanda mayor: “Se inscriben 500 pibes cada año”.
El formato, según precisó el exrector, “sirve” y “funciona”, aunque insistió en que debe convivir con otras alternativas educativas. “Tiene que haber variantes a esto”, concluyó.
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POLITICA
Hotesur y Los Sauces: el TOF 5 habilitó la revisión en Casación, pero mantuvo las fechas de los juicios
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) concedió los recursos de casación contra el desdoblamiento de los debates de Hotesur y Los Sauces y mantuvo vigentes las fechas fijadas para el inicio de los juicios: Los Sauces comenzará el 23 de octubre de 2026 y Hotesur, el 19 de marzo de 2027.
La decisión habilita la revisión por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, pero no modifica el cronograma establecido para ambos tramos del proceso.
Los jueces José Antonio Michilini, Fernando Marcelo Machado Pelloni y Adriana Paliotti coincidieron en conceder las impugnaciones presentadas por la Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF).
El tribunal sostuvo que el desdoblamiento no dejó sin efecto la unificación procesal, sino que modificó la secuencia de las audiencias, ya que Los Sauces completó las medidas de instrucción suplementaria, mientras que en Hotesur todavía quedan diligencias pendientes.
Finalmente, rechazó por mayoría el recurso de reposición presentado por el defensor público coadyuvante Gerardo Miño, quien había pedido que los debates comenzaran de manera simultánea y que se incorporara otra causa vinculada con Ernesto Clarens.
En ambos expedientes se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas a través de negocios hoteleros e inmobiliarios vinculados a la familia Kirchner.
Entre los principales imputados figuran Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de Romina Mercado, Osvaldo Sanfelice y el excontador Víctor Manzanares.
En Los Sauces se analiza si la inmobiliaria fue utilizada para canalizar dinero mediante contratos de alquiler de propiedades por más de $25 millones entre 2009 y 2016. La acusación sostiene que empresas de los grupos Báez e Indalo realizaron pagos que podrían haber constituido retornos por beneficios, contratos, concesiones, licencias o ventajas impositivas.
En Hotesur se evalúa si la empresa hotelera recibió dinero de firmas vinculadas a Báez -en particular, mediante el gerenciamiento de Valle Mitre y el alquiler de habitaciones- para blanquear fondos que, según la hipótesis acusatoria, provenían de la obra pública vial en Santa Cruz.
Los fundamentos
El TOF 5 sostuvo que se trata de un único juicio y que la organización temporal de sus etapas puede adecuarse para que el tramo que ya está preparado avance mientras continúan las medidas pendientes en la otra parte del expediente.
Consideró que postergar el inicio hasta marzo mantendría paralizada una porción de la causa que ya se encuentra en condiciones de ser juzgada.
También cuestionó al fiscal general Diego Velasco al señalar que, pese a haber reclamado reiteradamente la fijación de una fecha de debate, presentó luego planteos que -según los magistrados- dificultaron la organización del juicio y demoraron su preparación.
La discusión llegará ahora a Casación, que deberá determinar si la modalidad dispuesta por el TOF 5 respeta la unidad del proceso y las garantías de las partes.
El presidente del tribunal, José Michilini, afirmó que la decisión cuestionada tiene carácter organizativo y no equivale a una sentencia definitiva. Al explicar por qué admitió los recursos pese a esa conclusión, señaló que impedir su revisión en esta etapa podía generar nuevas incidencias y mayores demoras antes de los debates ya programados.
El magistrado precisó que la apelación fue concedida para evitar que la discusión sobre su admisibilidad se convirtiera en un nuevo obstáculo procesal: “La concesión del recurso no supone reconocer carácter definitivo a la resolución impugnada ni implica modificar el criterio anteriormente expuesto acerca de la ausencia, en esta etapa, de un gravamen actual de imposible reparación ulterior”.
Además, distinguió los objetos de las acusaciones. Indicó que Hotesur se concentra principalmente en la explotación hotelera y la intervención de Valle Mitre, mientras que Los Sauces incluye operaciones inmobiliarias y hoteleras, contratos de locación y transferencias de empresas vinculadas tanto con el Grupo Báez como con el Grupo Indalo.
Por su parte, el juez Machado Pelloni consideró que ni la Fiscalía ni la UIF refutaron de manera concluyente que aún resta producir prueba para realizar un juicio conjunto.
No obstante, votó por conceder sus recursos de casación para que el tribunal revisor defina si la separación de Los Sauces y Hotesur afecta la valoración integral de la prueba, la estrategia de las acusaciones y las garantías de las partes.
En esa línea, reconoció que el desdoblamiento podría incidir en la valoración de pruebas comunes y en la posibilidad de profundizar los interrogatorios de testigos sobre hechos vinculados al otro expediente, pero remarcó que la organización del debate también debe resguardar el debido proceso y las garantías de las defensas.
Adriana Paliotti coincidió con la concesión de los recursos, aunque se apartó de los fundamentos expuestos por sus colegas. La jueza recordó que Los Sauces ingresó al tribunal en octubre de 2018 y Hotesur en mayo de 2019, y que la acumulación fue dispuesta el 13 de junio de ese año con el consentimiento de las partes.
Señaló que los recursos de la Fiscalía y la UIF describen afectaciones al ejercicio de sus funciones acusatorias que podrían resultar de reparación imposible o insuficiente.
Los planteos de la Fiscalía y la UIF
El fiscal Velasco planteó que el desdoblamiento posterga el juzgamiento de Hotesur y altera la estructura de causas que habían sido acumuladas. También cuestionó que el tribunal hubiera resuelto la separación sin una discusión previa entre las partes durante la audiencia preliminar del 4 de septiembre de 2026.
Por su parte, la UIF pidió que se restableciera un único debate oral y público. La querella planteó que la realización de dos juicios separados podría limitar el interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos, duplicar actos procesales y derivar en valoraciones parciales de la documentación contable, bancaria, societaria y contractual.
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La Cancillería argentina celebró este viernes el anuncio de la petrolera Halliburton Company de no prestar servicios para el proyecto marítimo Sea Lion ni participar en actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las islas Malvinas ni sus alrededores.
“La decisión, producto de un trabajo de la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería, constituye un nuevo resultado de las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei para defender los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, destacó la Oficina del Presidente en un comunicado.
Halliburton anunció este viernes que comunicó a las autoridades argentinas su decisión de no trabajar en el proyecto petrolero marítimo Sea Lion ni participar en actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las islas Malvinas.
El proveedor de servicios petroleros añadió que las autoridades argentinas habían planteado dudas sobre la posible participación de la empresa en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente en relación con las actividades en el territorio británico en disputa, consignó la agencia Reuters.
“El Gobierno continuará desplegando las herramientas legales, diplomáticas y administrativas a su alcance para evitar que emprendimientos desarrollados sin autorización argentina desconozcan los derechos e intereses de nuestro país y procurará que ninguna actividad económica contribuya a consolidar una situación contraria a la posición argentina”, expresó el Poder Ejecutivo.
Y reafirmó que “continuará ejerciendo y defendiendo sus derechos mediante todos los instrumentos previstos por el derecho nacional e internacional”.
El anuncio de Halliburton se conoció después de que Milei intensificara el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas con sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio británico de ultramar.
En septiembre, Milei presentó un proyecto de ley para tomar medidas drásticas contra las empresas que operan en las islas, lo que podría agravar la tensión con el Reino Unido.
Se estima que el yacimiento petrolero Sea Lion, situado a unas 225 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, alberga 1.700 millones de barriles de petróleo.
La Argentina se opuso al proyecto desde su descubrimiento en 2010, cuando declaró ilegal la perforación en el yacimiento.
Rechazo de los isleños a los ciudadanos argentinos
En otra arista del conflicto diplomático, un grupo de isleños de las Malvinas solicitó este viernes la prohibición del ingreso de argentinos al archipiélago. Los residentes denunciaron un aumento de esas visitas que, al arribar al territorio, ondean banderas argentinas y carteles donde reclaman que las islas no son británicas.
El reclamo tiene lugar en un momento de alta tensión luego de que la Argentina recrudeciera las sanciones sobre las empresas involucradas en actividades de explotación petrolera en las islas Malvinas.
Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas, mencionó los pedidos que realizaron los residentes contra las visitas de argentinos en diálogo con Falkland Islands Television.
“Dentro de la comunidad, hay quienes han expresado abiertamente su deseo de impedir la llegada de visitantes argentinos a las islas. Si bien no me opongo a ello, debemos ser realistas respecto al marco legal vigente, por lo que no podemos simplemente prohibir la entrada de personas en este momento”, explicó.
Y señaló que uno de los motivos de la “gran indignación y hostilidad” son las publicaciones de personas corriendo por la calle principal de una de las islas con la bandera argentina o con réplicas de la famosa insignia improvisada que desplegaron los jugadores de la selección argentina tras su triunfo contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, y que decía “Las Malvinas son argentinas”.
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La subsecretaria de Trabajo, Claudia Testa, se fue del Gobierno este viernes. La ahora exfuncionaria oficializó su salida a través de una carta en la que plasmó su “renuncia indeclinable”.
La exnúmero dos de Julio Cordero en la secretaría que depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se desempeñó en una tarea similar en el gobierno porteño. En el mundo privado, trabajó en Ternium. Ocupaba el cargo en la gestión libertaria desde 2024.
Mariano Sartoris, un abogado de confianza de Pettovello, será su reemplazante, según pudo saber . Sartoris hasta ahora se desempeñaba como subsecretario Legal de Capital Humano; y antes había sido subsecretario administrativo en la Secretaría de Trabajo.
Sartoris llegó al gobierno de la mano de Pettovello, apenas arrancó la gestión. Es decir, que hace más tiempo que integra esta administración que Cordero, que entró en marzo de 2024.
“El cambio es por una reestructuración del ministerio. Testa cumplió una etapa. Sartoris es un abogado de confianza de Sandra, que llegó con ella desde el día uno”, refirieron fuentes oficiales.
Por su parte, Testa tenía buena llegada con sindicalistas y empresarios. Desde ambos sectores lamentaron su salida. “Era la única solvente en esa área”, dijo un jerárquico de la CGT tras conocer su dimisión.
Sartoris será el sexto funcionario en ocupar la Subsecretaría de Trabajo desde diciembre de 2023. Antes de Testa estuvieron en ese puesto Martín Huidobro, un abogado de Capital Humano que fue echado en octubre de 2024. Previo a él pasaron por Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal, todos ex Pro y vinculados al exministro de Trabajo macrista Jorge Triaca.
Noticia en desarrollo
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Hotesur y Los Sauces: el TOF 5 habilitó la revisión en Casación, pero mantuvo las fechas de los juicios
El Gobierno celebró el anuncio de otra petrolera de no prestar servicios en Malvinas
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