POLITICA
Elecciones en la UTA: se pone en juego la conducción del poderoso gremio de colectiveros
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el estratégico sindicato de los colectiveros, afrontará entre el 7 y el 8 de octubre una elección de alto voltaje para definir sus autoridades nacionales. El actual secretario general, Roberto Fernández, buscará revalidar por quinta vez su cargo al frente del gremio, que conduce desde hace 18 años.
A diferencia de las últimas tres veces, Fernández se enfrentará a un escenario inédito: competirán otras tres listas que buscarán desplazarlo. La atomización opositora, sin embargo, favorece al oficialismo. Sus retadores serán Maximiliano Escriba, líder de la seccional Mar del Plata, una de las cinco jurisdicciones que el oficialismo perdió en 2022; Alberto Patiño, actual secretario de Organización que decidió desafiar al jefe, y Claudio Gómez, con raíces en la izquierda.
Las casi dos décadas de conducción de Fernández, que tiene 82 años, se encuentran marcadas por un perfil negociador con las cámaras empresarias, adaptación a los distintos gobiernos y verticalismo interno. Su hegemonía, sin embargo, se pondrá a prueba frente a fallos judiciales sensibles que propiciaron una mayor apertura electoral en la UTA y abrieron paso a los opositores. En las urnas, esas expresiones buscarán canalizar el descontento por el deterioro del poder adquisitivo, de las condiciones laborales y la cobertura médica. Todo en un contexto signado por la caída de los aportes y la crisis de rentabilidad de las empresas del sector.
El sindicato de los colectiveros tiene alrededor de 70.000 afiliados en todo el país y conserva un alto poder de fuego al momento de instrumentar medidas de fuerza por su capacidad para paralizar el transporte público. Con la votación en dos jornadas, prevista para los choferes de larga distancia, la disputa también se replica a nivel regional, ya que se renovarán las autoridades de las 25 seccionales. El oficialismo será el único que tendrá candidato propio en todas las seccionales e intentará revertir el crecimiento de la oposición en cinco distritos: Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy.
Para la pulseada entre la CGT y la Casa Rosada, no parece resultar menor en manos de quién quedará la UTA. Fernández cortó vínculo con la central obrera y, en desacuerdo con el último cambio del triunvirato, ordenó retirar a su tropa del consejo directivo. En paralelo, adoptó una relación diplomática coyuntural con el gobierno de Javier Milei, condicionada por la dependencia de los fondos públicos, que no escaparon a la motosierra de la administración libertaria. En el último trimestre, la UTA viene de acordar un aumento salarial del 10,5% para los choferes de corta y mediana distancia en AMBA. En septiembre, sin contar viáticos, el salario básico quedó en $1.707.175.
Desde enero de 2024, los ingresos en el área metropolitana aumentaron un 181% en términos nominales ante una inflación acumulada que rondó el 246% desde entonces. Esa disparidad impactó en la capacidad adquisitiva de los colectiveros, que ya acarreaban retrocesos significativos, con el pico del 211% del IPC anual en 2023. Pero el escenario más agudo se sitúa en el resto del país, donde las paritarias están atravesadas por acuerdos fragmentados, ingresos básicos congelados por debajo del millón e incumplimientos por las dificultades para trasladar incrementos a las provincias, que ya no disponen del Fondo Compensador del Transporte del Interior.
Dentro del universo sindical, Fernández ha mantenido una pelea crónica con Hugo Moyano y su familia. Asumió la conducción de un gremio de colectiveros golpeado por el escándalo patrimonial protagonizado por su antecesor, Juan Manuel Palacios, quien dejó el cargo en 2006 después de 22 años al frente. Fernández era entonces su secretario adjunto y, lejos de retirarse junto a su mentor político, decidió quedarse para completar el mandato. Aquella decisión fue interpretada como una traición para el moyanismo y un golpe duro a su esquema de alianzas. Palacios era un dirigente de extrema confianza del líder de Camioneros, con el que conformó el ala combativa contra el menemismo en los noventa.
En consecuencia, el clan Moyano respaldó incursiones internas de rivales para intentar desplazar a Fernández de la UTA. El pico de tensión por el control del gremio colectivero llegó en 2019, con la violenta toma de la sede de la calle Moreno por parte de grupos disidentes. Fernández resistió la avanzada desde el techo del edificio y posteriormente acusó a Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros e hijo de Hugo, de haber pergeñado la ofensiva en connivencia con Cristian Jerónimo, titular del sindicato de Empleados del Vidrio y actual integrante del triunvirato que conduce la CGT. Ese antecedente quedó como la razón de la ruptura de Fernández con la central obrera, concretada después de la elección de Jerónimo en noviembre de 2025 .
En las últimas elecciones de la UTA, realizadas en 2022, los Moyano —que siempre negaron haber participado de aquella revuelta— respaldaron abiertamente al principal rival de Fernández, Miguel Bustinduy, a quien también le atribuían una presunta participación en la toma. Fernández se impuso otra vez, mientras que Bustinduy se retiró de la UTA y se refugió en la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), el gremio alternativo de los colectiveros que integra la CTA y al que arribó con el grueso de los choferes del Grupo DOTA.
La flexibilización del estatuto
Históricamente, el estatuto de la UTA impuso fuertes trabas para evitar que hubiera oposición, como la obligación de presentar listas completas en todo el país. Esas condiciones, calificadas de “proscriptivas” por sus críticos, dieron origen a un extenso periplo judicial impulsado por Bustinduy con el patrocinio del abogado Leandro Recalde. El proceso recayó en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dio lugar al reclamo y falló a favor de la anulación de artículos claves, con una consecuente flexibilización del régimen electoral del sindicato.
De acuerdo a las decisiones de la justicia laboral a las que accedió LA NACIÓN, quedaron anuladas la obligación de presentar candidatos en todas las seccionales y delegaciones para competir por la conducción nacional, la exigencia de una “carrera sindical” previa y el requisito de haber realizado cursos de capacitación dictados o acreditados por la propia conducción. Además, por primera vez, los afiliados tendrán la opción de cortar boleta, por lo que podrán votar candidatos distintos para la conducción nacional y las seccionales.
Con Bustinduy fuera de la UTA, al frente de la opositora “Agrupación La Palacios” (bautizada así en honor a Juan Manuel Palacios) quedó Maximiliano Escriba, líder de la seccional Mar del Plata, una de las cinco jurisdicciones que el oficialismo perdió en 2022. En esta ocasión, Escriba disputará directamente la conducción nacional como candidato de la Lista Negra. Aunque no contará con la palanca del grupo DOTA, su espacio llega con el mayor despliegue territorial del arco opositor: competirá en 14 seccionales.
La Lista Marrón está encabezada por Alberto Patiño, referente de la “Agrupación 2 de Julio”, una escisión surgida de las propias entrañas de la conducción de la UTA. Patiño rompió con Fernández después de más de una década a su lado. Todavía es el secretario de Organización, considerado el puesto número tres en la jerarquía del sindicato, el mismo cargo que tuvo Bustinduy. En diálogo con este medio, Patiño justificó su ruptura con Fernández por “su gran pasividad frente a la mala situación de los trabajadores”, “su acomodo frente a los distintos gobiernos” y “su afinidad con los empresarios”.
La Lista Bordó representará a la izquierda sindical a través de Claudio Gómez, chofer de la línea 86 y referente de la “Agrupación 460”.
Roberto Fernández,Manuel Casado,CGT,Subsidios a colectivos,Conforme a
POLITICA
Pese al silencio de la ONU, el kirchnerismo todavía cree que hay margen para una candidatura de CFK
La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU de no tratar la presentación que hicieron los abogados de Cristina Kirchner para revisar su condena en la causa Vialidad, desinfló la posibilidad de que la ex presidenta reciba un fallo favorable que tenga impacto en el escenario político argentino y que genere presión sobre la justicia nacional para que revise el fallo.
En el cristinismo había expectativa en que la postura de la ONU salga en noviembre, pero el organismo cerró su período ordinario de sesiones sin tratarlo. La reapertura de ese espacio será recién en marzo. Hasta entonces, no habrá novedades sobre la situación judicial de la ex jefa de Estado respecto a la mirada internacional que está buscando.
La agria noticia fue amortiguada en el corazón del cristinismo con aceptación y sin resignación. “Estaba dentro de las posibilidades que esto sucediera. Pero estamos dentro de los márgenes políticos para esperar el plazo de marzo. Hubiese sido bueno que salga ahora, pero no lo tomamos como una derrota política. La expectativa sigue en pie”, explicaron a Infobae cerca de CFK.
Lejos de dar de baja la idea de que Cristina Kirchner puede ser candidata a presidenta el año que viene, en el espacio que ella conduce aseguran que “los tiempos todavía dan” para poder proyectar una candidatura nacional, tal como la propia ex mandataria dejó en claro durante su entrevista con el The Washington Post, en la que plasmó que su voluntad de ser candidata a la presidencia sigue vigente.
Si las PASO se mantienen para el proceso electoral del año que viene, aproximadamente en el mes de junio será el momento en que se cierren las alianzas. Y cerca de julio se deberán formalizar las candidaturas. Por eso en el kirchnerismo se resisten a bajar la bandera de “Cristina candidata”. Mientras los márgenes electorales se mantengan, la idea va a estar flotando en el escenario político. Sobre todo si el peronismo sigue como hasta ahora, fragmentado y con distintas hojas de ruta.
El cristinismo mantendrá las expectativas hasta el final, sabiendo que, en el caso de que la ONU, brinde un fallo contrario al que confirmó la Corte Suprema, debe existir un segundo paso que es la validación de la justicia argentina de esa mirada internacional. Es un proceso largo que contrasta con el tiempo que falta, sobre todo en el plano informal de la rosca política, para encaminar las candidaturas nacionales del año que viene.
En paralelo, y mientras los meses vayan pasando, el cristinismo va a mantener en alto la consigna “Cristina libre”, con el fin de mantener la visibilidad de su situación judicial en la agenda política. Justamente eso es lo que están haciendo Jorge Taina, Vanesa Siley, Franco Metaza y Delfina Rossi en Estados Unidos, que forman parte del Comité internacional Cristina Libre, formado el año pasado para poder visibilizar su situación en el exterior y lograr apoyos de dirigentes políticos extranjeros.
Los cuatro participaron en Nueva York de la conferencia titulada “Política y Poder Judicial: advertencias desde Brasil y Argentina”, que formó parte del ciclo Latin America on the Move. En su intervención denunciaron la utilización del sistema judicial como “herramienta de proscripción política” y apuntaron hacia su “articulación con el programa económico” que hay en la Argentina actualmente y a la “injerencia regional en América Latina”.
La intervención de la diputada Siley, muy cercana a La Cámpora y parte del mundo sindical, conjugó la mirada del cristinismo sobre la causa judicial del caso Vialidad y su peso específico en el escenario político. “El proceso de juzgamiento a Cristina está viciado de nulidad. Se incumplieron todas las garantías constitucionales. La persecución sobre ella recae, además, por su condición de género. Buscaban sacarla de la cancha política y del terreno electoral. ¿Por qué? Porque les gana. Hoy les volvería ganar”, sostuvo.
El martes los cuatro dirigentes estuvieron con Pramila Jayapal y Jesús “Chuy” García, miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y referentes del Partido Demócrata, quienes plantearon su preocupación por el deterioro institucional de la Argentina. En todos esos encuentros el objetivo es el mismo: visibilizar, a nivel global, la situación de CFK, y entablar diálogo con la comunidad jurídica y de derechos humanos a nivel internacional.
El sector K sostiene un argumento electoral determinante en la discusión política de cara al 2027. Advierten desde hace varios meses que la imagen positiva de la ex presidenta se ha consolidado en niveles interesantes para un dirigente política. En todos los escenarios virtuales que se trazan, su figura es bien considerada dentro de las opciones opositoras. En algunos casos, hasta por encima de Axel Kicillof y Sergio Massa, dos referentes opositores que, a diferencia de ella, pueden ser candidatos el año que viene.
“Por primera vez desde la recuperación de la democracia, el país se encamina a una elección presidencial con la principal líder de la oposición proscripta judicialmente”, indicaron los integrantes de la comisión que lleva adelante los planteos políticos por la libertad de CFK. En ese sentido, remarcaron que se intenta “ejercer un disciplinamiento político” sobre la ex mandataria, que “vulnera los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
Esa línea discursiva, con mayores o menos intermitencias, va a mantenerse en el tiempo la proclama cristinista. No se van a mover de ahí hasta que se agoten las posibilidades de que Cristina Kirchner pueda pesar en forma determinante dentro del proceso electoral del año que viene.
Máximo Kirchner,Argentina,discurso,política
POLITICA
Quién es “Budín”, la mano derecha de Lázaro Báez salpicado por una causa de lavado y narcotráfico
EL CALAFATE.- Cristian Sebastián Ibáñez, también conocido como “Budín”, estaba junto a Claudia Insaurralde, la pareja de Lázaro Báez, el lunes en el aeropuerto de Ezeiza cuando fueron detenidos. La Justicia sospecha que el hombre, de 37 años, es parte de una red narco en Santa Cruz.
“Budín” fue arrestado junto a su pareja, según pudo saber de fuentes judiciales.
Las tres personas fueron detenidas el lunes al arribar en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Río Gallegos. Se sospecha que intentaban fugarse, según pudo reconstruir a partir de fuentes con acceso a la causa. El procedimiento ocurrió a primeras horas de la tarde en el aeropuerto. Además, les fueron secuestradas cuatro valijas grandes por orden del juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez.
Ibáñez sería un hombre de confianza de Báez, pero no está claro su verdadero rol. Algunos aseguran que era una suerte de chofer, pero otras fuentes aseguran que solía presentarse como “mano derecha” del empresario kirchnerista, actualmente preso en la cárcel de Ezeiza. Según la hipótesis de los investigadores, era uno de los líderes de una organización dedicada al transporte de cocaína en camiones, al menos desde diciembre de 2025.
“Budín”, como lo mencionan sus amigos en las redes sociales, tuvo por lo menos cuatro empleadores en Buenos Aires y en Santa Cruz, pero hace tres años no registra ninguna relación de dependencia laboral, según registros oficiales. En este tiempo, fundó Dynter SRL, una sociedad constituida en 2024 en Río Gallegos, con domicilio en la calle Mitre al 700. La constituyó con un capital social de $20 millones y una duración de 99 años.
El objeto social de Dynter es muy amplio: incluye construcción, servicios y logística para empresas petroleras y mineras, transporte de cargas y de personal, alquiler de vehículos, hotelería, turismo y gastronomía. En ese rubro de servicios figura el transporte de cargas a granel, una actividad que coincide con el tipo de operatoria que investiga la Justicia, aunque por ahora no se informó que la sociedad esté bajo investigación.
Al año siguiente de ser creada, la socia de Dynter cedió las acciones a otro socio y sumaron un nuevo rubro a la actividad: el inmobiliario. Ibañez pasó a ser el único gerente de la SRL, según los documentos oficiales consultados por .
Las redes sociales de Ibáñez ofrecen una imagen de sus intereses. El perfil gira casi de manera exclusiva en torno a los vehículos: la protagonista es una Volkswagen Amarok V6, a la que llama “mi bebé”; también exhibe una Ford Ranger V6, una Ford Raptor, una Ford F100, un Falcon, un BMW gris oscuro y una moto deportiva de gran cilindrada.
Sin embargo, pese a mostrarse manejando estos vehículos, Ibáñez solo tiene a su nombre la F100 modelo 1994 y un crédito con Volkswagen Financial Services de 07/2025 por 18 millones de pesos, según documentos consultados por .
En la red TikTok, Ibáñez compartió una foto el 22 de marzo de 2025, donde se ve el frente de la casa de Báez en El Calafate. En esa fecha, el empresario cumplía la prisión domiciliaria junto a su pareja y aún no se había ordenado su traslado a Ezeiza.
En esa red social también compartió imágenes del hotel Bahía, otra de las propiedades de Báez en El Calafate, una enorme mole de varios pisos que nunca se utilizó y luce abandonada. En otra foto comparte el interior de una casa de estancia que, si bien no está identificada, luce el revestimiento en piedra, madera y colores brillantes que caracterizan a las propiedades de Báez.
En 2013, cuando tenía 24 años -y en esa época Báez era el hombre fuerte de la obra pública en Santa Cruz- “Budín” fue condenado a la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo como autor penalmente responsable del delito de “robo doblemente calificado por el uso de arma y por ser cometido en poblado y en banda”, según consta en los expedientes judiciales consultados por . La sentencia quedó firme el 5 de marzo de 2013.
Su detención de este lunes, junto a su novia y la mujer de Báez, se dio en el marco de dos causas conexas que investigan lavado de dinero y narcotráfico y una serie de delitos vinculados al manejo de bienes del empresario Báez. Tras las detenciones, se realizaron 27 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, dos estancias de Santa Cruz y Buenos Aires, que incluyó la celda de Báez en el penal, quien también quedó incomunicado. Por ahora, la causa es de carácter reservado.
Todas las medidas fueron ordenadas por el juez federal de Río Gallegos a pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La investigación tiene dos causas conexas: la de narcotráfico derivó en una segunda, que indaga si Báez, desde la cárcel de Ezeiza, administraba y ponía en circulación activos de origen ilícito sustraídos a la ejecución de sus condenas.
Ibáñez sería el punto de contacto entre ambas: el jefe de la banda de estupefacientes sería a la vez integrante de la organización que movía esos bienes. Entre las pruebas clave figurarían escuchas judiciales entre el jefe de banda y Báez, y anotaciones donde el hombre de confianza detallaba las operaciones.
En la causa, además de los tres detenidos en Buenos Aires, hay por lo menos cuatro personas más que fueron detenidas en Río Gallegos en los procedimientos; según los nombres que trascendieron, uno de ellos es familiar político de Ibáñez.
Para este jueves están previstas las dos audiencias en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, una por la causa de la red narco y la otra por lavado de dinero.
Con la colaboración de Ricardo Brom
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POLITICA
Estatuto del Periodista: se acerca el plazo para su derogación y las iniciativas para revertirlo permanecen sin avances en el Congreso
El Estatuto del Periodista Profesional perderá vigencia en febrero de 2027 como consecuencia de la ley de Modernización Laboral, sancionada en febrero de este año. Aunque se presentaron distintos proyectos para impedir su derogación, ninguno consiguió avanzar en las comisiones del Congreso encargadas de su tratamiento.
La eliminación de la ley 12.908, vigente desde 1946, fue aprobada junto con la derogación de otros regímenes especiales, como los de viajantes de comercio, peluqueros y choferes particulares. En Diputados, el capítulo obtuvo 126 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones. En el Senado fue respaldado por 38 legisladores, mientras que 31 votaron en contra. El oficialismo consiguió avanzar con el apoyo de sus aliados de Pro, la UCR y los bloques provinciales.
La derogación supone la eliminación de disposiciones específicas para los trabajadores de prensa, entre ellas la jornada de 36 horas semanales, el régimen indemnizatorio agravado por despido y las categorías profesionales. La actividad quedará comprendida en el régimen laboral general, sin perjuicio de los derechos que puedan mantenerse por convenios colectivos.
El oficialismo sostiene que el estatuto quedó desactualizado frente a las transformaciones tecnológicas y laborales del sector y que su eliminación permitirá flexibilizar las condiciones de contratación. Los sindicatos de prensa, por su parte, consideran que la medida reducirá las protecciones laborales y podría afectar la independencia profesional.
En Diputados, Sebastián Galmarini y Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, presentaron iniciativas para revertir la derogación. Los expedientes fueron girados a las comisiones de Legislación del Trabajo y Libertad de Expresión, presididas por los libertarios Lisandro Almirón y Guillermo Montenegro, respectivamente. Ninguna registró actividad durante este año.
En el Senado, Jorge Capitanich y otros legisladores de la oposición propusieron prorrogar por un año la vigencia del estatuto. El proyecto fue girado a Trabajo y Previsión Social, presidida por Carmen Álvarez Rivero, y a Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, encabezada por Carolina Moisés. Esta última abordó el tema, pero no pudo avanzar con el dictamen al no ser la comisión cabecera.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también se opuso a la derogación. En una nota enviada al Senado, reconoció que el estatuto necesita actualizarse, pero advirtió que su eliminación podría afectar las condiciones laborales de los periodistas y su independencia. Por eso, propuso reformarlo en lugar de derogarlo.
A fines de octubre, Álvarez Rivero generó una controversia en redes sociales al señalar que la precarización del periodismo existe desde hace décadas, y reivindicó el principio de igualdad ante la ley. Sus declaraciones motivaron reclamos para que convocara a la comisión que preside.
En paralelo, las organizaciones gremiales impulsan una actualización del estatuto que incorpore cuestiones vinculadas con el teletrabajo y la inteligencia artificial, además de evaluar presentaciones judiciales contra su derogación.
Hasta el momento, ninguno de los proyectos obtuvo dictamen y su tratamiento continúa pendiente.
sancionada en febrero de este año,https://t.co/xBYBnhdEuM,October 30, 2026,Congreso Nacional,Conforme a
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