POLITICA
Martín Báez confirmó el fraude en Vialidad y fue condenado a una pena unificada de siete años y nueve meses de cárcel
Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, admitió que participó en el fraude con la obra pública vial en Santa Cruz y fue condenado a tres años de prisión, que con la pena que ya cumplía por lavado de dinero en la causa conocida como “La Ruta del dinero K”, suma una condena unificada de siete años y nueve meses de cárcel.
Así lo resolvió hoy el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), a cargo de Andrés Basso en un juicio unipersonal, al homologar el juicio abreviado que acordaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola con seis acusados del segundo tramo de la causa Vialidad, conocida como “Vialidad II”. La Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante, prestó su conformidad.
La noticia se conoció en momentos en que Lázaro Báez, preso en Ezeiza, es investigado por sus vínculos con una persona de su confianza bajo sospecha lavado y de tráfico de drogas.
Los fiscales son los mismos que en la primera parte de esta causa lograron la condena de Cristina Kirchner y Lázaro Báez a seis años de prisión.
El acuerdo cierra sin juicio oral la segunda parte del expediente donde además ya están condenados el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nelson Periotti, entre otros, por defraudación contra el Estado. La Corte dejó firme esa sentencia.
Los dos condenados con mayor peso en este juicio abreviado son los empresarios. Ahora admitieron que entre octubre de 2007 y diciembre de 2015 Martín Báez fue accionista y apoderado de Austral Construcciones, socio gerente de Loscalzo y Del Curto, y apoderado, vicepresidente y presidente de Kank y Costilla, las empresas del Grupo Báez que se quedaron con cerca del 80% de la obra vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Desde esos cargos, y según la causa, Martín Báez decidió que varias empresas del mismo grupo se presentaran en una misma licitación pese a que estaba prohibido, firmó contratos sabiendo que violaban los pliegos y se benefició de un “canal exclusivo de pago anticipado” que hizo que, al terminar el mandato de Cristina Kirchner, las firmas de su padre fueran las únicas contratistas del país a las que el Estado no les debía un peso.
La confesión confirma la acusación de la causa Vialidad, porque son los propios acusados los que admitieron su responsabilidad.
Martín Báez ya tenía una condena firme por lavado de activos agravado de seis años y seis meses que le impuso la Cámara Federal de Casación en la causa de “La Ruta del dinero K”, confirmada el 29 de mayo de 2025.
Desde el 12 de junio de ese año goza de libertad condicional. Por eso, el juez unificó ambas penas en una sola de siete años y nueve meses de prisión, más una multa de cinco veces el monto de las operaciones de lavado.
La misma pena recibió Julio Mendoza, que presidió Austral Construcciones entre 2004 y 2015. Recibió tres años por Vialidad, que se unificaron con los cinco años que ya tenía por lavado en “La Ruta del dinero K”, para una pena única de cinco años y nueve meses.
Basso le mantuvo la prisión domiciliaria que ya le había concedido el Tribunal Oral Federal 4, por tener 71 años y por razones de salud.
El tercer empresario, Fernando Butti, que fue accionista y apoderado de Austral y representante de Lázaro Báez en Kank y Costilla entre 2003 y 2008, recibió dos años y seis meses de prisión en suspenso. Los tres fueron condenados como partícipes necesarios.
Entre los funcionarios, los condenados fueron tres exgerentes de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), como autores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Cada uno recibió dos años y ocho meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Uno de ellos es Sergio Passacantando, gerente de Administración entre 2006 y 2015, a quien se le atribuyó haber montado el esquema de pagos preferenciales para las empresas de Báez.
El otro, Jorge Gregorutti, gerente de Obras y Servicios Viales entre 2008 y 2015, que firmó todos los certificados de avance de las obras investigadas sin controlarlas; y Carlos Alonso, subadministrador general entre 2011 y 2015.
En la sentencia, de 42 páginas, Basso destacó que no se trataba de un juicio abreviado como cualquier otro, sino que los hechos que admitieron los seis acusados son los mismos que se probaron en el juicio oral contra Cristina Kirchner en Vialidad I.
De modo que la existencia de la maniobra ya estaba establecida por una sentencia firme. Esa coincidencia entre lo probado en el debate y lo reconocido por los imputados, escribió el juez, le da a la reconstrucción de los hechos una solidez mayor que la que suele tener un juicio abreviado.
Los fiscales consideraron como agravante la “extrema gravedad” de la maniobra, a la que definieron como “una colosal maniobra de corrupción”, y como atenuante que los acusados admitieran su participación y aceptaran una pena.
Graduaron las condenas según la jerarquía de cada funcionario y el peso de cada empresario dentro de las constructoras. El delito prevé de dos a seis años de prisión.
Los seis acusados ratificaron el acuerdo ante el juez. Basso también incluyó a los seis condenados en el mismo decomiso dispuesto en el primer juicio, que se actualizó en julio de 2025 a 684.990 millones de pesos.
No es una deuda nueva ni se suma a la anterior. El juez explicó que, así como los hechos juzgados son los mismos, “el objeto del decomiso es también uno solo”, y que extenderlo a estos acusados no implica “una duplicación de lo ya decomisado”. El monto deberá volver a actualizarse cuando llegue el momento de ejecutarlo.
La sentencia dice que luego se decidirá “el orden de prelación entre los obligados” para pagar lo que no se cubrió y la incidencia de lo que ya se haya recuperado en el primer tramo de la causa, en el que fueron condenados Cristina Kirchner y Lázaro Báez.
Hernán Cappiello,Lázaro Báez,Cristina Kirchner,Juicio Vialidad,Conforme a
POLITICA
Estatuto del Periodista: se acerca el plazo para su derogación y las iniciativas para revertirlo permanecen sin avances en el Congreso
El Estatuto del Periodista Profesional perderá vigencia en febrero de 2027 como consecuencia de la ley de Modernización Laboral, sancionada en febrero de este año. Aunque se presentaron distintos proyectos para impedir su derogación, ninguno consiguió avanzar en las comisiones del Congreso encargadas de su tratamiento.
La eliminación de la ley 12.908, vigente desde 1946, fue aprobada junto con la derogación de otros regímenes especiales, como los de viajantes de comercio, peluqueros y choferes particulares. En Diputados, el capítulo obtuvo 126 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones. En el Senado fue respaldado por 38 legisladores, mientras que 31 votaron en contra. El oficialismo consiguió avanzar con el apoyo de sus aliados de Pro, la UCR y los bloques provinciales.
La derogación supone la eliminación de disposiciones específicas para los trabajadores de prensa, entre ellas la jornada de 36 horas semanales, el régimen indemnizatorio agravado por despido y las categorías profesionales. La actividad quedará comprendida en el régimen laboral general, sin perjuicio de los derechos que puedan mantenerse por convenios colectivos.
El oficialismo sostiene que el estatuto quedó desactualizado frente a las transformaciones tecnológicas y laborales del sector y que su eliminación permitirá flexibilizar las condiciones de contratación. Los sindicatos de prensa, por su parte, consideran que la medida reducirá las protecciones laborales y podría afectar la independencia profesional.
En Diputados, Sebastián Galmarini y Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, presentaron iniciativas para revertir la derogación. Los expedientes fueron girados a las comisiones de Legislación del Trabajo y Libertad de Expresión, presididas por los libertarios Lisandro Almirón y Guillermo Montenegro, respectivamente. Ninguna registró actividad durante este año.
En el Senado, Jorge Capitanich y otros legisladores de la oposición propusieron prorrogar por un año la vigencia del estatuto. El proyecto fue girado a Trabajo y Previsión Social, presidida por Carmen Álvarez Rivero, y a Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, encabezada por Carolina Moisés. Esta última abordó el tema, pero no pudo avanzar con el dictamen al no ser la comisión cabecera.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también se opuso a la derogación. En una nota enviada al Senado, reconoció que el estatuto necesita actualizarse, pero advirtió que su eliminación podría afectar las condiciones laborales de los periodistas y su independencia. Por eso, propuso reformarlo en lugar de derogarlo.
A fines de octubre, Álvarez Rivero generó una controversia en redes sociales al señalar que la precarización del periodismo existe desde hace décadas, y reivindicó el principio de igualdad ante la ley. Sus declaraciones motivaron reclamos para que convocara a la comisión que preside.
En paralelo, las organizaciones gremiales impulsan una actualización del estatuto que incorpore cuestiones vinculadas con el teletrabajo y la inteligencia artificial, además de evaluar presentaciones judiciales contra su derogación.
Hasta el momento, ninguno de los proyectos obtuvo dictamen y su tratamiento continúa pendiente.
sancionada en febrero de este año,https://t.co/xBYBnhdEuM,October 30, 2026,Congreso Nacional,Conforme a
POLITICA
Javier Milei habló tras el dato de inflación de octubre y aseguró que mantendrá la apertura comercial
Javier Milei habló luego de que se conozca el dato de inflación de octubre. Fue en un discurso ante empresarios y emprendedores en la Gala Endeavor Argentina 2026, en el que sostuvo que aumentará la apertura comercial.
“Hay que ampliar ese tamaño de mercado para potenciar los rendimientos crecientes y acelerar el crecimiento de la economía; lo que hacemos desde el Ministerio de Desregulación, quitando regulaciones, y desde el Ministerio de Capital Humano, otra de las grandes fuentes del crecimiento económico”, dijo el Presidente. Luego, detalló que el país actualmente tiene un coeficiente de apertura del 30% y que buscará “llevarlo al 90%“.
El discurso llegó el mismo día en que el Indec informó que la inflación de octubre fue de 2,2%, con un acumulado de 26,3% en lo que va del año. En términos interanuales, el índice se ubicó en 33,1% y completó tres meses consecutivos de desaceleración.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, subió 1,5%, la más baja en 15 meses. Explicó que el resultado general estuvo condicionado por los cambios en el Régimen de Zona Fría, que impactaron en la división de vivienda, agua, electricidad y gas, la de mayor aumento del mes (4,2%), impulsada por las tarifas de gas.
La defensa de Milei a la Inteligencia Artificial
Sin embargo, Milei no hizo mención al indicador durante su discurso, que enfocó principalmente en una defensa al avance de la inteligencia artificial. En ese sentido, dijo que la Argentina tiene “todo para ser protagonista” en esa carrera y anticipó “un boom industrial en todos los sectores de la economía”, a la par que rechazó que el cambio técnico elimine empleo. “Es falso que el progreso tecnológico destruye trabajo”, sentenció.
Milei recurrió al ejemplo de los luditas durante la revolución industrial y planteó que, si cada innovación hubiera destruido puestos, con una población diez veces mayor que en 1800 el desempleo actual sería del 90%. “Hoy hay más trabajo que nunca en la historia de la humanidad”, afirmó. A su vez, sostuvo que cada avance hace desaparecer una tarea, pero genera otras que antes nadie imaginaba.
Para el Presidente, desarrollar la IA exige energía, minerales críticos, enfriamiento para los centros de cómputo y talento, y el país tiene recursos en cada rubro: Vaca Muerta y potencial nuclear, cobre, litio y uranio, un “Sur frío” como ventaja natural y capital humano. “Lo único que le falta al país eran reglas claras”, dijo, y definió el rol del Gobierno: “Nuestro trabajo es poner reglas claras y corrernos”.
En ese contexto, defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que garantiza estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica por 30 años. Según Milei, hay solicitudes por más de US$210.000 millones, de las cuales US$76.000 millones ya fueron aprobadas. También afirmó que en energía el país pasó de un déficit de US$10.000 millones en 2023 a un superávit de más de esa cifra, que en pocos años llegaría a US$30.000 millones. Sumó la adecuación de la Ley de Glaciares para dar “seguridad jurídica” a la minería y la baja de retenciones en el agro.
Según explicó, la IA impulsará la economía por dos vías. La primera es la demanda: construir centros de cómputo moverá a la industria del cemento, el acero, el cobre y la generación de energía. La segunda, que calificó como “la más importante”, es la productividad en el agro, la minería, la salud y la educación. Además, defendió a los empresarios como “benefactores sociales” y rechazó la teoría del efecto derrame.
La IA y el trabajo: la advertencia del Papa
El planteo del Presidente tuvo lugar pocos días después de que el papa León XIV abordara el mismo tema con una posición radicalmente distinta. El lunes, en la Universidad Católica Argentina (UCA), ante sindicatos, movimientos populares, empresarios y docentes, el Sumo Pontífice advirtió que la automatización sin regulación puede poner en riesgo “tantos puestos de trabajo” y convertirse en “una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral”.
POLITICA
El oficialismo buscará la media sanción del Presupuesto 2027 el 25 de noviembre en Diputados – Nexofin
La Libertad Avanza definió junto a los bloques dialoguistas el calendario legislativo para tratar el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados.
El encuentro liderado por Gabriel Bornoroni estableció el dictamen para el 17 de noviembre y el debate en el recinto el 25 de noviembre.
Las negociaciones con Cristian Ritondo y otros referentes incluyeron reclamos de coparticipación porteña y beneficios fiscales. Desde el PRO destacaron la extensión del régimen autopartista hasta 2032, mientras que legisladores aliados advirtieron sobre el financiamiento de discapacidad que “no acompañaran el Presupuesto” sin garantías presupuestarias.
Diputados de LLA y aliados
Por su parte, la senadora oficialista Patricia Bullrich confirmó la predisposición de la Cámara alta para sancionar el proyecto de prestaciones permanentes. Al respecto, la legisladora afirmó: “Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado”.
Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado.
Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando.
Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 12, 2026
Durante la reunión parlamentaria también surgieron desacuerdos en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional previsto para el 18 de noviembre. La diputada Karina Banfi reclamó quitar el apartado sobre procesos electorales y advirtió: “Es un capítulo que penaliza la expresión”.
La normativa cuestionada fija penas de hasta doce años de prisión por campañas de injerencia extranjera y sanciones por explotación de recursos en las Islas Malvinas.
Asimismo, el oficialismo prevé incluir en la misma sesión la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
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discapacidad,Islas Malvinas,Patricia bullrich,Presupuesto 2027
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