POLITICA
Avanza una negociación política para destrabar el conflicto por la ley de financiamiento universitario
El conflicto por la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso y que el Gobierno no cumple con el argumento de que carece de los fondos para hacerlo y la norma no los identifica, es objeto de una negociación política entre funcionarios nacionales y rectores, donde hay buena predisposición para llegar a un arreglo, dijeron fuentes oficiales a .
Ambas partes planean reunirse esta semana −evalúan una convocatoria para este miércoles o a más tardar el jueves− en pos de intentar acercarse a un acuerdo en el corto plazo, según pudo pudo saber este medio.
Estas conversaciones están siendo llevadas adelante por los rectores del Consejo Interuniversitario (CIN) y por funcionarios del Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello.
En particular, interviene Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y responsable de la administración del presupuesto destinado a las universidades nacionales, y están al tanto de las alternativas del diálogo el ministro del Interior, Diego Santilli, y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, que llevó el caso a la Corte Suprema a través de un per saltum que no prosperó.
También sigue las tratativas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Fuentes universitarias y legislativas confirmaron a el desarrollo de estas conversaciones. De parte de las casas de altos estudios, la voz cantante la lleva Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), además de presidente del CIN.
De hecho, los representantes del Gobierno y los rectores nucleados en el CIN se reunirán este miércoles o jueves, para acercar posiciones y buscar encaminar una solución hacia fines de la semana que se inicia, indicaron desde ambas orillas a .
“Hay conversaciones, no está cerrado el acuerdo, pero hay buena predisposición para encontrar un camino de solución”, dijo a una fuente que participa de este ida y vuelta. Otra voz al tanto de las negociaciones coincidió: “Cerrado no hay nada, pero sí está encaminado”.
De momento, existen diferencias sustanciales entre la suma pretendida por los representantes de las universidades y lo que está dispuesto a aprobar el Gobierno.
“Están buscando una diagonal para llegar a un acuerdo; hay voluntad de diálogo”, dijo una fuente oficial que sostuvo que apuntan a cerrar el asunto hacia el fin de semana.
El conflicto por la ley de financiamiento universitario se tradujo la semana pasada en medidas de fuerza docentes y en tomas de los colegios secundarios que dependen de la Universidad de Buenos Aires, como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini.
Los centros de estudiantes de estos establecimientos preuniversitarios decidieron las tomas de ambos edificios en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores nacionales.
La ley encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los fondos y que eso se traduzca en un aumento salarial de los docentes. En lo central, obliga al Gobierno a actualizar los salarios docentes y no docentes, y las partidas para las universidades tomando como base la pérdida de recursos del sector desde diciembre de 2023.
Tomas suspendidas
La toma de los colegios, ahora suspendida, fue en sintonía con las clases públicas organizadas frente a la sede de la Corte Suprema por la UBA, para exigir que el máximo tribunal se expida a la brevedad en el expediente iniciado por el Gobierno para no aplicar la norma.
Es que, mientras se da el diálogo a nivel político, el conflicto se judicializó y está en la Corte Suprema de Justicia, que no cuenta con un plazo para definirlo. Los rectores universitarios lo saben, por lo que también están dispuestos a dialogar, ante una situación económica cada vez más complicada.
“Con este presupuesto es cada vez más difícil sostener el funcionamiento. No se trata de cuántos meses aguanta, sino de que ya la están asfixiando. El recorte es constante y empeora el funcionamiento día a día. No es un cierre de un día para el otro, pero van cerrando la canilla de a poco, deteriorando todo”, planteaba el último documento de la UBA difundido antes de la marcha.
El Congreso aprobó la ley de financiamiento universitario en agosto del año pasado, el Gobierno la vetó, pero el Congreso volvió a insistir y evitó el veto, con lo que la norma quedó en vigor.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo decretó que no la puede cumplir por falta de presupuesto. Las universidades acudieron a la Justicia, que les dio la razón en primera instancia y en la Cámara Contencioso Administrativo Federal. El Gobierno recurrió estos fallos y llegó con su reclamo a la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal tiene en sus manos la causa luego de que el Gobierno presentara un recurso extraordinario que fue aceptado. Antes, la Corte rechazó un per saltum para abocarse de manera directa al caso.
De esta manera, quedó suspendida la medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras el planteo de los rectores de las universidades nucleados en el CIN.
En las conversaciones previas, el Gobierno planteaba transferir fondos que permitieran recuperar la pérdida salarial de los docentes durante 2025 y no desde el 2023, como ordena la ley aprobada por el Congreso.
Las partidas de fondos contarían con la aprobación del Ministerio de Economía. Sin embargo, ese ofrecimiento no llegó a buen puerto, por el rechazo extendido de los rectores y los gremios universitarios.
El 12 de mayo pasado, unas 120.000 personas realizaron la cuarta Marcha Federal Universitaria, con epicentro en Plaza de Mayo, para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento.
La movilización reclamaba una actualización salarial de docentes y no docentes, que perdieron cerca del 35% de su poder adquisitivo desde 2023. Son el sector más afectado dentro de los trabajadores estatales, que en promedio resignaron el 17% de sus salarios.
Las universidades también reclaman la recomposición de becas estudiantiles y fondos para gastos de funcionamiento de las facultades. Es que las transferencias a las casas de estudios públicas registraron una caída real acumulada del 45,6% desde 2023, “una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”, según plantearon las organizaciones en el documento leído durante la manifestación.
Gobierno presentara un recurso extraordinario,Hernán Cappiello,Conforme a
La primera jornada del Coloquio de IDEA estuvo tomada por las charlas y los encuentros. Empresarios que hacía tiempo no se veían se saludaban afectuosamente en los pasillos, entre presentación y presentación, donde se mezclaban conversaciones personales, laborales y, sobre todo, políticas.
Lo que llamó la atención es que en los pasillos abarrotados de ejecutivos se cruzaban oficiales de la Policía Federal, tanto de civil como con sus camperas azules con las siglas PFA en la espalda.
“¿Por qué semejante operativo?”, se escuchó decir a un CEO con muchos años de presencia en el evento, que desde hace más de 60 años se realiza en Mar del Plata.
El hombre de negocios tenía razón en sorprenderse. La presencia policial es común en un evento de estas características, pero en las afueras del hotel, como una custodia externa. En este caso, se pudo observar a varios miembros de la Federal recorriendo el salón, pero también los diferentes pisos del hotel marplatense.
“Están controlando diferentes niveles. Van y vienen todo el tiempo”, señaló una empresaria a quien también le llamó la atención.
Desde la organización aclararon a Infobae que era “rutina”. Estuvieron solo haciendo una revisión por el hotel”.
Sin la presencia de funcionarios del Ejecutivo nacional en el evento, la pregunta que se hacían muchos de los presentes era si esa revisión se debía a que ese día exponía el expresidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, o si en realidad era la avanzada de la presencia prevista para la segunda jornada del Coloquio: la senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
En cualquiera de los dos casos, resultó llamativa para los presentes la presencia de las fuerzas de seguridad en el interior del edificio.
Presencia política
Aunque los salones estuvieron colmados y los pasillos rebosaban en cada coffee break, la presencia política fue escasa. En este primer día, previo a la exposición del expresidente Lacalle Pou y del presidente de la Argentina, Javier Milei, vía Zoom, se pudo ver al exdiputado nacional Juan Manuel López, de la Coalición Cívica; a la diputada de La Libertad Avanza y ex PRO Patricia Vázquez; al exembajador argentino en China Diego Guelar, y al presidente de la Unión Cívica Radical e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella. También se hizo presente el precandidato a presidente por el PRO, Hernán Lacunza.
Para mañana se espera la llegada de Bullrich. Hasta la confirmación de Milei, las especulaciones en las tertulias políticas giraban en torno a por qué el mileísmo puro le dejaba ese escenario, lleno de empresarios, a una Bullrich que muestra más libertad que la que el núcleo duro de LLA suele tolerar.
“Es poco estratégico que le dejen este espacio a Patricia. Ella sabe cómo hablarle a los empresarios sin insultarlos y sin señalarlos por culpas de hoy o de ayer. El Zoom de Milei es también una especie de ‘no soy yo’ respecto de la ausencia de las autoridades nacionales en el Coloquio”.
A nadie se le escapa que el Gobierno sabía desde hace muchos meses la fecha del Coloquio, y que el evento en Francia es mucho más reciente. Aun así, llevó a casi la totalidad del gabinete y a buena parte de los gobernadores a una gira en la que todavía no queda claro qué resultados va a tener.
“Nadie sabe nada de lo que están haciendo, tienen un problema de comunicación. Se fue de gira con todos los gobernadores y todos hablando de que está insultando a una periodista. No queda claro si lo hace para llevarse la marca o porque vivimos en esta locura”.
POLITICA
Corrupción en Arsat: piden procesar a Facundo Leal por sobornos y el direccionamiento de contratos
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli tiene sobre su escritorio un pedido para procesar al expresidente de Arsat Facundo Leal y a otras nueve personas por el presunto direccionamiento de contratos de la empresa satelital y de fibra óptica del Estado a favor de Argentina Logistic Services SA (ALS), la firma que tenía a su cargo el depósito de San Fernando del que se robó material estratégico de la Red Federal de Fibra Óptica.
El requerimiento, al que accedió , lo firmaron el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el fiscal Sergio Rodríguez.
Para los fiscales, las explicaciones que dieron los acusados “son vanos intentos de mejorar la situación procesal” y la prueba reunida alcanza “con una carga probatoria pocas veces vista”.
Los fiscales pidieron la prisión preventiva para Leal, que ya está procesado con prisión preventiva en otro expediente, por las drogas halladas en su casa durante los allanamientos por esta causa. En esos operativos, además, se encontraron casi 2,5 millones de dólares.
Según el dictamen, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024, funcionarios de Arsat y directivos de ALS articularon “un acuerdo venal” para que la empresa privada ganara 12 contratos irregulares de fletes, transporte, grúas y el alquiler del depósito.
ALS cobró de Arsat 1.695.667 dólares y 32.210.287 de pesos, montos que los fiscales consideran un perjuicio para el Estado.
El 1° de noviembre de 2020, el intermediario Santiago Pando le pidió al empresario Diego Padilla, de ALS, que llamara “con urgencia” a Gerardo Boschin, entonces subgerente de Compras de Arsat y cercano a Leal.
El 21 de diciembre, tras una reunión en la sede de Arsat, Padilla le escribió a su colaboradora Sofía Varela Vizgarra: “Viene todo perfecto. […] Tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos”.
Para los fiscales, “los muchachos” eran los funcionarios.
El 14 de mayo de 2021, antes de cualquier trámite formal, ALS alquiló por 36 meses el predio de San Fernando. El contrato lo firmó Gastón Padilla, hermano de Diego. Ese mismo día, según la acusación, Varela Vizgarra creó una casilla de correo a nombre de Tradelog, una empresa que luego aparecería como supuesta competidora en la compulsa de precios y que ante la Justicia negó haber cotizado.
La nueva prueba, secuestrada en un allanamiento a Arsat del 28 de mayo pasado, refuerza la hipótesis de una competencia simulada. Las tres ofertas del depósito, de ALS, Tradelog y Transportes Padilla (la firma familiar de los Padilla), ingresaron el 10 de septiembre de 2021 en un lapso de 43 minutos. Los tres PDF registran en sus metadatos como autor a la propia ALS.
Además, los archivos de las competidoras figuran modificados por última vez por “Alvarez Juan Antonio”, el comprador de Arsat que cursó las invitaciones. Es decir que se simuló la compulsa de precios.
El dictamen cruza los chats con los pagos de Arsat. El 12 de mayo de 2022 la empresa estatal le pagó a ALS facturas por alquiler, ingresos y egresos del depósito y mudanza. Cuatro días después, Fernando Paredes, presidente de ALS, le escribió a Padilla: “Hoy vimos todo con Sofi. El jueves vamos a Arsat para darle 6 mil dólares a Gerardo, de los in y out del depósito y del movimiento de suelo”. Para los fiscales, los rubros coinciden con los recién cobrados.
El 2 de marzo de 2022, Padilla le había pedido a Paredes plata “para llevarle a Arsat”, y aclaraba: “Solo del depósito le tendríamos que dar 22.000”.
Paredes le contestó que había disponibles 15.000 dólares de operaciones y otros 15.000 por tres meses de depósito, y aclaró: “Esto es para Pando por negocio Arsat”.
Los fiscales sostienen que la distinción entre ambas cuentas desarma la defensa de que todo el dinero era una comisión para el intermediario.
Leal alegó que no hay “una sola constancia” de su intervención y que la responsabilidad penal no puede derivarse de su cargo.
Los fiscales argumentaron, en cambio, que en octubre de 2021, Pando le escribió a Padilla: “Ahí le dijo Facundo a Gerardo que ponga más cosas en el contrato. Le dijo de los viajes de vuelta, vacíos, grúas […] Que inventes”. Al día siguiente, Boschin avisó que el expediente estaba “a la firma de Facu”.
Ya como gerente general, Leal autorizó en noviembre de 2022 el inicio de la contratación directa para prorrogar el depósito y firmó en diciembre la adjudicación por 133.944.749 de pesos.
En 2024 fue designado responsable de Compliance de Arsat. En noviembre de ese año, con la causa ya abierta, le preguntó a Boschin por ALS, identificó a Padilla como “tu amigo”, advirtió que se había “ido de boca en la fiscalía”.
Para los fiscales, que el encargado de velar por la integridad fuera “uno de los principales protagonistas” revela “el grado de institucionalización” de la corrupción en Arsat.
El análisis de antenas de celulares ubica a Leal, Boschin, Padilla y Pando en el entorno de la estación terrena de Benavídez en jornadas clave, y corrobora un encuentro en el café Havanna de La Recova en octubre de 2024.
Los testigos también complican al exfuncionario. Su chofer, Tomás Scalera Juárez, y sus dos asistentes describieron que Pando visitaba a Leal a menudo, solo y que mantenían un trato de amigos.
El chofer reconoció a Padilla como alguien que “se juntaba con Leal en el rulero”. Y contó que en febrero de 2026 Leal le encargó llevar a Mendoza dos valijas que “pesaban un montón”. Ante una foto, reconoció una de ellas por una raspadura: era la valija en la que se encontró una gran cantidad de dinero.
Para Boschin y para Pablo Pagani, subgerente de Logística y cuñado de Leal, los fiscales pidieron procesamiento sin prisión preventiva por administración fraudulenta, negociaciones incompatibles, cohecho pasivo e incumplimiento de deberes.
Para Navarro y Álvarez pidieron lo mismo, pero sin cohecho. Diego Padilla y Paredes quedarían procesados como autores de cohecho activo. Varela Vizgarra y Pando, como partícipes necesarios. Gastón Padilla, como partícipe de la administración fraudulenta. ALS SA sería procesada en los términos de la ley de responsabilidad penal empresaria. También se pidieron embargos. En sus descargos, los acusados negaron los hechos.
Hernán Cappiello,Casos de corrupción,Conforme a
POLITICA
Se designó al juez suplente que intervendrá en los juicios por las causas Hotesur y Los Sauces
La Cámara Federal de Casación Penal designó por sorteo a Santiago Juan Schiopetto como juez sustituto del debate oral y público de las causas Hotesur y Los Sauces, en las que están imputados la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo.
El magistrado, que juró a principios de este mes como titular del Tribunal Oral Federal N° 6, actuará como suplente del Tribunal Oral Federal N° 5 mientras Casación define si mantiene o no separados ambos expedientes.
En esas causas se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas que, según la acusación, habrían servido para canalizar y blanquear dinero a través de empresas hoteleras e inmobiliarias de la familia. El debate quedó a cargo de José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni.
Schiopetto deberá asistir o revisar todas las audiencias, aunque solo podrá intervenir si alguno de los titulares se ausenta. Se trata de un recurso habitual en juicios extensos y complejos.
El nuevo magistrado no es un desconocido en Comodoro Py. Juró el 10 de septiembre junto a Ramiro Velasco y cubrió una de las vacantes del TOF N° 6. Antes se desempeñó como auxiliar del fiscal Ramiro González en la Fiscalía Federal N° 7.
La designación se produce en medio de la controversia por la división de las causas. El TOF N° 5 resolvió que el juicio de Los Sauces comience el 23 de octubre y que Hotesur se juzgue por separado a partir del 19 de marzo de 2027. La Cámara Federal de Casación Penal celebrará una audiencia el 15 de octubre para definir si mantiene ese criterio.
El fiscal Diego Velasco impugnó la separación de las causas, tras sostener que, en casos de presunto lavado de activos, las operaciones deben analizarse en conjunto y no como “hechos aislados”. Agregó que los dos requerimientos de elevación a juicio describen las maniobras como “delitos continuados”, cometidos durante períodos superpuestos entre 2009 y 2015.
Con ese fundamento, advirtió que una sentencia dictada primero podría ser invocada en el segundo juicio como una “decisión definitiva”, lo que llevaría a las defensas a reclamar no ser juzgadas dos veces por los mismos sucesos.
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