POLITICA
Avanza una negociación política para destrabar el conflicto por la ley de financiamiento universitario

El conflicto por la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso y que el Gobierno no cumple con el argumento de que carece de los fondos para hacerlo y la norma no los identifica, es objeto de una negociación política entre funcionarios nacionales y rectores, donde hay buena predisposición para llegar a un arreglo, dijeron fuentes oficiales a .
Ambas partes planean reunirse esta semana −evalúan una convocatoria para este miércoles o a más tardar el jueves− en pos de intentar acercarse a un acuerdo en el corto plazo, según pudo pudo saber este medio.
Estas conversaciones están siendo llevadas adelante por los rectores del Consejo Interuniversitario (CIN) y por funcionarios del Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello.
En particular, interviene Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y responsable de la administración del presupuesto destinado a las universidades nacionales, y están al tanto de las alternativas del diálogo el ministro del Interior, Diego Santilli, y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, que llevó el caso a la Corte Suprema a través de un per saltum que no prosperó.
También sigue las tratativas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Fuentes universitarias y legislativas confirmaron a el desarrollo de estas conversaciones. De parte de las casas de altos estudios, la voz cantante la lleva Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), además de presidente del CIN.
De hecho, los representantes del Gobierno y los rectores nucleados en el CIN se reunirán este miércoles o jueves, para acercar posiciones y buscar encaminar una solución hacia fines de la semana que se inicia, indicaron desde ambas orillas a .
“Hay conversaciones, no está cerrado el acuerdo, pero hay buena predisposición para encontrar un camino de solución”, dijo a una fuente que participa de este ida y vuelta. Otra voz al tanto de las negociaciones coincidió: “Cerrado no hay nada, pero sí está encaminado”.
De momento, existen diferencias sustanciales entre la suma pretendida por los representantes de las universidades y lo que está dispuesto a aprobar el Gobierno.
“Están buscando una diagonal para llegar a un acuerdo; hay voluntad de diálogo”, dijo una fuente oficial que sostuvo que apuntan a cerrar el asunto hacia el fin de semana.
El conflicto por la ley de financiamiento universitario se tradujo la semana pasada en medidas de fuerza docentes y en tomas de los colegios secundarios que dependen de la Universidad de Buenos Aires, como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini.
Los centros de estudiantes de estos establecimientos preuniversitarios decidieron las tomas de ambos edificios en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores nacionales.
La ley encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los fondos y que eso se traduzca en un aumento salarial de los docentes. En lo central, obliga al Gobierno a actualizar los salarios docentes y no docentes, y las partidas para las universidades tomando como base la pérdida de recursos del sector desde diciembre de 2023.
Tomas suspendidas
La toma de los colegios, ahora suspendida, fue en sintonía con las clases públicas organizadas frente a la sede de la Corte Suprema por la UBA, para exigir que el máximo tribunal se expida a la brevedad en el expediente iniciado por el Gobierno para no aplicar la norma.
Es que, mientras se da el diálogo a nivel político, el conflicto se judicializó y está en la Corte Suprema de Justicia, que no cuenta con un plazo para definirlo. Los rectores universitarios lo saben, por lo que también están dispuestos a dialogar, ante una situación económica cada vez más complicada.
“Con este presupuesto es cada vez más difícil sostener el funcionamiento. No se trata de cuántos meses aguanta, sino de que ya la están asfixiando. El recorte es constante y empeora el funcionamiento día a día. No es un cierre de un día para el otro, pero van cerrando la canilla de a poco, deteriorando todo”, planteaba el último documento de la UBA difundido antes de la marcha.
El Congreso aprobó la ley de financiamiento universitario en agosto del año pasado, el Gobierno la vetó, pero el Congreso volvió a insistir y evitó el veto, con lo que la norma quedó en vigor.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo decretó que no la puede cumplir por falta de presupuesto. Las universidades acudieron a la Justicia, que les dio la razón en primera instancia y en la Cámara Contencioso Administrativo Federal. El Gobierno recurrió estos fallos y llegó con su reclamo a la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal tiene en sus manos la causa luego de que el Gobierno presentara un recurso extraordinario que fue aceptado. Antes, la Corte rechazó un per saltum para abocarse de manera directa al caso.
De esta manera, quedó suspendida la medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras el planteo de los rectores de las universidades nucleados en el CIN.
En las conversaciones previas, el Gobierno planteaba transferir fondos que permitieran recuperar la pérdida salarial de los docentes durante 2025 y no desde el 2023, como ordena la ley aprobada por el Congreso.
Las partidas de fondos contarían con la aprobación del Ministerio de Economía. Sin embargo, ese ofrecimiento no llegó a buen puerto, por el rechazo extendido de los rectores y los gremios universitarios.
El 12 de mayo pasado, unas 120.000 personas realizaron la cuarta Marcha Federal Universitaria, con epicentro en Plaza de Mayo, para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento.
La movilización reclamaba una actualización salarial de docentes y no docentes, que perdieron cerca del 35% de su poder adquisitivo desde 2023. Son el sector más afectado dentro de los trabajadores estatales, que en promedio resignaron el 17% de sus salarios.
Las universidades también reclaman la recomposición de becas estudiantiles y fondos para gastos de funcionamiento de las facultades. Es que las transferencias a las casas de estudios públicas registraron una caída real acumulada del 45,6% desde 2023, “una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”, según plantearon las organizaciones en el documento leído durante la manifestación.
Gobierno presentara un recurso extraordinario,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Senado: semana de definiciones entre las PASO y una eventual sesión por discapacidad

Con una agenda cargada de temas que generan expectativa y tensión, el Senado comenzó la última quincena de sesiones ordinarias y la energía de la Casa Rosada está concentrada en avanzar mañana, en comisión, con la suspensión de las PASO. Mientras tanto, la oposición da por descartado que el jueves se sancionará en el recinto la nueva ley de discapacidad que Karina Milei y el titular de Diputados, Martín Menem, arreglaron con kirchneristas y dialoguistas -cedieron en casi todo- y que, ahora, a Balcarce 50 no le agrada y pretende, en un escenario delirante y sin chances, modificar.
La cita en Asuntos Constitucionales representa un desafío no menor para el Gobierno libertario. Desde el jueves pasado agitó tanto una iniciativa -dormida durante meses- y un supuesto acuerdo con mandatarios provinciales -el borrador se encuentra en análisis- que, de no lograr las rúbricas, derivaría en un nuevo papelón. De hecho, el Ejecutivo vendió durante dos meses que todo este trámite finalizaba, a más tardar, en octubre.
El proyecto en cuestión además incluye cambios sobre la Boleta Única, retomar Ficha Limpia, financiamiento privado y adhesiones para que un partido sea considerado fuerza nacional. Se da por descontado que algunos ítems quedarán en el camino. Sí sorprendería, tras más de medio año de demora y varios puntos delicados para revisar dentro del articulado, un despacho exprés. Y sin contar lo de las colectoras, que desde el oficialismo tendrán que explicar en las próximas horas.
Asuntos Constitucionales está conformada por 19 legisladores. Es decir que, para un dictamen, se precisan al menos 10 firmas distribuidas entre mayoría y minoría, de existir ambas opciones. Los libertarios tienen a quien comanda la comisión, el fueguino Agustín Coto -en la mira de un sector de la Rosada y de su bloque por actitudes que generan desconfianza-, su comprovinciana Belén Monte de Oca -mejor considerada-, Nadia Márquez (Neuquén), Patricia Bullrich -la porteña es la jefa del espacio, pese a las operaciones karinistas-, el saltarín Luis Juez (Córdoba) e Ivanna Arrascaeta (San Luis).
Entre los mencionados suman seis rúbricas. El resto deberá provenir de aliados que, según el caso, responden o no a gobernadores. En el primer grupo se hallan los radicales Rodolfo Suárez (Mendoza) y Eduardo Vischi (Corrientes), la oscilante justicialista Alejandra Vigo (Córdoba) y la ex filo macrista Beatriz Ávila (Tucumán). Sin terminal se anotan el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), Flavio Fama (UCR-Catamarca) y la ahora ex kirchnerista Carolina Moisés (Jujuy).
Dentro de lo que la Casa Rosada desliza como entendimientos cerrados registran a Suárez, Vischi y a Vigo. En los últimos meses, la cordobesa buscó desmarcarse lo más que pudo del mileísmo y parece ofuscada en cada trabajo legislativo en el que participa y hace uso de la palabra. ¿Tan dispuesta estará a firmar el martes? Sería notable y, con ello, restaría una ayuda más. En tanto, Ávila responde al multi peronista -según la temporada- Osvaldo Jaldo, que defiende las PASO. No obstante, al ser Argentina, todo puede ocurrir.
Quien no suele ser un amante de las decisiones apresuradas es Espínola, por más que avale en un futuro cercano. Moisés es vice de la Cámara alta, tuvo un guiño ágil días atrás con la ley de cabotaje que tanto promocionó, recibió otros tantos desde que aterrizó como senadora desde lo administrativo y charla seguido con un gobernador que no es de su provincia, el salteño Gustavo Sáenz. Fama dio señales de ir en contra en el pasado, aunque tuvo un 2026 algo divergente, como con propiedad privada y la venta de tierra a extranjeros.
En caso de no llegar mañana un dictamen, una aceleración del tema precipitará decisiones. Difícil que se estire más, aunque hay legisladores que prefieren un despacho antes que termine el mes para aprobar la iniciativa en extraordinarias -si el Ejecutivo convoca, en diciembre- y que Diputados sancione antes de fin de año. Sobre todo, para que la Justicia electoral sepa bien por dónde iría el sendero del proyecto.
Más allá de otras comisiones durante la semana, el miércoles habrá Labor Parlamentaria para definir la casi segura sesión del jueves, donde obtendría luz verde discapacidad y el tratado de patentes que reclama Estados Unidos. También se encuentra la ley de propiedad privada que volvió de la Cámara baja, en segunda revisión -restitución del tope de 15% de venta de tierras a extranjeros- y la norma sobre cabotaje con la que Moisés busca colgarse una medalla.
POLITICA
“No queremos que los candidatos del PJ se designen a dedo o por WhatsApp”: la advertencia del líder de las 62 Organizaciones

“No queremos que nos regalen nada, no queremos ir colgados de nada ni de nadie, pero estamos trabajando para recuperar el histórico 33% que nos dejó Juan Domingo Perón para ocupar lugares en los cargos electivos donde participe el Partido Justicialista”. En diálogo con Infobae, la definición es de José Ibarra, titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis y secretario general de las 62 Organizaciones, tradicional brazo político del sindicalismo peronista.
La dirigencia gremial viene perdiendo espacios en el armado político y en las listas de candidatos del PJ desde hace muchos años, pese a los reclamos a los líderes del peronismo efectuados desde la CGT, el Movimiento Nacional Sindical Peronista y el partido Trabaj.ar, de Luis Barrionuevo (gastronómicos).
Ahora, mientras sigue atomizada la estrategia gremial frente a la recomposición del PJ con vista a las elecciones, el sector que tomó la iniciativa es el de las 62 Organizaciones que lidera Ibarra, una de las tres fracciones en que se dividió ese espacio político-sindical y el único reconocido por la Inspección General de Justicia (IGJ), que fue relanzado en 2022.

Ibarra, junto con otros dirigentes como Rubén Ledesma (Sindicato de Empleados de Comercio de la Zona Oeste) y Juan Miguel “Cacho” García (Federación del interior de Trabajadores de Estaciones de Servicio), están desplegando una intensa ronda de contactos con referentes del peronismo: ya estuvieron con Sergio Massa, con el senador nacional Gerardo Zamora y la semana pasada, con Máximo Kirchner y Wado de Pedro, mientras que en estos días verán a Axel Kicillof y está pendiente un encuentro con Sergio Uñac.
Ledesma afirmó que “desde las 62 no sólo venimos trabajando en estos encuentros con todos los dirigentes políticos del mapa nacional, sino que además tenemos una convicción muy clara: los trabajadores no podemos ser más espectadores de las decisiones políticas sino que debemos recuperar el protagonismo y los espacios de representación que históricamente supimos tener y que en los últimos años fuimos perdiendo”.
Por eso la apuesta más fuerte de las 62 será el acto que realizarán el martes próximo, a las 17, en la Federación Argentina de Box, en Castro Barros 75, en el que se proponen dar una demostración de fuerza en medio de las negociaciones para unir al peronismo detrás de un solo candidato presidencial en las elecciones de 2027.

En el encuentro, que tendrá lugar en el Día de la Militancia Peronista (se conmemora el regreso de Perón a la Argentina tras su exilio), se prevén las presencias de Kicillof, otros gobernadores del PJ, líderes de la CGT y distintos dirigentes y legisladores del partido.
“Elegimos esa fecha porque desde hace mucho tiempo venimos reclamando la participación de las bases, de la militancia, y no queremos que los candidatos se designen por WhatsApp, a dedo o por dirigentes encerrados entre cuatro paredes”, advirtió Ibarra.
Esa forma de definir las candidaturas en el PJ, agregó el dirigente gremial, “no sólo dio el resultado que esperábamos desde el peronismo o el sindicalismo sino no ha dado resultados a la sociedad en su conjunto”.

— ¿Tiene que haber una interna en el PJ para definir las candidaturas?
— Deberían hacerse las PASO. Esa es la gran interna que tiene que haber. Está mal eso de que “cuando a mí me conviene las hago y cuando no me conviene no las hago”. Las reglas deben ser claras para todos.
— Si el Gobierno logra la suspensión de las PASO, ¿debería hacerse una interna en el PJ?
— Tendríamos que hacer una interna, pero insisto en que las reglas tienen que ser claras para todos y no se pueden cambiar sobre la hora. Si (el Gobierno) se rasga las vestiduras con la casta, la peor casta la tienen ahí adentro. ¿Por qué ahora no convienen las PASO? ¿Por el juego de continuar con la destrucción de la Argentina? Hagamos las PASO y que sean una gran interna que permitan la participación de la gente y la militancia.
— ¿Las 62 tienen un candidato presidencial en el PJ con el que sientan más afinidad?
— Primero nos propusimos trabajar y recorrer el país para llevarles las 62 a todos los compañeros del movimiento obrero como herramienta para que puedan hacer política en defensa de los derechos de los trabajadores. Por eso decidimos el acto del 17 de noviembre y empezamos con la ronda de contactos, que arrancaron con una visita al PJ, donde nos recibió Teresa García, y después fuimos recibidos en la provincia de Buenos Aires por Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense). Después, entre otros, estuvimos con diputados como José Gómez, senadores como Gerardo Zamora y José Neder, y también con Sergio Massa, que empezó a trabajar para la unidad del peronismo.

— Ahora se reunieron con Máximo Kirchner, que, junto con su madre, fueron los responsables de las designaciones a dedo de las candidaturas en el PJ desde hace muchos años. ¿Qué les dijeron?
— Sí, hablamos muchísimo. Desde este espacio no nos quedamos sin nada que decir. Ellos tampoco.
— ¿Le plantearon las críticas por la forma en que manejaron el peronismo hasta ahora?
— Todos hicimos autocrítica. Y después de eso coincidimos en algo: “De acá en más, los espejos retrovisores sólo para los autos”. No mirar hacia atrás. Vamos para adelante, a construir, porque hay una enorme necesidad de la mayoría de los argentinos que no la están pasando bien. La situación no da para más.
— Máximo Kirchner propone la candidatura presidencial de Cristina. ¿Qué postura tienen las 62?
— En este momento está todo dado para cualquier compañero que se quiera candidatear. Están en todo su derecho. Por eso primero deben ir a la interna o a las PASO. Ahí debe dirimirse todo. Y volver a una frase histórica: el que gana, gobierna; el que pierde, acompaña.

— En el apogeo de las 62 Organizaciones, con Lorenzo Miguel como líder, el 33% de los lugares en las listas de candidatos eran para la rama gremial. Hace muchos años que esto no se cumple. ¿Cómo piensan lograr que haya más candidatos de extracción sindical?
— Eran otros tiempos, otros hombres, otras mujeres. El mundo y la Argentina también cambiaron. Pero no nos guardamos nada en el tintero. A cada uno de los referentes del peronismo le llevamos las críticas porque dejaron de lado al movimiento obrero y le pedimos que vuelvan a darle la participación que se merece.
— ¿Qué les responden?
— Nos miran sorprendidos, pero les dejamos en claro que estamos trabajando para recuperar el histórico 33% por ciento que nos dejó Juan Domingo Perón para ocupar los cargos electivos donde participe el Partido Justicialista. Y también decimos claramente: no queremos que nos regalen nada, no queremos ir colgados de nada ni de nadie. Queremos llegar a través del enorme trabajo que estamos haciendo y que se tiene que ver reflejado.
— En las últimas dos reuniones cumbre del PJ, los sindicalistas no fueron invitados. La CGT ya expresó su molestia. ¿Ustedes se sienten marginados?
— Eso va a llegar por decantación. A partir de este tipo de charlas que tenemos para buscar un consenso se empieza a trazar un camino en el cual vamos a tener algún tipo de injerencia en las grandes decisiones del peronismo.
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POLITICA
La apuesta del Gobierno por recuperar la gestión y postergar las diferencias internas

A días del cierre formal del período ordinario legislativo, el Gobierno intensifica los esfuerzos para retomar el control de la agenda de gestión, diluida entre los viajes al exterior del presidente Javier Milei y la reciente visita de León XIV. Se trata de uno de los desafíos más complejos que afronta, dado que deberá acelerar el tratamiento de las reformas enviadas al Congreso durante las últimas semanas del año.
En Casa Rosada saben que la prioridad será intentar aprobar la mayor cantidad de iniciativas posibles, en particular la reforma electoral y el Presupuesto 2027, por lo que decidieron postergar los debates internos hasta la finalización del cronograma legislativo, que supondría la convocatoria a sesiones extraordinarias -al menos-durante el mes de diciembre.
Con intención de ordenar los próximos pasos, la mesa política se reunirá nuevamente este martes, a las 11, luego de tres semanas sin verse, para intentar definir los tiempos. La decisión de aplazar las discusiones no implica que las diferencias hayan quedado saldadas. Más bien lo contrario: el intercambio de este martes se da en medio de los mensajes cruzados entre el Poder Ejecutivo y la senadora Patricia Bullrich, quien no duda en hacer públicos sus contrapuntos y envía mensajes al Poder Ejecutivo.
Pese a que varios alfiles libertarios aseguraban que, tras la partida de León XIV, los Milei tomarían medidas contra la legisladora, nada de eso parece estar próximo a pasar. Si bien el malestar es compartido por todas las tribus, hay coincidencias sobre la necesidad de preservar a Bullrich en el espacio. “Ni nuestros votantes la quieren afuera, ni los suyos le piden que rompa”, explicó ante Infobae un integrante del ala política.

“Después de las reformas vamos a tener otro tipo de diálogo”, prometieron desde el karinismo en medio de la inacción de los últimos días. Sin embargo, otros descreen de esa posibilidad y vaticinan que, actualmente, las condiciones están dadas para que la senadora compita en fórmula con el libertario en 2027.
En Balcarce 50 detectan que entre la agenda internacional y la visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica se perdieron varias semanas clave, por lo que aspiran a motorizar las iniciativas cuyos apoyos todavía se encuentran en plena negociación.
El objetivo libertario es llegar lo más ordenado posible a los próximos comicios, lo que implica concretar la suspensión de las PASO, pero también ordenar el ambicioso articulado.
El exdiputado y ladero bullrichista Gerardo Milman realizó una advertencia sobre el sistema de colectoras incluido en el proyecto. A través de su cuenta de X, planteó que las colectoras podrían ser inconstitucionales para elegir senadores nacionales debido a que permitirían alterar el sistema de representación por mayoría y primera minoría que establece la Constitución.
En estricta reserva, algunos senadores violetas coincidieron con el planteo, aunque lo atribuyeron a un mensaje enviado a través de terceros que llevaría el sello de la propia Bullrich.
En medio del debate, el senador libertario Agustín Coto convocó para este martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la idea de dictaminar el proyecto e intentar lograr la media sanción el 26 de noviembre. La hoja de ruta que diseñó Casa Rosada contempla una sesión especial el miércoles en Diputados para tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Para la semana próxima quedará el debate del Presupuesto 2027.
No obstante, todas las iniciativas demandan, a su vez, el acercamiento del oficialismo a los gobernadores aliados, cuyos entendimientos legislativos parecerían empezar a destrabarse por carriles diferenciados de los electorales. “Vamos a acordar con todos, pero cuando se avecine la fecha de la elección”, sostuvieron desde el armado.
Lejos de la promesa del año más reformista de la historia, que hizo Milei el 1° de marzo, los libertarios deberán evitar errores del pasado y recolectar apoyos a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que trabaja en el vínculo con los mandatarios provinciales aliados y los primos Menem si aspiran a cerrar el 2026 con algunos de los objetivos cumplidos.
En paralelo a las negociaciones y conversaciones para intentar destrabar el debate legislativo, el presidente protagonizará una intensa agenda de actividades empresariales y académicas. Durante la semana, mantendrá reuniones con autoridades de Toyota y participará del lanzamiento oficial de Tesla en el barrio de La Boca. También recibirá el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel y disertará en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo.
Diego Santilli,Gobernadores
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