POLITICA
¿Puede Milei frenar la designación de Michelli como jueza? El antecedente de Cristina Kirchner
El Senado dio ayer su acuerdo al nombramiento de María Verónica Michelli para vocal de un tribunal penal de La Plata. Lo hizo pese a que Javier Milei se arrepintió de haberle pedido al Congreso ese aval. Ahora, el expediente de Michelli vuelve al Poder Ejecutivo, que es quien firma los decretos que ponen en funciones a los jueces. ¿Tiene el Presidente la potestad de no firmar el de Michelli? ¿Es válido que Milei frene su nombramiento después del acuerdo del Senado?
El caso genera un debate constitucional. Los juristas consultados por coinciden en que -incluso asumiendo que firmar el decreto o no es una decisión discrecional del Presidente- no es constitucionalmente válido no firmarlo por razones arbitrarias. Entienden que rechazar a una candidata a jueza por ser pariente de un periodista es un acto discriminatorio. El problema es que no está clara la solución.
Pero en concreto, ¿qué dice la ley? No lo regula expresamente. No está previsto qué pasa si a un candidato a juez que fue seleccionado por el Consejo de la Magistratura, elegido por el Presidente y avalado por el Senado, el Poder Ejecutivo no le firma el decreto de nombramiento. A nivel nacional, los especialistas no recuerdan ningún caso como este que haya llegado a la Justicia. Sí existe un caso previo de arrepentimiento presidencial: Cristina Kirchner envió un pliego para camarista de un candidato que consiguió el acuerdo del Senado y después, antes de ser puesto en funciones, ordenó la detención -actuando como juez subrogante- del gremialista Rubén Sobrero.
La entonces presidenta hizo saber que no estaba dispuesta a nombrarlo, pero el caso se resolvió con la renuncia del candidato a camarista. Eso le permitió a Cristina Kirchner elegir a otro postulante de los que habían sido ternados, Alberto Lugones, que fue quien finalmente ocupó ese cargo como camarista federal en San Martín.
La constitucionalista María Angélica Gelli dijo a que, a su entender, Milei “estaría violando la obligación de todo funcionario de dar razones de sus actos cuando ejerce una función discrecional”, si se limita a no enviar el pliego de Michelli. “Más en este caso, que ha trascendido que no fue un pedido de retiro por razones razonables. El juez tiene el derecho a pedir explicaciones si el trámite se suspende por motivos irrazonables”, agregó.
Gelli afirmó: “Aunque sea una decisión propia, el Presidente tiene que dar razones de por qué toma la decisión que toma. El Poder Ejecutivo tiene algunas funciones discrecionales, pero eso no quiere decir que pueda ser arbitrario. En un estado de derecho, hay que dar explicaciones a los ciudadanos. No se puede confundir discrecionalidad con arbitrariedad, que es la falta de razón”.
El veto de Milei a Michelli, según admitió la propia senadora oficialista Patricia Bullrich en la sesión del jueves, se debe a que es cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon.
Para Sebastián Guidi, también especialista en derecho constitucional, “hay que separar la razonabilidad de los motivos del Presidente de su obligación legal”.
Guidi advirtió: “Los motivos que se hicieron públicos (parentesco con un periodista) son ridículos; siempre los jueces son parientes de alguien, incluso de ministros del Poder Ejecutivo últimamente. Pero más allá de eso, el decreto de nombramiento es un acto discrecional del Presidente; el acuerdo del Senado lo faculta a nombrar a un juez (le da su consentimiento para que lo haga), pero no lo obliga a hacerlo. Una persona que no obtuvo el acuerdo no tiene derecho a su cargo, porque todavía no finalizó el procedimiento de designación».
“¿Cómo se sigue? -se preguntó entonces Guidi. No hay un procedimiento establecido para un caso tan atípico, pero la Ley de Consejo de la Magistratura establece que una vez que el Senado rechaza a un candidato, el Presidente ya no puede nombrar a otro de la misma terna sino que debe llamarse a otro concurso. Parecería que aquí debería pasar algo parecido, salvo que la candidata voluntariamente renuncie al procedimiento».
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez discrepa y es terminante. Sostiene que Milei no puede no nombrar a Michelli. “Es una obligación constitucional, tal como promulgar una ley que sancionó el Congreso. Si no lo hace, incurre en mal desempeño y comete un delito en ejercicio del cargo: incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.
El constitucionalista Jorge Alberto Dieguez lleva días estudiando el caso y revisando antecedentes. En diálogo con , sostuvo: “La regla general es que el nombramiento (o no) es una potestad constitucional discrecional del Poder Ejecutivo. Hasta el momento en que se publica la designación en el Boletín Oficial, el candidato no tiene un derecho adquirido al cargo, aun cuando haya sido seleccionado por el Consejo de la Magistratura, propuesto por el Presidente y obtenido el acuerdo del Senado. En estos casos, podrá tener un derecho en expectativa. Por eso es que, aunque es una situación anómala, hasta el momento mismo de publicación del nombramiento, el Presidente puede arrepentirse“.
Según Dieguez, “este es el criterio que gobierna el proceso de nombramiento y que, en la medida en que se emplee regularmente, resulta completamente legal, pero el hecho de que un candidato (previamente elegido por el propio presidente) sea excluido por ser pariente de un periodista constituye un acto discriminatorio en los términos de la 23.592 y una desviación de poder porque se trata de un caso ajeno a su idoneidad como lo exige el artículo 16 de la Constitución».
Dieguez advierte que no se puede definir la selección o no de un candidato “en función de quiénes son sus parientes” y recuerda: “No es ocioso observar que, cuando obliga al Congreso a regular el delito de traición a la patria, el artículo 119 de la Constitución le prohíbe expresamente extender la pena del delito a los ‘parientes de cualquier grado’ del acusado”.
El problema es, ¿y entonces, cómo se resuelve? Dieguez advirtió que “es difícil obligar a un presidente a nombrar a un juez excluido por motivos discriminatorios”. Y afirmó: “Hasta el momento, no existe ningún precedente judicial que se haya atrevido a hacerlo. Sin embargo, el caso de la doctora Michelli tal vez pueda servir para que eso empiece a cambiar”.
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POLITICA
El presidente Javier Milei explicará por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
El presidente Javier Milei volverá a utilizar la cadena nacional para presentar uno de los proyectos de mayor relevancia política e institucional de su gestión. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el jefe de Estado explicará el próximo jueves por la noche los principales lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que considera estratégica para consolidar el programa económico del Gobierno y establecer nuevos límites legales al funcionamiento de la autoridad monetaria.
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el mensaje estará centrado en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: la redefinición de su misión para priorizar la preservación del valor de la moneda, la prohibición expresa de financiar al Tesoro mediante emisión monetaria y un endurecimiento de las condiciones para remover al presidente y a los directores de la entidad.
De acuerdo con la información a la que accedió este medio, el mensaje presidencial está previsto, en principio, para emitirse entre las 20 y las 21, aunque el horario todavía no fue definido de manera oficial. La realización de la cadena nacional será confirmada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.
La decisión de presentar personalmente la iniciativa refleja la importancia que Milei le asigna al proyecto. En el Gobierno sostienen que se trata de una de las reformas institucionales más trascendentes de la gestión, junto con el paquete de cambios económicos que la Casa Rosada prevé enviar al Congreso durante las próximas semanas.
La modificación de la Carta Orgánica constituye, además, uno de los compromisos que el Presidente viene anticipando desde hace meses. Milei sostiene que el Banco Central debe recuperar una independencia mucho más robusta que la actual y quedar definitivamente desvinculado de las necesidades financieras del Tesoro Nacional.
El eje principal de la iniciativa será redefinir la misión de la autoridad monetaria. El proyecto establecerá que la función central del Banco Central sea preservar el valor de la moneda y dejará atrás el esquema vigente desde la reforma de 2012, que amplió sus objetivos e incorporó otras finalidades vinculadas con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico.
En paralelo, el Gobierno buscará establecer una prohibición expresa para que el Banco Central vuelva a financiar al Tesoro mediante emisión monetaria. Para Milei, esa práctica constituye una de las principales causas de la inflación que sufrió la Argentina durante las últimas décadas y debe quedar vedada por ley para cualquier administración futura.
La reforma también apuntará a fortalecer la independencia institucional del organismo. Según pudo confirmar Infobae, el proyecto endurecerá significativamente las condiciones necesarias para remover al presidente y a los directores del Banco Central.
El objetivo será blindar la conducción de la entidad frente a eventuales cambios políticos y evitar que cada administración pueda reemplazar con facilidad a las autoridades del organismo. En la Casa Rosada consideran que la estabilidad de los funcionarios encargados de la política monetaria constituye una condición indispensable para construir una autoridad monetaria verdaderamente independiente y con capacidad para sostener políticas de largo plazo.
La iniciativa establecerá mayores exigencias para la eventual remoción de las autoridades, que solo podrá producirse bajo causales específicas previstas por la ley. De esa manera, el Gobierno pretende reducir la discrecionalidad política sobre la conducción del Banco Central y otorgar mayor previsibilidad institucional.
En distintas oportunidades, Milei sostuvo que la independencia del Banco Central debe quedar protegida no solo desde el punto de vista funcional sino también desde su diseño institucional. Bajo esa lógica, la reforma buscará que las autoridades de la entidad puedan desarrollar sus mandatos con mayor estabilidad, aun frente a eventuales cambios de gobierno.
El proyecto forma parte del paquete de reformas económicas que el Presidente presentó semanas atrás e incluye, además, iniciativas sobre el mercado de capitales, el régimen de inocencia fiscal, el sistema de seguros y nuevas reglas de disciplina fiscal.
En la Casa Rosada consideran que la exposición presidencial por cadena nacional permitirá explicar el alcance de una reforma de alta complejidad técnica, pero también instalar políticamente una iniciativa que el oficialismo define como estructural. La estrategia apunta a que el propio Milei exponga las razones económicas e institucionales detrás del proyecto antes de su ingreso formal al Congreso.
Una vez concluido el mensaje presidencial, el Gobierno terminará de ajustar la redacción definitiva de la iniciativa para enviarla al Parlamento. Allí comenzará una discusión que, según prevén en el oficialismo, se convertirá en uno de los debates económicos e institucionales más importantes del segundo semestre.
adrián ravier
Los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá se mantienen distanciados políticamente, pero por estos días comparten el enfrentamiento con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, y las señales con las que muestran su voluntad de presentarse en 2027 con la intención de volver al poder en la provincia, que entre ambos manejaron entre 1983 y 2023, con un interregno que estuvo a cargo del propio Poggi, antes de romper relaciones.
En la carrera hacia 2027, es Adolfo Rodríguez Saá el que está abiertamente lanzado a una candidatura a gobernador de San Luis. Su espacio, el partido Todos Unidos, quedó apartado de la estructura de gobierno de Poggi, a quien había apoyado en las elecciones, por un recorte de ministerios que impulsó el mandatario provincial. En ese movimiento consumado hace dos meses, Poggi logró aprobar una ley de ministerios que eliminó ocho estructuras administrativas, un ministerio y siete secretarías de Estado con rango ministerial. Con esa reducción, que oficialmente se calcula en un 30% de las estructuras políticas y administrativas, quedaron afuera del gobierno los alfiles de Adolfo que integraban el gabinete.
“Estamos en plena campaña de Adolfo para gobernador. Él ha dicho que está conformando un gran equipo para ser candidato. La convergencia con Avanzar, el partido de Poggi, venía mal hace tiempo. [El gobernador] hoy levanta banderas contrarias a nuestros valores; siempre fuimos acuerdistas y frentistas. Hoy es un discípulo de [Javier] Milei, en desmedro de la provincia”, dijo a el dirigente peronista Amado Neme, parte de la estructura de Adolfo Rodríguez Saá.
Los planes de Alberto Rodríguez Saá, en cambio, están menos definidos en público, aunque apuntan al mismo objetivo que expresan en las filas de su hermano. El actual titular del Partido Justicialista de San Luis aún no anunció sus intenciones. “Alberto se está reuniendo con dirigentes de toda la provincia. Está activo de esa manera. La situación no es fácil, ganarle a un Poder Ejecutivo es difícil”, señaló un hombre de confianza del exgobernador.
En las estrategias de Adolfo (fue gobernador desde 1983 hasta 2001, con cinco mandatos) y Alberto (gobernó la provincia durante cuatro mandatos, entre 2003 y 2011, y en el período 2015-2023) está omnipresente la posibilidad de una reconciliación política entre ellos. Están distanciados desde 2019 y el pico de ese enfrentamiento se observó en las elecciones de ese año, cuando ambos compitieron. Alberto ganó la elección y Adolfo fue tercero.
Por el momento, la reconciliación no se concretó, aunque Adolfo ya hizo un gesto de acercamiento. “En un locro que hicimos en Toro Negro [localidad ubicada a 65 kilómetros de la ciudad de San Luis], Adolfo mandó un mensaje a su hermano Alberto, de juntarse a la hora que quiera, donde quiera. Lo repitió días después. La política es el arte de lo posible. Estamos bregando por la unidad del peronismo y por volver al modelo de San Luis exitoso”, subrayó Neme, que fue gerente del PAMI en San Luis, al sintetizar los planes de Adolfo Rodríguez Saá.
“Hay acercamientos con varios sectores, no con Adolfo, que recién acaba de romper con Poggi”, aclararon desde el campamento de Alberto Rodríguez Saá. “Es un gran jugador de ajedrez; él sabrá [cuándo lanzarse como candidato]”, completaron.
Cerca del gobernador puntano, observan con mayor actividad a Adolfo. “Se está moviendo en plan candidato, por ahora sin repercusión. Entendemos que está buscando arreglar con el hermano y el PJ. Alberto no sale de su círculo duro. No lo imaginamos en campaña; es probable que apoye a algún delfín que, por ahora, no se visualiza”, indicó un hombre del poggismo.
A pesar de la distancia actual, la confluencia de los hermanos Rodríguez Saá se observa como posible. “Ambos aspiran a la misma candidatura. Nuevamente, todos piensan en una eventual unidad. Se puede dar, siempre que Alberto acceda. Hasta el día de hoy, es no”, dijo a un dirigente que conoce la interna entre ambos.
el enfrentamiento,Javier Fuego Simondet,San Luis,Adolfo Rodríguez Saá,Alberto Rodríguez Saá,Conforme a
El Gobierno reconoce que la guerra en Medio Oriente y las decisiones de la Reserva Federal son condiciones internacionales que pueden alterar sus planes y generar un impacto en la inflación.
Una de las razones centrales por las que el oficialismo quiere eliminar las PASO es evitar una repetición del escenario de 2019, cuando la derrota de Mauricio Macri en las primarias provocó una fuerte presión financiera y cambiaria antes de la elección general.
En la Rosada creen que una elección primaria desfavorable puede funcionar como una señal anticipada para los mercados y condicionar la economía durante la campaña. La apuesta es llegar directamente a las generales con una oferta electoral ordenada, acuerdos provinciales y variables financieras que no queden expuestas a una primera votación nacional.
El Gobierno tiene diferencias internas sobre la trayectoria cambiaria. Varios integrantes del Gabinete se entusiasman con llegar a 2027 en valores similares a los actuales y sin que el dólar supere los $1600.
Mientras otros funcionarios son más escépticos por el impacto que pueden tener el contexto global, las tasas estadounidenses y el precio de la energía.
El Ejecutivo fundamenta su proyección en la política monetaria y fiscal. “No emitimos de más, no hicimos plan platita y la demanda de dinero viene bien. No tiene por qué subir el dólar”, expresan en despachos oficiales. La lectura es más optimista que la del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que ubicó la mediana para diciembre en $1673 y el promedio de los diez mejores pronosticadores en $1621.
La Casa Rosada monitorea especialmente la política de la Reserva Federal (FED). El organismo mantuvo en junio la tasa de referencia en un rango de entre 3,5% y 3,75%, pero sus últimos documentos reconocen presiones inflacionarias vinculadas con la energía y muestran un sendero esperado de tasas más alto que el proyectado meses atrás. La próxima reunión está prevista para el 28 y 29 de julio.
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En Balcarce 50 advierten que un endurecimiento monetario en Estados Unidos puede fortalecer al dólar a nivel global, aumentar los rendimientos de los bonos norteamericanos y reducir el flujo de capitales hacia mercados emergentes. “Significa menos dólares para la Argentina, siempre”, resumen en el oficialismo.
En Nación recuerdan que el movimiento inverso benefició en otras oportunidades a los activos argentinos: cuando el dólar perdió fuerza en el mundo y bajaron las expectativas de tasas estadounidenses, subieron los bonos locales y retrocedió el riesgo país. Economía sigue esa relación por su impacto sobre el acceso al financiamiento, la acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria.
El Gobierno monitorea además los vaivenes la guerra en Medio Oriente y el impacto en el petróleo. El barril de Brent para entrega en septiembre cerró este lunes en torno a US$85, luego de haber operado entre jueves y viernes a más de US$100.
Es que el Ejecutivo proyectaba una reducción de entre el 10% y el 15% en el precio de la nafta para principios de agosto. En la mesa chica consideraban que una baja de esa magnitud podía funcionar como un eje sobre el resto de los precios y ayudar a acercar el IPC de septiembre quebrara la barrera del 1%.
La Casa Rosada no descarta todavía una reducción de los combustibles, pero admite que puede ser de una magnitud menor. La definición dependerá de la evolución del crudo, de los costos de importación, del tipo de cambio y de la política comercial que adopten las petroleras durante las próximas semanas.
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En Balcarce 50 le bajan igualmente el tono al riesgo de una escalada prolongada en el conflicto. El cálculo oficial es que Trump no puede llegar a las elecciones legislativas con una guerra extensa y con la nafta estadounidense presionada por el petróleo en torno de los US$100. “Va a tener que desarmar antes. No vemos un problema”, expresan en Nación.
El Gobierno pretende llevar la inflación mensual desde el 1,9% registrado en junio hacia niveles inferiores al 1% durante los próximos meses. El último dato oficial mostró además una inflación núcleo del 1,6%, aunque los regulados aumentaron 2,3% y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subieron 3,3%.
El Ejecutivo incorpora esas proyecciones a su estrategia electoral. Integrantes de la mesa chica creen que pueden llegar a los comicios de 2027 con una inflación mensual cercana al 0,5% y un dólar sin saltos, para exhibir ambos resultados como banderas de campaña. Remarcan también como un punto a favor la presentación del plan de pagos de deuda para 2026 y 2027.
Gobierno, Dólar, Inflación
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