La resaca por la histórica victoria de la Argentina ante Inglaterra en el Mundial de fútbol 2026 no afectó los planes del Gobierno, ya que el oficialismo logró, con el apoyo de los bloques de la oposición dialoguista, abrir el recinto del Senado para tratar de aprobar y girar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y su polémico capítulo que habilita la venta de tierras a extranjeros.

La sesión comenzó poco después de las 12.25, con el quórum justo de 3 senadores presentes, aportados por el oficialismo libertario, que tuvo asistencia perfecta; la UCR, Pro y una miríada de fuerzas provinciales (Neuquén, Salta, Misiones) y bloques menores, como los peronistas disidentes de Convicción Federal.

A la apertura del debate se llegará con un texto que sufrió múltiples modificaciones desde que se firmó su dictamen hace casi dos meses y con una dura polémica privada entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich (Capital), que tensó aún más el clima previo.

De todos modos y a pesar de la confianza de la jefa de la bancada oficialistas, los números con los que contará el oficialismo para aprobar la extranjerización de tierras son muy ajustados, por lo que exigirá la máxima concentración de Bullrich para que la sesión termine con resultado positivo para la Casa Rosada.

El temario de la sesión de hoy incluye, además de la habilitación de venta de tierras a extranjeros, una treintena de pliegos judiciales impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Uno de los candidatos es Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo, quien está propuesto para el estratégico juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, que tiene a su cargo investigar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

También se encuentra en la lista Víctor Pesino, el camarista que avaló la reforma laboral del Gobierno, que está a punto de cumplir la edad jubilatoria de 75 años y por quien Javier Milei le pide al Senado que le extienda la magistratura por cinco años.

Con la apertura del debate, el oficialismo también logrará que tomen estado parlamentarios los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo que nominan a Pablo Yadarola y a Pablo Bertuzzi como vocales de la Cámara Federal porteña, con sede en Comodoro Py.

Lo que genera más incertidumbre son los cambios que se le aplicarán al proyecto de propiedad privada, del que ya se han redactado 16 versiones con cambio al dictamen. Las modificaciones deberán practicarse en el recinto, en el debate en particular, una desprolijidad que podría complicar la sesión.

Por lo pronto, el oficialismo cuenta por estas horas con que alguno de los peronistas disidentes de Convicción Federal, tres senadores que responden a los gobernadores peronistas dialoguistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), estarían para el quórum.

Además, con el voto a favor del proyecto de Julieta Corroza (Neuquén), que responde al gobernador Rolando Figueroa.

Sin embargo, en las últimas horas una luz de alarma se encendió en el tablero oficialista por la fuerte presión sobre los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, para que voten en contra de habilitar la venta de tierras a extranjeros.

El proyecto

La iniciativa, forjada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, consta de varios capítulos, con cambios en el régimen legal para los desalojos judiciales y las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego.

Sobre la venta de tierras rurales, la última versión modificada del dictamen habilita la venta de tierras rurales sin límites a personas extranjeras. Deberá conseguirse la autorización de la provincia y la Nación en casos de empresas con participación de Estados extranjeros en su capital accionario. La ley vigente limita la posesión extranjera a un 15%, tanto en el nivel nacional como provincial y departamental. A su vez, ninguna nacionalidad podrá poseer más del 30% de la totalidad habilitada.

El oficialismo defiende el proyecto y destaca que prohíbe que otras naciones puedan comprar tierras. “Una cosa es la inversión privada y otra muy distinta es que un Estado extranjero avance sobre la propiedad de nuestro territorio”, sostienen.

También destacan el “doble control”, nacional y provincial, para la compra de tierras por empresas con participación de otros Estados en su capital. “No alcanza la opinión de un funcionario sentado en un escritorio en Buenos Aires, sino que interesa la opinión de quienes conocen el territorio”, sostiene el instructivo oficialista.

En el caso de los desalojos, la última versión dista mucho de la original. Por lo pronto, el Gobierno debió resignar su idea de aplicar el juicio sumarísimo y se establecieron diferencias entre usurpadores y ocupantes ilegales de los deudores de alquileres. El texto que llegará al recinto establece un plazo de 10 días hábiles de notificación, el original establecía sólo 3, para la devolución del bien y se suman protecciones a menores, personas con discapacidad y mayores de edad antes de dar curso a la ejecución del desalojo.

WASHINGTON.- Con la participación del canciller argentino Pablo Quirno, entre otros funcionarios de decenas de países invitados, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, inauguró esta mañana en Washington una cumbre global contra lo que la administración de Donald Trump considera la amenaza transnacional del resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda, y advirtió que “llegó el momento de terminar este mal para siempre”.

En su discurso de introducción de la cumbre, en la sede del Departamento de Estado, Rubio hizo referencia a la violencia de los años 70 y 80 en America Latina. En ese sentido, dijo que los países de la región “amigos” de Estados Unidos presentes en el encuentro “recuerdan bien las décadas de secuestros, atentados con bombas, asesinatos y ejecuciones”, y “el terror violento” de Montoneros, Tupamaros, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), Sendero Luminoso y los “guerrilleros marxistas entrenados para matar en los campamentos terroristas de los Castro” en Cuba.

La reunión ministerial que se desarrolla este jueves reúne a socios de la Casa Blanca, Europa, Asia y el hemisferio occidental -entre ellos la Argentina- para ampliar la coordinación, mejorar el intercambio de información y fortalecer los mecanismos internacionales de aplicación de la ley “con el fin de contrarrestar esta amenaza” del terrorismo de extrema izquierda. “Nuestras naciones llevan las cicatrices que lo demuestran. Y hoy nos enfrentamos a una nueva ola de este viejo mal”, dijo Rubio.

“La amenaza no ha desaparecido, por supuesto. Seguirá existiendo, sobre todo mientras toleremos sistemas de inmigración que importan estas amenazas directamente a nuestros respectivos países. Sin embargo, esta amenaza se ha visto considerablemente reducida“, señaló Rubio, que estuvo acompañado por el subsecretario de Estado, Christopher Landau; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el asesor de Seguridad Nacional Steven Miller.

“No obstante, durante demasiado tiempo nuestra doctrina antiterrorista ha tenido un punto ciego en lo que respecta a la violencia extremista proveniente de la izquierda política. Incluso hoy, la mera idea de que pueda constituir una amenaza seria se trata como una delirante fantasía de la derecha o, peor aún, como una peligrosa conspiración fascista. Así lo consideran muchos sectores de la prensa, del ámbito académico y universitario“, añadió el secretario de Estado, uno de los funcionarios más empoderados del gobierno de Trump.

En ese momento, al dirigirse a los funcionarios presentes de unos 70 países invitados, Rubio les dijo que estaban presentes en esta cumbre “porque esto es real, porque la situación empeora y porque ya no se puede negar ni ignorar”. Y remató: “Llegó el momento de terminar este mal para siempre”.

Rubio sostuvo también que la “coalición” internacional que se está construyendo para enfrentar esa amenaza “ya está dando frutos”, y que esta cumbre servirá “para seguir avanzando en esa labor”.

“Podemos, y debemos, identificar y mapear esta amenaza, así como reconstruir nuestra arquitectura antiterrorista para derrotarla, tal como lo hemos hecho juntos anteriormente. Ahora debemos hacerlo de nuevo, unidos, mediante el intercambio de inteligencia e información, estrategias coordinadas de las fuerzas del orden y acciones dirigidas a desmantelar las redes financieras que los sustentan. Desmantelaremos estas redes, ladrillo por ladrillo“, desafió.

Rubio sostuvo que en Estados Unidos la proporción de ataques y complots terroristas de izquierda “aumentó a niveles no vistos en décadas”. Según cifras difundidas por el Departamento de Estado, los actores de extrema izquierda fueron responsables del 63% de todos los ataques o complots antigubernamentales registrados en el país, así como de tres de cada cuatro muertes por causas antigubernamentales ocurridos aquí en 2025.

“Se trata de un mal distintivo y único. Siempre ha estado impulsado por un odio —por encima de todo— hacia la civilización misma. Es una rebelión de lo peor contra lo mejor, una rebelión de los débiles y cobardes contra los fuertes y los buenos. Eso es el izquierdismo radical», advirtió Rubio.

“Puede adoptar diversos lemas e ideologías según el lugar y la época; pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas, pero su naturaleza fundamental es siempre la misma. Es un resentimiento ponzoñoso, disfrazado con el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación“, agregó.

En sus presentaciones, los funcionarios norteamericanos hicieron hincapié en los grupos políticos seculares violentos cuya ideología es antinorteamericana, como el movimiento descentralizado de extrema izquierda Antifa.

Por su parte, Miller -el arquitecto detrás de las políticas migratorias más radicales de Trump- destacó que Estados Unidos tomó la medida “necesaria y esencial” de reconocer formalmente la violencia de izquierda como una forma de terrorismo político que representa una “amenaza directa para la seguridad nacional y para la supervivencia de nuestra forma republicana de gobierno”.

“Es fundamental comprender que el terrorismo político de izquierda busca, como objetivo último, derrocar nuestro sistema y nuestra forma de gobierno. Hemos visto que esto ocurrió en numerosas ocasiones y lugares a lo largo de los años”, agregó, y advirtió que “siempre conduce al encarcelamiento masivo de adversarios políticos y a la privación de sus derechos y libertades”.

La cumbre en Washington, convocada el mes pasado por el Departamento de Estado norteamericano, había despertado inquietud entre algunos funcionarios estadounidenses, aliados europeos y analistas independientes, que “no perciben de la misma manera la amenaza del resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda”, según publicó The Washington Post.

El diario norteamericano había revelado además que a mediados de junio las autoridades diplomáticas de Estados Unidos habían enviado “un comunicado oficial a más de 20 embajadas estadounidenses −entre ellas en la Argentina− solicitando información sobre grupos extremistas de extrema izquierda“.