POLITICA
El Gobierno convocó a la mesa política para el jueves y busca ordenar las reformas en el Congreso
El Gobierno convocó a una nueva reunión de mesa política para este jueves con el objetivo de ordenar la agenda legislativa de junio, revisar los poroteos en el Congreso y definir la secuencia de envío de las próximas reformas. En la Casa Rosada sostienen que el encuentro servirá para coordinar los proyectos que ya están en tratamiento y los textos que todavía siguen bajo revisión técnica.
La convocatoria se da después de una semana marcada por la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado, el aval a la candidatura de María Verónica Michelli pese al rechazo del Ejecutivo y la postergación del paquete de propiedad privada. En Balcarce 50 buscan reordenar prioridades después de una sesión que expuso diferencias internas y obligó al oficialismo a rediscutir su estrategia parlamentaria.
La reunión también tendrá como trasfondo la relación con Patricia Bullrich. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado se diferenció del Gobierno por el pliego de Michelli y terminó absteniéndose en la votación. En el Ejecutivo sostienen que la línea sigue siendo evitar una confrontación directa con la senadora y mantenerla dentro del esquema de coordinación legislativa.
En la Casa Rosada dan por hecho, de todos modos, que Javier Milei no firmará la designación de Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata. Cerca de Karina Milei y de Santiago Caputo creen que el Presidente mantendrá demorado el decreto de nombramiento, aun después del acuerdo del Senado. En Nación apuntan además a que ese tribunal todavía requiere pasos administrativos para funcionar plenamente.
La reunión también se dará luego de la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, que en el gabinete esperan para el martes o el miércoles. En Balcarce 50 buscan que ese trámite permita cerrar otro frente de tensión interna, luego de semanas de cuestionamientos por su situación patrimonial y judicial.
El Gobierno buscará, en paralelo, sostener la agenda judicial con una nueva tanda de pliegos. En el Ejecutivo anticipan que enviarán otros expedientes al Senado, vinculados principalmente a cargos civiles, comerciales y de familia. También siguen de cerca el plenario del Consejo de la Magistratura del miércoles, que incluye concursos para juzgados federales y cámaras sensibles.
El temario del Consejo contempla concursos para el Juzgado Federal N°2 de La Plata, el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, juzgados federales con funciones de garantía en Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto, cuatro vocalías en la Cámara Civil y Comercial Federal y dos cargos en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En despachos oficiales advierten que los pliegos más sensibles quedarán para más adelante.
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Otro de los temas que llegará a la mesa política es el proyecto de juicio por jurados. En el Gobierno sostienen que el texto está “casi terminado”, que ya pasó por el Ministerio de Justicia y que quedó en Legal y Técnica, a tiro de ser enviado al Congreso. La iniciativa forma parte de la agenda institucional que el oficialismo tiene en carpeta desde hace varios meses.
La Casa Rosada también está cerca de enviar la reforma del Código Penal. En el entorno de Karina Milei reconocen que el texto saldrá con un alcance más amplio que el previsto en algunas versiones anteriores, aunque dentro del oficialismo admiten que será una negociación compleja.
Por ahora, descartan crear una comisión bicameral para acelerar su tratamiento, una alternativa que había sido evaluada en las primeras conversaciones. En paralelo, el paquete de desregulación que impulsa Federico Sturzenegger viene retrasado. Incluye cambios en cabotaje, seguros, mercado inmobiliario y mercado de capitales, pero todavía sigue bajo revisión técnica.
La reforma de Defensa de la Competencia, que abarca reglas sobre fusiones y adquisiciones, umbrales de notificación y criterios de intervención frente a posiciones dominantes, también permanece demorada. La reforma de la Ley de Sociedades, en cambio, ya fue enviada al Congreso en la última semana de mayo.
El texto forma parte de la misma agenda de actualización normativa que trabaja el Ministerio de Desregulación y apunta a flexibilizar estructuras societarias, ampliar herramientas para empresas y adaptar reglas a nuevos modelos de negocios.
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En Diputados, el oficialismo busca armar una mega sesión hacia fines de junio con el Súper RIGI y la ley de lobby como ejes principales. En Balcarce 50 quieren “agrupar todo lo que se pueda” y sumar otros proyectos si llegan en condiciones, como propiedad privada y holdouts, además de acuerdos internacionales que ya tienen trámite abierto.
El Senado presenta un escenario más complejo para el Gobierno. Allí se acumulan proyectos con media sanción de Diputados, como Ley Hojarasca y Zonas Frías, y textos enviados recientemente por el Ejecutivo, como etiquetado frontal y sociedades. También está previsto que ingresen los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, que Economía prepara para relanzar el régimen que busca atraer dólares del colchón al circuito formal.
La reunión del jueves buscará ordenar ese tablero. La Casa Rosada necesita definir qué proyectos empuja primero, qué iniciativas deja para una segunda etapa y cómo reparte la negociación entre Diputados y el Senado. En el Gobierno sostienen que junio será clave para mostrar volumen legislativo antes de que el Mundial absorba parte de la agenda pública.
Gobierno, mesa, Congreso
POLITICA
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El oficialismo consiguió este jueves, con el apoyo de bloques aliados, el quorum necesario para abrir la sesión del Senado en la que buscará convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II y aprobar y girar en revisión a la Cámara de Diputados un nuevo régimen de biocombustibles.
Si bien el oficialismo pudo abrir el recinto, todavía persisten algunas dudas sobre la solidez de los votos que se requieren para el proyecto de biocombustibles, lo que pone en duda si el texto que impulsan las provincias del noroeste, que está último en el orden del día, llegará a debatirse.
La convocatoria fue el resultado de varios días de negociaciones desordenadas entre el bloque de La Libertad Avanza, encabezado por Patricia Bullrich (Capital), las bancadas de la oposición dialoguista y representantes provinciales.
De hecho, Bullrich resolvió incorporar al temario el proyecto de biocombustibles, resistido por varios senadores de la UCR y también por algunos integrantes del oficialismo, ante la presión de legisladores de las provincias azucareras, que amenazaron con no bajar al recinto si no se incluía la iniciativa en la sesión.
La agenda prevista para este jueves suma, además, dos convenios vinculados con el traspaso a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires de la justicia penal juvenil y de la competencia sobre los delitos asociados a ese fuero.
También está previsto el tratamiento de los pliegos que proponen a Alejandro Catania y Javier Galván Greenway como camaristas del fuero penal económico. Sus nominaciones permanecieron demoradas durante casi cuatro meses por decisión de la Casa Rosada, debido a presuntos vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Tras permanecer en el freezer legislativo, las nominaciones de ambos magistrados al fin recibieron dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos diez días atrás como resultado de la presión de un grupo de senadores de la oposición dialoguista que no encontraban objeciones a sus candidaturas y no veían razones para bloquear el tratamiento de sus postulaciones.
El proyecto de Inocencia Fiscal II fue elaborado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado por la Cámara de Diputados a fines de agosto último y, de acuerdo a los argumentos del oficialismo, apunta a disminuir las exigencias informativas para los contribuyentes, ofrecer mayor previsibilidad frente a eventuales controles y permitir la regularización de inconsistencias tributarias sin que ello suponga la pérdida de beneficios.
Uno de los cambios centrales es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que actualmente restringen el acceso al régimen. Si la reforma se aprueba, podrán incorporarse contribuyentes con residencia fiscal en el país sin quedar excluidos por superar determinados umbrales, lo que expandiría de manera considerable el alcance del sistema simplificado.
La iniciativa, además, modifica el margen de intervención de ARCA para cuestionar declaraciones. El organismo solo podría objetarlas cuando identifique diferencias relevantes y debidamente fundadas, con un criterio asociado al impuesto determinado y no al saldo final a pagar. También se habilita la rectificación de declaraciones sin exclusión automática del régimen, siempre que el contribuyente regularice su situación.
El tramo más controvertido de la propuesta se concentra en sus consecuencias políticas y fiscales. Para el Gobierno, la norma apunta a construir un vínculo menos sancionatorio entre el fisco y los contribuyentes, además de incentivar el ingreso de fondos al circuito formal.
Sus detractores, en cambio, sostienen que el texto funciona como un blanqueo encubierto y que podría convertirse en un instrumento de alivio tributario demasiado amplio, con ventajas para sectores de mayor capacidad económica y un eventual efecto negativo sobre la recaudación.
El proyecto sobre biocombustibles propone sustituir el régimen vigente por un esquema con incrementos graduales en los porcentajes obligatorios de mezcla y una transición diferenciada para los distintos segmentos de la industria. El texto reúne iniciativas de varios bloques y fue negociado con especial atención por las provincias del noroeste.
La propuesta establece elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, con una distribución que reserva una parte al producto elaborado a partir de caña de azúcar, otra al derivado del maíz y un tramo sujeto a competencia.
En el caso del biodiésel, la mezcla en gasoil y diésel oil pasaría del 7,5% al 10% luego de un período de transición. A pesar de las críticas de los senadores de las provincias del centro del país, en el oficialismo sostienen que el régimen beneficia a todos, por lo que decidieron avanzar con el texto dictaminado en comisiones.
La reforma incorpora, además, topes a la concentración empresaria y mecanismos para asignar cupos. El aspecto más sensible es la situación de las pymes de biodiésel, mencionadas durante el debate como empresas no integradas, que reclaman una cuota protegida más amplia y estable para abastecer el mercado interno. El dictamen prevé una participación reservada, aunque con una disminución progresiva hasta 2036.
Ese punto concentra la discusión principal. Las firmas más pequeñas y legisladores de provincias con plantas regionales advierten que una apertura acelerada podría beneficiar a grandes compañías integradas verticalmente, con capacidad para producir a escala y controlar la cadena de valor.
En la vereda opuesta, los defensores de la reforma afirman que el esquema actual quedó agotado, que la intervención estatal sobre precios y cupos desalienta inversiones y que un sistema más competitivo permitiría aumentar la producción y mejorar la eficiencia del sector.
Noticia en desarrollo
Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a
POLITICA
El Gobierno se reunió con los gremios docentes universitarios en medio de las tensiones por las paritarias y los fondos en el Presupuesto 2027
El Gobierno se reúne con los gremios universitarios en medio de una nueva escalada de tensiones por los salarios y las partidas que incluyó en el Presupuesto 2027. La negociación con los docentes comenzó a las 11 y la de los trabajadores no docentes está convocada para las 15, según confirmaron a TN fuentes oficiales y sindicales.
Los encuentros retomarán la paritaria que pasó a cuarto intermedio el 1 de septiembre. Hasta esta mañana no había trascendido una nueva oferta salarial. En el Ejecutivo vinculan la convocatoria con el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas en torno a la Ley de Financiamiento Universitario.
“Estamos cumpliendo lo que dice la cautelar”, expresan en Nación. La discusión de fondo es cuánto debe recomponer el Gobierno y sobre qué base debe calcularse la actualización. Los gremios sostienen que todavía existe una pérdida salarial acumulada y reclaman que se aplique íntegramente la Ley 27.795.
La norma establece que los salarios de docentes y no docentes deben recomponerse entre diciembre de 2023 y su sanción en un porcentaje no inferior a la inflación acumulada. También obliga al Ejecutivo a convocar a la negociación paritaria con una periodicidad máxima de tres meses y dispone actualizaciones mensuales no inferiores al IPC.
La Justicia intervino sobre ese conflicto. Una cautelar promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional ordenó aplicar los artículos vinculados con salarios y becas, mientras que la UBA obtuvo posteriormente una resolución propia dentro de la disputa por la ejecución de la ley. El Gobierno y las universidades mantienen diferencias sobre el alcance de esas obligaciones.
La reunión llega además dos días después del envío del Presupuesto 2027, que volvió a colocar el financiamiento universitario en el centro de la negociación con el Congreso. El artículo 12 fija $7.349.082 millones para gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales.
El monto quedó lejos de la propuesta presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional. Los rectores calcularon necesidades cercanas a $11 billones para todo el sistema durante 2027, una diferencia de alrededor de $3,65 billones respecto del crédito incorporado por el Ejecutivo.
Desde el sistema universitario sostienen además que, si el Gobierno proyectara para 2027 el cumplimiento de la Ley de Financiamiento con el criterio que defienden los rectores, la partida debería ubicarse alrededor de $9,8 billones, antes de incorporar otras actualizaciones reclamadas por el CIN.
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