Lejos de calmarse, la tensión política volverá a instalarse en el Senado ante la decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con el rediseño de un Poder Judicial con impronta libertaria y las negociaciones para aprobar un nuevo paquete de más de 70 nombramientos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo a lo largo del último mes y medio.

El trámite legislativo de la nueva tanda de pliegos judiciales arranca con incertidumbre. Tras el caso de María Verónica Michelli, quien obtuvo el aval del Senado pese al rechazo de La Libertad Avanza (LLA), los ánimos quedaron encrespados tanto en el oficialismo -por el desmarque de Patricia Bullrich– como con legisladores de los bloques denominados dialoguistas.

En ese marco, la mayoría de las postulaciones permanecen sin fecha de audiencia pública en la Comisión de Acuerdos, que preside el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), hombre que responde a los mandatos de Karina Milei a partir de su alineamiento político con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. Ese grupo es el que activó el veto presidencial a Michelli.

Ahora, esta segunda etapa de debate comenzará este martes, a las 10, con el tratamiento en comisión de tan sólo 7 nominaciones, todas correspondientes al fuero laboral. Se trata de apenas el 10% de los 71 pliegos que fueron arribando a la Cámara alta en diferentes tandas avaladas con las firmas del Presidente y de su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Sin embargo, y a pesar de que empezaron a ingresar al Senado a partir del 24 de abril último, el resto de los diplomas no tienen fecha de tratamiento, lo cual genera incomodidad en varios bloques políticos.

Esto es así porque en esta tanda se encuentran varios de los postulantes negociados por gobernadores y senadores con la Casa Rosada como moneda de cambio al apoyo de las iniciativas impulsadas por el gobierno de Milei.

En la nómina hay nombramientos de jueces federales, fiscales y defensores oficiales distribuidos a lo largo de todo el país, en distritos como Río Negro, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Gualeguaychú (Entre Ríos), Buenos Aires (San Martín, Lomas de Zamora, Mar del Plata y San Justo) y San Juan.

También prevé nombramientos de magistrados para Córdoba, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta, Rosario (Santa Fe), Catamarca y Comodoro Rivadavia (Chubut).

Todo indica que una primera definición podría conocerse este martes, cuando la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), se reúna con los líderes de las bancadas dialoguistas de la oposición.

La idea del encuentro es armar una nueva hoja de ruta con los proyectos que el Poder Ejecutivo envió al Senado en el último tiempo. En esa lista se destacan dos iniciativas que, por diferentes razones y en distintos estados, se encuentran demoradas: la reforma electoral, que pretende eliminar las elecciones primarias (PASO), y el de inviolabilidad de la propiedad privada, que busca endurecer mecanismos de desalojos para usurpaciones y relajar controles en la venta de tierras a extranjeros.

No se descarta que estos proyectos, junto con otros remitidos por el Gobierno y aprobado en Diputados (zonas frías y ley hojarasca) entren en un combo en el que se negocie el impulso a los pliegos judiciales a cambio de votos en el recinto.

Audiencia pública

La audiencia de este martes contará con la presencia de siete candidatos, casi todos para ocupar cargos en el fuero laboral, entre los que se destacan los de Marina Edith Pisacco y Víctor Arturo Pesino.

En el caso de Pisacco, que postula para vocal de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, las dudas giran en torno a su condición de esposa del periodista de TN Adrián Ventura.

En el Senado no son pocos los que se preguntan si Milei le bajará el dedo por estar relacionado con un miembro de la prensa, como hizo con María Verónica Michelli, propuesta para un tribunal oral penal de La Plata, por ser cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon, quien investigó el caso $LIBRA.

Pesino, por su parte, busca continuar como miembro de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo por cinco años más una vez que cumpla los 75 años que la Constitución establece como edad jubilatoria para los magistrados.

Sin embargo, se han presentado varias impugnaciones en contra del camarista, impulsadas por la CGT, gremios y abogados laboralistas. Le cuestionan algunas decisiones judiciales, la más reciente de ellas fue ordenar el levantamiento de la medida cautelar planteada por la central obrera para evitar que se aplique la ley de reforma laboral.

Los otros candidatos que concurrirán este martes a la Comisión de Acuerdos son Diego Fernando Manauta, propuesto como camarista para la Sala V; María Claudia Jueguen (Sala X), Diego Javier Tula (Sala II) y Claudio Fabián Loguarro (Sala III). La nómina se completa con el pliego de Leopoldo Rago Gallo, propuesto para el Juzgado Federal 2 de la ciudad de San Juan.

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires unificó hoy en tres años de prisión en suspenso las condenas del hacker Elías Ezequiel Núñes Pinheiro por los ataques informáticos que lanzó contra al entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y al entonces diputado nacional Diego Santilli.

La pena unificada, que dispuso la jueza en lo Penal María Araceli Martínez, absorbió la condena previa que ya tenía Núñes Pinheiro de dos años y seis meses dictada en 2024 por el Tribunal Oral Federal N° 2 y la integra en una sanción única que incluye ambos episodios.

Pero llegó en el peor momento: seis horas antes, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había citado al hacker confeso a ampliar su declaración indagatoria en la causa que investiga una presunta asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal contra jueces, camaristas y funcionarios, lo que implicaría un agravamiento significativo de la imputación.

El cruce entre ambos expedientes no fue casual. Para avanzar con el juicio abreviado, el Juzgado porteño envió el viernes un correo electrónico al fuero federal solicitando que certificara el estado de su causa, con vistas a sellar el acuerdo. Esa consulta encendió la alarma en Comodoro Py: Martínez de Giorgi respondió con nuevas citaciones a indagatoria y un recordatorio explícito a su par porteña de que la causa mayor seguía en trámite y que cualquier decisión que pudiera afectar ese proceso debía ser considerada con cuidado.

Aún así, la jueza Martínez formalizó esta mañana el acuerdo que habían negociado la fiscalía y los letrados de Núñes Pinheiro, Marcos Kapko y Sebastián Noguera. A cambio, el hacker misionero reconoció los hechos y aceptó la pena unificada de tres años en suspenso, con ciertas reglas de conducta como realizar 150 horas de tareas comunitarias no remuneradas.

Los ataques a D’Alessandro y Santilli se ejecutaron mediante la técnica conocida como sim swapping: una maniobra que permite tomar control de una línea telefónica mediante la emisión fraudulenta de una nueva tarjeta SIM. Para lograrlo, Núñes Pinheiro obtuvo previamente datos sensibles de sus víctimas —incluido el número de trámite del DNI— mediante consultas ilegales al RENAPER y a Nosis, y también recurrió a Dark PFA, un sitio de la deep web desde el que podía obtener líneas telefónicas y datos personales de cualquier objetivo.

Con esos datos, Núnes Pinheiro accedió al contenido completo del teléfono de Santilli —correos, contactos y aplicaciones— el 14 de octubre de 2022, mientras que cinco días después repitió la operatoria con el de D’Alessandro, accediendo a sus cuentas de WhatsApp y Telegram. La investigación también acreditó que Núñes Pinheiro destruyó el teléfono utilizado para ejecutar las maniobras, lo que derivó en una imputación adicional por destrucción de medios de prueba.

Ambos hackeos, sin embargo, serían parte de una maniobra más amplia de inteligencia ilegal, según procura determina la Justicia federal. Allí se investiga ataques similares contra los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, y los jueces del tribunal que condenó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

En ese expediente, además de Núñes Pinheiro, están bajo investigación un expolicía y agente inorgánico de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Ariel Zanchetta, y Tomás Patricio Hválica, señalado como creador de Dark PFA, el sitio que Núñes Pinheiro utilizaba para obtener los datos que necesitaba antes de cada ataque. El juez fijó sus indagatorias para el 17, 19 y 24 de junio respectivamente, por videoconferencia.

Así, mientras en la Justicia porteña el caso parece cerrado con una pena en suspenso, el frente más delicado para el hacker misionero sigue abierto en Comodoro Py, donde la investigación apunta a determinar si los ataques formaron parte de una estructura organizada de inteligencia ilegal.