El lunes empezará una semana mucho más intensa, vertiginosa y delicada en el movimiento del tablero político nacional e internacional, que la que acaba de terminar. Una mamushka de sucesos cuya evolución y consolidación es indefinida pero que le garantiza al Gobierno un estado incipiente de control sobre la agenda, un objetivo siempre muy deseado que venía a los tumbos hasta la cadena nacional.

Se abrió, con los anuncios sobre Malvinas, un interregno para pulir el proyecto de ley que el lunes llegará a la Cámara de Diputados con la reforma de las leyes aprobadas durante el kirchnerismo para sancionar a quienes operen en Malvinas y a la vez en nuestro país.

Las principales petroleras extranjeras que operan en Argentina y también las que tienen domicilio nacional están en estado de reunión y movilización. YPF es una de ellas.

Se produjo una alerta máxima sobre el gigante noruego de ingeniería offshore DOF Group que vendió dos monoboyas imprescindibles para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) una megaobra de infraestructura que impulsa YPF en conjunto con Vista, de Miguel Galuccio, Pan American Energy, de los Bulgheroni, y Tecpetrol, del grupo Techint, entre otras.

El problema es que DOF Group también estaría vendiendo sus productos al proyecto Sea Lion de Malvinas. Hubo en estos días chequeos vertiginosos por comprobar el estado geográfico de situación de las boyas que ya fueron pagadas. Salieron del famoso estrecho de Ormuz y desde ese instante ya se consideran un producto argentino.

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Si eso se complicaba ponía en peligro “22 mil millones de dólares en exportaciones” que van a empezar a llegar cuando se termine la obra, confesó un integrante del círculo chico presidencial.

Es curioso porque, más allá del proyecto que el Gobierno enviará el lunes, donde ampliará los rubros de las compañías a ser sancionadas, personalizará las sanciones en directivos y propietarios de cualquier empresa o sociedad con algún tipo de vínculo con operaciones sobre recursos naturales en Malvinas y diversificará las restricciones hasta alcanzar al sector pesquero —que ya está incluido en otra norma—, ahora esta será una de las actividades económicas que no podrá, según la nueva ley, si se aprueba, operar en Malvinas y en aguas argentinas al mismo tiempo.

Ese punto, el pesquero, está funcionando como una bomba de alcance masivo. El lunes, las cámaras pesqueras ya estaban pidiendo reuniones con referentes del oficialismo en Diputados, en estado de desesperación. Hay ahí una meticulosa convivencia de sociedades que trabajan en Argentina y en Malvinas.

Si se hace lo que el Gobierno dice que va a hacer, perderán sus permisos de pesca. Esto significaría un tsunami en la industria y, sobre todo, una enorme oportunidad de reasignación de permisos, quién sabe a quién.

El Presidente, dice un funcionario que habló esta misma semana con él sobre el tema, está decidido a avanzar. A buscar convertir la causa Malvinas en una oportunidad geopolítica de otro orden, una especie de demostración cambiada del lugar que ocuparía Argentina según su expectativa o su análisis del contexto actual.

Esto incluye pronósticos inesperados mucho más propios de películas de ciencia ficción que de análisis esperables de la coyuntura pero está pasando. Es real.

En una disertación la semana pasada en Buenos Aires, el politólogo Andrés Malamud proyectó filminas de un estudio de la Fundación Global Challenges titulado “Sin lugar para esconderse. Resiliencia regional y vulnerabilidad global ante el riesgo de una catástrofe nuclear”.

Ahí se analizan papers científicos sobre riesgos -actualmente verosímiles- de reducción profunda de la luz solar por guerra nuclear, erupción volcánica o impacto de objeto cósmico; de un apagón general de infraestructura y electricidad por ciberataque o accidente de pulso electromagnético y el conocido riesgo de otra pandemia.

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En ese mapeo de fatalidades solo cinco países aparecen como lugares seguros, donde ninguna de estas amenazas sucedería o afectaría masivamente: Australia, Nueva Zelanda, Japón, Suiza y … Argentina. Impactante.

En un orden más usual de análisis a nuestro país, hay que mirar Israel y los apoyos que dio en estos días por el tema Malvinas.

De las tres elecciones estratégicas que vienen: Brasil el 4 de octubre la primera vuelta y el 25 el balotaje; las famosas legislativas de Estados Unidos el martes 3 de noviembre, pero en el medio sucederán las de Israel, el 27 de octubre, cuando Benjamin Netanyahu deba definir su continuidad después de tanta guerra.

Uno de los políticos argentinos que tiene vínculos más masivos, históricos y directos con funcionarios de alto nivel norteamericano, está convencido que los comicios más relevantes para Argentina son los de Israel porque el apoyo norteamericano, opina, está más anclado en los fuertísimos lazos que construyó Javier Milei con el círculo rojo de Netanyahu que con su amistad con Trump.

Como sea, son hitos a los que le falta muy poco para suceder y que tendrán sin duda consecuencias domésticas según cuál sea el resultado, mientras la política acá está naturalmente tratando de organizarse alrededor del calendario electoral.

Otra reunión en busca de unidad

El peronismo intenta ordenarse atrás de la idea de que habrá PASO, una expectativa que en la Casa Rosada creen tener resuelta a pesar de que el tiempo pasa y la situación no se resuelve.

La Cámara Electoral emitió esta semana un comunicado alertando, con tono formal, sobre una verdad pragmática: si alguien cree que es viable aprobar en sesiones extraordinarias la modificación del sistema electoral, estaría corriendo un riesgo alto, una situación que la Justicia Electoral intenta que la política frene lo antes posible.

Sobre todo la de la provincia de Buenos Aires donde el juez electoral está desesperado por el caos que podría significar las elecciones concurrentes (la Nacional tiene Boleta Única y la provincial el sistema viejo, con lo cual son dos comicios superpuestos con operativos duplicados).

Diego Santilli está convencido de que en los próximos dos meses logrará suspender las PASO.

En el peronismo funcionan bajo la idea de que en el Senado podrán rebatir esta posibilidad y mantener las primarias abiertas, aunque sean abiertas pero no obligatorias, pero primarias al fin, porque nadie, por lo menos a esta hora, imagina, con un peronismo canibalizado, cómo podrían arreglarse solos para ver quién es su candidato de unidad.

Cristina Kirchner, como contamos acá hace dos semanas, está profundamente decidida a candidatearse con un vice que sería quien finalmente encabece la fórmula cuando la realidad legal demuestre que es imposible que ella sea candidata.

Esa sorpresa con la que está jugando incluye al senador Gerardo Zamora, que está cada vez más tentado de competir, aunque no está claro si está tan convencido de competir al lado de Cristina.

Son apuestas casi alocadas, indefiniciones y escenarios que no definen el fondo: Cristina y Kicillof, ¿cómo se resuelve ese vínculo?

Después de aquella primera reunión del 11 de agosto en el Hotel Emperador, donde se sentaron a la mesa Sergio Massa con los gobernadores y los jefes de bloque Germán Martínez, por la Cámara de Diputados, y José Mayans, por el Senado, hubo esta semana un segundo encuentro —no el que se conoció públicamente en homenaje a De la Sota—, esta vez en las oficinas de Massa, adonde fueron Martínez y Mayans para empezar a pensar alguna cronología, una logística para la continuidad de estas conversaciones.

No parece fácil que haya otra juntada pronto.

La revolución judicial

Si hay una zona de gestión que avanza a una velocidad revolucionaria es, sin dudas, la Justicia, con una eficacia abrumadora en los intereses del oficialismo y una capacidad impactante del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para avanzar en los objetivos, sin importar el Mundial, las Malvinas ni cualquier otro evento rimbombante que tome la agenda de la conversación pública.

Habría aquí que detenerse por lo menos un momento.

En este newsletter hemos publicado muchas veces sobre los movimientos en la Justicia Federal y sobre todo lo que tiene que ver con el fuero en lo Criminal y Correccional de Comodoro Py, donde se está produciendo un cambio muy trascendente, no solo en la Cámara Federal, sino también en el próximo objetivo, que es achicar la cantidad de juzgados en vez de cubrir las cuatro vacantes que hay sobre doce juzgados habilitados, generando una solución rápida pero concentración cada vez más discrecional en pocos magistrados que manejan todas las causas de la administración pública nacional.

Esta semana se estrenó la composición de la nueva sala I de la Cámara Federal, con la designación de Pablo Bertuzzi (que ya estaba pero no por concurso) y Pablo Yadarola, quien era juez en lo Penal Económico y cuyo último acto fue archivar la causa de las valijas del avión de Scaturice y trasladar a Comodoro Py la posible responsabilidad penal de los aduaneros que intervinieron en la falta de control a los 15 bultos detectados en el equipaje de Laura Arrieta y su acompañante.

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Vale recordar que ninguno de los dos magistrados -ni Bertuzzi ni Yadarola- estaba entre los mejor evaluados por antecedentes y examen, pero pegaron un salto cósmico en el momento de la entrevista personal del Consejo de la Magistratura, lo que les permitió entrar a la terna, ser enviados al Senado, aprobados por el Senado y designados por el Presidente como camaristas federales.

El primer acto de Yadarola como camarista fue pedir licencia y habilitar así la posibilidad de que Bertuzzi y Llorens -que ya conocen los casos de su jurisdicción- resuelvan a velocidad récord causas de interés para el Gobierno sobre los que Yadarola todavía no podría opinar porque los desconoce. Es un recién llegado y estudiarlos lleva un tiempo que evidentemente no tenían.

Paz Rodríguez Niell publicó esta semana con una contundencia abrumadora la saga de fallos alegrantes para la Rosada: ratificaron aquel fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa Libra firmado justo el día del partidazo de Argentina contra Egipto en el mundial, cuando de Giorgi quitó a los querellantes, o sea, los posibles damnificados de la maniobra supuestamente fraudulenta con la cripto Libra.

La Cámara Federal tenía pendiente resolver ese tema, pero la integración anterior, donde uno de sus jueces Leopoldo Bruglia, no estaba seguramente de acuerdo con ratificar esa decisión. Entonces esperaron el cambio de magistrados y firmaron el fallo con la designación de los nuevos.

Pocas horas después, también resolvieron un polémico caso sobre el ministro de Economía, Luis Caputo, donde quedó confirmado su sobreseimiento.

La otra Sala, la II tomó una decisión impactante sobre una causa que preocupa a Lule Menem sobre la intervención de la Obra Social de los Peones Rurales. Mágicamente, declararon nulo un procedimiento y atrás de esto se iría anulando todo lo demás. Ampliaremos.

En este devenir, por una decisión del fiscal de Cámara, una vieja denuncia por enriquecimiento ilícito contra Chiqui Tapia por su rol de funcionario público en el CEAMSE, se investigará en Comodoro Py.

El fiscal Pollicita abrió la causa pidiendo medidas para saber más sobre una economía que tuvo un ascenso descomunal, incalculable. Tapia se apuró a corregir su declaración jurada que era prácticamente la de un hombre de clase baja.

El juez Ariel Lijo recibió los pedidos, no delegará la investigación sino que la liderará él y ya está firmando las medidas pedidas por el fiscal.

Hay que prestar atención al vínculo Tapia Toviggino. Está casi roto. Y es curioso la suerte que está teniendo el tesorero en la obscena causa de su mansión.

En esta primavera judicial para el oficialismo, Manuel Adorni, desde su casa, mantiene conversaciones cada vez más fluidas con antiguos compañeros libertarios.

Quienes lo ven dicen que está relajado, fresco, ilusionado y convencido de que su suerte judicial se definirá muy pronto y en su favor. Es curioso. Cuesta creer que, a pesar de los cambios en la justicia, a Adorni lo sobresean en los próximos tres meses, como él cree.

Los que hablan, los que conversan con él, no solo lo ven ilusionado sino convencido de su vuelta a la política. Sabe que todavía no puede salir a la calle y caminar tranquilo, pero está seguro de que su suerte cambiará y hasta piensa en candidaturas.

Mantiene sin fisuras un diálogo permanente con Karina y Javier Milei.

¿Es cierto que hasta salió para una reunión de alto voltaje político, como una que tuvo con los primos Menem? Hay gente que da fe.

Javier Milei, cristina kirchner, Axel Kicillof, Claudio Tapia

Ante la presión opositora, La Libertad Avanza elabora iniciativas alternativas sobre endeudamiento y discapacidad para negociar con los bloques dialoguistas. El oficialismo busca evitar imposiciones contrarias a su gestión económica y reemplazar el concepto de emergencia por políticas permanentes de fortalecimiento.

En el área de discapacidad, la estrategia impulsada por legisladores como Gerardo Huesen, Laura Rodríguez Machado y Nicolás Mayoraz contempla regularizar pagos a prestadores.

El FMI confirmó que sigue de cerca el aumento en las tasas de morosidad de los hogares argentinos

Respecto al sistema financiero, el bloque libertario descarta la intervención directa del Banco Central para regular tasas. La diputada Silvana Giudici señaló que “el crédito en Argentina representa” un porcentaje menor frente a la región, priorizando la transparencia y el acceso a la información.

Con el ingreso del Presupuesto nacional previsto en el Congreso, el oficialismo busca consensuar los textos definitivos para blindar sus prioridades fiscales y disputarle el protagonismo legislativo a la oposición en el recinto.

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Luego de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones a las empresas extranjeras que exploten el petróleo de las Islas Malvinas y vulneren la soberanía nacional sobre el archipiélago, la causa por daño ambiental y soberano avanzará en el fuero federal. Así, el Juzgado Federal de Tierra del Fuego intervendrá en el hecho.

En ese contexto, la jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la acción preventiva contra las dos petroleras extranjeras que forman parte del proyecto Sea Lion.

Según pudo constatar Infobae, se trata de un yacimiento offshore producto de la unión comercial entre la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Ambas tienen previsto perforar y extraer petróleo de la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, es decir, en la plataforma continental argentina.

La presentación fue promovida por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que solicitaron el cese de las tareas vinculadas con el emprendimiento hidrocarburífero.

Como argumento, las organizaciones sostuvieron que las compañías avanzaron con etapas logísticas y de construcción bajo licencias emitidas de manera unilateral por el Reino Unido. Por este motivo, denunciaron que el proyecto carece de una evaluación de impacto ambiental ante autoridades argentinas y del certificado de aptitud ambiental previsto en la Ley General del Ambiente N° 26.675.

Además de asumir la competencia, Borruto ordenó dar participación a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según el sitio Fiscales, la magistrada consideró que el área donde se proyecta la iniciativa se encuentra dentro de la jurisdicción provincial, por lo que el Estado fueguino posee atribuciones sobre los recursos naturales y la regulación ambiental.

De esta manera, la resolución dispuso que la Fiscalía de Estado provincial tendrá diez días para ejercer la representación correspondiente en resguardo del patrimonio y el ambiente estatal. También intimó a los demandantes a que, en un plazo de cinco días, informen si iniciaron procesos con el mismo objeto en otros tribunales.

En línea con esto, las organizaciones deberán traducir los documentos redactados en idiomas extranjeros y presentar en formato digital la documentación necesaria para analizar las medidas cautelares solicitadas.

La decisión judicial coincide con el dictamen de la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, a cargo del fiscal Marcelo Rapoport y con intervención de la auxiliar fiscal Lorena Bendaña. En este documento, el Ministerio Público Fiscal entendió que el eventual impacto ambiental excede una jurisdicción local, debido a la conexión oceanográfica de las aguas del Atlántico Sur con las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur.

Según lo informado, el proyecto Sea Lion contempla una infraestructura de pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además de ductos y conductos verticales. Por esto, para Borruto esas instalaciones se ubicarían sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental bajo jurisdicción marítima nacional.

En el dictamen, Bendaña sostuvo que las empresas pretenden desarrollar una actividad capaz de provocar daños sobre recursos naturales de la República Argentina sin que las autoridades nacionales hayan evaluado sus consecuencias.

En este sentido, la Fiscalía remarcó que los organismos argentinos no pudieron acceder ni controlar de forma integral la información técnica de la iniciativa, requerir estudios independientes, garantizar instancias de participación ciudadana ni resolver sobre su aprobación o rechazo. Así, el planteo se apoya en el carácter preventivo del derecho ambiental ante daños que podrían ser irreversibles o de difícil recomposición.

Por otro lado, la jueza Borruto también consideró que la demanda involucra un posible daño a la soberanía nacional, más allá de la discusión ambiental. En su resolución, señaló que el reclamo comprende la defensa de un interés federal vinculado con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En consonancia con este planteo, la Fiscalía citó la Ley de Hidrocarburos N.º 26.659 y su modificatoria, la Ley N.º 26.915, que establecen la ilegalidad de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental.

Por esta razón, el dictamen añadió que la explotación unilateral de recursos naturales por parte del Reino Unido resulta incompatible con el proceso de negociaciones promovido por las Naciones Unidas. Según el Ministerio Público Fiscal, las resoluciones internacionales reconocen la existencia de una controversia de soberanía y exhortan a las partes a evitar medidas unilaterales mientras permanezca abierta.

A raíz de esto, la Fiscalía remarcó que la combinación de un presunto daño ambiental interjurisdiccional, la afectación de un interés soberano y la ubicación del proyecto en la plataforma continental argentina configura un caso de competencia federal. Con las medidas ordenadas, el expediente quedará a la espera de la intervención de Tierra del Fuego y del cumplimiento de los requerimientos dirigidos a las organizaciones demandantes.