Los diputados libertarios Bertie Benegas Lynch y Nicolás Mayoraz, presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales, respectivamente, aún no fijaron fechas para el cierre de los debates sobre el Súper RIGI y la ley de Lobby. En ambos casos, el oficialismo mantiene indefinido cuándo se firmarán los dictámenes, aunque en la Casa Rosada aspiran a que los proyectos lleguen al recinto el próximo 24 de junio.

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva avanzó con el tratamiento del proyecto conocido como Súper RIGI. Sin embargo, todavía no hay certezas sobre cuándo se firmarán los dictámenes. La próxima semana habrá una nueva reunión informativa y, recién después de esa instancia, los diputados comenzarán a discutir el texto para intentar dictaminar.

En la bancada oficialista, la diputada Silvana Giudici defendió la iniciativa y sostuvo que apunta a “poner a la Argentina en el radar de las grandes inversiones del mundo”.

“Competir desde este último lugar en el mundo con países de economías desarrolladas que están atrayendo capitales de más de mil millones de dólares por proyecto es una oportunidad para que la Argentina vuelva a ser grande. Y se preguntan por el costo fiscal. ¿Costo fiscal de qué? Si eso hoy no existe en la Argentina. Es cero el costo fiscal porque no existe”, planteó la legisladora porteña.

Giudici también cuestionó la postura de la oposición durante el debate. “Por un lado, quieren hablar del RIGI, pero no quieren hablar del RIGI. Cuando uno les cuenta los 39 proyectos del RIGI y los 19 que ya están aprobados y funcionando, dicen: ‘No, no hablemos del RIGI, hablemos del Súper RIGI’. Y cuando hablamos del Súper RIGI, dicen que quieren saber sobre el compre local o el costo fiscal”, señaló.

Del plenario participaron el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola; el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormaechea; y el asesor legal de la Cámara Argentina de la Energía, Esteban Gramblicka.

Desde la UCR, el diputado Lisandro Nieri insistió en la necesidad de avanzar con una reforma impositiva que contemple una baja de impuestos. “Los resultados de poner ciertos anabólicos en algunas industrias fueron positivos, como el RIGI. Entonces, ¿por qué no les ponemos ciertos anabólicos a las pequeñas, medianas y microempresas? El RIMI, insisto, se ha quedado a mitad de camino en las condiciones de inversión”, sostuvo.

Por su parte, el diputado del MID Eduardo Falcone presentó una propuesta para modificar el proyecto oficial. El planteo establece que las compañías adheridas al régimen puedan reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% al 20% o al 15%, siempre que destinen parte de sus inversiones a actividades de investigación, desarrollo e innovación, convenios con universidades y organismos científicos, financiamiento de Becas Manuel Belgrano y programas de fortalecimiento de proveedores locales.

“Desde el MID proponemos que la baja del Impuesto a las Ganancias al 15% esté condicionada a que la empresa invierta en investigación y desarrollo local y aporte para financiar las Becas Belgrano, que promueven el acceso, avance y finalización de estudios de pregrado y grado en áreas clave para el desarrollo del país”, señaló Falcone.

Con este nuevo régimen, el Ejecutivo busca promover el desarrollo económico, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios, y favorecer la creación de empleo. Además, apunta a coordinar el trabajo entre el Estado nacional, las provincias y las autoridades de aplicación en materia de recursos naturales, así como a fortalecer las cadenas de producción locales vinculadas a estos proyectos.

La iniciativa está orientada a atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y actividades que actualmente “no cuenten con desarrollo en el país”. El piso mínimo de inversión previsto es de US$1000 millones.

Cuestionamientos a la ley de Lobby

El plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General también dio un nuevo paso en el tratamiento del proyecto de Régimen de Gestión de Intereses, destinado a garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales.

El proyecto de ley de lobby recibió cuestionamientos mayoritarios por parte de representantes de ONG, asociaciones de la sociedad civil y cámaras empresarias, que advirtieron sobre la amplitud de algunas definiciones y el posible impacto en el derecho a la participación.

Entre quienes participaron estuvo el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, representado por Alejandra García, que planteó reparos sobre la definición de “gestión de intereses”. Según sostuvo, “su redacción es tan amplia que comprende, literalmente, cualquier comunicación dirigida a influir en una decisión pública. No distingue entre actividades remuneradas o gratuitas, profesionales o espontáneas, permanentes u ocasionales”.

García también cuestionó el impacto que podría tener la norma sobre el ejercicio profesional de los abogados. “El proyecto no distingue entre la gestión de negocios lícitos, que hacemos los abogados y abogadas de manera constitucional en defensa de los intereses de nuestros clientes, y cualquier otra actividad comercial. Además, penaliza con penas gravísimas omisiones formales como no estar inscripto en un registro”, le dijo a TN.

Y agregó: “Si tuviéramos que registrar a cada una de las personas o clientes que representamos, estaríamos violando el secreto profesional, que es un deber constitucional y una garantía vinculada al derecho de defensa”.

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) también rechazaron la iniciativa. La organización advirtió que el proyecto restringe de manera irrazonable el derecho a la participación y petición, con definiciones vagas y obligaciones uniformes que podrían perjudicar especialmente a grupos vulnerables. Además, señaló que el texto no distingue entre distintos tipos de gestión de intereses, no contempla medidas para promover la igualdad y otorga amplias facultades discrecionales a la autoridad de aplicación.

“Desde ACIJ creemos que debe mirarse con fuerte sospecha y rechazarse toda iniciativa que, aun cuando trate sobre temas como el lobby, cuya regulación es legítima, pueda ser utilizada de manera parcial y arbitraria por cualquier autoridad de turno, ahora o en el futuro”, sostuvo Eduardo Ferreyra, codirector de la entidad.

También participaron del debate Alejandro Díaz, CEO de AmCham; Ángeles Naveyra, de la Fundación Barbechando; María Barón, de Directorio Legislativo; Pablo Secchi, de Poder Ciudadano; Andrés Napoli, de FARN; Gastón Wright, de Civic House; Santiago Rossi, del Consejo Profesional de Relaciones Públicas y Comunicación de la Argentina; Juan Pablo Zanetta, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires; Diego Buranello, de Círculo DirComs; Fernando Ruiz, de FOPEA; y Leandro Cahn, de Fundación Huésped, entre otros.

Diputados, debates

Victoria Villarruel,Manuel Adorni,Conforme a,,»Volátil». Otro video de Adorni muestra su desconfianza en 2022 al Bitcoin como inversión,,Su patrimonio neto es de $627,2 millones. Adorni presentó su declaración jurada e incluyó la supuesta operación con bitcoins,,Presión. Tras la confesión de Adorni, la oposición convocó a una sesión en Diputados para avanzar con una interpelación,Victoria Villarruel,,»Me parece una vergüenza». Villarruel reaccionó con dureza a la declaración de Adorni y pidió que se presente en el Senado,,Pliegos judiciales. Mayans habló de los cruces en el Senado y aseguró que Villarruel “dice que va a ser candidata a presidenta”,,“Cara de piedra”. Lilia Lemoine defendió a Bullrich y arremetió contra Villarruel

Tras más de 90 días de dilaciones y excusas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su declaración jurada en donde incorporó todas las propiedades que adquirió en estos últimos dos años y una suma de dinero más que notoria.

Según el escrito presentado por el funcionario de Javier Milei, posee una casa en el country bonaerense de Indio Cuá, comprada por 120 mil dólares el 15 de noviembre de 2024. La cual fue refaccionada con un costo de USD245.000.

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Además, cuenta con un departamento en el barrio porteño de Caballito, con un valor de 230 mil dólares, que adquirió el 18 de noviembre de 2025. A través de una operación en la que dos jubiladas le prestaron el 87% del monto total.

En la declaración, Adorni, indica un patrimonio bruto de $944,6 millones al cierre de 2025. Frente a los $662,6 millones que había informado al inicio del período. Según su presentación ante la Oficina Anticorrupción, sus bienes crecieron en términos nominales cerca de un 43% durante el año.

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Entre sus principales activos figura un nuevo departamento con cochera en la Ciudad de Buenos Aires, adquirido en noviembre de 2025. El inmueble, destinado a inversión y del que posee el 50%, fue valuado en $255,8 millones.

Además, mantuvo su participación en su vivienda familiar en la Capital Federal, valuada en $61 millones, un departamento en La Plata tasado en $96,9 millones y una propiedad en Exaltación de la Cruz destinada a inversión, cuya valuación ascendió a $156,9 millones.

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