POLITICA
Las inconsistencias, agregados y rectificaciones con las que Adorni intentó justificar el aumento de sus bienes y nivel de gastos
Manuel Adorni entró a su primer cargo en la función pública el 10 de diciembre de 2023 de la mano de Javier Milei, de quien se hizo amigo y, hoy, es su principal sostén político en medio del cúmulo de cuestionamientos políticos por sus contradicciones, mentiras públicas y llamativas justificaciones patrimoniales.
De profesión contador, hasta ese momento, el hoy jefe de Gabinete había trabajado en el sector privado, en una concesionaria de autos entre 2002 y 2016 y posteriormente, como columnista económico en distintos medios de comunicación.
Antes de asumir como vocero presidencial, se desempeñaba como co-conductor de un programa semanal en Radio Rivadavia y en un programa de Gritalo TV de su amigo Marcelo Grandio, dueño de la productora de contenidos ImHouse, investigada por haberle pagado su escapada el fin de semana de Carnaval con su familia en un avión privado a Punta del Este.
Al llegar a su cargo en el Estado, presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) su primera declaración jurada patrimonial Inicial, en enero de 2024, con el detalle de sus bienes correspondientes al 2023. Es una obligación que deben cumplir todos los funcionarios al llegar a la función pública para permitir un posterior control de la evolución de su patrimonio.
Se conoce también como declaración jurada de Alta, y solo contiene información sobre su patrimonio al inicio del período. Es una foto de los bienes con los que el funcionario llega a su cargo público. En ese documento, disponible en la web de la OA y analizado por Infobae, declaró un patrimonio inicial austero: $25,7 millones.
Declaró dos inmuebles. Uno, el departamento de 115 m² que compartía con su mujer, titular del 50%, y sus dos hijos menores en la calle Asamblea al 1100, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, adquirido con ingresos propios a principios de 2014. El otro, un departamento en La Plata, en la Calle 50, de 107m2, que declaró haber recibido como “donación” en junio de 2016.
Para ese época era dueño de un Renault Captur modelo 2019, que compró en 2021. En dinero, dijo tener $10,6 millones y otros $10 millones en un fondo común de inversión.
En noviembre de 2024, con un par de meses de retraso, presentó ante la OA su segunda DDJJ, la Anual 2023, ya con detalle de su patrimonio al inicio y al cierre del período.
Allí surge una primera inconsistencia, ya que informó un patrimonio diferente al consignado en la DDJJ Inicial: sus bienes y dinero al comienzo del año sumaban solo $11,6 millones. Incluían los mismos dos departamentos – uno en CABA y el otro de La Plata recibido por donación, y el Renault Captur, aunque consignó esta vez USD 8.220 en una cuenta en el exterior.
Al cierre de 2023, su patrimonio había dado un primer salto: pasó a ser de $61 millones, ya que informó USD 42.500, que le prestaron su madre, Silvia Pais, y una de sus abuelas, Norma Zuccolo.
No sería el único ni el más llamativo. Junto con la presentación el 10 de junio de su última DDJJ 2025 Anual, Adorni envió al mismo tiempo a la OA una Rectificativa del 2023 y otra del 2024.
Con estas nuevas versiones buscó saldar, tardíamente, las omisiones sobre los inmuebles que adquirió siendo ya funcionario público. Ya con la investigación judicial en pleno trámite por presunto enriquecimiento ilícito, intentó justificar su crecimiento aumento patrimonial y nivel de gastos, que incluyeron viajes en el país y al exterior, incluido uno a un destino exclusivo como Aruba, y costosas reformas de sus nuevas propiedades.
En la DDJJ 2023 Rectificativa 1, su patrimonio pasó a ser al inicio del año de casi $131 millones, y trepó a $515,5 millones al 31 de diciembre, justo cuando ingresó a la función pública. Esos nuevos números contables retocados buscarían darle sustento a su afirmación de que hizo su dinero trabajando en el sector privado.
¿Qué cambios hizo en el documento un año y medio más tarde para explicar su crecimiento patrimonial bajo la lupa de la Justicia?
A principios de 2023 dijo en la DDJJ Rectificativa 1 disponer de USD 565.000 por la “venta de activos”. Este monto correspondería a los USD 500.000 que, en una entrevista al canal La Nación + el miércoles a la noche, dijo haber obtenido por la inversión que hizo en criptomonedas entre 2014 y 2018, a partir de una suma inicial de USD 200.000.
En la nota, dijo que esos Bitcoins estaban almacenados en una billetera fría (un dispositivo físico similar a un pendrive) fuera del sistema bancario tradicional, y admitió que no los había declarado ante la ex AFIP, y los había omitido declarar en sus dos presentaciones anteriores ante la OA ya siendo funcionario. Según su relato frente al periodista José Del Río, encontró ese pendrive en el departamento en La Plata de su padre, tras su fallecimiento en 2002.
En esa Rectificativa del 2023, informó otros $619.356 en Bitcoin que ingresaron a su patrimonio en 2021; dinero en el país por $2.870.659; y $820.284 invertidos en el fondo de inversión Fima. Los dólares en una cuenta en Estados Unidos pasaron a ser USD 8.220 (en lugar de USD 6.220).
Para finales de 2023, según esa segunda versión de su DDJJ 2023, su patrimonio superaba los $515,5 millones. Los dólares en el país que dijo haber obtenido “venta de activos” eran USD 513.000; es decir, USD 52.000 menos que a principios de ese año.
Durante el transcurso de ese año, se desprendió de las Bitcoins, pero sumó inversiones en tres criptomonedas – Binance, Lemon y BTC – por $11,8 millones. Las de Binance dijo haberlas incorporado a su patrimonio en 2021, pese a que no las había consignado a principios del 2023.
El miércoles 10 de junio, Adorni también presentó una segunda Rectificativa respecto de su declaración patrimonial anual 2024 ante la OA. Es la tercera presentación que hizo respecto de 2024, corrigiendo lo informado.
El documento original de la DDJJ 2024 Anual, en su primera versión, no está ya disponible en la web de la OA por lo que Infobae no pudo acceder. Fue reemplazado por la Rectificativa 1 que presentó el 4 de agosto del año pasado.
En esa primera rectificación consignó un patrimonio inicial de $61 millones, una cifra coincidente con el cierre de su primera versión de la declaración jurada 2023, y al final del período, de $107,8 millones.
Volvió a informar sólo sus dos departamentos: el de Parque Chacabuco y el de La Plata, que dijo haber recibido por donación, pero no declaró la casa que compró en el country Indio Cuá Golf Club el 15 de noviembre de 2024. Si bien fue escriturada a nombre de su mujer, Bettina Angeletti, debía declarar su 50% al ser un bien ganancial.
Sí declaró un segundo auto, adquirido en marzo de ese año: un Jeep Compass Sport 2.4 modelo 2021. En dinero dijo tener casi $2,5 millones, y declaró exactamente la misma cantidad de dólares, USD 42.500, lo que indicaría que no los habría usado para comprar su nueva casa de fin de semana; y los USD 6.220 en una cuenta en Estados Unidos.
Pero en la DDJJ 2024 Rectificativa 2 que presentó el 10 de junio, su patrimonio tuvo un marcado aumento y pasó a ser, al arranque del año, de casi $515,5 millones, una diferencia de $407,6 millones respecto a lo informado en la Rectificativa 1 del 2024.
En esa tercera presentación, informó que al cierre de 2024 sus bienes, activos y dinero habían trepado a $662,6 millones, muy lejos de los $107,9 millones que había declarado en la anterior presentación ante la OA.
En esta oportunidad sí incluyó la casa de fin de semana en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, que había omitido en la primera versión. Su 50% lo valuó en $157 millones.
La propiedad – que según informó el funcionario tiene 190 m² – había sido escriturada a nombre de su mujer en noviembre de 2024. La compró en USD 120.000, según la documentación reunida por la Justicia.
Pero no desembolsó ese dinero, sino que acordó un préstamo no bancario con dos mujeres policías por USD 100.000, más del 80% del valor escriturado. Adorni le hizo reformas a nuevo durante 2025 por USD 245.000, que pagó en efectivo y sin facturas, según detalló ante la Justicia el contratista Matías Tabar.
A principios del 2024, en la DDJJ Rectificativa 2 los dólares pasaron a ser USD 513.000, siempre por “venta de activos” no especificados. En el documento, el jefe de Gabinete incluyó las inversiones en las criptomonedas Binance, Lemon y BTC por $11,8 millones, y en fondos Fima por $552.089.
Para el cierre de 2024, los dólares se habían reducido a USD 388.961 y las inversiones en criptomonedas desaparecieron.
Adorni mantuvo exactamente igual en su monto en pesos las deudas con su madre y la sucesión de su abuela fallecida en marzo de 2025 (pese a que el préstamo había sido en dólares), lo que indicaría que no canceló. Y le sumó otras dos deudas hipotecarias con Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, las dos mujeres vinculadas a la Policía Federal que le prestaron los USD 100.000 para comprar la casa de Indio Cuá, contra una hipoteca del departamento de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco. Para concretar esa operación, Adorni solo desembolsó USD 20.000 en efectivo.
Molina le prestó a Adorni USD 85.000, y Cancio, USD 15.000, aunque en la DDJJ, esas acreencias están informadas en pesos: $43,8 millones y $7,7 millones, respectivamente.
En el apartado de deudas, en la Rectificativa 2, sumó una con Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por $7,1 millones, al 31 de diciembre de 2024.
La declaración de 2025
En la DDJJ 2025, que presentó el miércoles por la noche, 35 días después del anuncio de que era “inminente”, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó un patrimonio que trepó a $944,5 millones al cierre del año, según el documento disponible en la web de la OA, de acceso público, analizado por Infobae.
DDJJ 2025 ANUAL
Por la “venta de activos” que incorporó en las Rectificativas de 2023 y la de 2024, declaró USD 388.961 a principios del año pasado, que se redujeron a USD 209.961 al cierre del 2025. Mantuvo sus USD 6.220 en una cuenta en Estados Unidos.
A su vez, consignó tener deudas por $317.312.719, que incluyen acreencias en dólares por USD 187.319, según la conversión hecha por Infobae al tipo de cambio de $1.446 considerado por Adorni en el cierre del ejercicio 2025.
En esta DDJJ, Adorni incluyó el departamento con cochera de la calle Miró al 500, en una de las zonas más exclusivas del barrio de Caballito, que adquirió el 24 de noviembre de 2025, y valuó en $255,8 millones. Informó haberlo adquirido con “ingresos propios y crédito” y figura como titular del 50%, ya que la otra mitad es de su mujer, Angeletti.
Según la escritura a la que accedió la Justicia, lo compró en USD 230.000. Pero de ese monto, solo puso en efectivo USD 30.000 y se endeudó por los USD 200.000 restantes con dos jubiladas dueñas de ese inmueble, mediante una hipoteca privada.
En la nueva DDJJ figura su anterior vivienda, actualmente desocupada y en venta, en la calle Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco. De cuatro ambientes y 115 m², este departamento sí lo había declarado en 2024. En la DDJJ ante la OA lo valuó en $61.052.711.
Estuvo publicado en estos meses en un sitio de ofertas inmobiliarias a USD 289.990. Se publicita como “dueño vende directo”, con 138 m2 cubiertos y expensas de $500.000, que el jefe de Gabinete sigue pagando ya que sigue siendo el dueño con su mujer. Según corroboró Infobae, el aviso sigue vigente.
En el documento presentado esta semana, Adorni volvió a incluir el departamento en La Plata, que valuó en casi $100 millones, pero dijo haberlo adquirido con “ingresos propios”, y ya no como una “donación familiar”. También informó la mitad de los metros cuadrados, 55 m² en lugar de 105 m² que consignó en sus anteriores declaraciones.
Como fecha de adquisición figura, en ambas declaraciones juradas, la misma: 1 de junio de 2016.
En cuanto al dinero, informó una suma total de $310.084.917, que incluyen USD 209.961; $2.455.000 también en efectivo; y $3.999.785 en cuentas de pago, provistas por empresas de la industria Fintech.
Sus deudas
Adorni declaró, al cierre de 2025, deudas por un total de $317.312.719, que incluyen acreencias en dólares por USD 187.319.
Sigue debiendo el total del dinero que le había prestado su madre y su abuela ya fallecida. Adorni las consignó en pesos por un total de $34,2 millones.
Aparecen en el documento otras cuatro deudas en dólares, que le permitieron a Adorni hacerse de los dos inmuebles que compró con su mujer en 2024 y 2025.
Por un lado, con Molina y Cancio, con las dos mujeres policías que le prestaron USD 100.000 para comprar la casa del country Indio Cuá. Adorni informa esas acreencias en pesos ($30,3 millones y $5,3 millones, respectivamente) que, al valor dólar del cierre del período equivalen a unos USD 25.000. Si igual monto de estas acreencias recae sobre su esposa, el matrimonio ya habría pagado USD 50.000 y tendría pendiente de saldar otros USD 50.000.
Las otras dos acreedoras son Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las jubiladas que le prestaron USD 200.000 en octubre de 2025 para comprar el departamento de Caballito, que ellas habían adquirido unos meses antes. Lo hicieron sin fijar intereses, mediante una hipoteca contra esa propiedad, a pagar en dos años, y vence en noviembre próximo.
Adorni declaró que le debía a cada una de ellas, al cierre de 2025, $71,2 millones, equivalentes a unos USD 50.000 en cada caso. Esos USD 100.000 son la mitad del préstamo que el funcionario debería cancelar en su totalidad en noviembre de este año. El otro 50% está a nombre de su mujer, Angeletti.
Por último, el jefe de Gabinete consignó dos deudas “comunes” por $46,3 millones cada una con Pablo Feijoó, amigo suyo e hijo de Viegas, y su socio Leandro Miano. En dólares y sumadas, equivalen a unos USD 60.000.
Feijoó declaró en la Justicia que le había prestado, mediante un acuerdo de palabra, USD 65.000 por refacciones en el departamento de Caballito, que Adorni le compró a su madre. Con la investigación judicial en su contra ya abierta por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni decidió plasmarlo por escrito.
Por último, el funcionario informó una deuda con la Agencia de Recaudación (ARCA) por $12,2 millones. Tras la admisión de que obtuvo más de USD 500.000 en negro por inversiones en criptomonedas, que nunca declaró al fisco, y la exteriorización de sus dos nuevas propiedades, lo que deberá pagarle a ARCA será seguramente muy superior a esa cifra.
Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener
Carga y chequeo: Desiré Santander
Infografías: Felipe Gonzalez
Domestic,Politics,South America / Central America,Government / Politics
POLITICA
Archivaron la causa contra Macri, Caputo y Sturzenegger por el acuerdo con el FMI en 2018 – Nexofin
La Cámara Federal de Casación Penal archivó definitivamente la causa judicial que investigaba el préstamo contraído con el FMI en 2018. La medida se tomó de forma unánime tras la retirada de la apelación dispuesta por el fiscal Raúl Omar Pleé.
El expediente penal buscaba determinar la comisión de delitos por parte de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Las actuaciones evaluaban presuntas irregularidades en la gestión del crédito acordado por 57.100 millones de dólares.
Christine Lagarde, extitular del FMI, y Mauricio Macri
Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky desestimaron las acusaciones formuladas contra los exfuncionarios.
Asimismo, los camaristas confirmaron el criterio previo de la jueza María Eugenia Capuchetti respecto al control judicial de las medidas de gobierno. Los integrantes de la Sala IV fundamentaron que la causa constituía “el desacuerdo con un modelo económico determinado”.
Macri y Luis Caputo
La acusación penal comenzó en 2018 por impulsos presentados por Claudio Lozano, Jonatan Baldiviezo y la Oficina Anticorrupción. El tribunal rechazó además el pedido formulado por un particular para sostener la causa en el fuero federal.
La entrada Archivaron la causa contra Macri, Caputo y Sturzenegger por el acuerdo con el FMI en 2018 se publicó primero en Nexofin.
Federico Sturzenegger,FMI,Luis Caputo,Mauricio Macri
POLITICA
La senadora nacional Flavia Royón propuso que las PASO sean voluntarias: “Hay que analizar un mecanismo”
La senadora nacional por Salta Flavia Royón propuso evaluar un sistema de participación voluntaria en las PASO, en medio de las dificultades del Gobierno para avanzar con la reforma electoral. “Hay que analizar un mecanismo voluntario para ir a las PASO, que eso también abarataría el costo”, sostuvo en una entrevista con Infobae al Regreso.
La legisladora advirtió que el oficialismo todavía no cuenta con los respaldos necesarios para eliminar las primarias de cara a las elecciones de 2027. “Hoy no están los votos para tratar la eliminación de la PASO”, afirmó.
El proyecto impulsado por el Gobierno también contempla modificaciones vinculadas con el financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, las negociaciones parlamentarias continúan abiertas y la iniciativa todavía no reúne el consenso necesario para avanzar en el Senado.
Royón propuso revisar el funcionamiento de las PASO
La senadora consideró que la utilidad de las primarias depende de la existencia de competencia real entre candidatos de un mismo espacio político. “Yo creo que es un tema que hay que discutirlo más en profundidad”, señaló.
En ese sentido, cuestionó que la instancia electoral se convierta en una medición anticipada cuando no hay alternativas para los votantes. “Terminó siendo una encuesta cuando no hay oferta”, sostuvo.
Royón también defendió el propósito original del sistema, orientado a ampliar la participación ciudadana en la selección de candidaturas y evitar que las conducciones partidarias resuelvan las postulaciones sin competencia interna.
“Lo que vino a resolver las PASO [fue] que los partidos políticos no decidan en un escritorio quiénes son los candidatos”, explicó. Por eso, planteó la necesidad de perfeccionar el mecanismo antes que descartarlo definitivamente.
Consultada sobre una eventual suspensión temporal, la legisladora no descartó esa posibilidad. “La suspensión se podría ver, se podría analizar”, respondió.
Como alternativa, propuso estudiar una modalidad voluntaria que permita reducir los costos de organización. También consideró necesario elevar las exigencias para la conformación de partidos y la presentación de candidaturas. “Me parece que hay que levantar el piso”, afirmó.
La senadora reclamó que el Senado trate Ficha Limpia
Royón cuestionó la falta de acuerdos sobre la reforma electoral y criticó la dificultad para introducir modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo durante su tratamiento parlamentario.
“Cuando te mandan una ley y no se acepta ningún tipo de modificaciones, es muy difícil”, señaló. A su entender, la construcción de mayorías requiere negociación entre el Gobierno y las distintas fuerzas políticas.
En paralelo, reclamó que el Senado avance con Ficha Limpia, una iniciativa que busca establecer restricciones para que determinadas personas con condenas por delitos puedan presentarse como candidatas a cargos electivos, según las condiciones que determine la legislación.
“Ficha limpia sí”, afirmó al expresar su respaldo. Además, calificó el tema como “una deuda pendiente del Senado”.
La senadora recordó que, durante las conversaciones sobre la reforma electoral, existía el compromiso de tratar primero esa iniciativa. “Uno de los compromisos para trabajar en reforma electoral es que íbamos a tratar antes Ficha Limpia. Y esto no se ha cumplido”, sostuvo.
Royón también remarcó que hay distintos proyectos presentados por integrantes de la Cámara alta y pidió que la discusión no quede supeditada al resto de los cambios electorales. “No puede ser que te manden un proyecto de ley y sea todo o nada”, afirmó.
Royón planteó una tercera vía con foco en el empleo
La legisladora también se refirió al escenario político de cara a 2027 y planteó la necesidad de construir una alternativa que combine estabilidad macroeconómica y desarrollo productivo.
“Argentina tiene que tener una tercera vía”, sostuvo. Según explicó, ese espacio debería reconocer los avances en el equilibrio de las cuentas públicas y la desaceleración de la inflación, pero incorporar propuestas para ampliar la producción y generar puestos de trabajo.
“Que ponga en valor los logros de las cuentas públicas, de la estabilidad fiscal, de bajar la inflación”, enumeró. Sin embargo, advirtió que la economía no puede depender exclusivamente de los sectores energético y minero. “No todo es energía y minería”, remarcó.
Royón reclamó una estrategia que contemple las particularidades de las economías regionales e incluya debates sobre la reforma tributaria, el sistema previsional y la coparticipación federal.
Al referirse a Salta, destacó el potencial de la energía solar y la minería para atraer inversiones y generar exportaciones. No obstante, advirtió que ambas actividades requieren grandes inversiones de capital y tienen una capacidad limitada para absorber mano de obra en relación con los recursos que movilizan.
“Energía y minería son muy intensivos en capital, pero eso no es sinónimo de que sean intensivos en generar mano de obra”, explicó.
Por ese motivo, defendió el desarrollo del turismo, el comercio, la agroindustria y la ganadería. También señaló que la infraestructura es determinante para mejorar la competitividad de esas actividades y reducir los costos logísticos.
En particular, mencionó los ramales ferroviarios C14 y C15, vinculados con la conexión de Salta con Chile y Bolivia, y cuestionó la falta de avances en las obras. “Las obras para el ramal C14 y C15 que nos conectan con Chile y con Bolivia son optativas o no están”, concluyó.
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POLITICA
El Gobierno posterga el tratamiento del proyecto de Malvinas mientras negocia cambios reclamados desde la oposición y los EE.UU.
En la Cámara de Diputados, el Gobierno dejó de acelerar en las curvas. Ahora se reconoce “pragmático”. Después de ver tambalear el DNU 70/23, dio marcha atrás y se mostró dispuesto a sostener la ley de tierras impulsada por el kirchnerismo en 2011, para desactivar la sesión opositora que amenazaba con voltear el megadecreto. Superado ese frente, el oficialismo busca avanzar con su propia agenda. El proyecto de defensa de la soberanía nacional, conocido como “ley de Malvinas”, es una de las prioridades de la Casa Rosada para lo que resta del período ordinario.
Por eso, el Gobierno negocia cambios a contra reloj. No sólo ante las presiones en el Congreso, sino por reclamos que llegan desde Washington.
Tanto los aliados como la oposición más dura exigen modificaciones para darle su respaldo. De los ocho capítulos que componen el proyecto, solo el primero aborda el reclamo por las Islas Malvinas.
Los restantes introducen reformas a las leyes de defensa nacional, de financiamiento de los partidos políticos y de inteligencia, además de contemplar la creación de un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Jefe del Estado e integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo. El articulado también incluye disposiciones cuestionadas por sus posibles implicancias para la libertad de expresión.
Los reparos llegaron desde Estados Unidos. Según pudo saber , empresas norteamericanas le habrían transmitido al Gobierno su preocupación por la “laxitud” del Título I, que establece sanciones para las compañías extranjeras. Reclaman que se delimite con mayor precisión su alcance a la hora de determinar qué firmas podrían ser punibles.
La semana pasada, desde el entorno del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, habían deslizado la intención de acelerar el dictamen del proyecto e incluso evaluaban incorporarlo a la sesión maratónica de este miércoles. Pero los ecos de los reclamos opositores y norteamericanos hicieron que esa posibilidad se desmoronara el fin de semana.
La nueva realidad se impuso pese a que las espadas legislativas del riojano −el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y la diputada Silvana Giudici− seguían concentradas en ultimar las modificaciones para llevar una nueva versión del texto al plenario de comisiones de mañana.
La señal llegó este mediodía: el debate en comisiones se postergó hasta el 27 de octubre. Hay quienes atribuyen la demora a un pedido de la Casa Rosada, que ya estaría al tanto de las dudas en Washington. Mientras tanto, esta semana desembarcarán en el país el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, y el responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Resta saber si la iniciativa legislativa formará parte de las conversaciones.
En los pasillos del Congreso, los libertarios buscaron bajarle el tono a la cuestión Malvinas. Alegaron que no había motivos para apurar los tiempos, especialmente ante la extensa agenda de la sesión de este miércoles, que podría prolongarse hasta 40 horas si se sumara el proyecto. Aseguran que su tratamiento puede esperar hasta la próxima semana.
En cualquier caso, hay quienes admiten que todavía no estarían garantizados los respaldos necesarios. “Hay un par de temas que quedaron pendientes de discutir y estaban muy finos los números para el dictamen”, señaló una fuente parlamentaria al tanto de las negociaciones. No está claro si entre esos puntos figuran las objeciones del empresariado norteamericano.
“No nos dijeron nada”, indicó otra fuente libertaria, que descartó que Bornoroni, Menem y Giudici hubieran recibido algún planteo desde Washington o estuvieran al tanto de las inquietudes canalizadas en Casa Rosada.
Por su parte, Giudici sostuvo que la iniciativa requiere “un tratamiento importante en el recinto” y anticipó que se incluirá en una sesión distinta de la prevista para noviembre, dedicada al debate del Presupuesto. En esa convocatoria también se sumarían las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y el nuevo régimen de biocombustibles, ambos proyectos con media sanción del Senado.
Este último representa un guiño a los aliados, especialmente a Córdoba y Santa Fe, dos de sus promotoras, tal como publicó . Es que en ambas provincias conviven grandes cerealeras con pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de maíz y aceite de soja, los principales insumos para la elaboración de biocombustibles.
Modificaciones en la Ley Malvinas
En el ínterin, los libertarios seguirán trabajando en la letra chica del proyecto de defensa de la soberanía nacional, aunque aseguran que varias modificaciones ya estarían resueltas.
Entre ellos, ya dan por descontada la revisión del polémico artículo que prevé penas de hasta 12 años de prisión para quienes “actuando por cuenta de un agente extranjero, procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas de desinformación”.
Según pudo saber , la nueva versión del proyecto, que ya está en manos de los aliados, deja afuera los términos más ambiguos del artículo 111, mencionado en el capítulo VI. En particular, aquel referido a las “campañas de desinformación”, que despertó fuertes cuestionamientos de entidades y referentes del periodismo por el riesgo que podría representar para la libertad de expresión.
La disposición no pasó inadvertida entre propios y ajenos, ante el temor de que pudiera utilizarse como una herramienta de “persecución política” contra la prensa y la sociedad civil bajo la excusa de combatir a “agentes extranjeros”. Constitucionalistas también alertaron sobre las consecuencias de incorporar un tipo penal “tan amplio” y señalaron que la figura podría rozar la “censura previa”.
No es la única concesión que los libertarios están dispuestos a hacer a sus aliados de Pro y la UCR. Entre los ajustes más significativos figura la incorporación del Ministerio de Seguridad y de los presidentes de ambas cámaras del Congreso al Consejo de Seguridad Nacional.
Además, tal como anticipó la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, durante su exposición ante los diputados, se prevé la creación de una comisión bicameral encargada de fiscalizar su funcionamiento.
Persiste la duda sobre si los cambios serán suficientes para conseguir el respaldo de los bloques de centro, como Provincias Unidas, que en las últimas votaciones en el recinto dejó expuestas sus diferencias internas. El peronismo, por su parte, ya dejó en claro que solo acompañaría el primer capítulo del proyecto y reclamó su tratamiento por separado.
dispuesto a sostener la ley de tierras,desactivar la sesión opositora,Delfina Galarza,Congreso Nacional,Conforme a
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