POLITICA
El caso Adorni profundiza tensiones en el Gobierno y complica la agenda de reformas de LLA en el Congreso
La Casa Rosada volvió a quedar atravesada por la interna entre los sectores de Karina Milei y Santiago Caputo en medio del impacto político del caso Manuel Adorni, la falta de respaldo del frente digital oficialista y la necesidad de sostener acuerdos con gobernadores para aprobar reformas. En Balcarce 50 reconocen que la crisis del jefe de Gabinete profundizó desconfianzas que ya existían y obligó a recalcular la estrategia política para los próximos meses.
El primer foco está en la reacción digital. En el Gobierno esperaban que parte del ecosistema libertario saliera a respaldar a Adorni después de sus explicaciones patrimoniales, pero ese operativo no ocurrió con la fuerza que imaginaban. Por el contrario, sectores identificados con el oficialismo marcaron distancia, cuestionaron inconsistencias del relato y evitaron defender en bloque al ministro coordinador.
En despachos libertarios admiten que la explicación de Adorni no logró ordenar la conversación pública ni recuperar credibilidad. La lectura interna es que el jefe de Gabinete ya venía debilitado por meses de desgaste y que las contradicciones sobre su patrimonio, los ahorros no declarados y las inversiones en bitcoin hicieron más difícil pedir respaldo automático a la militancia digital. En Nación reconocen, además, que las críticas de Patricia Bullrich agravaron la percepción de falta de cohesión.
Ese episodio se da en medio de la disputa por la estructura digital de La Libertad Avanza. Karina Milei busca reforzar una coordinación propia en las provincias, con lineamientos partidarios y control territorial bajo el sello formal del espacio. Del otro lado, Las Fuerzas del Cielo y otros grupos referenciados en Caputo defienden su lógica de intervención en redes y sostienen que su valor está en dirigir la conversación pública más allá de la militancia orgánica.
La secretaria general de la Presidencia sumó ahora una nueva desconfianza sobre Caputo. En su entorno creen que el asesor presidencial trabaja en un proyecto político personal, no necesariamente como candidato, pero sí como actor con estructura propia dentro del oficialismo. La sospecha remite a las acusaciones que circularon durante la campaña de 2025, cuando sectores karinistas lo señalaron por mantener vínculos con gobernadores dialoguistas que compitieron por afuera de La Libertad Avanza.
Cerca de Karina Milei sostienen que esa experiencia no se repetirá. “Esta vez no va a estar en la estrategia en las provincias”, advierten en ese sector. La frase apunta al diseño electoral de 2027, que la presidenta de La Libertad Avanza quiere concentrar junto con Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, con el objetivo de ordenar candidaturas, sellos, fiscales, presencia territorial y acuerdos con mandatarios provinciales.
En el karinismo también miran con atención los vínculos que mantienen exsocios del asesor con algunos gobernadores. En ese sector sostienen que esa relación alimenta las sospechas sobre una estructura política paralela a la conducción partidaria formal. En el entorno de Caputo rechazan las acusaciones y aseguran que el asesor seguirá trabajando con Milei mientras el Presidente así lo quiera. “En este país no va a trabajar para nadie que no sea Javier Milei”, expresan cerca suyo.
La tensión no implica, por ahora, un cambio estructural en el esquema de poder. En ambos bandos descartan movimientos inmediatos de fondo y relativizan la posibilidad de nuevas salidas después de los cambios en el Ministerio de Justicia. En sectores neutrales del oficialismo recuerdan que, cuando Karina Milei negoció con el Presidente la llegada de Juan Bautista Mahiques, también pidió avanzar sobre la SIDE, pero Milei rechazó esa posibilidad.
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El desembarco de Mahiques en Justicia y la salida de Sebastián Amerio, un funcionario referenciado en Caputo, ya habían alterado el equilibrio interno. En el oficialismo aseguran que, en ese momento, Milei le pidió a Caputo que siguiera dentro de la gestión. Quienes conocen el contenido de ese diálogo lo describen como “áspero” y “emocional”, pero remarcan que el asesor continuó en el esquema presidencial.
El segundo frente de preocupación es Bullrich. En Balcarce 50 admiten que la situación de la senadora “se les fue de las manos” y que hoy resulta difícil de ordenar. La exministra de Seguridad volvió a diferenciarse del Gobierno por el caso Adorni, habló de una “omisión ética” y protagonizó un cruce con el jefe de Gabinete durante la reunión de mesa política.
En el entorno de Adorni sostienen que el ministro coordinador la enfrentó porque considera que sus cuestionamientos públicos debieron haber sido planteados antes en privado. “Le dijo que primero le diga por privado lo que piensa decir en público para criticarlo. Mínimamente”, expresan en Nación. El intercambio expuso el malestar acumulado entre ambos y dejó en claro que la foto de unidad de la mesa política no alcanzó para ordenar la interna.
En el Gobierno advierten que desplazar a Bullrich ya no aparece como una opción viable. “Si se carga a Manuel, va por Javier y Karina”, expresan en un despacho oficial, en referencia al poder político que acumuló la senadora y al costo de confrontarla de manera abierta. El enojo entre ambas partes sigue siendo fuerte, pero el cálculo interno es que ya es demasiado tarde para apartarla sin abrir una crisis mayor.
El karinismo mantiene, de todos modos, un objetivo electoral: que Bullrich compita por la Ciudad de Buenos Aires. En Balcarce 50 creen que una candidatura porteña permitiría ordenar su rol dentro del oficialismo y, al mismo tiempo, despejar cualquier expectativa sobre una eventual postulación a la vicepresidencia en 2027. En la Casa Rosada la siguen considerando una figura con peso propio, pero también un factor de autonomía difícil de administrar.
La tercera pata del plan pasa por los gobernadores. El Gobierno busca cerrar acuerdos de competencia y gobernabilidad con mandatarios dialoguistas para sostener las reformas hasta marzo. No se trata necesariamente de ir juntos en las boletas, sino de evitar confrontaciones directas en algunos distritos, coordinar votaciones legislativas y mantener abierto un canal de negociación política durante la transición hacia el calendario electoral.
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En Balcarce 50 apuntan a sostener entendimientos con gobernadores como Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Rogelio Frigerio, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Hugo Passalacqua, Leandro Zdero y Marcelo Orrego, entre otros mandatarios que mantienen diálogo con Interior. Diego Santilli seguirá como articulador de esa agenda, que mezcla reclamos de gestión, obras, financiamiento, reforma electoral y acompañamiento legislativo.
La Casa Rosada necesita esos acuerdos para avanzar con el Súper RIGI, la ley de lobby, la reforma electoral, los cambios en Inocencia Fiscal, el paquete desregulador y otros proyectos que quedaron atravesados por el caso Adorni. En el Gobierno reconocen que la agenda legislativa se volvió más frágil después de las críticas del PRO, la presión de la oposición por la moción de censura y las dudas de bloques provinciales.
El oficialismo también busca, como mínimo, una promesa de discusión sobre reforma tributaria para aplicarla en 2028. En Nación descartan que ese cambio pueda sancionarse antes de fin de año, pero quieren dejar encaminado un compromiso político con gobernadores para revisar impuestos nacionales, tributos provinciales y esquemas de competitividad después de 2027. El objetivo es mostrar previsibilidad ante el mercado y atar la segunda etapa del programa económico a una negociación federal.
La reforma electoral es otro eje de esas conversaciones. El Gobierno quiere modificar el sistema de PASO y analiza salidas intermedias para conseguir votos, entre ellas esquemas optativos o mecanismos que permitan compensar a gobernadores y aliados que necesitan preservar margen local. Bullrich empuja una alternativa con colectoras, mientras Santilli negocia con mandatarios provinciales que piden discutir primero obras, cajas previsionales, rutas, financiamiento y desarrollo productivo.
Karina Milei, Santiago Caputo, Patricia Bullrich
POLITICA
Diputados: La Libertad Avanza presentó un proyecto para prohibir el uso de los celulares en las cárceles y que los presos paguen sus gastos
La Libertad Avanza impulsa una reforma del régimen carcelario que contempla la prohibición efectiva de los teléfonos celulares en los penales, el control de las comunicaciones y la obligación de que los internos afronten los gastos que generan durante su detención. La propuesta, presentada por el diputado mendocino Álvaro Martínez, busca modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para combatir las estafas, los secuestros virtuales, las maniobras vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, entre otros delitos.
“Hay que terminar de una vez por todas con el Call Center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda”, sostuvo Martínez.
Presos uniformados y pago de los gastos carcelarios
La iniciativa establece el uso obligatorio de uniformes de acuerdo con la peligrosidad de cada detenido, que será clasificada en tres niveles: leve, medio y alto. Además, propone la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC), que deberán pagar mensualmente los internos para cubrir los gastos de servicios generales y alimentación.
“La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal”, afirmó el legislador.
En esa línea, agregó: “El ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa. Quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos. La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones”.
Sobre los uniformes, Martínez aclaró que la medida “no tiene un objetivo discriminatorio se ajusta al principio de igualdad”. Según detalló, todos los internos deberán vestir prendas de color beige o marrón claro, con una cantidad de líneas verticales que variará según su nivel de peligrosidad.
Los presos considerados de peligrosidad leve tendrían una línea al frente y al dorso; los de peligrosidad media, dos líneas; y los de alta peligrosidad, tres. En cambio, quienes estén próximos a recuperar su libertad utilizarían uniformes lisos.
Los cambios en la Ley de Ejecución de la Pena
La propuesta modifica los artículos vinculados con las comunicaciones de las personas privadas de libertad. En la nueva redacción del artículo 158, se establece que los internos podrán mantener contacto periódico, oral o escrito, con familiares, representantes legales y profesionales vinculados con su reinserción social, además de representantes de organismos oficiales e instituciones privadas.
El texto plantea que ese derecho estará sujeto a las condiciones, oportunidades y supervisión previstas en la ley, con el objetivo de preservar la privacidad.
Por su parte, el artículo 161 establecerá que cada interno podrá solicitar autorización al director del establecimiento para llamar a una lista limitada de cinco números telefónicos. Los titulares deberán estar previamente identificados y autorizados en la instancia judicial de ejecución de la pena.
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La iniciativa también contempla el uso de teléfonos de línea para facilitar el contacto con familiares y abogados, así como la realización de videollamadas con defensores para agilizar el acceso a la Justicia y evitar traslados innecesarios.
Entre los fundamentos, el proyecto cita la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvo reiteradamente que las personas privadas de libertad conservan los derechos que no hayan sido afectados legítimamente por la condena y que la ejecución de las penas está sometida a control judicial permanente.
El trabajo como eje de la reinserción social
Otro de los ejes de la propuesta es la transformación del trabajo penitenciario. Martínez plantea establecer metas progresivas de incorporación laboral, impulsar capacitaciones vinculadas con la economía real y modernizar el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE).
El proyecto también contempla la participación controlada de empresas privadas, la creación de un catálogo nacional de bienes y servicios penitenciarios y la generación de demanda mediante compras del sector público.
De acuerdo con información oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, al 31 de diciembre de 2024 el Servicio Penitenciario Federal alojaba a 11.728 personas privadas de libertad. De ese total, 7.545 percibían alguna suma en concepto de peculio.
Sin embargo, solo 2.922 internos realizaban tareas productivas vinculadas con objetivos de reinserción social. Otros 4.623 cobraban por actividades generales de mantenimiento, limpieza, aseo, higiene, mayordomía y otras tareas identificadas como “fajina”.
De esta manera, apenas el 38,72% de quienes percibían peculio desarrollaba actividades consideradas productivas.
La información oficial también indica que durante 2024 el ENCOPE contó con recursos por $25.721.747.525, de los cuales aproximadamente el 75% se destinó al pago de peculios. Una parte significativa de esos fondos correspondió a tareas sin una finalidad productiva.
En ese contexto, el planteo sostiene que la respuesta no debe limitarse a suprimir remuneraciones, sino que debe orientarse a transformar las actividades improductivas en trabajo que contribuya a la reinserción social.
El antecedente de la iniciativa contra los celulares
La propuesta se suma a un proyecto presentado por Álvaro Martínez en abril pasado, que busca establecer penas de uno a tres años de prisión para los internos que tengan un teléfono móvil en su poder dentro de un establecimiento penitenciario.
La iniciativa prevé elevar la pena a entre tres y cinco años cuando el dispositivo haya sido utilizado para cometer un delito.
Cárceles, telefonía celular, Cámara de Diputados
POLITICA
El primer ministro británico dialogó con Donald Trump y defendió la explotación en las Malvinas – Nexofin
El primer ministro británico, Andy Burnham, mantuvo una llamada telefónica con el mandatario estadounidense, Donald Trump. Durante el contacto, la autoridad analizó el intento de la Argentina por frenar un proyecto petrolero cerca de las Islas Malvinas.
El jefe del Gobierno británico planteó su inquietud sobre las maniobras judiciales impulsadas por la administración del presidente Javier Milei. En el resumen oficial, el líder europeo remarcó “las consecuencias económicas que las medidas coercitivas” generan para sus países.
Andy Burnham y Donald Trump
Por su parte, el mandatario de Estados Unidos señaló que el diálogo versó principalmente sobre la explotación en el Mar del Norte. Sobre la disputa del proyecto Sea Lion, la máxima autoridad norteamericana reconoció haber abordado la cuestión “muy de pasada”.
El litigio internacional escaló luego de la presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El Presidente argentino rechazó la iniciativa de Rockhopper y Navitas denunciando la operatoria como “un saqueo ilegal” de recursos.
Finalmente, el Gobierno británico defendió las perforaciones energéticas para reducir la dependencia de insumos extranjeros. En referencia al desarrollo gasífero de Jackdaw, la administración europea defendió las obras afirmando que “ayudaría a mantener calientes millones de hogares”.
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POLITICA
Reforma laboral: comenzó a renegociarse el único convenio que el Gobierno no quería que volviera a discutirse
La renegociación de los convenios colectivos de trabajo a partir de la reforma laboral avanza a fuego lento, pero hay un convenio que, curiosamente, ya comenzó a rediscutirse entre sindicalistas y empresarios pero es el único que el Gobierno no quería que se renovara.
Se trata del convenio colectivo de trabajo de la actividad metalúrgica, que quedó afuera de las intimaciones que hizo en junio el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para que se renegocien 800 convenios con el fin de adecuarse a la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
¿Por qué se excluyó de la convocatoria oficial a la UOM, el principal gremio industrial de la Argentina? Es que el sindicato metalúrgico está intervenido por la Justicia desde que su titular, Abel Furlán, fue desplazado por irregularidades en la elección en la Seccional Zárate-Campana y Trabajo cree que una decisión tan decisiva como renegociar un nuevo convenio colectivo tiene que ser instrumentada por sindicalistas legitimados por sus afiliados y no por un interventor judicial.
La decisión causó tensiones entre Cordero y Alberto Biglieri, el interventor de la UOM desde el 22 de mayo pasado, porque éste, apenas asumió, designó una comisión de 5 dirigentes metalúrgicos para pilotear la negociación salarial del sector, que estaba rezagada en la rama metalmecánica y paralizada durante los últimos 2 años en la rama siderúrgica. Sin embargo, todo se complicó cuando la Secretaría de Trabajo emitió un dictamen en el que puso en duda las facultades de Biglieri para designar representantes paritarios.
El interventor de la UOM, flamante ganador de las elecciones de este martes para renovar los cuatro representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, finalmente logró que se convalidara la comisión salarial gracias a un fallo de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que estableció que Biglieri “cuenta con todas las facultades legales, estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización” previstas cuando lo nombraron, y allí figuran las paritarias.
De esa manera, Roberto Bonetti (líder de la estratégica Seccional Capital), Daniel Martínez (Cañada de Gómez), Adrián Pérez (Quilmes), Enrique Salinas (La Plata), Edgardo Holstein (San Nicolás) y Manuel Casas (Villa Constitución), los dirigentes de la UOM que Biglieri puso al frente de la negociación salarial (todos opositores a Furlán), avanzaron en las tratativas con las cámaras empresariales y a mediados de agosto firmaron los aumentos para las dos ramas metalúrgicas.
Ahora, esos sindicalistas se reunieron este miércoles en la sede de la UOM Capital en Villa Lugano, donde uno de los puntos centrales, además de la pelea para normalizar la vida institucional del gremio, fue el análisis de las primeras conversaciones con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), una de las cámaras del sector, dirigidas a actualizar el convenio colectivo de trabajo 260/75, cuyas cláusulas, a la luz de la reforma laboral, que le puso límites a la ultractividad, vencerán en diciembre.
En principio, la idea es pedir a Trabajo una extensión de la vigencia del convenio de manera de tener más tiempo para negociaciones bilaterales que no serán sencillas porque hay puntos que se mantienen desde 1975.
Ya hay borradores con posibles cambios que se están intercambiando entre las partes, aunque la comisión paritaria de 5 miembros decidió armar una mesa más amplia a la que invitarán a dirigentes de otras de las 53 seccionales de la UOM de todo el país.
Para los dirigentes metalúrgicos, según se acordó este miércoles, la prioridad pasa por modificar el artículo 4 del convenio para sumar actividades surgidas de las nuevas tecnologías y los nuevos trabajos. También se apunta a negociar cambios en el artículo 6, que regula el régimen de categorías y define los requisitos teóricos y prácticos para clasificar a los trabajadores según sus funciones y nivel de especialización.
El otro artículo en revisión es el número 7, donde figura la nómina básica de oficios reconocidos dentro de la industria metalúrgica y que buscan actualizar en función de las modificaciones que se produjeron en la actividad.
Las negociaciones entre las partes recién comienzan y tanto sindicalistas como empresarios descuentan que la Secretaría de Trabajo, a partir del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, avalará lo que se acuerde para que la UOM no sea el único sindicato que quede excluido de la renegociación de los convenios colectivos.
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