Con caídas en la recaudación por tasas municipales y en la llegada de fondos del gobierno de la provincia de Buenos Aires por coparticipación como telón de fondo, varios municipios bonaerenses experimentan dificultades para afrontar sus gastos. En los últimos días, con el pago de aguinaldos a los empleados municipales como próxima erogación de peso, la situación económica de las intendencias se agravó en muchos casos, con pedidos de asistencia financiera a la Provincia, paros y una tensa pulseada en la Legislatura provincial que hizo naufragar una iniciativa peronista que buscaba otorgar más recursos a los intendentes.

Si bien en el gobierno bonaerense aclararon que “en todos los pagos del medio aguinaldo suelen pedir [asistencia] varios municipios con problemas financieros”, en los últimos días se acumularon “cinco o seis municipios del interior que comentaron sus dificultades y solicitaron alguna asistencia financiera”, según informó una fuente del gobierno de Axel Kicillof a . La fuente prefirió no identificar a esos municipios con inconvenientes para pagar los aguinaldos a sus empleados, pero este diario pudo saber que uno de ellos es San Pedro, distrito gobernado por Cecilio Salazar, un intendente peronista y dirigente sindical de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) que está alineado con el mandatario provincial. Kicillof visitó el municipio el viernes pasado.

La Municipalidad de San Pedro pretende “un adelanto de coparticipación”, explicaron desde el distrito. Para abonar los aguinaldos, la intendencia necesita unos $890 millones. San Pedro tiene alrededor de 1200 empleados municipales, indicaron desde el sindicato municipal local, y agregaron que el municipio “paga fuera de término desde hace siete meses”. Sobre los aguinaldos, aseveraron que el municipio “le pide todos los años plata a la Provincia”. Y resaltaron: “Siempre aparece la plata, pero en este caso, tenemos dudas”.

A la incertidumbre por los aguinaldos en San Pedro, la semana pasada se agregó un paro de cuatro días en el servicio de recolección de residuos, porque el municipio no puede afrontar el pago del canon (de unos $300 millones mensuales) a la empresa Ashira, que no les abonó los salarios a sus empleados. Tras cuatro días de huelga y la consecuente acumulación de basura en las calles del distrito, la medida se levantó el jueves. “Este mes va a caer un 8% la coparticipación, lo que significa $230 millones menos de ingresos para nosotros”, advirtieron desde la intendencia.

En el distrito de Adolfo Alsina, donde gobierna el radicalismo con el intendente Javier Andrés, los municipales no ven en riesgo el cobro del aguinaldo, pero están en estado de alerta y movilización por la posibilidad de que la intendencia incumpla el acuerdo paritario. “En abril pasado, acordamos que el 9% [de aumento] del primer trimestre de 2026 se aplicara con un 4% en mayo, que se cumplió, y el 5% en junio, que el municipio dice que es imposible”, informaron desde el sindicato municipal del distrito. Si ese incremento no se cumple, habrá “cese de actividades en jornada completa, cubriendo solo emergencias y/o urgencias”.

Hace una semana, en un comunicado, el Foro de Intendentes Radicales de la Provincia de Buenos Aires (lo integran 26 jefes comunales del interior bonaerense) planteó a la Legislatura provincial “la necesidad de avanzar en herramientas concretas que permitan afrontar la compleja situación que atraviesan los gobiernos locales”. En ese texto, los intendentes subrayaron: “Sostenemos la necesidad de que los recursos sean distribuidos mediante criterios objetivos y transparentes, y que los municipios cuenten con la flexibilidad necesaria para definir sus prioridades de acuerdo a sus necesidades”. Recordaron, además, que es un pedido “respaldado por intendentes de distintas fuerzas políticas”, más allá de la UCR.

La solicitud que hicieron los intendentes radicales el lunes, cuando estaban previstas una sesión especial y una ordinaria en la Cámara de Diputados (que, finalmente, se realizaron el jueves), apunta a tener libre disponibilidad para el gasto de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal, una caja que negoció Kicillof con los jefes comunales a cambio de la aprobación de un pedido de endeudamiento provincial, a fines del año pasado.

Por el acuerdo por el endeudamiento, el gobierno provincial debe derivar a los 135 municipios un 8% del monto que tome como deuda (se aprobó un máximo equivalente a US$3035 millones). El 70% de lo que le llegue a cada distrito por ese fondo es de libre disponibilidad, distribuido por el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el mecanismo que define los montos de coparticipación que le corresponden a cada municipio. El 30% restante es para programas provinciales específicos en los distritos.

La distribución del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal se intentó modificar el jueves, pero fue rechazada en la Cámara de Diputados. “Este proyecto viene a proponer que los fondos sean de libre disponibilidad en la primera cuota de las tres que están mencionadas en la ley de endeudamiento”, dijo en la sesión Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados bonaerenses del peronismo. “Sabemos que próximamente tienen que cubrir sueldos y aguinaldos, y estos fondos pueden ser utilizados para eso”, añadió el legislador, referente de La Cámpora en el distrito de La Matanza. La iniciativa se puso a votación sobre tablas, por lo que necesitaba dos tercios de los votos de los legisladores presentes, y fue rechazada. La mayoría de la oposición no acompañó el proyecto peronista, que no había pasado por comisiones.

Los opositores pusieron reparos sobre la forma de reparto a los distritos de los fondos, a través del CUD, y también sumó malestar la tensión que se había generado horas antes, en una frustrada sesión especial que impulsó la oposición para tratar la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y se frustró también por la falta de dos tercios para avanzar con los proyectos, al no acompañar el oficialismo. “Vino complicado todo. Empezó con lo del IOMA y terminó con esto de la libre disponibilidad. Que se discuta en comisión. Hace dos meses que el tema está dando vueltas y ahora aprietan con que los intendentes tienen que pagar el aguinaldo. Es la primera cuota de lo que prometió Kicillof, que tendría que haber estado hace dos meses”, dijo a un diputado provincial que no acompañó la iniciativa.

Si el proyecto de mayores recursos para los intendentes hubiera logrado media sanción en la Cámara de Diputados provincial, tendría aún que sortear la inactividad del Senado para convertirse en ley. Esa Cámara, que conduce la vicegobernadora Verónica Magario, está paralizada en medio de la interna peronista y no realizó ninguna sesión ordinaria en lo que va del año.

La regulación del lobby impulsada por Javier Milei encontró un freno casi unánime en Diputados. En la última reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ninguno de los 26 expositores convocados respaldó el texto oficial. Por el contrario, organizaciones de la sociedad civil, entidades profesionales y cámaras empresarias coincidieron en cuestionar aspectos centrales de la iniciativa, desde la amplitud de las definiciones hasta las sanciones previstas.

El resultado dejó al oficialismo ante una situación incómoda: la ronda de consultas que debía servir para robustecer el proyecto terminó exhibiendo un rechazo transversal. Frente a ese escenario, La Libertad Avanza (LLA) optó por postergar el dictamen y abrir una instancia de negociación con bloques dialoguistas que ya trabajan en propuestas alternativas.

El presidente del plenario, Nicolás Mayoraz, cerró el encuentro de la semana pasada con la noción de que el proyecto por ahora no avanzará. Agradeció las exposiciones y aseguró que los legisladores “han tomado nota de todas las observaciones y aportes realizados”, que serán considerados para alcanzar un texto “que reúna el mayor consenso posible y atienda las objeciones planteadas”. También confirmó que las reuniones informativas continuarán este miércoles.

Uno de los principales cuestionamientos apuntó a la definición de “gestión de intereses”, considerada tan amplia que, según los expositores, podría abarcar desde la actividad de una cámara empresaria hasta el reclamo de una organización social.

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, fue uno de los más duros: “Esto no es regular el lobby corporativo, esto es criminalizar la participación ciudadana”. Según planteó, referentes de causas humanitarias o asociaciones de víctimas como las Madres del Dolor podrían verse obligados a registrarse como lobistas para interactuar con funcionarios.

En la misma línea, Alejandra García, presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, sostuvo que la iniciativa implica una “criminalización del ejercicio constitucional de peticionar ante las autoridades”. Advirtió además que la combinación de requisitos de registración previa y sanciones penales podría convertir en potencialmente ilícitas conductas habituales de la participación democrática.

El rechazo empresarial

Las cámaras empresarias también reclamaron modificaciones sustanciales. Aunque respaldaron el objetivo de transparentar la relación entre el sector privado y el Estado, cuestionaron la viabilidad práctica de varios artículos.

Alejandro Díaz, CEO de AmCham, señaló que el proyecto debería distinguir entre la representación de intereses particulares y la representación colectiva que ejercen cámaras empresarias y asociaciones civiles. “Debería reconocerse la naturaleza colectiva de la representación”, planteó.

También pidió revisar la definición de “beneficiario final” y evitar que compañías con accionistas extranjeros sean consideradas automáticamente representantes de intereses externos.

La Unión Industrial Argentina (UIA) hizo observaciones similares. Agustina Briner sostuvo que la obligación de identificar beneficiarios finales puede resultar impracticable en algunos casos y afectar información sensible de las empresas.

A su vez, Ángeles Naveyra, presidenta de Fundación Barbechando, advirtió que una regulación “excesivamente amplia, ambigua o burocrática” podría terminar produciendo el efecto contrario al buscado.

Otro de los puntos más cuestionados fue la figura del “principal extranjero”, que obliga a registrarse como agentes de intereses externos a quienes reciban financiamiento o cooperación internacional.

Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, afirmó que el proyecto “asocia de forma espuria la cooperación internacional con la representación de intereses extranjeros” e introduce una lógica de sospecha sobre organizaciones que trabajan en áreas como salud, derechos humanos o desarrollo social.

“Burocratizar, estigmatizar y criminalizar la cooperación internacional y el activismo es un grave error”, resumió.

Con ese diagnóstico prácticamente unánime, el oficialismo dejó en suspenso la firma del dictamen. Mientras tanto, bloques como la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Provincias Unidas y sectores de la UCR avanzan en la redacción de un texto alternativo que reduzca las sanciones penales, precise las definiciones más controvertidas, delimite excepciones para actividades como el periodismo y fortalezca la independencia de la autoridad de aplicación.

Si bien la discusión recién empieza, las reuniones informativas dejaron una señal difícil de ignorar: el Gobierno no encontró una sola voz dispuesta a defender su propuesta tal como fue enviada al Congreso.